El secuestro de los cuatro ciudadanos estadounidenses se dio mientras crecen las voces en EU de que intervenga con sus fuerzas armadas para atacar a los cárteles en México

Raúl García Araujo | @araujogar

En medio de la tensión diplomática por el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas -ahora se sabe que dos de ellos están muertos y los otros dos con vida-, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió un nuevo frente de confrontación con el gobierno de Estados Unidos.

Lejos de “serenarse”, como dice él a sus adversarios políticos, el mandatario mexicano enfiló una serie de acusaciones contra la administración del presidente Joe Biden, puesto que no le gustó que la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre calificará estos hechos como “inaceptables”.

Lo que nunca supo el presidente López Obrador y tampoco le informaron sus más cercanos colaboradores, es que, ante el silencio cómplice del secuestro de estas cuatro personas, los equipos de inteligencia estadounidenses montaron toda una estrategia de comunicación política para golpear de lleno al gobierno de la Cuarta Transformación.

El plan inició con un comunicado emitido la noche del domingo por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), mismo que puso en jaque a su contraparte mexicana, que mantenía silencio sobre el caso o bien no se había enterado.

Los funcionarios estadounidenses tienen conocimiento que el único vocero que existe en el gobierno de México es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Es por ello, que el comunicado, y el ofrecimiento de una recompensa de 50 mil dólares para todo aquel que proporcionara información para la localización o liberación de sus connacionales, fue un mensaje directo al mandatario mexicano.

Ante el éxito de esta estrategia de comunicación política, el gobierno de Joe Biden lanzó un segundo dardo envenenado, al enviar la tarde del lunes a su embajador en México, Ken Salazar, a reunirse con López Obrador en Palacio Nacional para atender este asunto de manera “urgente”.

Apenas salía el diplomático estadounidense de su encuentro privado, cuando Washington puso en marcha la tercera fase de su plan, en la cual participó la secretaria de prensa del gobierno de Estados Unidos, Karine Jean-Pierre.

Durante una conferencia de prensa dijo a los medios que la Casa Blanca está siguiendo de cerca este caso, que, incluso, el presidente Joe Biden estaba enterado; además de calificar el hecho como de “inaceptable”.

La declaración de Karine Jean-Pierre inundó las redes sociales, así como los principales portales y páginas de los medios de comunicación estadounidenses y también los mexicanos.

Esto molestó más al presidente López Obrador, quien para mala fortuna recibió en plena conferencia mañanera, de parte del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, el reporte de que a dos de los cuatro ciudadanos norteamericanos los habían encontrado muertos.

En medio de esta crisis diplomática, política y de seguridad nacional, el mandatario mexicano se fue de lleno contra el gobierno de Estados Unidos, al acusarlo de callar como “momias” cuando se asesina a mexicanos en ese país y que ahora se rasgan las vestiduras de manera hipócrita.

Lo interesante en este tema, y no hay que perderlo de vista, es que el secuestro violento de los cuatro ciudadanos estadounidenses se dio en el contexto de la resolución del Congreso de Estados Unidos de autorizar al presidente Joe Biden de intervenir en México con sus fuerzas federales para combatir a los cárteles de la droga como si fueran “terroristas”.

Hay que tomar en cuenta que este último lamentable acontecimiento puede influir en la decisión de los legisladores estadounidenses y entonces estaríamos hablando en un futuro próximo de un intervencionismo puro de las fuerzas armadas de ese país en México para acabar con los cárteles de la droga.

En Cortito: No pierda de vista que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se recupera, después de bajar en las mediciones rumbo a la candidatura presidencial de Morena en 2024, esto después de los diversos accidentes ocurridos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. A cinco meses de que se realice la encuesta para definir al abanderado del partido guinda para la carrera presidencial, todo indica que será Sheinbaum Pardo, primero porque cuenta con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador y también de los duros de Morena y segundo, de la mayoría de los gobernadores morenistas del país. Un ejemplo fue el encuentro que tuvo la jefa de Gobierno capitalino, con motivo del Día Internacional de la Mujer. El evento sirvió para que las gobernadoras morenistas Layda Sansores, de Campeche;  Marina del Pilar Ávila, de Baja California;  Indira Vizcaíno Silva, de Colima. Evelyn Salgado, de Guerrero, y Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, dieran su total respaldo a las aspiraciones presidenciales de la gobernante de la Ciudad de México.

En temas del Poder Judicial de la Federación, seguimos pendientes del caso del empresario yucateco Ermilo Castilla Roche. En días recientes su defensa legal presentó ante el Consejo de la Judicatura Federal una queja administrativa en contra de los magistrados Jorge Enrique Eder Wynter García y Pablo Jesús Hernández Moreno pertenecientes al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán. En el documento los abogados de Ermilo denuncian la comisión de actos que afectan la debida imparcialidad e independencia con la que deben actuar todas y todos los juzgadores del Poder Judicial de la Federación. Será este jueves cuando dicho Tribunal Colegiado resuelva sobre este particular. No hay que perder de vista el caso ya que los magistrados deben dar una respuesta sobre un amparo en revisión que determinará si opera o no la prescripción de los delitos que pesan sobre el empresario yucateco; esto por un presunto fraude, del cual Ermilo Castilla Roche ya había sido juzgado y absuelto en Quintana Roo, pero después de manera irregular y arbitaria fue detenido de nuevo en Yucatán, donde estuvo preso por 4 años. Su principal acusador es su ex suegro Fernando Ponce García, accionista fundador y consejero de Bepensa, consorcio empresarial con más de 50 empresas, y conocido principalmente por ser el franquiciatario de la Coca Cola en la Península de Yucatán y República Dominicana y amigo del gobernador Mauricio Vila Dosal. En este asunto, aplica lo que tanto dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de quién vigila la actuación de los jueces y magistrados cuando imparten justicia bajo a sus propios intereses.