El presidente del Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH), Jesús Fierro Hernández, explicó que existen dictámenes periciales en materia de derecho ambiental que ubican a “la terminal petrolífera “Servitux” como una plataforma petrolera que ocasionaría –de reactivarse– un “grave” impacto en contra de la flora y fauna de esta región del país, en especial la contaminación del agua”.
Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, enumeró algunas de las “graves anomalías” detectadas por los expertos en los dictámenes, como tanques con deficiencias estructurales, modificaciones no autorizadas por la autoridad ambiental, exposición a material tóxico en extremo, entre otras.
El doctor en derecho recordó que “la terminal petrolífera Servitux fue clausurada en mayo de 2021, sin embargo, ésta terminal continuó en operación durante los meses posteriores, lo que plantea dudas razonables sobre el deterioro de estas instalaciones, que en su momento fueron especializadas para la actividad petrolífera”, explicó.
El abogado litigante agregó que la clausura de esta terminal petrolera “generó preocupaciones sobre la posible interferencia gubernamental en el sector privado, ya que en aquel tiempo la firma Monterra Energy presentó una denuncia penal en 2022, buscando una posible compensación; pero en 2023, Pemex mostró interés en adquirir Servitux a KKR por una cifra que supera los 320 millones de dólares, bolsa económica considerablemente menor al reclamo inicial”.
En este mismo sentido, el colectivo Justicia Transversal Mexicana (JTM) explicó que los directivos de Pemex, en especial su titular Octavio Romero Oropeza, deberían priorizar no sólo el derecho a la salud sino, además, reflexionar ante lo que consideró como una «innecesaria sangría al erario mexicano en perjuicio de la población, al adquirir esta terminal conocida como Servitux, vamos a perder millones de dólares en una estructura petrolera no operable que, además, contaminará el agua potable”.
El abogado de JTM, Mauricio Santiago Eder, recordó que dicha terminal veracruzana fue cerrada en 2021, debido a sus graves deficiencias estructurales, La Terminal Internacional de Fluidos de Tuxpan (TIFT), iniciada en 2018, y suscribía un proceso de adquisición con la multinacional KKR, propietaria de Servitux.
“La creación de la TIFT, enmarcada en la reforma energética de 2013, tuvo como objetivo almacenar petrolíferos importados. Pero, la administración de Servitux estuvo a cargo de Servicios y Terminales de Tuxpan, conformada por SSA México y SSA México Holdings, operación que falló y que perjudicó las finanzas nacionales y el medio ambiente”, explicó.
Por si fuera poco, el abogado Santiago Eder recordó que entre los años 2018 y 2019, se produjeron cambios en los apoderados de la empresa, que incluyó a personajes con vínculos políticos y que generan dudas razonables sobre graves conflictos de interés, en la actual administración de Pemex.
Ambos colectivos que defienden los derechos humanos han subrayado que, “el gobierno federal está a tiempo para detener esta transacción innecesaria, de no hacerlo, ocasionará una sangría al país y, perjudicará el medio ambiente -la flora y la fauna- así como una irreversible afectación, a nuestro recurso primordial, que es el agua.
