por Dominio Público | Ago 6, 2026 | Opinión, Principales
Hacerse el «simpático» en este tipo de videos no aporta absolutamente nada a la educación del país.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
No sé quién asesore al secretario de Educación, Mario Delgado, en materia de comunicación, pero creo que ya es momento de cambiar de estrategia.
El pasado 3 de agosto, el funcionario publicó el siguiente mensaje en su cuenta de X:
«Hoy les tenemos una excelente noticia a todas las familias mexicanas: por primera vez, niñas y niños de primaria reciben la beca #RitaCetina.
Son 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares, que nuestra presidenta @Claudiashein les manda para que sigan construyendo sus sueños.
Ahora solo revisa qué día te toca según la inicial del primer apellido de tu hija o hijo… ¡y listo! Acude al Banco del Bienestar más cercano y prepárate para el inicio de clases.»
El secretario también difundió un video en el que pregunta a los padres de familia:
—¿Cuándo fue la última vez que les regalaron un libro a sus hijos?
Luego añadió que, con la beca, ya no había pretexto para no hacerlo.
Delgado cerró el video frotándose las manos y diciendo:
—”Ya cayó el dinerito de la beca Rita Cetina”.
Al inicio de esta colaboración comenté que el máximo responsable de la educación básica en México debería cambiar su estrategia de comunicación. Hacerse el «simpático» en este tipo de videos no aporta absolutamente nada a la educación del país.
Y no es la primera vez que recurre a ese estilo. En marzo de este año grabó un video para promocionar la plataforma Mi derecho, mi lugar, donde soltó esta frase:
—«¿Hacer examen para la prepa? Como tu ex, eso ya quedó en el pasado… Tú ya tienes tu lugar asegurado en la preparatoria cerca de tu casa».
Sin comentarios.
Lo que más me preocupa del episodio reciente no es el tono del video, sino la afirmación falsa de que los 2,500 pesos «los manda la presidenta Sheinbaum». Los beneficiarios reciben recursos de un programa social financiado con dinero público; es decir, con los impuestos que pagan todos los mexicanos, incluido el propio secretario.
Después de escuchar esas palabras, solo me queda una duda:
¿Quiso quedar bien con la presidenta al decir que el dinero lo mandaba ella o, sencillamente, «se le chispoteó», como decía El Chavo del 8?
Mario Delgado tiene asuntos mucho más importantes que atender que grabar videos para parecer simpático. Pero, si insiste en hacerlos, al menos debería cambiar de guionistas.
EN EL TINTERO:
Post Mi derecho, mi lugar:
https://x.com/mario_delgado/status/2033704483813802279
Post beca Rita Cetina:
https://x.com/mario_delgado/status/2033704483813802279u
por Dominio Público | Ago 5, 2026 | Opinión, Principales
Puebla se ha convertido en una de las entidades con mayor dinamismo, sino porque la evaluación presidencial suele medir mucho más que indicadores.
Raúl García Araujo @araujogar
La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Puebla el próximo domingo tiene una lectura que va mucho más allá de la agenda oficial.
En el círculo cercano de la mandataria saben que Alejandro Armenta llega a ese encuentro con resultados bajo el brazo y con una propuesta que, de concretarse, cambiaría la proyección turística y económica del estado para los próximos años.
No es casualidad que la gira ocurra cuando Puebla acaba de asegurar la sede del Tianguis Turístico 2027.
El mensaje político es evidente: mientras otras entidades siguen compitiendo por atraer inversiones y eventos internacionales, el gobierno poblano ya tiene en sus manos el escaparate más importante de la industria turística del país.
La noticia no es menor. Después de un proceso de evaluación, Puebla convenció a los principales organismos del sector de que cuenta con la infraestructura, la conectividad, la oferta hotelera y las condiciones para organizar un encuentro que reunirá a compradores nacionales e internacionales.
En términos políticos, el logro también representa un voto de confianza a la estrategia que la administración estatal ha impulsado desde el inicio de su gestión.
Pero quienes conocen la ruta que seguirá la conversación entre la presidenta Sheinbaum y el gobernador aseguran que ese será apenas el primer tema.
Alejandro Armenta pondrá sobre la mesa un proyecto todavía más ambicioso: abrir la puerta para que Puebla sea sede de los Latin Grammy en 2027.
La propuesta ya comenzó a analizarse bajo una premisa que el mandatario considera innegociable: que exista una participación importante de la iniciativa privada para que el beneficio económico supere ampliamente la inversión pública.
No sería la primera vez que una decisión de esa naturaleza genera debate. También ocurrió cuando se cuestionó la inversión destinada para traer a la Selección de España.
Al final, los estudios realizados por el propio gobierno concluyeron que la derrama económica para hoteles, restaurantes y prestadores de servicios justificó la apuesta.
Ese precedente hoy fortalece el argumento para pensar en un evento de alcance global.
Hay otro elemento que tampoco pasará desapercibido.
Armenta aprovechará la visita presidencial para entregar un balance de los primeros 600 días de su administración.
No será un documento para acumular cifras ni para alimentar discursos.
La intención es mostrar cómo las decisiones de gobierno comienzan a reflejarse en crecimiento económico, mayor actividad turística, mejores indicadores de seguridad, atracción de inversiones y posicionamiento nacional.
Más de uno en Morena observa con atención ese momento. No solamente porque Puebla se ha convertido en una de las entidades con mayor dinamismo, sino porque la evaluación presidencial suele medir mucho más que indicadores.
También pesa la capacidad de gobernar, cumplir compromisos y mantener una agenda alineada con las prioridades nacionales.
Por eso la gira del domingo difícilmente será protocolaria. Claudia Sheinbaum llegará a un estado que presume resultados, pero también proyectos de largo alcance.
Y en política, cuando un gobernador presenta avances concretos y además plantea nuevas metas, el mensaje suele ser uno: no está administrando el presente; está buscando construir el futuro.
En Cortito: Nos cuentan que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, y su equipo de trabajo tienen ante sí una responsabilidad que va mucho más allá de realizar ajustes administrativos o aceptar la salida de funcionarios.
La crisis generada por las irregularidades detectadas en el primer examen de admisión en línea para licenciatura exige una investigación profunda que permita conocer qué ocurrió, quiénes fueron responsables y qué fallas hicieron posible que un proceso tan sensible para miles de aspirantes quedara bajo cuestionamiento.
El nombramiento de Javier de la Fuente Hernández como nuevo secretario general de la UNAM, en sustitución de Patricia Dolores Dávila Aranda, representa una respuesta inmediata ante la polémica, pero no puede convertirse en el punto final de un problema que afecta directamente la credibilidad de la máxima casa de estudios del país.
La UNAM no sólo es una institución educativa; es un referente nacional e internacional construido durante décadas sobre la base de su rigor académico, transparencia y confianza social.
Por ello, el rector Lomelí debe ir más allá de los cambios en su equipo cercano y encabezar una revisión exhaustiva que permita deslindar responsabilidades, corregir procesos y garantizar que ningún interés interno o externo haya puesto en riesgo el prestigio de la Universidad.
por Dominio Público | Ago 4, 2026 | Opinión, Principales
En México la censura previa está prohibida. Los artículos 6.º y 7.º de la Constitución protegen la libertad de expresión y de imprenta como pilares de la democracia.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
«“Si quisiéramos ya lo habríamos hecho, porque están los instrumentos, incluso la interpretación legal”
La frase de la presidenta Claudia Sheinbaum pasó casi desapercibida. Sin embargo, encierra una realidad que vale la pena examinar: admite que su administración, y en general el Estado mexicano, conoce ordenamientos legales cuya interpretación puede limitar el ejercicio de la libertad de expresión.
Ahí está el fondo del asunto.
En México la censura previa está prohibida. Los artículos 6.º y 7.º de la Constitución protegen la libertad de expresión y de imprenta como pilares de la democracia. También establecen límites relacionados con los derechos de terceros, la vida privada, el orden público, la seguridad nacional y la comisión de delitos.
Esos límites son indispensables. El problema surge cuando dejan de aplicarse como una excepción y comienzan a utilizarse para inhibir la crítica.
No hace falta una ley mordaza. Basta con interpretar de manera amplia normas que fueron creadas con otros propósitos.
Los ejemplos existen.
La legislación para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género representa un avance incuestionable para proteger su participación en la vida pública. Nadie sensato discutiría esa necesidad. Sin embargo, su aplicación en algunos casos —como las denuncias presentadas por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, contra los periodistas Jesús Hubert Carrera Palí, Abraham Alberto Martínez Caamal y Carlos Ernesto Martínez Caamal, a quienes el Tribunal Electoral del Estado ordenó ofrecer disculpas públicas por comentarios sobre sus bailes en actos oficiales, o el proceso penal contra Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna— abrió un intenso debate sobre la frontera entre la protección de un derecho y el riesgo de inhibir el trabajo periodístico y la crítica política.
Algo similar ocurrió con Karla María Estrella Murrieta, ciudadana de Sonora, a quien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó publicar durante treinta días una disculpa dirigida a la diputada federal Diana Karina Barreras, del Partido del Trabajo, después de que un tuit suyo fuera considerado violencia política en razón de género. En el texto de la disculpa, el nombre de la legisladora fue sustituido por la expresión «dato protegido».
Algo parecido ocurrió en Puebla. La iniciativa impulsada por el gobierno estatal para sancionar determinadas publicaciones en redes sociales despertó preocupación entre periodistas, especialistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que advirtieron el riesgo de crear figuras jurídicas demasiado amplias para castigar opiniones incómodas.
Más recientemente, los lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias también han generado una discusión legítima sobre el equilibrio entre la protección de las audiencias y la libertad editorial de concesionarios y periodistas.
¿Estos casos prueban la existencia de una política de censura? Creo que no. Lo que sí muestran es que los instrumentos legales existen y que su aplicación puede convertirse en motivo de controversia cuando se percibe que afectan el derecho a informar o a opinar.
Por eso conviene detenerse en la frase presidencial.
El Estado ya dispone de normas, procedimientos administrativos, medidas cautelares, acciones civiles e interpretaciones judiciales que pueden incidir en el ejercicio de ese derecho.
La pregunta no es si el gobierno actual piensa utilizarlas. La pregunta es si nuestro marco jurídico cuenta con los suficientes contrapesos para impedir que cualquier gobierno —este o el que venga— convierta esas herramientas en mecanismos de presión contra la crítica.
La libertad de expresión nunca depende de la buena voluntad del gobernante en turno. Depende de la solidez de las instituciones que impiden que el poder decida quién puede hablar, quién debe callar y qué opiniones son aceptables.
La censura del siglo XXI rara vez llega con un funcionario tachando párrafos de un periódico. Suele presentarse en forma de expediente, demanda, medida cautelar, lineamiento administrativo o interpretación jurídica.
Y cuando eso ocurre, el silencio deja de ser una imposición. Se convierte en una precaución.
Ese es el desorden que no deberíamos normalizar.
por Dominio Público | Jul 31, 2026 | Opinión, Principales
La Universidad no sólo debe informar qué ocurrió. Tiene que transparentar la metodología del análisis, explicar el contrato tecnológico, deslindar responsabilidades y proteger a quienes compitieron limpiamente.
Claudia Bolaños @claudiabola
El problema del examen de ingreso a la UNAM dejó de ser únicamente académico. Se convirtió en una crisis política e institucional porque está en juego la legitimidad del mecanismo que determina quién obtiene uno de los espacios más disputados de la educación pública mexicana.
El concurso de selección que se realizó totalmente en línea entre el 23 de mayo y el 10 de junio, con la participación de 158 mil 712 aspirantes, evidenció el mal uso de la Inteligencia Artificial. Antes de publicar los resultados, la propia Universidad reconoció intentos de suplantación de identidad, uso de ayuda externa y la existencia de empresas que ofrecían realizar la prueba o vender servicios fraudulentos.
Ante ello, la institución presentó acciones legales contra quienes habrían participado en esas prácticas.
La crisis creció cuando especialistas y miembros de la comunidad universitaria detectaron distribuciones atípicas en las calificaciones de carreras como Medicina, Actuaría e Ingeniería Aeroespacial. Los promedios aumentaron entre 11 y 17 aciertos respecto de años anteriores, una variación que requiere una explicación técnica, aunque por sí sola no demuestra que todos los aspirantes con puntajes altos hayan cometido fraude.
Ese matiz importa. Castigar indiscriminadamente sería tan injusto como validar resultados posiblemente alterados. Miles de jóvenes estudiaron y presentaron la prueba bajo las reglas establecidas por la propia institución. No pueden pagar por las fallas del sistema de vigilancia ni por las decisiones administrativas que llevaron una evaluación de alto impacto a un entorno difícil de controlar.
La UNAM suspendió provisionalmente las inscripciones y creó una comisión integrada por 16 especialistas con autonomía técnica. Todas las opciones permanecen abiertas, incluida la reposición parcial o total del examen. La comisión anunció que presentará una recomendación esta semana.
La Universidad no sólo debe informar qué ocurrió. Tiene que transparentar la metodología del análisis, explicar el contrato tecnológico, deslindar responsabilidades y proteger a quienes compitieron limpiamente. La autonomía universitaria no significa opacidad; significa asumir decisiones propias con transparencia, evidencia y rendición de cuentas.
La peor salida sería administrar el escándalo. La mejor será reconstruir la confianza.
Y Sepa La Bola…
Pero hay delitos que ocurren frente a la autoridad y que, por repetirse, parecen convertirse en parte del paisaje urbano. Es el caso del negocio de la confusión con los estacionamientos irregulares alrededor del Estadio Alfredo Harp Helú.
Ir al estadio debería ser una experiencia de entretenimiento, convivencia y pasión deportiva, no una oportunidad para que terceros aprovechen la necesidad de los aficionados.
Durante los juegos de los Diablos Rojos del México, en el inmueble ubicado en la alcaldía Iztacalco, asistentes han denunciado la presencia de personas que cobran hasta 200 pesos por permitir estacionar vehículos en las inmediaciones del estadio. El cobro se realiza en el exterior, pero al ingresar al recinto los aficionados descubren que ese pago no corresponde al estacionamiento oficial.
El problema no sólo radica en el dinero perdido, sino en la forma en que presuntamente operan: con chalecos y gafetes que pueden generar la impresión de que se trata de personal autorizado.
La confusión es precisamente el terreno fértil para este tipo de prácticas. De acuerdo con testimonios de aficionados, los cobros ocurren cerca de uno de los accesos del estadio, una zona donde existe presencia de seguridad y vigilancia. La pregunta es inevitable: ¿cómo pueden operar estas personas durante eventos masivos sin que nadie intervenga?
El asunto de fondo es la vulnerabilidad de quienes acuden a espacios de entretenimiento y esperan encontrar condiciones de seguridad.
Las autoridades capitalinas, la alcaldía Iztacalco y la administración del Estadio Alfredo Harp Helú tienen el reto de aclarar quiénes son estas personas, si cuentan con algún tipo de autorización y qué acciones existen para evitar que los aficionados sean víctimas de cobros indebidos.
Porque cuando la autoridad observa, pero no actúa, la irregularidad deja de ser un incidente aislado y comienza a convertirse en un negocio tolerado.
por Dominio Público | Jul 30, 2026 | Opinión, Principales
Los periodistas tampoco estamos exentos de controles. El más severo sigue siendo el de siempre: la credibilidad. Un medio que pierde la confianza de su audiencia comienza a perderlo todo.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Si uno busca la palabra verdad en el Diccionario de la lengua española encontrará, entre otras, estas definiciones: «Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente»; «Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa»; «Propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna»; «Juicio o proposición que no se puede negar racionalmente», y «Cualidad de veraz».
Vale la pena recordarlas porque los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias, puestos a consulta pública por el gobierno federal, plantean una pregunta que no es menor: ¿quién decidirá qué es verdad y qué no?
El artículo 12 establece que las concesionarias y programadoras deberán «adoptar las medidas necesarias para no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual», con apego a los criterios de su Código de Ética.
Hasta ahí suena razonable. El problema aparece cuando uno intenta responder algo muy sencillo: ¿quién determinará que una información es falsa?, ¿quién concluirá que fue sacada de contexto?, ¿quién decidirá cuándo un hecho histórico se presentó como si acabara de ocurrir?
Después de tres décadas ejerciendo este noble oficio, he aprendido una lección que se repite una y otra vez: todos creemos tener la verdad y solemos llamar mentiroso al que piensa distinto.
Lo viví durante la cobertura de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. En el medio donde trabajaba recibíamos cientos de mensajes acusándonos de ocultar la verdad y de estar vendidos. Quienes escribían esos comentarios estaban convencidos de que nuestra cobertura no reflejaba la realidad. Para ellos, la verdad era otra.
Con estos lineamientos, cualquier persona que considere falsa o descontextualizada una información podrá acudir a la defensoría de las audiencias del medio. Si la inconformidad persiste, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tendrá facultades para supervisar el cumplimiento de los lineamientos y, en su caso, intervenir conforme a la ley.
Ahí está mi preocupación.
Pero permítame añadir otra: ¿Qué pasará cuando un funcionario público, molesto por una investigación periodística, presente una queja como integrante de la audiencia? Por más que invoque un derecho ciudadano, mientras ocupe un cargo difícilmente podrá separar a la persona del poder que representa.
También me llama la atención que estos lineamientos nazcan en una época en la que las audiencias ya no son espectadores silenciosos. Hoy responden de inmediato. Cuestionan, desmienten, confrontan y también respaldan a los medios desde las redes sociales.
Los periodistas tampoco estamos exentos de controles. El más severo sigue siendo el de siempre: la credibilidad. Un medio que pierde la confianza de su audiencia comienza a perderlo todo.
Por eso el debate no debería girar alrededor de si las audiencias merecen protección. Claro que la merecen. La pregunta de fondo es otra: ¿cómo protegerlas sin abrir la puerta para que alguien termine decidiendo cuál versión de los hechos puede considerarse verdadera?
Porque si algún día la verdad deja de construirse en el debate público para quedar bajo el criterio de una autoridad, no solo perderán los medios. Perderemos todos.
![En Corto ] Kukulcán: la estrategia que silenció a los críticos](https://i0.wp.com/www.dominiopublico.com.mx/wp-content/uploads/2026/07/IMG_8581.jpeg?resize=900%2C600&ssl=1)
por Dominio Público | Jul 29, 2026 | Opinión, Principales
Mientras millones de personas disfrutaban de los partidos y recorrían las ciudades sede con absoluta normalidad, las áreas de inteligencia trabajaban de manera permanente para identificar amenazas y neutralizar cualquier intento de desestabilización.
Raúl García Araujo @araujogar
La apuesta por el fracaso de México quedó sepultada con el silbatazo final de la Copa Mundial FIFA 2026.
Quienes durante meses anunciaron escenarios de violencia, caos y desorden para desacreditar al gobierno de Claudia Sheinbaum se quedaron sin argumentos.
El mundo encontró un país capaz de garantizar la seguridad de millones de visitantes y de organizar con éxito el evento deportivo más importante del planeta.
Detrás de ese resultado hubo una estrategia de Estado que llevó un solo nombre: Plan Kukulcán.
Mientras algunos intentaban instalar la narrativa de que la inseguridad convertiría a México en noticia internacional por las razones equivocadas, las calles de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llenaron de aficionados de todas las nacionalidades.
Los turistas regresaron hablando de la riqueza cultural del país, de la hospitalidad de su gente, de la gastronomía, de la música y de una fiesta que desbordó estadios, plazas y Fan Fest. La realidad terminó derrotando al discurso del miedo.
El éxito del Plan Kukulcán no fue producto de la casualidad ni de la improvisación. Fue el resultado de meses de planeación, inteligencia y coordinación entre las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Protección Civil, gobiernos estatales y municipales.
Más de 124 mil 500 elementos participaron en una operación que difícilmente tiene precedente por su dimensión y capacidad de respuesta.
El despliegue fue tan amplio como estratégico. Más de 20 mil efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, mil 474 vehículos, aeronaves, radares, sistemas antidrones, binomios caninos especializados, caballos y tecnología para detectar explosivos y agentes químicos formaron parte de un dispositivo diseñado para anticiparse a cualquier riesgo.
No se trató únicamente de reaccionar ante una eventualidad, sino de impedir que ocurriera.
Ahí radica el mayor mérito del Plan Kukulcán. Mientras millones de personas disfrutaban de los partidos y recorrían las ciudades sede con absoluta normalidad, las áreas de inteligencia trabajaban de manera permanente para identificar amenazas y neutralizar cualquier intento de desestabilización.
En los grandes eventos internacionales, el verdadero éxito consiste precisamente en que la seguridad pase inadvertida porque todo funciona como fue planeado.
También quedó en evidencia el fracaso de quienes buscaron utilizar el Mundial como una herramienta de presión política.
La CNTE intentó convertir la atención internacional en un mecanismo de chantaje para empañar el torneo y colocar al gobierno federal contra las cuerdas.
Sin embargo, las movilizaciones nunca lograron robarle protagonismo a una competencia que terminó siendo recordada por la convivencia, la organización y el ambiente de celebración que se vivió en las tres sedes mundialistas.
Por eso, la ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum para reconocer a quienes integraron el Plan Kukulcán tuvo un significado que va mucho más allá del protocolo.
Fue el reconocimiento a miles de mujeres y hombres que demostraron que las instituciones del Estado mexicano pueden coordinarse con eficacia cuando existe un objetivo nacional.
También fue un mensaje para quienes dudaban de la capacidad del país para responder a un reto de esta magnitud.
El Mundial dejó beneficios económicos, fortaleció la imagen internacional de México y confirmó que el país tiene la capacidad para organizar eventos de talla global.
Pero, sobre todo, dejó una lección política imposible de ignorar: las campañas de descrédito pueden generar titulares, pero nunca podrán sustituir a los resultados.
El Plan Kukulcán no solo protegió estadios, selecciones y aficionados; protegió el prestigio de México frente al mundo y demostró que, cuando las instituciones actúan con inteligencia, coordinación y compromiso, el país es mucho más grande que la narrativa de sus detractores.
En Cortito: Nos cuentan que durante años hablar de Ecatepec era casi sinónimo de abandono, inseguridad y rezago.
El municipio más poblado del Estado de México cargó durante mucho tiempo con una imagen marcada por la falta de atención, la desconfianza ciudadana y la percepción de que sus comunidades estaban olvidadas por las autoridades.
Sin embargo, esa historia comienza a modificarse. Hoy se impulsa una estrategia que busca recuperar el territorio desde la cercanía con la gente, la atención directa a las comunidades y la coordinación entre instituciones.
En materia de seguridad, la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aplicada en Ecatepec por la policía municipal en coordinación con la Secretaría de Marina y con la participación de los tres niveles de gobierno, empieza a reflejar resultados en la percepción ciudadana.
De acuerdo con los datos presentados, la percepción de inseguridad disminuyó 8.9 puntos, mientras que la confianza en la capacidad de las corporaciones policiales aumentó de 13 a 47 por ciento.
La alcaldesa Azucena Cisneros Coss ha destacado que estos avances tienen un significado especial porque ocurren precisamente en un territorio de enormes dimensiones y con una complejidad social acumulada durante décadas.
El desafío para el gobierno municipal será mantener este ritmo y convertir los avances iniciales en una transformación de fondo, ya que de lograrlo, la presidenta municipal marcará un antes y un después en Ecatepec.
