por Dominio Público | Abr 17, 2025 | Opinión, Principales
Se convirtió en una de las tantas papas calientes que el tabasqueño dejó a su sucesora, Claudia Sheinbaum.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Este 1 de mayo será el último día que Francisco Garduño despache como director del Instituto Nacional de Migración (INM). Su gestión será recordada no por implementar una política apegada a la ley y los Derechos Humanos, sino por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en el que murieron 40 migrantes.
Fueron tantas las irregularidades descubiertas en los hechos que se registraron en marzo de 2023, que el “ya casi” ex funcionario fue vinculado a proceso por el delito de “ejercicio indebido del servicio público”. Sin embargo, como sucede siempre que un “miembro distinguido” de la 4T “cae en desgracia”, sobre Garduño comenzó a tejerce un manto de impunidad de color “guinda”.
Contrario a lo que pedían los feligreses de la 4T cuando eran oposición, Garduño fue mantenido en su puesto durante estos dos años, con los clásicos argumentos de que era una “persona honesta”, a la que el entonces presidente López Obrador le tenía confianza y que todo se trataba de una campaña de desestabilización. Al “ya casi” ex funcionario también se le permitió enfrentar con recursos públicos el proceso en su contra.
Al término de la administración de López Obrador, Garduño se convirtió en una de las tantas papas calientes que el tabasqueño dejó a su sucesora, Claudia Sheinbaum, quien lo mantuvo en el cargo, pero los argumentos cambiaron. Lo primero que la nueva administración dijo para justificar la continuidad fue que estaría ahí hasta que su sucesor, Sergio Salomón Céspedes terminara su encargo como gobernador de Puebla. Sin embargo, él terminó su encargo y el cambio no se dio. ¿Por qué? Porque Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos y era necesaria la continuidad de Garduño, porque tenía los contactos.
Lo que en realidad esperaba la nueva administración era encontrar la manera de darle carpetazo al proceso legal contra Garduño, carpetazo que llegó con la decisión de un tribunal de apelaciones que lo exonera, Ya con la seguridad que el protegido de López Obrador se iría a su caso libre de polvo y paja la presidenta Sheinbaum anunció que ahora sí se daría el relevo en el INM.
Con la resolución judicial Francisco Garduño pasa a ser un impune más en la lista de los protegidos de la 4T, en la que se encuentran figuras como Manuel Bartlett, Ignacio Ovalle, Félix Salgado Macedonio, Cuauhtémoc Blanco, los Yunes y una pléyade de personajes que fueron purificadas solo por abrazar la bandera guinda de la 4T.
EN EL TINTERO
RECOMENDACIÓN. Si tiene la oportunidad de salir esta Semana Santa le sugiero visite algún museo o zona arqueológica, pasará un rato muy agradable.
por Dominio Público | Abr 16, 2025 | Opinión, Principales
Este municipio ha sido completamente entregado al crimen organizado, particularmente al Cártel Jalisco Nueva Generación, sin que el Gobierno del Estado haya logrado articular ni una respuesta mínima. No hay estrategia, no hay presencia real, no hay voluntad.
Raúl García Araujo @araujogar
El asesinato del director de la Policía Municipal de Teocaltiche, Jalisco, Ramón Grande Moncada, ocurrido ayer por la tarde, cuando acudía a un evento del ayuntamiento acompañado de su esposa, es indignante. Este crimen es aún más grave porque se supone que la Secretaría de Seguridad del Estado mantiene un despliegue especial de vigilancia en el municipio desde el 19 de febrero.
Indigna y enoja porque, al parecer, de nada sirven las palabras y los boletines oficiales cuando no se puede garantizar la seguridad ni de los ciudadanos ni de los mismos policías a quienes relevaron.
Desde hace dos meses, casi una veintena de asesinatos se han registrado en Teocaltiche, incluidos los de dos policías locales, quienes quedaron expuestos a merced de los criminales. Estos pueden entrar al pueblo como si nada y atacarlos, pues la Policía Estatal no ha demostrado eficacia alguna.
A pesar de los discursos y entrevistas llenas de promesas, la realidad en Jalisco grita más fuerte que cualquier boletín oficial. El gobierno de Pablo Lemus Navarro ha fracasado rotundamente en su principal obligación como gobernador: garantizar la seguridad y el orden público. Lo peor es que este colapso no ha sido producto de años de desgaste institucional, sino que ha ocurrido en apenas cuatro meses: cuatro meses de simulación, omisiones e incapacidad flagrante.
Pablo Lemus
El caso de Teocaltiche se ha convertido en el símbolo más claro del abandono estatal. Este municipio ha sido completamente entregado al crimen organizado, particularmente al Cártel Jalisco Nueva Generación, sin que el Gobierno del Estado haya logrado articular ni una respuesta mínima. No hay estrategia, no hay presencia real, no hay voluntad. Lo que hay es miedo, silencio oficial y complicidad tácita.
Desde febrero, cuando la Policía Estatal —bajo el mando del secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández— asumió el supuesto control de la zona, se han registrado al menos 18 homicidios violentos. Hasta ahora, no se ha detenido a nadie por estos crímenes, que incluyen los de policías, menores de edad y civiles inocentes.
Resulta patético y ofensivo que el propio secretario Hernández reconozca públicamente el aumento en robos y asesinatos en Teocaltiche y Villa Hidalgo, como si se tratara de una simple estadística más en su informe mensual. Esa declaración, lejos de mostrar transparencia, confirma la parálisis de las instituciones. Si sabe lo que ocurre y no actúa, es cómplice por omisión. Y si no sabe cómo responder, entonces ya es hora de que renuncie.
Pero la responsabilidad no termina ahí. La Fiscalía General del Estado, encabezada por Salvador González, ha mostrado una desvergüenza institucional que raya en lo criminal. En lugar de investigar con rigor, su labor ha consistido en encubrir, minimizar y postergar la verdad. El caso del activista Juan Pablo Alonso Estrada, asesinado el 30 de marzo, es un claro ejemplo. Pasaron cinco días antes de que su muerte fuera confirmada oficialmente. ¿La razón? Nadie lo explica. ¿Los avances? No existen. ¿La justicia? Brilla por su ausencia.
Alonso Estrada no era un ciudadano cualquiera; era una voz incómoda que había denunciado valientemente la presencia del crimen y la inacción del gobierno. Fue ignorado por las autoridades en vida, y ahora su muerte ha sido cubierta con el mismo desprecio institucional. Su ejecución no solo fue un acto de barbarie, sino también una advertencia sobre lo que ocurre cuando el Estado renuncia a su función más básica: proteger a quienes lo necesitan.
Y la historia se repite. Hace unos días, cuatro cuerpos ejecutados fueron encontrados en una finca de la colonia El Barrio. La noticia se difundió primero por redes sociales, impulsada por vecinos desesperados. La Fiscalía, fiel a su estilo, guardó silencio durante casi 24 horas. Cuando finalmente emitió un comunicado, lo hizo sin datos, sin contexto y sin compromiso, como si fuera una molestia tener que dar explicaciones.
En medio de todo esto, el gobernador Pablo Lemus Navarro ha optado por una estrategia que ya no engaña a nadie: la distracción. Mientras en Teocaltiche hay balaceras, en Casa Jalisco se realizan ruedas de prensa sobre turismo. Mientras los activistas son asesinados, el Ejecutivo estatal se toma fotos inaugurando eventos deportivos. Su prioridad no es la seguridad, sino su imagen. Y mientras más se enfoca en eso, más se derrumba el estado que prometió gobernar.
La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿qué tanto de este abandono es incapacidad, y qué tanto es conveniencia? ¿Es el gobierno de Lemus simplemente incompetente, o ha decidido no enfrentarse al crimen organizado porque hacerlo implica riesgos políticos y personales? Cuando la omisión es sistemática, cuando el silencio se convierte en política pública, la línea entre ineptitud y complicidad se vuelve peligrosamente difusa.
La situación es tan grave que ya no basta con esperar respuestas locales. La presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, deben intervenir con urgencia. La gobernabilidad en Jalisco está rota. Las instituciones han sido rebasadas. La ciudadanía está sola. Y no podemos permitir que esta situación se normalice. Hoy es Teocaltiche, mañana será cualquier otro municipio.
Pablo Lemus, Juan Pablo Hernández y Salvador González no están a la altura del desafío. Su permanencia en el cargo es, hoy por hoy, parte del problema. Jalisco necesita liderazgo real, compromiso auténtico y, sobre todo, acción. Porque cuando el narco impone su ley y el Estado calla, no estamos frente a una crisis de seguridad: estamos frente a la renuncia absoluta del deber público.
En Cortito: Nos cuentan que la Feria de la Primavera 2025 arrancó con fuerza en Cuernavaca, dejando claro que sigue siendo uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del estado de Morelos.
Miles de personas, entre habitantes y visitantes, asistieron a la tradicional cabalgata y al acto inaugural, marcando el inicio de una celebración que busca resaltar la identidad local, dinamizar la economía y proyectar estabilidad.
El presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado, encabezó el evento inaugural, acompañado por representantes de los distintos niveles de gobierno. En su mensaje, subrayó la relevancia de la feria como símbolo de colaboración institucional y desarrollo social, destacando que su realización refleja el compromiso de su administración con la promoción cultural y la recuperación de espacios públicos para el disfrute ciudadano.
Uno de los puntos que más destacó fue el operativo de seguridad implementado para garantizar un ambiente tranquilo. Según el reporte oficial, el pasado fin de semana se registró una asistencia de aproximadamente ocho mil personas, sin incidentes que lamentar. La coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y otras instancias permitió mantener un saldo blanco, lo cual fue reconocido por las autoridades y por diversos sectores de la ciudadanía.
por Dominio Público | Abr 15, 2025 | Opinión, Principales
Es un municipio de Jalisco que ha vivido entre balaceras, desplazamientos forzados y el avance del crimen organizado.
En Teocaltiche, el dolor no termina con la muerte. A semanas de confirmarse el hallazgo de los cuerpos de cuatro de los ocho policías desaparecidos en febrero —asesinados y abandonados en bolsas negras—, las familias de las víctimas siguen esperando algo más que promesas vacías: esperan justicia, apoyo, y al menos un gesto de humanidad que no ha llegado.
Lo que ha hecho el gobierno de Jalisco es indignante. Ni una sola reunión directa del secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, con las familias. Ni una propuesta concreta de apoyo económico. Ni un reconocimiento público a los agentes caídos. Solo frases burocráticas lanzadas al aire, como quien intenta salir del paso: “Estamos viendo qué ofrecerles”, dijo el funcionario, como si la tragedia de perder a un padre, un esposo o un hijo pudiera esperar a la agenda política.
El abandono institucional en Teocaltiche no es nuevo. Es un municipio que ha vivido entre balaceras, desplazamientos forzados y el avance del crimen organizado, mientras el Estado apenas se asoma cuando la crisis ya está consumada. Pero esta vez, el olvido tiene rostro y nombre: son las viudas, los huérfanos, los padres que no solo enfrentan el duelo, sino también el desamparo.
No hay becas para los hijos. No hay atención psicológica. No hay ayuda económica. No hay siquiera una disculpa formal. El mensaje que reciben es claro: que sus muertos no importan, que sus vidas no valen, que morir en servicio en Teocaltiche es morir dos veces: una en manos del crimen, y otra en la indiferencia del Estado.
La negligencia del secretario Hernández no es solo una omisión. Es una forma de violencia institucional. Es negarse a asumir la responsabilidad de proteger a quienes arriesgaron todo en nombre de la seguridad pública. Es perpetuar el abandono sistemático de una región que, a ojos del poder, sigue estando lejos, demasiado lejos.
Teocaltiche no olvida. Las familias tampoco. Y la ciudadanía debería hacer lo mismo. Porque mientras los funcionarios se esconden detrás de declaraciones tibias, hay madres que lloran a sus hijos, niños que preguntan por sus padres, y comunidades que entierran a sus policías sabiendo que nadie vendrá a ayudarlos después
por Dominio Público | Abr 15, 2025 | Opinión
Tras el revuelo negativo que causaron las declaraciones, Armenta dio marcha atrás
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por Dominio Público | Abr 12, 2025 | Opinión, Principales
El funcionario de Jalisco no solo ha demostrado una alarmante falta de liderazgo, sino que parece completamente desconectado de la gravedad del momento.
Mientras el secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, ofrece declaraciones vacías y promesas que suenan a burla, en Teocaltiche siguen desaparecidos cuatro policías y un chofer, y sus familias —como la ciudadanía— sobreviven entre el miedo, la impunidad y el abandono institucional. ¿Cuántos muertos más se necesitan para que el Estado actúe con seriedad?
A casi dos meses de la desaparición de ocho policías municipales que se dirigían a Guadalajara para presentar sus exámenes de control y confianza, el secretario apenas “adelanta” que en los próximos días empezarán a aplicar las pruebas en Teocaltiche y Villa Hidalgo. Lo dice como si no cargara ya con el costo de cuatro elementos asesinados y otros cinco que no han vuelto a casa.
La inacción no solo es escandalosa: es criminal. ¿Dónde estaba el control estatal antes del 18 de febrero? ¿Quién autorizó que los policías viajaran solos, por carretera, en una de las regiones más peligrosas del estado? ¿Qué clase de estrategia permite que corporaciones enteras operen sin evaluaciones vigentes y sin ningún tipo de supervisión real?
El secretario Juan Pablo Hernández no solo ha demostrado una alarmante falta de liderazgo, sino que parece completamente desconectado de la gravedad del momento. Su discurso burocrático, plagado de frases condicionadas como “en próximos días”, “pudiéramos empezar” o “una vez estén acreditados”, es una bofetada a las víctimas y a la sociedad jalisciense.
Bajo su gestión, la seguridad pública en Jalisco ha dejado de ser una prioridad real para convertirse en una simulación grotesca, sostenida con ruedas de prensa, comunicados reciclados y un lenguaje técnico que disfraza la falta total de resultados. El caso de Teocaltiche es solo la punta del iceberg: un reflejo doloroso de lo que pasa cuando la autoridad se ausenta, cuando la omisión se vuelve política de Estado y cuando la vida de los policías —y de los ciudadanos— vale menos que una promesa incumplida.
Hernández ha sido incapaz de garantizar condiciones mínimas para el ejercicio policial, mucho menos para reconstruir la confianza de una población golpeada por el crimen. Su propuesta de reentrenamiento es tan absurda como tardía: no se puede reentrenar a policías que ya están muertos. No se puede hablar de control y confianza cuando su propia Secretaría ni siquiera puede proteger a quienes se supone deben protegernos.
Hoy, más que nunca, es urgente dejar de normalizar esta cadena de negligencias. La situación exige rendición de cuentas, renuncias y un cambio profundo en la manera de entender la seguridad pública en el estado. Porque mientras Juan Pablo Hernández sigue hablando de calendarios, en Teocaltiche siguen esperando justicia.
por Dominio Público | Abr 11, 2025 | Opinión, Principales
Miembros del Consejo de la Judicatura y del TSJE acusan un síntoma preocupante de la opacidad y posibles prácticas que aquejan al Poder Judicial mexiquense.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y Sepa La Bola… pero el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a propuesta de su presidente Fernando Díaz Juárez, sometió a consideración de sus integrantes la adquisición de un edificio, que antes arrendaban.
Ubicado en calle José Vicente Villada, Colonia Centro, Toluca, Estado de México, el inmueble desde que se arrendó generó críticas por ser considerado que pagaba un precio considerado excesivo.
La reciente adquisición del edificio se señala por más de 150 millones de pesos por parte del Consejo de la Judicatura del Estado de México, lo cual muchos integrantes del TSJE criticaron.
La adquisición, justificada por el Director General de Administración, Roberto Cervantes Martínez (hermano del Fiscal mexiquense, José Luis Cervantes), busca albergar al nuevo Órgano de Administración Judicial.
Miembros del Consejo de la Judicatura y del TSJE acusan un síntoma preocupante de la opacidad y posibles prácticas que aquejan al Poder Judicial mexiquense, porque no es simplemente una transacción inmobiliaria, sino un gasto excesivo de dinero que se pudo emplear en otras cuestiones.
Por ejemplo, hay 44 municipios del Estado de México son considerados zonas de atención prioritaria debido a su alto grado de rezago social. En estas áreas, el porcentaje de personas que viven en pobreza extrema es igual o superior al 50%, según el Consejo de Investigación y Evaluación de Políticas Sociales, y con ese tipo de recursos podrían tener apoyos reales para educación, salud y vivienda.
Y es que esta compra genera controversia debido a la actual política de austeridad y la escasez de recursos en los juzgados. Nos cuentan de la falta de recursos básicos como papel, electricidad y agua en diversos juzgados, lo que dificulta la atención a la ciudadanía. La situación contrasta con la millonaria inversión en la adquisición del edificio.
Adicionalmente, se mencionan remodelaciones y obras en el Palacio de Justicia, sede de las Salas Penales, descritas como «berrinches y caprichos» y que implican gastos adicionales.
Estas obras, señalan, benefician principalmente a allegados al Presidente del Poder Judicial, pues solo hay remodelaciones en sus oficinas y hasta murales familiares.
Sin duda, la reciente decisión del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México de adquirir un edificio por más de 150 millones de pesos, en un contexto de austeridad y escasez de recursos, plantea serias interrogantes sobre la gestión y prioridades del Poder Judicial en la entidad. Este gasto calificado de exorbitante, pone de manifiesto una preocupante opacidad en la administración judicial.
Es imperativo que la Jefa política del Estado, Delfina Gómez, actúe con firmeza y evita que la cercanía del secretario del Bienestar, Juan Carlos González, con el presidente del Poder Judicial, haga estragos en la confianza en el sistema judicial, y asegurar que la justicia en el Estado de México sea un derecho accesible para todos, no un privilegio para unos pocos.
Y Sepa La Bola pero en el Poder Judicial explotó una bomba que luego de que NAFIN retiró, sin aviso, recursos de fideicomisos destinados a pagar a jueces que renunciaron al proceso de elección judicial.
Esto generó una crisis salarial y el CJF evalúa acciones legales para recuperar los fondos.
Los recursos, por más de 10 mil millones de pesos, debían indemnizar a jueces conforme a la reforma al Poder Judicial. El CJF alega que NAFIN violó el contrato al transferirlos sin autorización.
La Asociación de Magistrados y Jueces (JUFED) exigió el pago inmediato a los jueces afectados, señalando que debió haberse realizado antes de diciembre de 2024. Acusan que la reforma judicial vulneró los derechos de los jueces.
La JUFED destacó que la falta de pago genera incertidumbre y pidió que el CJF cumpla con la indemnización para todos los jueces que renunciaron o lo hagan en el futuro.
