por Dominio Público | Oct 28, 2026 | Opinión, Principales, Uncategorized
Murió a los 92 años de edad, el último líder moral, nato y natural de la izquierda, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
El único que habría podido dar un manotazo, con toda la autoridad moral, a los integrantes del actual gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, por la podredumbre en que han sumido a un proyecto que perseguía un proyecto basado en el bienestar de los más pobres, fincado en la honestidad, la austeridad y la eficiencia en el ejercicio de la administración.
Hijo del general Lázaro Cárdenas, aquel que expropió de la mano del pueblo, en 1938, la industria petrolera, y de Amalia Solórzano, Cuauhtémoc Cárdenas ha sido el único hijo de un presidente que nació en Los Pinos, y no en pañales de seda, lo hizo en una caja de cartón y con una ropita muy austera.
Integrante de la Corriente Democrática del PRI, en 1987, junto con Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y otros distinguidos priistas, Cárdenas Solórzano luchó al interior del PRI por la forma antidemocrática de elegir a los candidatos, a saber, el dedazo.
Eran los tiempos de Miguel de la Madrid Hurtado como presidente de la República y Jorge de la Vega Domínguez, presidente del PRI.
Ante la cerrazón del gobierno y su aún partido, optaron por la salida de este para buscar la presidencia de la República, bajo un movimiento pluripartidista denominado Frente Democrático Nacional, integrado por el PARM, PPS, FCRN y el PMS, al final, al declinar aquel otrora también líder de la izquierda, Heberto Castillo Martínez.
Contendieron contra la candidatura de Carlos Salinas de Gortari y Manuel Clouthier (padre de Tatiana Clouthier), en una contienda que la mayoría de los mexicanos dieron por ganadora a la fórmula del FDN, pero que no dejaron llegar, lo que devino para muchos como el gran fraude electoral de 1988.
por Dominio Público | Oct 28, 2026 | Opinión, Principales
El gobernador Alejandro Armenta plantea atraer grandes corporativos y fortalecer a las microempresas, responsables del 80 por ciento del empleo estatal, según los datos proporcionados para este proyecto.
Raúl García Araujo @araujogar
Puebla perfila una nueva etapa económica bajo el gobierno de Alejandro Armenta Mier.
A casi dos años de asumir la gubernatura, impulsa una agenda de desarrollo industrial, infraestructura e inversión que busca posicionar al estado como un actor estratégico de la Cuarta Transformación.
La coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum abre oportunidades para acelerar proyectos; el reto es convertirlos en empleos, obras y mejores condiciones de vida.
En septiembre pasado, Sheinbaum reconoció que Puebla es uno de los estados que avanzan en todos los sectores.
La declaración destacó el rumbo de la entidad dentro de la agenda nacional y colocó sobre la mesa una expectativa concreta: que los proyectos anunciados se traduzcan en resultados visibles para la población.
Una de las apuestas centrales es el Polo de Desarrollo de Huejotzingo, puesto en marcha con una inversión de 8 mil millones de pesos.
El plan articula siete proyectos de infraestructura industrial, conectividad aérea, vivienda, comercio y servicios.
Armenta plantea atraer grandes corporativos y fortalecer a las microempresas, responsables del 80 por ciento del empleo estatal, según los datos proporcionados para este proyecto.
La meta es que la inversión genere riqueza comunitaria y no se limite a las zonas industriales.
Los indicadores económicos respaldan esa apuesta: Puebla reportó un crecimiento de 3.1 por ciento, con avances de 8 por ciento en manufactura, 24.6 por ciento en construcción y 4.13 por ciento en comercio. A ello se suman 998.3 millones de dólares de inversión extranjera directa.
Huejotzingo concentra parte de esa expansión. Su ubicación, el aeropuerto y los parques industriales han atraído proyectos como la planta de Trox, con un avance de construcción de 60 por ciento; la obra de Schaeffler, próxima a concluir, y las iniciativas de Grupo Vinte, Grupo Ara y una empresa china especializada en tecnología de celdas solares.
La proyección supera los 3 mil 600 empleos en los próximos años, mientras el gobierno municipal reporta un aumento de 20 por ciento en la ocupación laboral.
La conectividad aérea complementa el proyecto industrial. Puebla pasó de cinco o seis vuelos nacionales y una conexión internacional a contar con 20 rutas nacionales y cuatro internacionales, entre ellas Los Ángeles, Houston, Newark y Chicago.
La modernización prevista del aeropuerto de Huejotzingo podría fortalecer el distrito aeroportuario, atraer negocios y ampliar los mercados de la entidad.
La conectividad será una ventaja competitiva si se integra con la infraestructura y la actividad productiva.
En carreteras, la agenda federal incluye la ampliación de la vía Amozoc-Veracruz, la modernización de los tramos Tulancingo-Nuevo Necaxa y Puebla-Acatzingo, así como nuevas conexiones con regiones de Oaxaca y Guerrero.
También destaca el saneamiento del río Atoyac mediante 20 plantas de tratamiento. Son proyectos con impacto económico y ambiental, que respondan a las necesidades históricas de la población.
La estrategia productiva busca abrir espacio a nuevos sectores mediante proyectos relacionados con las baterías del vehículo Olinia, la fábrica de Café Bienestar y una planta agroindustrial para producir harina de maíz nativo.
A la par, el presupuesto directo para 880 comunidades de pueblos originarios y la instalación de Centros LIBRE en los 217 municipios amplían la agenda social.
El propósito es vincular la expansión económica con oportunidades para las comunidades y los sectores que enfrentan mayores rezagos.
Armenta busca consolidar una administración con capacidad de gestión y una agenda propia de transformación.
La coordinación entre los gobiernos estatal y federal puede facilitar proyectos de gran alcance.
Puebla tiene la oportunidad de fortalecer su perfil industrial, mejorar sus comunicaciones y atender carencias en salud, educación y vivienda.
Para el gobernador Alejandro Armenta, el desafío es convertir esta agenda en resultados duraderos y hacer de Puebla un referente de desarrollo dentro de la Cuarta Transformación.
Más allá de las alianzas políticas y los anuncios, el legado de su gobierno se definirá en la vida cotidiana de los poblanos.
En Cortito: Nos cuentan que Gaby “La Bonita” Sánchez anda muy activa en busca de la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Puebla.
Lo mismo recorre colonias y se reúne con familias y comerciantes para escuchar sus demandas, que sostiene encuentros con medios de comunicación para dar a conocer sus proyectos y aspiraciones políticas.
La estrategia es clara: ganar presencia en la capital poblana y posicionar su nombre rumbo a la definición de Morena.
La carrera ya comenzó y Gaby quiere estar en la conversación.
por Dominio Público | Oct 27, 2026 | Opinión
Lo que precipitó todo fueron los reportajes (publicados en Latinus, Reforma y El Universal), que documentaron presuntos vínculos entre el entorno de Taddei y empresas que habían recibido contratos millonarios.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Guadalupe Taddei Zavala presentó este lunes su renuncia formal a la presidencia del Instituto Nacional Electoral. No fue un retiro discreto ni una salida negociada en silencio. Fue el desenlace de una semana de revelaciones periodísticas que pusieron sobre la mesa contratos, proveedores, “posibles” conflictos de interés y una cercanía personal demasiado incómoda para quien encabeza el órgano encargado de organizar las elecciones.
En su carta a la Cámara de Diputados, Taddei escribió que se va “con serenidad, con la satisfacción del deber cumplido y con el orgullo de haber dedicado más de tres décadas de mi vida al servicio de la democracia mexicana”. Añadió que el Instituto y sus responsabilidades constitucionales deben prevalecer “por encima de cualquier interés personal”.
No mencionó los reportajes. No habló de los videos. Tampoco aludió a la investigación de oficio que abrió la Auditoría Superior de la Federación. Prefirió el lenguaje casi litúrgico.
Horas antes, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum había respaldado la decisión. Dijo que Taddei tomó “una buena decisión” al separarse del cargo frente a los señalamientos de posibles abusos, privilegios y conflictos de interés. Insistió en que debe haber auditoría y que no puede haber “sombras de corrupción” en la institución electoral.
Lo que precipitó todo fueron los reportajes (publicados en Latinus, Reforma y El Universal), que documentaron presuntos vínculos entre el entorno de Taddei y empresas que habían recibido contratos millonarios del INE y de organismos locales.
El último golpe fue audiovisual: imágenes que muestran a uno de sus hijos en un hotel de lujo en París junto al empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado a un grupo de compañías proveedoras de material electoral.
La ASF ya había abierto una investigación de oficio por posibles irregularidades, colusiones y triangulación de recursos. El periodismo no inventó el expediente; puso el asunto a la vista pública y elevó el costo de no dar explicaciones.
Este caso vuelve a plantear una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿qué peso tiene el periodismo de investigación en un país donde las instituciones se defienden con comunicados y las redes se encienden con memes?
La respuesta, al menos esta semana, es que todavía puede ser decisivo. No porque los medios tengan poder formal, sino porque la evidencia, ya sean contratos, relaciones o videos, obliga a reaccionar a quienes sí lo tienen. Taddei resistió el sábado. El domingo anunció que se iba. El lunes formalizó la renuncia.
Habrá quien diga que se trata de un linchamiento mediático. Habrá quien celebre que “por fin” cayó alguien del aparato electoral. Ambas serían lecturas simplistas.
Lo relevante es que, cuando aparecen indicios serios de conflicto de interés en el árbitro electoral, la salida de quien encabeza la institución puede ser una medida para contener el daño. Pero no resuelve las dudas.
Que la reacción haya llegado por el trabajo periodístico y no por los mecanismos institucionales de vigilancia deja al descubierto una falla preocupante en los contrapesos del Estado mexicano.
La Cámara de Diputados activó ya el proceso para elegir a quien ocupe la presidencia del INE.
Las investigaciones deben llegar hasta las últimas consecuencias. El caso no puede congelarse con la renuncia ni darse por cerrado con la llegada de alguien más.
Deben aclararse las “presuntas” irregularidades, a quién o quiénes beneficiaron y con qué alcance.
La credibilidad del árbitro electoral no se restaura solo con un cambio de titular. Se restaura con lo que se haga a partir de ahora.
Pongamos el desorden, entonces. No para destruir instituciones, sino para exigir que funcionen sin sombras. Y recordemos, de paso, que el periodismo que investiga sigue siendo una de las pocas herramientas que todavía puede forzar esa exigencia.
por Dominio Público | Oct 23, 2026 | Opinión
Según las denuncias ciudadanas, la presunta extorsión alcanzaría torterías, gasolineras, hoteles, agencias automotrices y restaurantes.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y Sepa La Bola... pero en el Estado de México, la corrupción y la extorsión no siempre empiezan con un contrato: a veces comienzan con una visita de inspección y terminan con un comerciante obligado a explicar por qué debe pagar para seguir trabajando. Esa es la gravedad de los señalamientos que hoy rodean a la Junta de Caminos y que merecen algo más que silencio burocrático.
Los señalamientos de diversas asociaciones apuntan a tres nombres: Iván Juárez Bárcenas, apodado “El Rey de las Tortas”; Joel González Toral, titular de la Junta de Caminos, y Misael Gómez Granillo, señalado como responsable del derecho de vía.
Las acusaciones son graves: presuntas extorsiones, cobros indebidos, abuso de autoridad y obstáculos para acceder a los funcionarios. Ninguna puede desestimarse sin que las autoridades investiguen.
Según las denuncias ciudadanas, la presunta extorsión alcanzaría torterías, gasolineras, hoteles, agencias automotrices y restaurantes.
También mencionan exigencias de hasta 500 mil pesos por establecimiento triple AAA y supuestas amenazas relacionadas con documentación o permisos. Las cantidades impresionan, pero la obligación es que las autoridades investiguen.
Existe un antecedente institucional que impide despachar el tema como simple rumor. En junio de 2024, el entonces director de la Junta de Caminos informó que más de 40 inspectores habían sido denunciados por intentos de extorsión.
La Asociación de Empresarios del Estado de México advirtió sobre el impacto de la extorsión en el Valle de México.
A esa exigencia de justicia se suman uniones de colonos, asociaciones vecinales, organizaciones de restauranteros y agrupaciones de gasolineros.
El escrutinio ciudadano exige aclarar posibles incorporaciones familiares, testimonios identificables, folios de investigación y oportunidad de respuesta.
Delfina Gómez y el secretario de Gobierno, Horacio Duarte, tampoco pueden ser convertidos en protectores de nadie que viole la ley.
Precisamente por eso conviene esclarecer también la intimidación de los funcionarios a los comerciantes.
La Fiscalía mexiquense debe informar el avance de las denuncias y qué medidas protegen a las víctimas. La contraloría debe revisar facultades, nombramientos y eventuales conflictos de interés.
El derecho de vía pertenece al interés público. Jamás debería convertirse, bajo sospecha alguna, en una caseta privada de cobro.
Y Sepa La Bola… pero hay serios señalamientos sobre presuntas prácticas de prostitución clandestina en áreas de visita familiar del penal de Santa Martha Acatitla plantean una pregunta: ¿quién vigila a quienes deben garantizar el orden? Incluso en redes sociales se habla tambien de visitas intimas clandestinas, muy costosas, según sea el horario.
De acuerdo con un testimonio, en el Reclusorio Norte los mandos operativos Raimundo Villanueva Guadarrama y Esteban Herrera García, adscritos a distintos grupos, presuntamente tendrían bajo su control un esquema de encuentros íntimos clandestinos dentro del centro penitenciario.
La denuncia refiere que antiguos espacios destinados a tiendas de insumos, ubicados cerca de las salas de visita familiar 2 y 7, habrían sido acondicionados con colchones para realizar encuentros sexuales al margen de los procedimientos institucionales.
Según la versión, ingresarían mujeres ajenas a los vínculos familiares de las personas internas y se cobrarían entre cuatro mil y diez mil pesos por encuentro. El testimonio menciona decenas de servicios por jornada, cifras que deben verificarse mediante una investigación formal.
La fuente ubica entre las dos y las tres de la tarde el periodo de mayor actividad y señala que las cámaras de vigilancia podrían aportar elementos para esclarecer los hechos.
El señalamiento también menciona siete salas de visita familiar y una explanada donde presuntamente se instalarían espacios improvisados con lonas y sillas. Por ello, una revisión tendría que abarcar las instalaciones, los registros de acceso y la actuación del personal responsable.
Si las acusaciones se confirman, el caso rebasaría una falta administrativa y abriría interrogantes sobre posibles redes de corrupción, abuso de autoridad y delitos.
La denuncia también alude a una controversia anterior por presuntos hechos similares en Santa Martha Acatitla hace años, cuando se denunció que intefnad eran utilizadas para practicas de ese tipo.
Las autoridades deben explicar si los protocolos funcionan y, en su caso, quién permitió las posibles irregularidades.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana y las áreas de asuntos internos e inteligencia penitenciaria deben investigar, preservar las grabaciones disponibles, inspeccionar los espacios señalados y proteger a posibles víctimas y denunciantes frente a represalias.
Las prisiones no pueden convertirse en espacios donde la autoridad sea una apariencia y las necesidades de las personas internas sirvan para generar negocios clandestinos. Si quienes deben mantener el orden participan en estas prácticas, o permiten que ocurran, la responsabilidad institucional debe esclarecerse y alcanzar a quienes resulten responsables.
Y a 25 años de la lucha de San Salvador Atenco, desde aquí felicito a mi amigo y colega Javier Salinas por la publicación de su libro Un aterrizaje forzoso, una obra que rescata la memoria de la lucha de ese pueblo que él califica como heroico. Sus habitantes se enfrentaron al gobierno y resistieron una fuerte represión para defender sus tierras e impedir la construcción del aeropuerto en esa zona. La presentación del libro se realizó en el propio Atenco, donde varios de los participantes de aquella magna defensa recordaron la unidad, la resistencia y la fuerza colectiva que les permitieron frenar el proyecto aeroportuario.
por Dominio Público | Oct 22, 2026 | Opinión
Los colores ayudan a identificar a los partidos sin necesidad de leer sus nombres. Morena hizo del guinda uno de sus sellos más reconocibles.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
El domingo pasado me puse un rompevientos guinda. Nada extraordinario: estaba en el clóset, me gustó y me lo puse. No imaginé que la elección de un color bastara para que alguien me ubicara políticamente.
Un matrimonio amigo me vio y soltó, entre risas: “¿Ya estás con Morena?”
La ocurrencia tenía su gracia, pero después me quedé pensando. ¿En qué momento el guinda dejó de ser solo un color y se convirtió en una credencial política?
Los colores ayudan a identificar a los partidos sin necesidad de leer sus nombres. Morena hizo del guinda uno de sus sellos más reconocibles. Está en su propaganda, en los actos públicos y en las playeras de sus militantes. Hasta ahí, nada extraño. El PRI tiene su tricolor; el PAN, el azul, y el PRD tuvo el amarillo. Fuera de México ocurre lo mismo: el rojo de los laboristas británicos y el azul de los demócratas estadounidenses también distinguen a sus partidos.
El problema empieza cuando esa marca, en este caso el guinda, sale del terreno partidista y llega al gobierno. A eso le llamo el “aguindamiento” de México: cuando el color del partido (Morena) aparece en espacios e instrumentos que deberían tener una identidad institucional propia.
Las placas del Estado de México llevan una franja guinda en la parte inferior. Las de Michoacán también incorporan ese tono. En 2022, el gobierno de Nayarit pintó de guinda la bandera de México en un parque público. El gobernador ofreció disculpas y el funcionario responsable renunció. El episodio mostró que hay límites y que, en ocasiones, se cruzan.
Las placas son documentos oficiales, no propaganda electoral. El gobierno representa a todos los ciudadanos, hayan votado por Morena, por otro partido o por ninguno. Su imagen, por tanto, debería distinguirse de la del partido que lo encabeza.
El asunto no es menor. Cuando un mismo color aparece una y otra vez ligado a un partido y también a las instituciones, la diferencia puede desdibujarse. El riesgo es que terminemos confundiendo al gobierno con el partido y que el poder parezca pertenecer a quienes ganaron la última elección, en lugar de estar al servicio de todos.
No se trata de reclamarle a nadie que se vista de guinda. Cada quien puede ponerse el color que quiera sin convertirse por eso en militante o simpatizante de Morena. Pero algo ocurre cuando un rompevientos basta para que los amigos sospechen una conversión política. Y algo más merece discutirse cuando ese mismo color aparece en documentos oficiales.
A este paso, habrá que revisar el clóset antes de salir de casa. No vaya a ser que, por elegir mal la chamarra, alguien nos cambie de partido sin preguntarnos.
por Dominio Público | Oct 21, 2026 | Opinión, Principales
La seguridad de las mujeres exige prevención, atención especializada y oportunidades para alcanzar la autonomía económica; tres componentes que la administración estatal busca articular en una misma estrategia.
Raúl García Araujo @araujogar
Delfina Gómez Álvarez ha colocado la seguridad de las mujeres mexiquenses como una responsabilidad central de su gobierno, con una estrategia que busca atender una de las preocupaciones más sensibles de las familias: vivir sin miedo y contar con instituciones que respondan cuando se necesita ayuda.
Con Senderos Mexiquenses “Caminemos Seguras”, la gobernadora lleva esa prioridad a las calles, las colonias y los espacios donde la población demanda resultados concretos.
La apuesta tiene una dimensión política que va más allá de la recuperación de espacios públicos.
Se trata de acercar el gobierno a las comunidades, atender sus necesidades y construir una relación con la ciudadanía a partir de acciones que incidan en su vida cotidiana.
La seguridad de las mujeres exige prevención, atención especializada y oportunidades para alcanzar la autonomía económica; tres componentes que la administración estatal busca articular en una misma estrategia.
En tres años, el Gobierno del Estado de México ha recuperado más de 39 mil metros cuadrados de espacios públicos mediante luminarias, botones de emergencia, banquetas y señalización, principalmente en los 11 municipios con Alerta de Violencia de Género.
A ello se suman 45 Centros LIBRE, que han otorgado 40 mil 453 atenciones y reportan 145 mil 964 mujeres egresadas de sus talleres para fortalecer su independencia económica.
La estrategia también incorpora a 188 redes de Mujeres Constructoras de Paz, integradas por 2 mil 607 participantes que identifican riesgos y necesidades en sus comunidades.
Además, se prepara la primera etapa de los Centros Colibrí en Teoloyucan y Huehuetoca, para atender a niñas, niños y adolescentes en situación de calle.
El punto central es que Delfina Gómez busca llevar la acción gubernamental al territorio y vincularla con las demandas de la población.
Las mujeres que participan en las redes comunitarias no solo reciben información: contribuyen a identificar problemas y señalar dónde hacen falta intervenciones.
Esa participación puede fortalecer la interlocución entre autoridades y ciudadanía, siempre que las necesidades detectadas encuentren respuestas oportunas.
Para la gobernadora, el reto es consolidar esa cercanía y demostrar que los programas se traducen en mejores condiciones de seguridad.
La recuperación de espacios debe acompañarse de prevención efectiva, atención a las víctimas, acceso a la justicia y seguimiento de los casos.
Las cifras reportadas muestran la dimensión de las acciones emprendidas, pero su alcance también tendrá que medirse por los resultados que experimenten las mujeres en sus comunidades.
Esta política pública coloca sobre la mesa una responsabilidad que trasciende a una sola dependencia: garantizar que las mexiquenses encuentren respaldo institucional y que sus demandas sean atendidas sin importar el municipio donde vivan.
La coordinación entre las áreas de seguridad, desarrollo urbano y atención a las mujeres será determinante para que los esfuerzos no queden dispersos y mantengan continuidad.
Delfina Gómez tiene en esta estrategia una vía para fortalecer el vínculo de su administración con las familias mexiquenses, a partir de una demanda que toca directamente la vida de millones de personas.
En Cortito: Nos cuentan que la efervescencia política está en todo lo que da en el Estado de México y Chimalhuacán no se queda atrás.
El promotor cultural Miguel Vela Patiño presentó su solicitud como aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena, y aseguran que en diversas encuestas marcha al frente de las preferencias ciudadanas.
Vela Patiño sostiene que la cultura no puede ser intrascendente, pues representa una vía para fortalecer la identidad, el arraigo y la unidad entre quienes comparten un mismo territorio.
Su planteamiento es que una comunidad que reconoce sus raíces también puede construir un proyecto común de transformación.
Nos dicen que habrá que seguir de cerca el movimiento político en Chimalhuacán, donde los nombres comienzan a tomar posición rumbo a la definición de Morena.
