por Dominio Público | Jul 17, 2026 | Opinión, Principales
El problema político no es solamente quién fue nombrado, sino el mensaje enviado. Por ello, las asociaciones piden a la Presidenta Claudia Sheinbaum actuar contra los malos manejos del funcionario.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y Sepa La Bola… pero en la política mexicana, los señalamientos rara vez frenan una carrera pública. A veces ocurre lo contrario: se convierten en antesala de un nuevo nombramiento. Ese es el caso de Alfredo Arellano Guillermo, exsecretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo durante el gobierno de Carlos Joaquín González, quien ahora ocupa la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Semarnat, con Alicia Bárcena.
El nombramiento resulta incómodo porque no llega después de una aclaración pública, una auditoría concluyente o el cierre de las denuncias, sino mientras siguen abiertos los cuestionamientos por el manejo de los recursos destinados a combatir el sargazo.
Arellano fue incorporado a la administración ambiental federal encabezada por Alicia Bárcena, pese a que organizaciones civiles, comunidades costeras y prestadores de servicios mantienen dudas sobre su actuación en Quintana Roo.
Durante 2018, el gobierno estatal reportó el ejercicio de 312 millones de pesos para retirar el sargazo. A esa cantidad se sumaron proyectos cercanos a 200 millones de pesos para instalar barreras marinas que registraron retrasos, fallas y resultados insuficientes.
El problema no fue únicamente el volumen del alga, sino la incapacidad institucional para explicar con precisión qué se compró, cuánto costó, quién lo entregó y cuáles fueron los resultados.
La denuncia más grave fue presentada públicamente por Roberto Palazuelos, quien señaló un posible desvío de 240 millones de pesos mediante la simulación del arrendamiento de embarcaciones y equipos.
Según esa acusación, se habrían facturado lanchas inadecuadas para operar en el mar, además de maquinaria que nunca llegó a las costas.
El gasto real, de acuerdo con el señalamiento, habría rondado apenas los 40 millones de pesos.
Más Selva A.C., cooperativas turísticas de Akumal, habitantes de Chemuyil, hoteleros y prestadores de servicios también expresaron inconformidades.
Los cooperativistas denunciaron haber sido excluidos de los programas de atención; habitantes de Chemuyil cuestionaron decisiones relacionadas con el Santuario de la Tortuga Marina, mientras organizaciones ambientales exigieron conocer el destino de los recursos públicos.
La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo abrió investigaciones para revisar fondos de contingencia, aportaciones federales y posibles responsabilidades administrativas. Sin embargo, el paso del tiempo no produjo las respuestas que exigían las comunidades. Produjo algo distinto: el regreso de Arellano a un cargo federal con mayor influencia sobre las playas y costas del país.
El problema político no es solamente quién fue nombrado, sino el mensaje enviado. Por ello, las asociaciones piden a la Presidenta Claudia Sheinbaum actuar contra los malos manejos del funcionario.
La Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre es una oficina estratégica, con poder sobre intereses inmobiliarios, turísticos y ambientales. Colocar ahí a un funcionario cuestionado por opacidad y manejo discrecional no fortalece la confianza pública.
Mientras tanto, el sargazo sigue acumulándose, las cancelaciones turísticas golpean a hoteles y restaurantes, y cientos de familias enfrentan menos trabajo e ingresos. La emergencia ambiental se convirtió en crisis social, pero los responsables de explicar el uso del dinero permanecen protegidos por el silencio institucional.
En Quintana Roo quedaron playas afectadas, negocios golpeados y denuncias sin resolver. En el Gobierno Federal apareció un nuevo nombramiento.
Esa es la contradicción: mientras la población paga los costos del sargazo, la administración pública premia a quienes todavía deben aclarar qué hicieron con los recursos destinados a combatirlo, hay una crisis social ya por el tema del sargazo y las cancelaciones de turistas están creciendo pues todo indica que los recursos para atender esa emergencia fueron a parar a un destino diferente al asignado.
por Dominio Público | Jul 16, 2026 | Opinión
Los problemas del sistema educativo no son nuevos y tampoco se resolverán repartiendo dinero.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Es tiempo de clausuras escolares en todos los niveles. Por las calles vemos a madres y padres cargando ramos de flores, llevando de la mano a sus hijos con el uniforme de gala o acompañando a jóvenes vestidos para celebrar el fin de una etapa.
En los últimos días de clases, los pasillos se llenan de conversaciones sobre las vacaciones, la escuela a la que irán quienes concluyeron un ciclo, la carrera que quieren estudiar o el trabajo que esperan conseguir.
Pero no todas las historias terminan con aplausos.
En la ceremonia de clausura de una primaria, en el sur del Estado de México, el director presentó su informe de labores. Después de enumerar los logros del plantel, comentó que el ciclo escolar había iniciado con una matrícula de 100 alumnos y concluía con 98.
Dos alumnos menos. Dos niños cuyos padres decidieron que había otras prioridades. Los maestros me contaron que, simplemente, dejaron de asistir.
También me dijeron que entregaron la documentación correspondiente y confían en que hayan sido inscritos en otra escuela.
Hay otros sueños que no se rompen por falta de ganas, sino por razones económicas y de infraestructura. Es el caso de Ángel.
Ángel es un joven apasionado del campo y de los animales. Sus padres dicen que no es una «lumbrera», pero sí muy trabajador. Terminó el bachillerato con la ilusión de estudiar “para ingeniero agrónomo con especialidad en zootecnia”. No pudo hacerlo porque su familia no cuenta con los recursos suficientes y, además, en la región donde vive no existe una universidad que ofrezca esa carrera. Las opciones más cercanas son la Universidad Autónoma Chapingo y otra institución ubicada en Iguala, Guerrero.
Las universidades cercanas a su comunidad, en el sur del Estado de México, ofrecen carreras como Contaduría, Enfermería, Pedagogía, Educación Física y Derecho. Ninguna responde a lo que él quiere hacer con su vida.
Antes de seguir, quiero dejar clara mi forma de pensar. Los problemas del sistema educativo no son nuevos y tampoco se resolverán repartiendo dinero.
Las becas pueden ayudar a disminuir la deserción escolar, pero por sí solas no resuelven el problema. Ahí está el ejemplo de la primaria cuya ceremonia de clausura presencié.
También hace falta replantear la educación superior para que la oferta académica responda a las necesidades de cada región y evite que jóvenes como Ángel tengan que renunciar a sus proyectos por falta de opciones.
Los problemas educativos no se resuelven con discursos ni con la simple entrega de recursos. Requieren planeación, visión de largo plazo y una oferta educativa que responda a la realidad de cada región. Mientras eso no ocurra, seguiremos viendo que muchos jóvenes no abandonan sus sueños por falta de capacidad, sino porque el país nunca les abrió el camino para alcanzarlos.
EN EL TINTERO
El Tren Interoceánico volvió a descarrilar, precisamente en la misma zona donde, en diciembre pasado, otro convoy sufrió un accidente en el que murieron varias personas. Es momento de cerrar temporalmente esa línea y realizar una investigación seria. Dos accidentes en el mismo sitio ya no pueden considerarse una casualidad; son la señal de que algo se hizo mal.
por Dominio Público | Jul 15, 2026 | Opinión, Principales
Cuando una familia considera más seguro callar que acudir a la autoridad, el crimen organizado ya consiguió una de sus mayores victorias.
Raúl García Araujo @araujogar
En Teocaltiche, Jalisco, ya no basta con contar desaparecidos. También hay que contabilizar el silencio.
Ese que se instaló en las calles, en los hogares y, sobre todo, en las familias que prefieren guardar el dolor antes que acudir a una autoridad por miedo a convertirse en la siguiente víctima.
Es el silencio de un municipio donde el crimen organizado parece imponer sus reglas mientras el Estado observa desde la distancia. Un silencio que no significa paz, sino terror.
Detrás de la aparente calma que algunos intentan proyectar existe una realidad inocultable.
En lo que va de 2026 suman al menos doce desapariciones de personas, aunque la cifra podría ser mayor porque varias familias jamás denunciaron los hechos.
El miedo terminó por vencer la esperanza de encontrar justicia.
Los testimonios retratan mejor que cualquier estadística la dimensión de la tragedia. Una hermana relata cómo hombres armados interceptaron la motocicleta en la que viajaba con Sergio Daniel Fuentes Ramos, de apenas 15 años.
Le preguntaron su nombre, su edad, le tomaron fotografías y se lo llevaron con la promesa de que solo respondería unas preguntas. Nunca regresó.
Durante meses la familia decidió guardar silencio. No por falta de interés, sino por miedo. Ese dato explica con crudeza el nivel de control que ejerce la delincuencia sobre buena parte del municipio.
La historia volvió a repetirse con Erick Arturo Gómez Aguilera, un joven de 21 años dedicado a la construcción. El pasado 13 de junio fue privado de la libertad por hombres armados que irrumpieron en la casa de un amigo en la colonia El Nejayote.
Preguntaron quién era “Palito”, lo subieron a una camioneta blanca y desapareció.
Un mes después, su familia rompió el silencio y acudió a los medios de comunicación para hacer pública su desesperación.
Su madre lanzó un llamado que resume el sentimiento de decenas de hogares: que le devuelvan a su hijo y que las autoridades, por fin, hagan algo.
Nada indica que estos hechos sean aislados. Habitantes del municipio aseguran que, durante las noches, grupos armados ingresan para llevarse a jóvenes y adultos.
La desaparición parece haberse convertido en un mecanismo sistemático de control criminal.
Las cifras oficiales muestran una tendencia alarmante. En 2025 fueron denunciadas 28 desapariciones en Teocaltiche, un crecimiento drástico respecto de las cinco registradas en 2024, las ocho de 2023 y las tres de 2022.
Sin embargo, esos números tampoco reflejan toda la realidad.
Hay expedientes que nunca llegaron al Ministerio Público porque las familias decidieron callar para proteger a quienes aún permanecen en casa.
No es casualidad que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses haya desplegado una brigada regional para recibir muestras de ADN incluso de familiares que nunca presentaron una denuncia formal.
La medida reconoce una verdad incómoda: en esta región el miedo también desapareció las denuncias.
Mientras tanto, resulta inevitable voltear hacia Casa Jalisco.
Llama la atención que el gobernador Pablo Lemus prácticamente haya dejado de mencionar la crisis de seguridad que vive Teocaltiche, aun después del ataque perpetrado en febrero contra el cuartel de la Guardia Nacional, donde un elemento perdió la vida y otro más resultó herido tras una agresión atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación.
El silencio institucional contrasta con la angustia cotidiana de las familias.
Por ello, cada vez cobra más fuerza la expectativa de que sea el Gobierno federal, a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien encabece una estrategia capaz de recuperar el control de un municipio donde la autoridad parece haber cedido demasiados espacios.
Porque el problema de Teocaltiche ya no consiste únicamente en que desaparezcan personas.
Lo verdaderamente preocupante es que también desaparecieron la confianza ciudadana, la denuncia y la certeza de que el Estado puede proteger a sus habitantes.
Cuando una familia considera más seguro callar que acudir a la autoridad, el crimen organizado ya consiguió una de sus mayores victorias.
En Cortito: Nos cuentan que la captura de Rafael “N.”, señalado por la Fiscalía General del Estado como presunto responsable de los ataques con arma de fuego contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl, envía un mensaje relevante: en Puebla las investigaciones ya no descansan únicamente en la reacción policial, sino en un trabajo coordinado de inteligencia, investigación de campo y análisis pericial.
La detención no solo busca esclarecer los hechos recientes, sino abrir la puerta para revisar si detrás de estos ataques existe un patrón criminal que durante años pasó inadvertido.
La ruta de investigación cobra mayor importancia porque diversos testimonios apuntan a que incidentes similares pudieron registrarse desde 2018.
A ello se suman los homicidios ocurridos en noviembre de 2023 sobre el mismo corredor de Angelópolis. Hasta ahora, la Fiscalía no ha establecido un vínculo entre esos casos y el detenido, pero la revisión de peritajes balísticos, denuncias, reportes de daños y evidencia acumulada permitirá determinar si se trata de hechos aislados o de una misma secuencia delictiva que nunca fue plenamente investigada.
En este contexto, destaca la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Alejandro Armenta, quien ha insistido en fortalecer la coordinación entre las instituciones estatales, la Fiscalía y las fuerzas federales para privilegiar la inteligencia sobre la improvisación.
El seguimiento de evidencia científica, el trabajo de campo y la integración de información criminal se han convertido en herramientas fundamentales para construir investigaciones sólidas y judicializar los casos con mayores elementos de prueba.
La detención del presunto responsable no representa el cierre del caso, sino el inicio de una etapa en la que los estudios balísticos, las pruebas periciales y el análisis criminal serán determinantes para esclarecer si durante varios años existió un agresor que operó con impunidad en uno de los corredores más transitados de la zona metropolitana de Puebla.
Más allá del impacto mediático de la captura, lo verdaderamente relevante será la capacidad institucional para reconstruir los hechos y ofrecer certeza jurídica a las víctimas.
Si las indagatorias confirman que existía una misma línea criminal detrás de estos hechos, no solo se habrá detenido a un presunto agresor, sino que se habrá demostrado que la inteligencia, el trabajo de campo y la ciencia forense son las herramientas más eficaces para combatir la impunidad.
por Dominio Público | Jul 14, 2026 | Opinión
Una democracia necesita servidores públicos dispuestos a recibir tanto el reconocimiento como la crítica. Si cada inconformidad encuentra de inmediato una justificación, el diálogo pierde sentido.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
El lunes pasado caminaba por las calles de mi pueblo cuando una mujer se acercó con mucha amabilidad. Se presentó como Servidora de la Nación y me pidió que calificara el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum.
—Mal —respondí.
Me preguntó por qué.
Le hablé de cuatro temas que, desde mi punto de vista, siguen siendo los grandes pendientes del país: el combate a la corrupción, la salud, la educación y la seguridad.
Pensé que anotaría mis respuestas y seguiría con la encuesta. No fue así.
De inmediato comenzó a hablarme del telebachillerato del pueblo. Me dijo que el Gobierno había destinado 600 mil pesos para esa escuela.
Le respondí que el telebachillerato no tiene edificio propio. Comparte las instalaciones de la telesecundaria.
Entonces me explicó que el dinero podía utilizarse para construir el plantel porque ya existe un terreno. Agregó que, si la obra no arrancaba, era porque el pueblo no había concluido los trámites. También comentó que, mientras tanto, el recurso podía destinarse a la compra de equipo.
No pude evitar preguntarle:
—¿Y dónde van a poner ese equipo si no hay edificio?
La conversación terminó unos minutos después, pero yo seguí dándole vueltas.
Tuve la impresión de que el propósito ya no era conocer mi opinión, sino convencerme de que estaba equivocado. En cuanto expresé una crítica, apareció una explicación. No hubo interés por entender las razones de mi respuesta, sino por rebatirlas.
Aquella charla también me hizo pensar en el programa de apoyo a las escuelas. Si el recurso realmente está asignado, hace falta mayor rigor para decidir cómo y cuándo se ejerce. No tiene sentido destinar dinero para mejorar un plantel que todavía no existe o comprar equipo cuando no hay dónde instalarlo ni resguardarlo. Primero debe existir la escuela; después vendrán el mobiliario y el equipo. Así de sencillo.
No pongo en duda que haya programas que beneficien a muchas comunidades. Lo que cuestiono es la idea de que anunciar recursos equivale a resolver un problema. Una cosa es informar cuánto dinero se autorizó y otra muy distinta que ese dinero se traduzca en una mejora para la gente.
En política hay quienes prefieren persuadir antes que escuchar. Y esa diferencia importa. Una democracia necesita servidores públicos dispuestos a recibir tanto el reconocimiento como la crítica. Si cada inconformidad encuentra de inmediato una justificación, el diálogo pierde sentido.
México necesita servidores de la nación. Lo que no necesita son «evangelizadores» de una narrativa.
Porque gobernar no consiste en convencer a los ciudadanos de que todo marcha bien. Consiste en resolver los problemas que les preocupan.
por Dominio Público | Jul 10, 2026 | Opinión, Principales
Si el gobierno mexicano consideró insuficiente la información proporcionada por Estados Unidos, ¿por qué no ha hecho públicos los datos que obran en sus propias investigaciones, salvo aquellos legalmente reservados?
Claudia Bolaños @claudiabola
A casi dos años de la captura y traslado de Ismael «El Mayo» Zambada a Estados Unidos, el caso continúa acumulando más dudas que certezas. Lejos de cerrarse, las revelaciones recientes sobre la posible participación del FBI, las contradicciones entre las versiones oficiales y la reserva de información por parte de autoridades de ambos países han abierto nuevos frentes de cuestionamiento.
Las incógnitas ya no se limitan a establecer cómo ocurrió el traslado del líder del Cártel de Sinaloa. También alcanzan la actuación de las instituciones mexicanas encargadas de la seguridad, el control del espacio aéreo, la procuración de justicia y la cooperación bilateral con Estados Unidos. Estas son algunas de las preguntas que permanecen sin respuesta:
1. ¿Cuál fue el verdadero papel del FBI? ¿Solo recibió a los detenidos en Estados Unidos o participó desde la planeación y ejecución de la operación?
2. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos sostuvo durante casi dos años que no era «su avión» ni «su operación» y ahora reconoce la participación del FBI, incluso al exhibir la aeronave como parte de la historia de esa agencia?
3. ¿Quién autorizó el vuelo y bajo qué condiciones salió la aeronave de territorio mexicano?
4. ¿La aeronave despegó con autorización de autoridades mexicanas o abandonó el país de manera irregular?
5. ¿Hubo participación de autoridades mexicanas? En caso afirmativo, ¿qué dependencias fueron informadas y cuál fue su nivel de conocimiento?
6. ¿Fue una entrega voluntaria, un secuestro o una captura? ¿Cuál de las versiones corresponde a lo ocurrido el 25 de julio de 2024?
7. ¿Por qué la información entregada por Estados Unidos a la Fiscalía General de la República fue considerada «falsa, parcial e insuficiente»? ¿Qué datos fueron omitidos?
8. ¿Qué responsabilidad tendría el exembajador Ken Salazar? ¿Contaba con información incompleta o negó deliberadamente la participación estadounidense?
9. ¿Habrá consecuencias diplomáticas para la relación bilateral en materia de seguridad y cooperación?
10. ¿Cómo pudo una aeronave involucrada en una operación de alto impacto entrar y salir del espacio aéreo mexicano sin activar mecanismos de alerta o supervisión extraordinarios?
11. ¿Qué controles aplicaron las autoridades mexicanas al plan de vuelo? ¿Se verificaron el origen, el destino, los pasajeros y el propósito del viaje?
12. ¿Existieron fallas en los sistemas de vigilancia aérea o hubo omisiones de las autoridades responsables del control del espacio aéreo nacional?
13. Si el piloto fue localizado y declaró ante las autoridades mexicanas, ¿por qué no fue retenido para ampliar las investigaciones o determinar posibles responsabilidades?
14. ¿Qué información proporcionó el piloto y qué diligencias derivaron de su declaración?
15. ¿La Fiscalía General de la República agotó todas las líneas de investigación relacionadas con el piloto, la aeronave y quienes organizaron el traslado?
16. ¿Quién presentó el plan de vuelo y con qué argumentos obtuvo autorización para despegar o ingresar al espacio aéreo mexicano?
17. ¿Hubo omisiones de autoridades migratorias, aduaneras, aeroportuarias, militares o de aviación civil en la revisión de la aeronave y de sus ocupantes?
18. ¿Por qué ninguna autoridad mexicana detectó o impidió una operación que concluyó con el traslado de uno de los narcotraficantes más buscados hacia Estados Unidos?
19. ¿Existieron fallas en la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Agencia Federal de Aviación Civil, los servicios de navegación aérea y otras instancias responsables del control del espacio aéreo?
20. ¿Qué protocolos deberán modificarse para evitar que una operación similar vuelva a realizarse sin conocimiento pleno del Estado mexicano?
21. Si el gobierno mexicano consideró insuficiente la información proporcionada por Estados Unidos, ¿por qué no ha hecho públicos los datos que obran en sus propias investigaciones, salvo aquellos legalmente reservados?
22. ¿Por qué la Secretaría de Relaciones Exteriores reservó por cinco años la información relacionada con las comunicaciones sobre el caso, incluida la documentación vinculada con Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez? ¿La decisión responde a razones jurídicas, diplomáticas o de seguridad nacional?
23. ¿La reserva de esa información protege una investigación en curso o limita el esclarecimiento de los hechos?
24. ¿Qué información posee el gobierno mexicano que aún no ha sido revelada y que podría aclarar el nivel de participación de autoridades nacionales y estadounidenses en esta operación?
Así, a casi dos años de los acontecimientos, el expediente permanece abierto no sólo por las investigaciones formales, sino por las numerosas interrogantes que continúan sin respuesta y que mantienen bajo presión a ambos gobiernos.
por Dominio Público | Jul 9, 2026 | Opinión, Principales
La fiscal fue clara: México no defiende a El Mayo, quien enfrenta múltiples órdenes de aprehensión. Lo que exige es respeto al marco legal.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Se acabó el Mundial y el desorden político volvió a escena. El primer acto lo protagoniza el caso de El Mayo Zambada.
Lo que en julio de 2024 se presentó casi como el golpe definitivo al Cártel de Sinaloa hoy exhibe profundas contradicciones entre las versiones de México y Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum acusa al entonces embajador Ken Salazar de haber mentido.
Salazar negó de manera pública y categórica cualquier participación de agencias estadounidenses en el traslado de El Mayo. «No fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente», aseguró. Hoy, el FBI exhibe esa misma aeronave en un museo como parte de uno de sus operativos.
Una investigación de Pie de Nota, de Luis Chaparro, reveló que el avión en el que fueron trasladados El Mayo y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, forma parte de esa exhibición en Nuevo México. La revelación obligó al Gobierno mexicano a responder.
En la mañanera, la secretaria de Gobernación y el secretario de Seguridad reconstruyeron la cronología del caso. Información nueva hubo poca. El mensaje fue uno: Ken Salazar mintió.
Este miércoles, la titular de la Fiscalía General de la República dio a conocer nuevos elementos. En pocas palabras:
La FGR investiga el traslado como un secuestro. Presume una posible relación entre ese hecho, el cambio de medida cautelar de Ovidio Guzmán López y el ingreso de 17 de sus familiares a Estados Unidos.
Abrió siete carpetas de investigación y ya identificó al piloto de la aeronave.
Considera que las respuestas de Estados Unidos han sido parciales e insuficientes.
Envió una nueva solicitud de asistencia jurídica a Washington para esclarecer una posible participación del FBI en la planeación, ejecución y eventual encubrimiento del operativo.
De confirmarse, habría violaciones graves a la soberanía nacional, a tratados internacionales y a la Constitución.
La fiscal fue clara: México no defiende a El Mayo, quien enfrenta múltiples órdenes de aprehensión. Lo que exige es respeto al marco legal.
Recapitulemos:
México tiene derecho a exigir explicaciones y a defender su soberanía. Pero también resulta inevitable preguntarse si este caso está siendo aprovechado para abrir otro frente político.
La cooperación entre ambos países no puede convertirse en un intercambio de acusaciones. Los dos comparten responsabilidades en el combate al narcotráfico: demanda, tráfico de armas, lavado de dinero y corrupción.
Hoy se sostiene que Ken Salazar mintió. Esa conclusión parte de una premisa: que conocía el operativo desde el principio. Pero también cabe otra posibilidad. ¿Y si no sabía? ¿Y si, como ocurre en operaciones de inteligencia, la información nunca llegó a su escritorio?
El propio Salazar ya reiteró que jamás tuvo conocimiento del operativo.
El Mundial terminó y, en México, la 4T volvió a las andadas: a pelear con molinos de viento. Mientras tanto, las preguntas de fondo sobre el caso de El Mayo siguen sin respuesta.
