por Dominio Público | Jun 3, 2026 | Opinión, Principales
Para Morena, la elección de 2027 dista de ser un trámite. En la capital enfrenta a una estructura política que ha consolidado presencia y resultados durante los últimos años bajo el liderazgo del alcalde José Luis Urióstegui Salgado.
Raúl García Araujo @araujogar
La política morelense comenzó a moverse antes del arranque formal del proceso electoral.
De cara a las elecciones intermedias de 2027, Cuernavaca se perfila como el principal escenario de disputa, no sólo por la alcaldía, sino por la construcción del poder rumbo a 2030.
La capital concentra la mayor atención política y el mayor peso electoral del estado.
Según datos del Instituto Nacional Electoral al 16 de abril de 2026, cuenta con una lista nominal de 326 mil 667 electores, lo que la convierte en la plaza más relevante para definir el futuro político de Morelos.
Por ello, ganar Cuernavaca representa una ventaja estratégica para la sucesión gubernamental, mientras que perderla implica un obstáculo importante en esa ruta.
Para Morena, la elección de 2027 dista de ser un trámite. En la capital enfrenta a una estructura política que ha consolidado presencia y resultados durante los últimos años bajo el liderazgo del alcalde José Luis Urióstegui Salgado.
Urióstegui ha construido su posición a partir de resultados de gobierno. En un contexto de liderazgos dispersos y fragmentación política, su administración ha apostado por la eficacia gubernamental, con énfasis en seguridad, disciplina financiera y coordinación institucional.
La lógica es clara: los resultados generan confianza y la confianza se traduce en capital político.
El ordenamiento de las finanzas municipales y el fortalecimiento institucional han contribuido a consolidar su influencia política.
En ese contexto, Urióstegui aparece como uno de los actores con capacidad de incidir en la sucesión de 2030.
Dentro del PAN, Daniel Martínez Terrazas es identificado como una de las figuras para dar continuidad a ese proyecto político en Cuernavaca.
Actual presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, coordinador de la bancada panista y exdiputado federal, ha construido presencia territorial junto a Urióstegui desde el proceso electoral de 2024.
Ambos son reconocidos por sectores de la población como perfiles con experiencia y capacidad de gestión.
A ello se suma la estrategia del PAN de abrir espacios a la participación ciudadana mediante la plataforma “Ahora te toca a ti”, con la intención de ampliar su base social rumbo a 2027.
Mientras tanto, en Morena también comienzan a definirse aspiraciones.
Uno de los nombres que surge es el de Javier Bolaños Aguilar, quien inició su trayectoria en Morelos en 1997 dentro de la administración municipal de Cuernavaca y posteriormente ocupó cargos relacionados con la gestión del agua en el estado.
Ahora busca reposicionarse políticamente desde Morena en un escenario altamente competitivo, donde la capital se ha convertido en el centro de la disputa política estatal.
La contienda por Cuernavaca apenas comienza, pero las señales son claras.
Morena deberá competir contra una administración que presume resultados y estabilidad, mientras que el PAN apuesta por la continuidad de un proyecto encabezado por Urióstegui y respaldado por Martínez Terrazas.
Por ello, la elección de 2027 trasciende el ámbito municipal. Lo que ocurra en Cuernavaca será un indicador de fuerza política, organización y liderazgo que anticipará el rumbo de Morelos hacia 2030.
Al final, quien conquiste Cuernavaca obtendrá mucho más que una victoria electoral: ganará la principal plataforma para proyectarse hacia la gubernatura.
En Cortito: Nos cuentan que a dos años del triunfo electoral que abrió paso al Segundo Piso de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo ha demostrado que su liderazgo político no solo se sustenta en la legitimidad de las urnas, sino en una capacidad creciente de convocatoria, comunicación y conexión con amplios sectores de la sociedad mexicana.
La reciente concentración de más de 850 mil mexicanas y mexicanos en plazas públicas de 31 estados del país para seguir su mensaje desde el Monumento a la Revolución constituye una muestra significativa de la fuerza política que ha logrado construir.
No se trata únicamente de una movilización territorial; es la expresión de un liderazgo que ha logrado mantener cohesión en torno a un proyecto político que busca continuidad y profundización de las transformaciones iniciadas en los últimos años.
Su liderazgo se ha fortalecido mediante una combinación de continuidad programática, capacidad técnica y una presencia pública constante que le permite mantener interlocución directa con distintos sectores de la población.
La magnitud de la participación ciudadana observada en este ejercicio de rendición de cuentas refleja, además, la vigencia de un capital político que trasciende los tiempos electorales.
A dos años de aquella victoria histórica, el respaldo social exhibido en las plazas públicas del país sugiere que Claudia Sheinbaum continúa construyendo una base de apoyo sólida, respaldada por la percepción de que los principios de honestidad, cercanía y compromiso social pueden traducirse en resultados concretos para la población.
por Dominio Público | May 29, 2026 | Opinión, Principales
La CDMX no puede prepararse para el Mundial permitiendo que el negocio publicitario le meta gol al espacio público. Porque detrás de cada estructura ilegal no sólo hay contaminación visual: también hay omisión, dinero y autoridad mirando hacia otro lado.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y sepa la bola… pero el Mundial de Futbol 2026 traerá beneficios para México y para la Ciudad de México: turismo, derrama económica, promoción internacional y una oportunidad enorme para mostrar una capital moderna. Pero también está abriendo la puerta a un negocio menos visible y más preocupante: la expansión de la publicidad ilegal.
Mientras las autoridades hablan de orden urbano, empresas publicitarias parecen haber encontrado en la fiebre mundialista el pretexto perfecto para llenar avenidas, banquetas, jardineras y edificios con vallas, pantallas, tótems y anuncios luminosos que no siempre cumplen con la Ley de Publicidad Exterior ni con las normas mínimas de protección civil.
El problema se observa con mayor fuerza en alcaldías como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, donde en los últimos días han sido denunciadas diversas estructuras publicitarias colocadas en zonas de alto tránsito peatonal y vehicular.
Uno de los casos más visibles es la megavalla instalada en Paseo de la Reforma, en la zona de la ex Glorieta de Colón, donde se exhibe publicidad de Powerade, marca de Coca-Cola. Activistas han señalado que esa estructura no aparece en la plataforma oficial de publicidad exterior de la Ciudad de México, lo que debería encender todas las alertas.
La pregunta es inevitable: ¿qué hace el Instituto de Verificación Administrativa? Porque si estas estructuras están a la vista de todos, también deberían estar a la vista de la autoridad.
Otro caso es el tótem instalado en Periférico y Monte Elbruz, en Polanco. Está sobre una jardinera, invade el entorno urbano, genera contaminación visual y, según denuncias vecinales, carece de permisos claros.
También está el muro publicitario luminoso ubicado en Ferrocarril de Cuernavaca 13, colonia San Pedro de los Pinos, donde se exhibe publicidad de Coca-Cola, pese a que la ley restringe este tipo de anuncios en inmuebles.
La CDMX no puede prepararse para el Mundial permitiendo que el negocio publicitario le meta gol al espacio público. Porque detrás de cada estructura ilegal no sólo hay contaminación visual: también hay omisión, dinero y autoridad mirando hacia otro lado.
Sepa la bola… pero en la Secretaría de Relaciones Exteriores no todo pasa por la diplomacia, los consulados o la política exterior. También hay áreas donde se manejan contratos millonarios y donde, según señalamientos internos, algunos funcionarios parecen mirar más hacia sus propios intereses que hacia el servicio público.
Uno de los nombres que ha comenzado a generar ruido es el de Francisco Salvador Valadez Saldaña, director general de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales de la Cancillería, señalado por presuntamente retrasar la definición del proveedor encargado de la impresión de pasaportes.
El tema no es menor. A unos días de que crezca la demanda por trámites relacionados con viajes, eventos internacionales y el Mundial de Futbol 2026, miles de mexicanos necesitan renovar o tramitar su pasaporte. Sin embargo, la incertidumbre administrativa abre espacio a dudas, presiones y sospechas sobre una posible decisión hecha a modo.
En los pasillos de la dependencia, versiones de personas cercanas al proceso atribuyen a Valadez Saldaña una frase delicada: “Con ese contrato me jubilo”. La expresión, de confirmarse, tendría que ser investigada con seriedad, porque involucra un contrato estratégico para la operación documental del país.
También pesan sobre él señalamientos de viejas prácticas burocráticas: presuntos “moches”, retrasos en pagos y uso discrecional de cargos públicos. Su paso por el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” también es mencionado por críticos, quienes lo acusan de haber dejado problemas administrativos graves.
La SRE no puede permitir que un contrato tan sensible quede atrapado entre sospechas. Los pasaportes son documentos de identidad nacional, no botín político ni cheque de retiro para nadie.
por Dominio Público | May 28, 2026 | Opinión, Principales
Lo que comenzó como un citatorio “en calidad de testigo” se convirtió rápidamente en un caso político de alto voltaje.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Este miércoles la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se presentó en las oficinas de la Fiscalía General de la República, en la colonia Doctores de la Ciudad de México, para responder a un citatorio que le fue entregado el pasado sábado en la capital del estado.
A la mandataria se le convocó en calidad de testigo dentro de la investigación federal relacionada con la muerte de dos agentes vinculados a la CIA, tras un operativo en la Sierra Tarahumara donde fue desmantelado un narco laboratorio.
Después de verla entrar a la FGR, me surgieron dos preguntas inevitables:
¿Está naciendo una nueva figura nacional?
¿O estamos viendo únicamente una jugada política cuidadosamente calculada en tiempos de precampañas adelantadas?
Vamos por partes.
Lo que comenzó como un citatorio “en calidad de testigo” se convirtió rápidamente en un caso político de alto voltaje. La defensa de Maru Campos denunció inconsistencias jurídicas en el documento, argumentando que mezclaba figuras correspondientes a un imputado mientras formalmente se le citaba como testigo.
Pero el problema dejó de ser solamente jurídico desde hace días.
Porque aquí ya no se discute únicamente un operativo en la Sierra Tarahumara. Se trata de una guerra sin cuartel de la 4T por conquistar la gubernatura del estado el año entrante.
Maru decidió acudir en la Ciudad de México con un mensaje claro y contundente:
“Esto es persecución política por combatir al narco”.
Hay que reconocer algo: políticamente, el movimiento le funcionó.
Arropada por figuras visibles del PAN —desde Jorge Romero hasta Ricardo Anaya— transformó un trámite judicial en un acto de desafío político abierto frente al gobierno federal. Su frase más repetida en estos días:
“Protegen a los criminales y persiguen a quienes cumplimos con nuestro deber”,
encuentra eco en un país agotado por la violencia, la impunidad y la percepción de una justicia selectiva.
Pero también hay que decirlo: ella contribuyó parcialmente a la confusión que hoy la rodea.
Sus declaraciones públicas han mostrado contradicciones importantes. Primero aseguró no tener conocimiento sobre la participación de agentes extranjeros; después reconoció que existe colaboración internacional necesaria en materia de seguridad. Ese cambio de narrativa le dio a Morena argumentos para acusarla de jugar con temas delicados de soberanía nacional y de intentar victimizarse políticamente.
Y seamos sinceros: en México pocos políticos desperdician la oportunidad de convertirse en perseguidos cuando les puede resultar rentable.
Mientras tanto, el contraste con otros casos —como el del gobernador Rubén Rocha Moya— fortalece la percepción de que en México la justicia suele aplicarse con distinta intensidad dependiendo del color político.
Y ahí es donde el caso deja de ser exclusivamente judicial para convertirse en un fenómeno político nacional.
Porque más allá del escándalo mediático, Chihuahua bajo el gobierno de Maru Campos presenta indicadores que sus simpatizantes presumen con insistencia. Uno de los más relevantes: el saneamiento financiero del estado. A eso se suma una narrativa de gestión, orden administrativo y confrontación directa contra grupos criminales.
Es la primera mujer gobernadora de Chihuahua y ha construido una imagen de liderazgo firme, particularmente bien valorada en sectores empresariales y en parte del norte del país.
Y mientras el PAN sigue sin encontrar una figura nacional clara rumbo a 2030, Maru parece haber entendido algo fundamental: en México, muchos liderazgos opositores no se construyen gobernando… se construyen confrontando.
¿Es la heroína que México esperaba?
Probablemente no en el sentido épico o romántico.
Pero sí podría representar el tipo de liderazgo que muchos mexicanos, cansados de la polarización, de la inseguridad y de la guerra política permanente, están dispuestos a considerar: una figura pragmática, frontal y dispuesta a pelear políticamente contra el poder federal.
El tiempo dirá si esta resistencia nace de una convicción auténtica… o de una estrategia brillantemente ejecutada.
por Dominio Público | May 27, 2026 | Opinión, Principales
Fuentes de seguridad señalan que “El Geras” habría logrado sostener su operación durante años gracias a una red de halcones y filtraciones institucionales que le permitían anticiparse a los operativos federales en municipios clave como Teocaltiche, Villa Hidalgo, Nochistlán y Apulco.
Raúl García Araujo @araujogar
La presión federal sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación ha comenzado a cerrar la pinza en una de las regiones más críticas del occidente del país: la franja que integran Teocaltiche y Villa Hidalgo, en Jalisco, junto con Nochistlán y Apulco, en Zacatecas, donde durante años el crimen organizado no solo ha disputado territorio, sino también control social y político.
Nos cuentan que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afina los últimos detalles para activar en esa zona la denominada “Operación Enjambre”, una estrategia de gran calado que va mucho más allá de los golpes tradicionales contra objetivos criminales.
El objetivo real, según el diseño federal, es desarticular simultáneamente las estructuras operativas del CJNG y las redes de protección política, policial y administrativa que han permitido su expansión y permanencia.
Dentro del Gabinete de Seguridad existe la convicción de que el fortalecimiento del grupo criminal no puede explicarse sin la existencia de presuntas complicidades institucionales en niveles municipales y estatales.
Por ello, las indagatorias en curso en la Fiscalía General de la República apuntan hacia servidores públicos que habrían facilitado operaciones, filtrado información sensible y garantizado cobertura a integrantes del crimen organizado.
En el centro de esta ofensiva aparece la figura de Gerardo González Ramírez, alias “El Geras”, identificado como uno de los principales operadores regionales del CJNG y objetivo prioritario dentro de la estrategia federal.
Su presencia en la región ha sido clave para la articulación de un corredor criminal dedicado al cobro de piso, desapariciones, tráfico de armas, drogas y homicidios.
Fuentes de seguridad señalan que “El Geras” habría logrado sostener su operación durante años gracias a una red de halcones y filtraciones institucionales que le permitían anticiparse a los operativos federales en municipios clave como Teocaltiche, Villa Hidalgo, Nochistlán y Apulco.
Esa capacidad de evasión no se explica únicamente desde la lógica criminal, sino también desde la penetración de estructuras de poder local.
En ese contexto, la “Operación Enjambre” busca ejecutar un golpe simultáneo y quirúrgico que rompa la arquitectura completa de protección del CJNG en la región.
No se trata únicamente de capturar líderes criminales, sino de desmontar el sistema que les ha permitido operar con ventaja frente al Estado.
El enfoque de esta estrategia, impulsada por García Harfuch, ha sido descrito dentro del propio entorno federal como una operación de inteligencia, contención y judicialización que ya ha mostrado resultados en otras entidades, donde han caído funcionarios municipales y operadores criminales vinculados a esquemas de extorsión y corrupción.
En ese sentido, la lectura política dentro del Gobierno federal es clara: sin romper los vínculos entre criminalidad y estructuras institucionales, cualquier avance sería parcial. De ahí el énfasis en cerrar la pinza sobre el conjunto del ecosistema criminal, no solo sobre sus figuras visibles.
Fuentes consultadas en el entorno de seguridad reconocen además que estas acciones han generado un alto nivel de aceptación en sectores de la población que durante años han vivido bajo presión permanente del crimen organizado, con dinámicas de control territorial, miedo y desplazamiento.
El principio que guía esta ofensiva es el llamado “cierre de pinza”: golpear simultáneamente la estructura criminal y sus posibles redes de protección institucional. Sin esa doble acción, advierten en el Gabinete de Seguridad, el crimen organizado mantiene capacidad de regeneración.
En ese marco, la “Operación Enjambre” no solo representa una ofensiva contra el CJNG, sino una redefinición del control del Estado en territorios donde, durante años, la autoridad fue rebasada por estructuras criminales que operaron con margen de maniobra casi absoluto.
En Cortito: Nos cuentan que el Estado de México fue escenario de uno de los golpes más relevantes contra estructuras del crimen organizado que operan bajo fachada de organizaciones sociales, tras la detención de David “N”, alias “El Deivid” y/o “El Chino”, identificado como principal generador de violencia del grupo denominado “La Chokiza”.
La operación fue ejecutada de manera coordinada entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, encabezada por José Luis Cervantes Rodríguez, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo que permitió cumplimentar una orden de aprehensión en contra del presunto líder criminal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
“La Chokiza” ha sido señalada como un grupo de choque con operación en municipios como Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Tultitlán, Acolman, Tezoyuca, Zumpango y Tultepec, con actividades vinculadas a la extorsión, el despojo, el narcomenudeo, el secuestro y el homicidio, además de mantener presuntos vínculos con otras organizaciones criminales que operan en la región del Valle de México.
Por ello, la detención de este presunto generador de violencia representa un golpe de alto impacto que, de acuerdo con fuentes de seguridad, refleja el fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, bajo la conducción de José Luis Cervantes Rodríguez.
En este contexto, este tipo de acciones se perfilan como un factor clave dentro de la estrategia de combate a estructuras delictivas que durante años operaron con relativa impunidad, al amparo de redes híbridas entre el control territorial, la violencia y la simulación de organización social en el Valle de México.
por Dominio Público | May 26, 2026 | Opinión, Principales
Cuando una Defensoría puede interpretar qué opiniones resultan incompatibles con los “derechos de las audiencias”, el límite entre protección y censura se vuelve peligrosamente difuso.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
La Defensoría de las Audiencias, fortalecida por la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión impulsada por la 4T, se vende como un avance democrático: un mecanismo para proteger al público de la desinformación, los abusos mediáticos y los discursos de odio. En el papel suena impecable.
El problema empieza cuando alguien debe decidir qué información protege a la ciudadanía… y qué información debe ser limitada.
El caso más ilustrativo ocurrió en enero de este año. Las Defensorías de las Audiencias de Canal Once y Canal 14 determinaron vetar la entrevista que Sabina Berman realizó a Eduardo Verástegui.
En el comunicado conjunto del 9 de enero argumentaron que el contenido promovía “una noción política contraria a los derechos fundamentales de las mujeres y de otros grupos en situación de vulnerabilidad”, además de no ajustarse “a los principios rectores” de los medios públicos.
Más allá de simpatías o diferencias con Verástegui, la decisión me dejó una pregunta inquietante: ¿quién define qué ideas son aceptables para el público y cuáles deben ser bloqueadas?
Ahí aparece el principal riesgo de esta figura: la subjetividad ideológica.
Cuando una Defensoría puede interpretar qué opiniones resultan incompatibles con los “derechos de las audiencias”, el límite entre protección y censura se vuelve peligrosamente difuso. Y el problema se agrava cuando esa vara parece aplicarse con rigor contra ciertas voces, mientras se ignoran declaraciones igualmente polémicas provenientes del poder político.
La consecuencia natural es la autocensura.
Periodistas, conductores y productores de medios públicos entenderán rápidamente el mensaje: ciertas posturas generan problemas, otras no. Y cuando el costo de transmitir una opinión incómoda puede traducirse en vetos, sanciones o conflictos institucionales, el pluralismo empieza a encogerse.
La nueva legislación obliga a todos los concesionarios de radio y televisión a contar con una Defensoría de las Audiencias registrada ante la autoridad. Además, establece sanciones económicas para quienes incumplan las disposiciones. Oficialmente, el objetivo es “garantizar el derecho del pueblo a una información veraz”.
Pero ahí surge otro problema.
En democracia, el Estado no debería convertirse en árbitro de la verdad.
Porque conceptos como “desinformación”, “pluralidad” o “discurso de odio” pueden ser razonables en abstracto, pero profundamente peligrosos cuando quedan sujetos a interpretaciones políticas.
La historia demuestra que casi todos los mecanismos creados para “proteger” a la sociedad terminan siendo utilizados, tarde o temprano, para proteger al poder.
Existe además un problema estructural de independencia.
Las Defensorías en medios públicos dependen finalmente de instituciones vinculadas al Estado. Y aunque la figura existe desde 2014, su fortalecimiento ocurre hoy en un contexto de enorme concentración política y de debilitamiento de contrapesos. Sin mecanismos de designación verdaderamente autónomos, criterios objetivos y procesos de apelación sólidos, la Defensoría corre el riesgo de convertirse en un filtro ideológico con apariencia técnica.
No se trata de negar el derecho de las audiencias a recibir información veraz y plural. Ese derecho existe y debe defenderse.
El problema aparece cuando el gobierno asume la facultad de decidir qué versiones de la realidad son aceptables para la ciudadanía.
Porque una cosa es defender los derechos de las audiencias. Y otra muy distinta es tutelar políticamente lo que la sociedad puede escuchar.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha convertido esta figura en una de las banderas de su política de comunicación. El discurso oficial asegura que la reforma fortalece al ciudadano frente a los excesos mediáticos.
Sin embargo, los primeros casos relevantes ya muestran otra posibilidad: que la Defensoría de las Audiencias termine funcionando más como mecanismo de control narrativo que como garante auténtico de la diversidad de ideas.
Y cuando un órgano decide qué voces son aceptables para el espacio público, deja de defender a las audiencias.
Empieza a administrarlas. Y un público administrado siempre será menos libre.
por Dominio Público | May 22, 2026 | Opinión, Principales
Crear nuevos municipios implica viabilidad económica, estructura administrativa y acuerdos políticos que muchas veces terminan atorados por intereses partidistas o disputas presupuestales.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y Sepa La Bola… pero en el Estado de México comenzó a tomar fuerza un tema que normalmente pasa desapercibido entre campañas, discursos y pleitos políticos: los límites territoriales entre municipios.
Aunque parece un asunto técnico, detrás de esas discusiones hay recursos públicos, seguridad, servicios y hasta control político.
La reciente reunión de la Comisión de Límites Territoriales dejó ver que varios municipios mexiquenses mantienen conflictos históricos por sus fronteras, mientras otras comunidades buscan convertirse oficialmente en nuevos municipios para obtener autonomía administrativa y acceso directo a presupuesto.
En medio de ese escenario apareció el diputado local Román Cortés, quien encabezó los trabajos donde participaron alcaldes, síndicos y representantes municipales. Más allá del protocolo legislativo, el encuentro exhibe que el crecimiento urbano del Edomex ya comenzó a rebasar muchos acuerdos territoriales establecidos hace décadas.
El tema no es menor. Señalan estudios del diputado Román Cortés que definir límites implica decidir quién brinda servicios, quién recauda impuestos, quién pavimenta calles y hasta qué corporación de seguridad debe intervenir en determinadas zonas. En varios municipios esos vacíos han generado conflictos políticos y administrativos durante años.
También hay otro trasfondo: la presión social de comunidades que consideran que sus gobiernos municipales ya no responden a sus necesidades. Algunas buscan separarse argumentando abandono, falta de infraestructura o rezagos históricos.
La discusión, sin embargo, no es sencilla. Crear nuevos municipios implica viabilidad económica, estructura administrativa y acuerdos políticos que muchas veces terminan atorados por intereses partidistas o disputas presupuestales, lo cual ya analiza el diputado Román Cortés.
Y Sepa La Bola… pero en la Secretaría de Relaciones Exteriores el problema ya no parece diplomático, sino administrativo. Proveedores y prestadores de servicios comenzaron a denunciar presuntos cobros ilegales para liberar pagos, contratos y trámites dentro de la Cancillería. Las acusaciones apuntan directamente a funcionarios del área de servicios, donde, según versiones internas, ya se normalizó la exigencia de “moches” de hasta 20 por ciento.
El señalamiento principal recae sobre Francisco Salvador Valadez Saldaña, actual director de servicios de la dependencia, a quien algunos empresarios atribuyen presiones para entregar dinero a cambio de acelerar procesos administrativos. El esquema, aseguran, no opera en silencio. Los denunciantes incluso mencionan nombres de altos funcionarios que supuestamente formarían parte de la cadena de beneficios.
El tema escala por el tamaño del negocio. La licitación relacionada con la emisión de pasaportes, valuada en cerca de 4 mil millones de pesos, acumula ya seis aplazamientos en su junta de aclaraciones. Entre participantes y proveedores crece la percepción de que los retrasos no responden a temas técnicos, sino a movimientos internos para acomodar intereses y favorecer perfiles específicos.
Los antecedentes tampoco ayudan. Valadez Saldaña ya enfrentó denuncias durante su paso por otras áreas del servicio público, particularmente en el Hospital General de México, donde incluso surgieron acusaciones relacionadas con corrupción y manejo irregular de equipo de cómputo.
Mientras la Cancillería intenta sostener un discurso de transparencia y combate a la corrupción, las denuncias por presuntos “moches”, tráfico de influencias y manipulación de contratos amenazan con abrir un nuevo frente político dentro del gobierno federal. El problema para la SRE ya no es de imagen; es de credibilidad.
