por Dominio Público | Sep 1, 2026 | Opinión, Principales
Si una escuela recibe hoy 100 mil pesos por tener 50 alumnos y para el siguiente ciclo escolar sólo se inscriben 47, los recursos pueden bajar, lo que podría impedir la continuidad de los programas que los padres de familia quieran implementar.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Este 31 de agosto, millones de alumnos regresaron a las aulas para iniciar un nuevo ciclo escolar.
Este año, además de resolver problemas matemáticos, los alumnos tendrán que enfrentar otros, relacionados con la infraestructura educativa y que pueden resultar mucho más difíciles de resolver.
A continuación les explico por qué.
Hace unos días asistí a una reunión del presidente municipal de un municipio del sur del Estado de México con vecinos de uno de los pueblos.
Durante el encuentro, una de las madres de familia hizo varias peticiones para la escuela primaria.
El munícipe, además de comentar las restricciones presupuestales y los retrasos en la transferencia de recursos, mencionó que en varias ocasiones, cuando intentaban gestionar apoyos para ese tipo de proyectos, la respuesta era que debían ser atendidos a través del programa La Escuela es Nuestra, creado en 2019.
La señora dijo que ella presidía el comité del programa y que llevaban dos años sin recibir recursos, sin ninguna explicación.
El funcionario preguntó cuál era el problema más urgente y pidió a su personal de obras que lo revisara para ver cómo podían apoyar al plantel.
En el mismo pueblo está el telebachillerato del que les platiqué hace algunas semanas. Recibió una transferencia de 600 mil pesos, pero no tiene un edificio propio. Opera en las aulas de la telesecundaria.
La directora actualmente trabaja contra reloj para concretar la donación de un terreno y el proyecto de construcción, cumplir con las fechas que establece el programa y evitar quedar fuera.
Después de la reunión conversé con un padre de familia integrante del comité del programa, pero de la telesecundaria. Me comentó que el monto del “apoyo” tiene una temporalidad de tres años y está sujeto a la matrícula del plantel.
Es decir, si una escuela recibe hoy 100 mil pesos por tener 50 alumnos y para el siguiente ciclo escolar sólo se inscriben 47, los recursos pueden bajar, lo que podría impedir la continuidad de los programas que los padres de familia quieran implementar.
En el discurso suena muy bonito que se entreguen recursos para que los padres de familia de cada plantel decidan qué hacer.
En la práctica, sin embargo, pueden encontrarse con limitaciones burocráticas como la temporalidad del “apoyo”.
Una solución práctica sería que en cada municipio se creara un consejo de educación al que se otorgaran recursos de acuerdo con la matrícula escolar, el número de planteles y el nivel educativo.
Así, la atención podría ser continua y no estaría sujeta a criterios como la temporalidad.
Porque de poco sirve que los niños regresen a clases si el caminito de la escuela sigue empedrado y lleno de baches.
por Dominio Público | Ago 28, 2026 | Opinión, Principales
Habrá mensajes oficiales, contenidos en medios públicos, revisión de resultados de las secretarías durante las mañaneras y visitas estatales.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y Sepa La Bola… pero Claudia Sheinbaum decidió colocar dos asuntos en el centro de la política nacional: la defensa de su Segundo Informe de Gobierno como Presidenta, mediante una gira por las 32 entidades, y una reforma constitucional para cerrar el paso a la doble nacionalidad entre quienes aspiren a gobernar México o sus estados. Parecen temas separados, pero comparten una misma narrativa: soberanía, territorio y control del mensaje político.
La gira posterior al Informe difícilmente puede entenderse sólo como un ejercicio de rendición de cuentas. Recorrer el país durante varias semanas significa llevar el balance presidencial directamente a los estados, colocar la agenda federal por encima de las coyunturas locales y mantener a la Presidenta como la principal comunicadora de su administración.
El despliegue será amplio. Habrá mensajes oficiales, contenidos en medios públicos, revisión de resultados de las secretarías durante las mañaneras y visitas estatales. Infraestructura, agua, carreteras, seguridad y programas sociales formarán parte del inventario. La pregunta política es inevitable: ¿dónde termina la rendición de cuentas y dónde comienza la construcción permanente de presencia presidencial?
Sheinbaum, presidenta de México, conoce el valor de comunicar desde el territorio. Una fotografía junto a una obra, una carretera o un programa social puede resultar políticamente más efectiva que decenas de páginas de un informe. Por eso, la gira también servirá para medir el desempeño de los gobiernos estatales, fortalecer alianzas, detectar problemas y mantener movilizada la estructura política rumbo a los siguientes procesos electorales.
En paralelo aparece la propuesta sobre doble nacionalidad. El argumento presidencial resulta sencillo y potente: quien gobierne México debe tener un solo compromiso nacional. La iniciativa alcanzaría a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, e incluso consideraría elementos como pasaportes extranjeros, derechos políticos ejercidos en otro país o protección diplomática.
Pero aquí comienza una discusión mucho más compleja. Tener dos nacionalidades no significa automáticamente tener dos lealtades políticas, de la misma manera que poseer únicamente la mexicana tampoco garantiza independencia frente a intereses extranjeros.
La propia Sheinbaum reconoció que han existido gobernantes mexicanos sin doble nacionalidad que han abierto espacios a la injerencia externa. Ese reconocimiento debilita parcialmente el argumento central de la reforma.
El debate también tocará inevitablemente a millones de mexicanos vinculados con Estados Unidos y otros países. Aunque la restricción estaría dirigida únicamente a determinados cargos ejecutivos, el Congreso tendrá que justificar por qué contar con una nacionalidad adicional constituye, por sí mismo, un riesgo suficiente para limitar el acceso a esas responsabilidades.
El desafío será construir una norma de soberanía sin convertir una condición jurídica perfectamente legal en una sospecha política.
Y ahí estará otra batalla: determinar si la reforma responde realmente a una necesidad institucional o si terminará funcionando como un instrumento para cerrar candidaturas incómodas. Porque modificar la Constitución obliga a mirar mucho más allá de nombres, elecciones y circunstancias políticas del momento.
Sheinbaum llegará así a septiembre con una estrategia que combina resultados, territorio y nacionalismo político. Mientras recorre los estados para defender los logros de su administración, el Congreso discutirá quién puede aspirar a gobernarlos.
En ambos terrenos está en juego algo más profundo que un Informe o un requisito electoral: la Presidenta está definiendo el discurso con el que quiere conducir la segunda parte de su gobierno. Y en política, quien consigue fijar los términos de la discusión suele comenzar con ventaja.
por Dominio Público | Ago 27, 2026 | Opinión, Principales
Los medios concesionados, privados o públicos, quedan sujetos a un sistema de quejas y códigos de ética.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Este 26 de agosto, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.
Llegaron después de una consulta pública que reunió casi nueve mil comentarios. El 82 por ciento de ellos, según el análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, se pronunció en contra del proyecto original.
Hubo cambios. Se eliminó la obligación de “no difundir información falsa, descontextualizada o histórica como si fuera actual”. Ahora se habla de preservar la pluralidad y la veracidad de la información conforme a los códigos de ética de cada medio.
La intervención de la Comisión quedó limitada a los casos en que se incumpla el procedimiento de quejas. Las sanciones se restringieron a tres supuestos: no contar con mecanismos de defensa, defensoría o código de ética.
Esos ajustes responden a las críticas más reiteradas. En el papel, reducen la posibilidad de que la autoridad se convierta en árbitro de la verdad y limitan su margen de decisión.
Sin embargo, no todo quedó resuelto. La Comisión sigue siendo un órgano desconcentrado dependiente del Ejecutivo. Conceptos como “veracidad” y “pluralidad” conservan un margen de interpretación. Y las recomendaciones de las defensorías, aunque ya no ordenan modificar contenidos de manera directa, pueden generar presión.
Hay un punto que los lineamientos ni siquiera tocan. La reglamentación se aplica a las concesionarias de radio y televisión, incluidas las de uso público y social. Pero no alcanza a la comunicación oficial del gobierno: spots, redes institucionales, boletines o mensajes de las dependencias.
En la consulta, alrededor del 11 por ciento de los comentarios, según el estudio de MCCI, señaló esa diferencia. La idea más repetida fue simple: “El gobierno miente y nadie lo evalúa”.
Los medios concesionados, privados o públicos, quedan sujetos a un sistema de quejas y códigos de ética. El Estado, cuando habla en su propio nombre, no. Esa brecha permanece intacta.
Los cambios del 26 de agosto mejoraron el texto. Suavizaron los puntos más peligrosos. Pero la regulación sigue mirando hacia los concesionarios y casi no hacia el emisor más poderoso de información: el gobierno.
Vamos a ver qué es lo que publican en el DOF, porque el diablo está en los detalles y la letra chiquita.
por Dominio Público | Ago 26, 2026 | Opinión, Principales
La división interna es capaz de hacer lo que ningún partido opositor consiga por sí solo. Los tres primeros nombres son apenas el comienzo de una operación nacional.
Raúl García Araujo @araujogar
Morena comenzó a mover las primeras piezas rumbo a 2027. La definición de sus coordinadores estatales no es un trámite partidista. Es el primer ensayo de una elección que pondrá a prueba al movimiento.
La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo pidió perfiles honestos, profesionales y competitivos. Y la dirigencia nacional decidió escuchar antes de que comenzaran las disputas.
Aguascalientes, Campeche y Colima son apenas el principio de una operación mayor. Serán 17 gubernaturas las que estarán en juego el próximo año. Por eso cada nombre tiene una lectura que rebasa a la entidad correspondiente.
La selección también manda señales sobre el tipo de candidatos que Morena quiere construir. Perfiles con trayectoria, reconocimiento territorial y capacidad para competir y gobernar.
Nora Ruvalcaba representa en Aguascalientes experiencia y conocimiento del terreno electoral.
Rosa María Bayardo llega desde Manzanillo con una estructura política construida localmente.
Pero el caso que merece una lectura especial es el de Campeche.
Ahí Pablo Gutiérrez Lazarus no solamente recibió una designación. Recibió también una señal de unidad que puede terminar siendo determinante.
Porque en política no basta con ganar una encuesta. Hay que conseguir que quienes perdieron acepten el resultado y acompañen al ganador.
Eso es justamente lo que ocurrió en Campeche con Carlos Ucan Yam y Roberto Reyes Jiménez. Ambos estuvieron presentes después de conocer la decisión y evitaron convertir la derrota en ruptura.
Y esa fotografía política puede valer más que cualquier discurso de unidad. Aquí aparece la mano de Layda Sansores San Román.
La gobernadora entendió que una sucesión dividida podía convertirse en un problema para Morena. Por eso apostó por Pablo Gutiérrez y sostuvo una ruta política sin titubeos.
No permitió que las aspiraciones personales terminaran convirtiéndose en una disputa de grupos. La unidad fue colocada por encima de cualquier proyecto individual.
Esa decisión tiene una explicación sencilla: quien gobierna también debe pensar en el día después. Una candidatura puede ganarse con una encuesta, pero una elección se gana con estructura.
Y una estructura dividida difícilmente responde cuando llega la hora de la campaña. Campeche parece haber entendido esa regla antes que otras entidades. Primero se define al candidato y después se reconstruye la unidad alrededor de él.
El mensaje de Sheinbaum también comienza a tomar forma. La presidenta ha pedido que las candidaturas no sean simples cuotas de grupos políticos.
Quiere perfiles honestos, profesionales y con capacidad para representar al movimiento. Eso obliga a Morena a mirar más allá de las estructuras tradicionales.
Y, sobre todo, a evitar candidatos que puedan convertirse en un problema para el gobierno. Por eso los primeros tres nombres son importantes para Ariadna Montiel y Citlalli Hernández.
Ambas tienen ahora la responsabilidad de conducir el proceso más delicado del partido. No solamente tendrán que encontrar competitividad electoral, sino evitar fracturas.
Tendrán que conciliar grupos, contener ambiciones y garantizar que las encuestas sean aceptadas. Y hacerlo, además, bajo la conducción política de Claudia Sheinbaum.
El reto será todavía mayor cuando lleguen estados con disputas internas más profundas. Ahí no bastará con anunciar un coordinador y tomarse una fotografía.
Será necesario construir acuerdos para que quienes no ganen permanezcan dentro del proyecto.
Porque el verdadero adversario de Morena rumbo a 2027 puede estar dentro del propio Morena.
La división interna es capaz de hacer lo que ningún partido opositor consiga por sí solo. Los tres primeros nombres son apenas el comienzo de una operación nacional.
Ariadna Montiel y Citlalli Hernández tienen una ventaja: están alineadas con la presidenta. Y esa coincidencia política puede facilitar las decisiones cuando aparezcan los conflictos.
Campeche demuestra que la unidad todavía puede construirse cuando existe conducción. Ahora toca demostrar que esa fórmula puede funcionar en las 14 gubernaturas que faltan.
En Cortito: Nos cuentan que en el Estado de México el fervor político rumbo a 2027 ya comenzó a todo lo que da, y Atizapán de Zaragoza es una muestra.
Ante más de mil personas, el diputado federal y ex gobernador Eruviel Ávila, acompañado por Ariel García, líder sindical de Liconsa, respaldó a Luis Montaño Delgado en una reunión de estructuras del Partido Verde, con la presencia del diputado local Héctor García y liderazgos sindicales y comunitarios.
La señal política es clara: el Verde ya trabaja territorio en uno de los municipios más influyentes de la entidad.
Eruviel Ávila destacó el arraigo, experiencia y cercanía de Montaño con las comunidades de Atizapán, y fue contundente al asegurar que “va a pintar de Verde” al municipio.
Todo parece indicar que en este municipio mexiquense podría construirse una candidatura de unidad entre Morena y el Partido Verde, lo que explicaría el cuidado con el que se están moviendo las estructuras.
En lugar de una confrontación entre aliados, la apuesta podría ser encontrar un perfil competitivo que permita sumar fuerzas y evitar una disputa interna. Si esa ruta se confirma, Montaño llega con algo fundamental: tiempo para consolidar territorio y construir acuerdos.
La presencia de Eruviel Ávila tampoco es un dato menor. El ex gobernador conoce perfectamente los tiempos y las estructuras de la política mexiquense, y su respaldo coloca a Montaño en una posición de mayor visibilidad rumbo a 2027.
por Dominio Público | Ago 25, 2026 | Opinión, Principales
Rocha quiso imponer su versión: soy inocente, me investigaron, no hay nada, vuelvo a cumplir el mandato. Pero lo anunció por redes, sin avisar a nadie.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
El viernes, Rubén Rocha Moya volvió a la gubernatura de Sinaloa con un “Aquí estoy” y la frase de siempre: frente limpia y en alto. Después de 112 días de licencia, dijo que la Fiscalía no había encontrado ni el mínimo elemento de prueba en su contra. En el mismo mensaje habló de patrañas de la ultraderecha nacional y extranjera, de injerencia y de soberanía. Todo muy medido, todo muy de manual.
Menos de día y medio después pidió otra licencia, esta vez indefinida. El Congreso de Sinaloa la aprobó por unanimidad el domingo. En el intermedio, Claudia Sheinbaum y Morena se deslindaron sin rodeos: no los consultaron, la decisión era personal y ningún interés particular está por encima del pueblo y de la nación. Rocha, al salir otra vez, repitió la fórmula del sacrificio: Sinaloa, la nación y el movimiento van primero.
Lo que se vio no fue solo un regreso fallido. Fue un intento de reescribir la historia propia que se estrelló contra la disciplina del partido. Rocha quiso imponer su versión: soy inocente, me investigaron, no hay nada, vuelvo a cumplir el mandato. Pero lo anunció por redes, sin avisar a nadie. En política eso se paga. El que controla el calendario y los interlocutores suele controlar también la interpretación. Él perdió las dos cosas.
Rocha apostó por presentarse como víctima de una embestida externa. Funciona a veces en México, donde cualquier acusación de Estados Unidos se traduce rápido en defensa de la soberanía. Pero dentro de Morena el mensaje fue otro: no se tolera que un gobernador reabra el ruido cuando el gobierno federal prefiere manejar los tiempos. El “frente limpia” se quedó sin piso.
Hay, además, dos relatos que no cierran. Rocha insiste en que la FGR no encontró nada. Estados Unidos mantiene la acusación de nexos con una facción del Cártel de Sinaloa. Mientras tanto, la detención de Fausto Corrales, testigo clave en el caso de Héctor Melesio Cuén y del secuestro de “El Mayo”, vuelve a poner sobre la mesa el expediente de 2024. Cuando hay dos versiones enfrentadas, el vacío lo llena la sospecha. El regreso de 34 horas no lo cerró. Lo agrandó.
Rocha usó el lenguaje de la 4T para justificar su vuelta y el mismo lenguaje para justificar su nueva salida. Los eslóganes de unidad se vuelven comodines cuando se aplican según convenga. Esta vez quedó a la vista: un gobernador que se declara inocente, un partido que se aparta y una presidenta que, sin nombrarlo, recuerda que el interés personal no manda.
El caso sigue abierto. Las pruebas estadounidenses no han llegado o no se han hecho públicas. La investigación mexicana tampoco ha cerrado del todo. Lo que sí quedó claro es que “frente limpia” no se decreta en un mensaje de redes. Se negocia, se coordina y se sostiene. Rocha no lo logró.
EN EL TINTERO
Los días pasan y las especulaciones de qué pasó siguen. Lo que sí está claro es que Rocha Moya está solo.
por Dominio Público | Ago 21, 2026 | Opinión, Principales
En los últimos cuatro años han participado básicamente dos consorcios, ambos con participación de empresas chinas especializadas. Uno de ellos está integrado por la empresa HR, señalada como una de las compañías beneficiadas en procesos anteriores.
Claudia Bolaños @claudiabola
En una licitación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para un proyecto estratégico de suministro eléctrico entre Playa del Carmen y Cozumel, un cambio técnico abrió una pregunta que la propia CFE debería responder con absoluta claridad: ¿por qué se redujo, sin que nadie lo solicitara, el requisito de experiencia para instalar cable submarino de 115 kilovoltios a uno de apenas 34.5 kilovoltios?
El proyecto no es menor. Se trata de una instalación submarina cuya profundidad alcanza hasta 500 metros y que resulta fundamental para garantizar el suministro de energía eléctrica de Playa del Carmen a la isla de Cozumel. Por ello, los requisitos técnicos no deberían ser un asunto menor ni modificarse de manera discrecional.
De acuerdo con la información recabada, durante los últimos cuatro años han participado básicamente dos consorcios, ambos con participación de empresas chinas especializadas. Uno de ellos está integrado por la empresa HR, señalada como una de las compañías beneficiadas en procesos anteriores, y una compañía china.
La historia volvió a repetirse esta semana. En este caso, la CFE había mantenido como requisito la experiencia en instalación de cables submarinos de 115 kilovoltios. Incluso, en la licitación actual ese parámetro apareció originalmente en esos términos y fue confirmado durante la primera junta de aclaraciones.
Sin embargo, durante la segunda junta, la CFE publicó un nuevo documento en el que redujo la experiencia requerida de 115 a 34.5 kilovoltios, modificación que favorece a HR, empresa que decidió competir por sí sola. Existe además un antecedente que llama la atención: hace cuatro años esa compañía realizó en Holbox una instalación justamente de cable submarino de 34.5 kilovoltios.
La irregularidad radica en el un requisito sin que hasta ahora se haya justificado. Habrá que observar cómo se resuelve esta licitación en los próximos días, sobre todo porque recientemente hubo cuestionamientos en el Senado respecto a que esta empresa habría sido beneficiada en otros procesos.
Y Sepa La Bola… Pero otra rareza es la adjudicación para operar, mantener y ampliar Ecobici hasta julio de 2036 no puede analizarse como un simple procedimiento administrativo. Se trata de un contrato por 2 mil 445 millones 793 mil 693.67 pesos y de una empresa, 5M2, vinculada al consorcio 5M2-BKT, que acumuló antecedentes de penalizaciones, sanciones y señalamientos por deficiencias durante la prestación del servicio.
Documentos de la propia Secretaría de Movilidad registraron más de 18.5 millones de pesos en sanciones al consorcio por incumplimientos en los niveles de servicio.
Entre los antecedentes aparece una penalización de 4.3 millones de pesos correspondiente a agosto de 2024, además de señalamientos relacionados con la disponibilidad de bicicletas, condiciones de las unidades y un retraso documentado de 185 días en una etapa de expansión.
También existen registros de múltiples quejas contra ese consorcio, que ahora resultó ganador del proceso. La pregunta es por qué, con esos antecedentes, se le permitió participar y posteriormente obtener la adjudicación.
Aquí surgió la primera pregunta incómoda: ¿qué peso tuvieron esos antecedentes al momento de evaluar y adjudicar un contrato multimillonario que comprometió la operación de Ecobici durante prácticamente una década?
Pero hubo otro punto que requirió explicación. Se señaló la existencia de reuniones entre representantes de 5M2 y el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto. Si esos encuentros ocurrieron durante el proceso, la autoridad debió transparentar cuándo se realizaron, quiénes participaron, cuál fue su propósito y qué asuntos se discutieron.
Más delicadas aún fueron las acusaciones sobre una supuesta adjudicación direccionada desde su origen y las versiones que apuntaron a que se habría facilitado el triunfo del consorcio. Se trató de señalamientos graves que, precisamente por ello, requirieron aclaraciones y, de existir elementos, una investigación.
A ello se sumó un negocio adicional: el nuevo proyecto contempló 600 muebles con aprovechamiento publicitario. Por ello, se solicitó conocer sus características y los estudios de seguridad correspondientes, pues algunos podrían superar los 10 metros cuadrados de superficie publicitaria.
Ecobici es un servicio utilizado diariamente por miles de personas. Su operación no debió dejar dudas sobre contratos, reuniones, penalizaciones o explotación publicitaria. La Semovi tuvo una salida sencilla: publicar los criterios completos de evaluación, explicar cómo ponderó las sanciones anteriores y transparentar cualquier reunión relacionada con la licitación.
Porque cuando estuvieron en juego 2 mil 445 millones de pesos, la transparencia no debió ser una concesión. Fue una obligación.
