El gobierno municipal de Querétaro pretende quitar el inmueble, que fue donado en 2020 durante la pandemia, a la asociación civil Unidos contra la Trata


Las autoridades municipales y Cabildo de Querétaro politizaron y pusieron en riesgo un refugio para la atención de víctimas de trata de personas en la entidad queretana.

Sin medir las consecuencias de seguridad para quien es víctima de este delito, el presidente municipal, Luis Bernardo Nava Guerrero, reveló la ubicación donde se iba instalar un centro de atención para este tipo de personas, bajo el argumento de anunciar que pretende quitar el inmueble, que fue donado en 2020 durante la pandemia, a la asociación civil Unidos contra la Trata.

Las autoridades municipales y Cabildo de Querétaro, además de cometer esta indiscreción, también dio a conocer información imprecisa, al señalar que Rosi Orozco, es la presidenta de dicha asociación, cuando en los hechos, quién está al frente de Unidos contra la Trata, es precisamente una sobreviviente de este delito, Guadalupe del Carmen Carrasco Álvarez.

Según las autoridades de la capital de Querétaro, la organización les hizo saber que no cuenta con los recursos suficientes para llevar a cabo la construcción del albergue que planeaban, por lo cual este viernes se iniciará un trámite administrativo de revocación, para que el terreno vuelva a ser integrado al patrimonio del local.

Al respecto, Guadalupe del Carmen Carrasco Álvarez, presidenta de Unidos contra la Trata, envió una carta al presidente municipal, Luis Bernardo Nava Guerrero, en la que explica que debido a la pandemia de COVID-19, la asociación ha enfrentado desafíos significativos para obtener los fondos necesarios para llevar a cabo este proyecto.

“La crisis sanitaria y sus consecuencias económicas han afectado nuestras capacidades de recaudación de fondos. Hemos experimentado una disminución en las donaciones y apoyos financieros que originalmente teníamos previstos para este proyecto. A pesar de nuestros esfuerzos incansables, nos ha sido imposible obtener los recursos necesarios en el plazo establecido”, señala la misiva de Unidos contra la Trata.

Carrasco Álvarez solicitó en el mes de agosto, una reunión forma con las autoridades de Querétaro para explicar la situación que enfrentan.

Cabe precisar que es responsabilidad del Gobierno de Querétaro contar con un refugio para la atención de víctimas del delito y no es una tarea de la sociedad civil, atender este tipo de delitos.

En tanto habrá que señalar que Rosi Orozco, desde hace año, ya no dirige la asociación civil Unidos contra la Trata, para dedicar su tiempo y esfuerzo para lanzar una estrategia internacional para la atención de las víctimas de trata en el mundo, mismo que lo dará a conocer el próximo 27 de julio en Washington, Estados Unidos.