Reveló detalles de la investigación para destacar que el caso se usó para «golpear» al gobierno estatal, por lo cual, el funcionario morelense habría incurrido en varios delitos

El Comisionado Estatal de Seguridad (CES) de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, violó el principio de secrecía en la investigación que en este momento realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el secuestro exprés del que fue víctima el Obispo Emérito de la Diócesis de Chilpancingo, Guerrero.

De manera irresponsable, el funcionario morelense, dio declaraciones a los medios de comunicación y reveló información que contiene la carpeta de investigación sobre las personas que participaron en la desaparición del prelado en días pasados en la entidad.

No sólo eso, sino que también Ortiz Guarneros, victimizó y vulneró los derechos humanos del Obispo Emérito de la Diócesis de Chilpancingo, Guerrero, al dar a conocer puntos delicados sobre el delito del que fue objeto.

Con sus declaraciones, podría haber incurrido en el delito de obstrucción de la justicia contemplado en el Código Penal que a la letra señala: “aquellas conductas dolosas que dificultan el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia”.

Es decir, con sus declaraciones, el Comisionado Estatal de Seguridad (CES) de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, actúo de manera dolosa en una investigación en curso, afectando no sólo la seguridad, patrimonio, vida, libertad o la integridad física de la víctima, sino también puso en alerta a los presuntos responsables para que evadan la justicia.

Aunque el titular de la CES dijo que el tema del prelado de Guerrero se utilizó para golpear mediáticamente al Gobierno de Morelos, en los hechos, es precisamente él, quien está violando los lineamientos más precisos que con lleva una investigación, en este caso para golpear a la instancia que está a cargo de las indagatorias.

¿Por qué considera que no hubo un secuestro exprés? Preguntó un reportero a José Antonio Ortiz Guarneros y éste respondió: “Hasta donde sabemos entró voluntariamente a un hotel con una persona del mismo sexo, esa persona, después se retiró y es todo lo que sabemos”.

En este sentido, el abogado Jesús Rey Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, resaltó que, cuando un funcionario público cometa un delito, la pena que emita el juez, deberá duplicarse.

«En en caso del comisionado de seguridad de Morelos, Ortiz Guarneros, no sólo violentó el debido proceso en agravio de un ciudadano, sino que actuó de manera intencional, al conocer los alcances jurídicos de sus dichos; en caso de desconocerlo, la situación es mucho más grave, porque entonces tendríamos a un funcionario público sin el conocimiento básico para el puesto que ostenta», afirmó el especialista.

Otro delito en el que también pudo incurrido el titular de la CES es el de violación a la intimidad personal que el Código Penal dice en su artículo 150 que se impondrán de seis meses a cuatro años de prisión, a quien sin consentimiento de otro o sin autorización judicial, en su caso, y para conocer asuntos relacionados con la intimidad de aquél:

I. Se apodere de documentos u objetos de cualquier clase;

II. Reproduzca dichos documentos u objetos; o

III. Utilice medios técnicos para escuchar, observar, transmitir, grabar o reproducir la imagen o el sonido.

Así como como los delitos contra la procuración y administración de justicia por desviar u obstaculizar la investigación de un “hecho delictuoso de que se trate, o favorecer que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia y por ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebida”.

El gobernador suplente de Morelos, Samuel Sotelo Salgado fue prudente cuando los comunicadores lo cuestionaron sobre este caso y dijo que hasta el momento no cuenta con más información sobre lo que le ocurrió al Obispo Emérito de la Diócesis de Chilpancingo, Guerrero, en la entidad morelense.