La FGR determinó que no se proporcionaron datos de prueba que permitieran generar líneas de investigación
La Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal contra Antonio Alpízar Salazar y Alejandro Ríos Camarena, funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que fueron denunciados anónimamente por supuestas irregularidades financieras.
“A partir de la narración de los hechos, no se proporcionaron datos de prueba que permitieran generar líneas de investigación, ni tampoco se desprendían circunstancias específicas de tiempo, modo u ocasión”, informó el CJF en un comunicado.
«Además, si bien se señalaron diversas personas como posibles imputados, no se indicaron hechos concretos en los cuales basar la investigación, ni se tuvo certeza de quién realizó la denuncia o incluso datos sobre posibles testigos o víctimas que hayan sufrido o presenciado un agravio», abunda el texto.
Por tanto, la Fiscalía General de la República resolvió que no se pudo contar con datos de prueba que ayudaran a la acreditación del elemento del tipo del delito y, en consecuencia, determinó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal. El CJF refrendó su compromiso con la política de “cero tolerancia” a la corrupción, e incluso, su presidente, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar rechazó en rueda de prensa tales acusaciones.
“Estas versiones son absolutamente falsas son versiones que se filtraron de manera interesada por funcionarios del pasado que han visto perder sus privilegios de impunidad y de corrupción”, comentó el ministro.
¿Por qué es relevante?
Alpízar Salazar es un colaborador de confianza del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y fue señalado de tener un nexo con el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, en particular el señalamiento fue que presionaron a jueces y magistrados federales sobre algunas resoluciones en materia federal. Por otro lado, Ríos Camarena había sido señalado de cometer irregularidades en adjudicaciones.
