El ministro Alberto Pérez Dayán concedió un plazo de 30 días hábiles para que las Cámaras de Diputados y de Senadores y el Presidente de la República presenten su contestación
Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad, promovidas por el Instituto Nacional Electoral (INE), contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), como parte de la primera parte del llamado “plan B” en materia electoral, que impulsan el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El ministro de la SCJN también admitió la primera de alrededor de 60 controversias promovidas por municipios de oposición contra dichas reformas, entre ellos el Ayuntamiento de Chihuahua, aunque negó conceder una suspensión.
«Se tiene por presentado al promovente con la personalidad que indica y, con base en lo expresado en la demanda, a la naturaleza de las normas impugnadas, atribuibles respectivamente al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal, se admite a trámite la demanda que hace valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que, en su caso, puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia».
El INE refirió a través de su Secretaría ejecutiva que las reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, producen una violación directa a las funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere la Constitución, ya que «obstaculizan» la función que realiza como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral.
