El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Pablo Héctor González, presentó su renuncia

Eduardo León | @EduardoLeonMx

En la teoría, nuestro sistema político o régimen, es el de una República federal con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial sobre los que descansa el ejercicio de gobierno. Sin entrar en mayores detalles, pese a esta división de poderes y a lo largo de toda la historia de nuestro país, prácticamente la totalidad de quienes han ocupado la presidencia del poder ejecutivo -el presidente de la nación- han intentado acaparar también la mayor influencia en el Legislativo y Judicial, unos con mayor o menor éxito.

En el caso de los estados no es la excepción y en Chihuahua al inicio de esta semana el Presidente del Tribunal Superior de Justicia Pablo Héctor González presentó su renuncia como titular del Poder Judicial estatal, cosa que era más que evidente tras el triunfo de la candidata del PAN, María Eugenia Campos Galván.

El contexto de la obviedad se refiere al proceso judicial que inició el también panista y entonces gobernador, Javier Corral Jurado en contra de la nueva mandataria, a quien en cinco años que duró su mandato, fue incapaz (al igual que la Fiscalía General del Estado) en demostrar que Campos Galván había recibido cifras millonarias del ex gobernador César Duarte Jáquez para la compra de los votos azules en el Congreso del Estado. Lo cuál no fue sino el más burdo intento de impedir que “Maru” lograra hacerse con la gubernatura de Chihuahua.

Para ello requirió Corral Jurado de la complicidad de Pablo Héctor González el TSJE, pero ante el deficiente trabajo de la Fiscalía a cargo de César Peniche Espejel para aportar pruebas contundentes, Campos Galván solo alcanzó a ser vinculada a proceso sin llegar más allá. El tiro estaba cantado y fue más que notorio el rechazo de la mandataria hacia el presidente del Poder Judicial en la noche que rindió protesta como gobernadora, pues en ningún momento cruzó saludo, palabra o gesto hacia Pablo Héctor quién sintió el rigor del ejecutivo sobre sus espaldas y quizá algo más.

Casi dos meses después de la toma de protesta de la mandataria, tiempo más que suficiente para ordenar los asuntos pendientes del Tribunal, González Villalobos terminó de forma anticipada su periodo, que tendría conclusión legal en 2023, para dar paso este viernes 12 de noviembre a la primera mujer presidente del Poder Judicial de Chihuahua en la persona de Myriam Hernández Acosta, de quien por supuesto no se duda de su capacidad, pero tampoco es posible soslayar la “coincidencia” que representa que junto con una dama en el Ejecutivo, descanse el Judicial sobre los hombros también de una mujer. En política, las coincidencias no existen y todos los gobernadores de la entidad han sabido cómo arreglárselas para acomodar gente afín a su gobierno tanto en el Poder Judicial como en el Legislativo, y para el caso que nos ocupa, sería una verdadera raya en el agua que ahora no fuese así. Qué malpensado ¿No?

Aunque “Maru” Campos aseguró que no habría persecución política contra nadie, Pablo Héctor podría inclusive en breve, “jubilarse” y alejarse tanto como le sea posible no solo del Poder Judicial sino también de la gobernadora, por aquello de las dudas, no vaya a ser que la Fiscalía General del Estado reciba si no la instrucción, sí algún elemento que pudiera comprometer a González Villalobos en actividades que pudiesen constituir alguna falta.

Con la renuncia del presidente, se sucedieron las renuncias del magistrado Roberto Siqueiros Granados, Juan Carlos Armendáriz, Tania Belkotosky y algunos otros reacomodos que tienen inercia asociada al expresidente.

 

BUSCAPIÉS

En el tema de “Los tres de La Cruz” y Andrés Valles, del que hablamos hace unas semanas cuando abordamos el tema de la lucha por el agua en Chihuahua el pasado 2020, las cosas no pintan tan bien como cabría esperar, pues en el acuerdo firmado entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno federal el pasado 22 de octubre, al parecer quedaron excluidos los detenidos en comento, se habría pedido al Secretario de Gobernación federal Adán Augusto López que se retiraran los cargos de “terrorismo” contra los cuatro detenidos y que se les cambiara la medida cautelar en tanto que tienen evidente arraigo en la región y la posibilidad de fuga es baja, además que existen cuando menos otras trece medidas cautelares más humanas.

 

Qué curioso que para estos cuatro campesinos fue tan sencillo para la Federación achacarles cargos de terrorismo, pero para quienes realizan atentados y masacres en Guanajuato, o acribillan a toda una familia para después prenderle fuego como ocurrió con los LeBarón en Bavispe, Sonora; para esos son los abrazos.