Como novata en la política, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cayó en los juegos de señalamientos, acusaciones y exhibiciones

Claudia Bolaños | Twitter: @claudiabola

A los acostumbrados ataques entre legisladores y a los del Ejecutivo a diversos sectores, se suma ahora el Poder Judicial, con la ministra presidente Norma Lucía Piña.

Como novata en la política, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cayó en los juegos de señalamientos, acusaciones y exhibiciones.

Fue un terrible error que la ministra, la primera mujer en ocupar ese cargo de presidir el Poder Judicial, haya enviado mensajes insensatos al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta.

Mensajes que es difícil de definir como amenazas, como lo denunció el morenista, pero sí le restan a la funcionaria recién reconocida de manera internacional por sus pares, presumida por la oposición por sus vastos estudios y conocimientos, y por su digna postura ante las embestidas de los oficialistas, dejando que sus logros al frente de la Suprema Corte hablarán por ella: el desplome del llamado «Plan B» y de la protección a la información de las megaobras de la 4T. No había necesidad de meterse en pleitos personales.

El nivel de comunicación entre la ministra y el senador deja frío, al ver el uso las capturas de una conversación a «título personal» que inició ella, y que continuó con emojis burlones, sí por parte de la máxima autoridad del país, y las faltas de ortografía y exageración del otro.

La ministra perdió los estribos al mostrar de manera directa, por Whats App, su inconformidad con el actuar del senador que apoya que se haga una consulta para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto.

En vez de una comunicación institucional de respeto a su investidura, desde la legalidad de su trinchera, abonó al desgaste político entre el oficialismo y la oposición, y México y otros países. Él como quiera está acostumbrado.

Y Sepa la Bola pero Ejidatarios de El Bajío, en Caborca, Sonora, esperan y confían en la intervención del presidente Andrés Manuel y la Secretaría de Gobernación para resolver el conflicto con minera Penmont, y del cual ya no tiene control el Poder Judicial.

En tanto eso sucede, se incrementan los actos de intimidación, hostilidad y calumnias a los legítimos dueños, raíz de haber solicitado ayuda para resolver este conflicto e tierras donde se explotó de manera ilegal una mina de oro y plata por parte de la minera Penmont.

El tema es claro y sencillo, solo cumplir la sentencia judicial para que les sean restituidas.

Ya hay una resolución, del expediente agrario 188/2009 Tribunal Unitario Agrario 28 con sede en Hermosillo Sonora, que condenó a la Minera Penmont a la inmediata desocupación y entrega de las tierras de uso común a sus únicos titulares Carmen Cruz Pérez, Abel Cruz López, Jacinto Cruz Pérez, Abel Cruz Pérez y José Concepción Cruz Pérez, pero no sé cumple por los intereses que hay de por medio, obviamente, y mejor se ha permitido el acoso, intimidación y hostilidad contra los beneficiarios de esas tierras. ¿Habrá atención a este tema?