La ex del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte tendrá la oportunidad de apelar la resolución
Un juez de Inglaterra, avaló este jueves 17 de febrero, que Karime Macías Tubilla -ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa-, sea extraditada a México.
Sin embargo, la ex presidenta de Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) veracruzano, de 46 años, tendrá la oportunidad de apelar la resolución y evitar así ser entregada a las autoridades mexicanas.
Existe una orden de aprehensión librada en contra de Macías Tubilla, por su presunta responsabilidad en el delito de daño patrimonial por más de 112 millones de pesos en el DIF del Gobierno estatal de Veracruz.
El juez del caso, Paul Goldspring, dijo en una vista judicial que las pruebas son suficientes para autorizar la extradición a México. No obstante, el magistrado indicó que remite el caso a la ministra del Interior, Priti Patel, quien es la última responsable de dar el visto bueno final a la entrega de Macías Tubilla a México.
El defensor de Karime Macías ha señalado que su clienta no estuvo al frente de los supuestos fraudes en el DIF veracruzano y arguyó que se ha solicitado la extradición sin presentar pruebas sobre los crímenes económicos que se le imputan, sino que se trata de acusaciones basadas en sospechas.
Asimismo, el litigante rechazó el vínculo de Macías Tubilla con su ex marido, que fue condenado a nueve años de prisión por asociación delictiva y lavado de dinero, y negó que los nombramientos que hizo Duarte de Ochoa en el DIF estatal tuvieran conexión con su ex esposa.
Por otro lado, el abogado de las autoridades mexicanas argumentó que las pruebas de fraude son completas y convincentes, además de que mencionó los testimonios de Laura Elena Vega Martínez, quien fuera jefa del departamento de licitaciones del DIF veracruzano. Summers defendió, además, las garantías de seguridad ofrecidas por el Gobierno de México.
Macías fue detenida el 29 de octubre de 2019 a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Londres, Inglaterra, donde tras pagar una fianza por 150 mil libras esterlinas pudo enfrentar su proceso en libertad.
Sin embargo, como medidas cautelares le impusieron el uso de un brazalete de localización, la firma periódica en una estación de Policía de Londres, y tiene prohibido acercarse a estaciones marítimas, terrestres y aéreas.
