Durante el cateo realizado el pasado 15 de marzo, cinco personas de la financiera fueron detenidas. Mismas que acusaron a policías de la SSC de haber robado dinero en bolsas de basura durante las diligencias

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron órdenes de aprehensión contra cinco hombres y dos mujeres, todos policías preventivos, por su probable participación en los delitos de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad agravado, registrados en marzo pasado, en la empresa Black Wallstreet Capital en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Miguel Ángel “N”, Edwin Jesús “N”, Jonathan “N”, Francisco Javier “N”, Emmanuel “N”, Mariana Guadalupe “N” y Isis Anahí “N” fueron aprehendidos por agentes de la PDI, en cumplimiento a mandamientos judiciales, por su probable participación en los delitos de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad agravado.

De acuerdo con las investigaciones de la FGJCDMX, los aprehendidos, en su calidad de policías de la SSC, ejecutaron un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Anzures, pero lo reportado en su informe policial, posiblemente no corresponde a cómo sucedieron los hechos.

Durante el cateo realizado el pasado 15 de marzo, cinco personas de la financiera fueron detenidas. Mismas que acusaron a policías de la SSC de haber robado dinero en bolsas de basura durante las diligencias, posteriormente se difundieron videos sobre el momento.

En total habrían sido robados  3 millones de dólares y 15 millones de pesos que se encontraban en la bóveda de la compañía. Los agentes presuntamente destruyeron las cámaras de videovigilancia del lugar, pese a que existía una orden expresa del juez de control para grabar y fotografiar toda la diligencia.

El pasado fin de semana los 5 detenidos por este caso salieron de prisión, incluyendo el empresario Juan Carlos Minero Alonso, socio principal de Black Wallstreet Capital, luego de que un juez de control los exoneró de cualquier imputación criminal, debido a las anomalías, mentiras y contradicciones que la defensa logró documentar tras el operativo contra sus clientes.

Además, la sentencia judicial invalidó todas las actuaciones cometidas durante el citado cateo.