Los ministros insistieron en que el cuerpo de seguridad debe contar con un mando civil

Con ocho votos contra tres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la transferencia de la Guardia Naciona a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El Pleno del máximo tribunal reanudó este martes la discusión de la acción de inconstitucionalidad con el que legisladores de oposición impugnaron el traslado operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, bajo el mando del General Luis Cresencio Sandoval.

El argumento principal de esta decisión es que el artículo 21 de la Constitución define a la GN como una corporación civil, que debe depender de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La ministra Margarita Ríos Farjat señaló que no es posible entender cómo la GN podría mantener su carácter civil si depende operativamente de los militares.

Además, Ríos Farjat hizo un reconocimiento a la participación y apoyo de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, pero expresó que la Constitución es clara al señalar que la dirección de la GN debe ser bajo un mando civil.

Esto no implica que las Fuerzas Armadas puedan participar en tareas de seguridad pública, pero sí evita que la dependencia militar pueda coordinar a los elementos y manejar el presupuesto del cuerpo de seguridad que originalmente fue adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con las argumentaciones de la mayoría de los ministros, la reforma aprobada viola el artículo 21 de la Constitución mexicana el cual establece que las corporaciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, deben tener carácter civil, lo que se distorsionaría si ésta pasa a estar subordinada de la Sedena.

Aun con los votos en contra de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y el ministro Arturo Zaldívar el proyecto de inconstitucionalidad del ministro Juan Luis González Alcantara Carrancá fue aprobado por el Pleno con ocho votos.