Con el aumento de la violencia y acusaciones contra funcionarios, Morelos avanza a un clima de ingobernabilidad donde muchas instituciones están colapsadas o viven una crisis

Por Luis Alberto Beltrán | Twitter: @reporteroyosoy

Lo que sucede en Morelos es inédito. En menos de cinco días ocurrieron aspectos que no se habían visto o al menos pocos se habían imaginado, entre los que se encuentran la detención de un fiscal, atentados sin persecución policiaca y una crisis en el Poder Judicial.

En un solo día, el viernes 04 de agosto, la fuerza del Estado Mexicano llegó a esta entidad en un operativo en el que participaron más de 300 elementos de la Secretaria de Marina, de la Fiscalía General de la República, de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para ejecutar una orden de aprehensión en contra del fiscal general de justicia, Uriel Carmona Gándara.

Al mismo tiempo la Ciudad de la Eterna Primavera se colapsó con una serie de manifestaciones que cerraron las entradas y salidas a la autopista México-Cuernavaca y se registró una amenaza de bomba en los juzgados federales. Una movilización similar como si se fuera a detener al jefe de un cartel de la delincuencia organizada. Se le acorraló por todos lados para que no pudiera escapar.

El sábado se registró un ataque a balazos a las oficinas del programa El Txoro Matutino que conducen Juan José Arrese y Viridiana Arias. Cuando llegaron a su lugar de trabajo se percataron que las instalaciones habían sido vandalizadas y presentaron la denuncia correspondiente.

Durante las primeras horas del lunes, sujetos armados abrieron fuego contra la fachada de la Comisión de Derechos Humanos. Fueron nueve impactos los que dieron blanco en los cristales de los cubículos de los visitadores.

Por la noche, ocho de los 12 magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia trataron de destituir al titular del Poder Judicial, Luis Jorge Gamboa Olea, por diversas causas que no lograron fundamentar.

Y, por otro lado, el gobernador Cuauhtémoc Blanco reapareció en la escena pública para lavarse las manos, desmarcarse de todo lo ocurrido y decir que él no persigue ni amenaza a nadie, a pesar de retar a golpes a un diputado y enfrentar directamente al fiscal.

El nivel de violencia deja ver cómo se encuentra el panorama en la entidad. Cualquier persona puede cometer un atentado con total impunidad. Ninguna autoridad movió un dedo para perseguir a los agresores ni realizar una investigación a fondo, a pesar de que hay videos de los disparos.

Los brotes de violencia política también juegan un papel fundamental, un gobernador que está peleado con el Congreso, con partidos políticos, con diversos sectores de la sociedad y con el fiscal del estado, a quien desde el primer día de su administración le declaró la guerra por haber sido propuesto por el ex mandatario Graco Ramírez.

El Cuau le ganó la jugada política y legal a Uriel Carmona Gándara, sabía que en cualquier momento podía darles trámite a las carpetas de investigación que hay en su contra por su presunta relación con grupos de la delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito.

El fiscal no quiso o le ordenaron no proceder en contra de Cuauhtémoc Blanco, situación que se aprovechó perfectamente para operar un contra golpe que lo llevó a las celdas del reclusorio sur.

Lo que sucede en el Poder Judicial también deja muchas interrogantes, una de ellas es quién está detrás de esta desestabilización y los ataques a Gamboa Olea, a quien se le acusa de amenazar o tratar de persuadir a los magistrados en sus determinaciones sobre ciertos temas.

Todo lo que ocurre conduce a un clima de ingobernabilidad donde muchas instituciones están colapsadas o viven una crisis, y si a eso le sumamos la actitud del titular del Poder Ejecutivo quien pide que no le echen la culpa de todo lo malo que pasa, como los atentados contra las oficinas de Derechos Humanos ni al Txoro Matutino.

En estos cinco días se mostró de lo que son capaces los grupos de poder para quitar del camino a quien les estorbe o no se arrodille a sus intereses, se refleja la verdadera situación de odio contra las instituciones y contra la libertad de expresión.

En unos días se volverán a convulsionar los poderes, pues el Ejecutivo tiene que enviar una terna para que el Legislativo designe al nuevo fiscal del estado, quien estará 9 años en el cargo. Ahí Cuauhtémoc Blanco tendrá que colocar a un abogado de su confianza para que congele o elimine cualquier denuncia en su contra o su equipo cercano.

Además, podría existir la posibilidad de que el Congreso desempolve la denuncia de juicio político en contra del mandatario. Las cosas se pondrán interesantes, por decir lo menos.