El juicio será reanudado en Miami, Florida y que actualmente se encuentra en etapa de conciliación

Pablo Gómez informó que se busca recuperar los recursos económicos que fueron utilizados de manera indebida por el ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó sobre el juicio promovido por el gobierno de México ante una corte de Florida para recuperar recursos económicos usados por Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública.

En conferencia de prensa, Gómez Álvarez comentó que la demanda en contra del ex secretario de Seguridad Pública, es por la obtención ilícita de 634 millones de dólares a través de la adjudicación directa de 30 contratos a Grupo Weinberg encabezada por Jhonatan Alexis Weinberg Pinto.

El titular de la UIF anunció que el juicio será reanudado en Miami, Florida y que actualmente se encuentra en etapa de conciliación para lo cual el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador prepara una estrategia jurídica con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Portección Ciudadana (SSPC).

Expuso que son más de tres mil las personas que han sido denunciadas, así como 2 mil empresas están vinculadas al juicio.

Pablo Gómez abundó que los cómplices de Genaro García Luna denunciados presentaron solicitudes de desechamiento de juicio, pero el juez a cargo las negó.

Las resoluciones fueron impugnadas mediante apelación, por lo que se obtuvo una suspensión temporal del juicio.

Puntualizó que tras las impugnaciones promovidas por el gobierno federal, el juicio finalmente fue reanudado y se encuentra actualmente en la etapa de conciliación.

Por lo anterior, el funcionario aclaró que las autoridades de Florida no podrán juzgar la ilegalidad de los contratos firmados, ya que este es un tema que le compete a México.

Detalló que se han vendido dos departamentos asegurados y vinculados a la trama de García Luna, cuyos recursos ya fueron entregados al gobierno federal.

Pablo Gómez anunció que aún falta un departamento por vender.

“Como las empresas que fueron contratadas le entregaron dinero a García Luna, quien era el contratante o gestor, entonces ese dinero es ilícito. Y por tanto, el gobierno mexicano exige que se lo devuelvan”, explicó el titular de la UIF