De nada sirvieron las protestas de trabajadores del Poder Judicial en varios estados del país; la oposición ve una venganza contra jueces y magistrados por no alinearse con Morena

Con 260 votos a favor y 196 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la noche del martes, el dictamen para extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial que tienen un saldo de 15 mil millones de pesos.

Ese dinero tendrá que ser reintegrado a la Tesorería de la Federación una vez que se apruebe el dictamen en el Senado de la República.

Durante la discusión en el pleno, la oposición subió a tribuna con cartulinas improvisadas, láminas y lonas impresas con las que acusaban a la 4T de querer cobrar venganza contra el Poder Judicial por no alinearse a su movimiento y, con ello, vulnerar los derechos laborales de más de 55 mil trabajadores judiciales.

El diputado Ignacio Mier dijo que los inconformes son utilizados por la cúpula del Poder Judicial como “escudo humano” para frenar la desaparición de los fondos y aseveró que respetan el control constitucional que puede ejercer la Suprema Corte pero advirtió que no van a permitir que les nieguen el control presupuestal que la Constitución da a los diputados como facultad.

Previo a la discusión en el Pleno, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (STPJ), Jesús Gilberto González Pimentel, y un grupo de trabajadores acudieron a laCámara de Diputados para pedir a los morenistas no extinguir los fideicomisos judiciales, pues advirtieron que sus derechos laborales se verían afectados, sin embargo, sólo fueron recibidos por el diputado Héctor Saúl Téllez.

Durante la discusión en lo particular se aprobó una reserva presentada por Morena para establecer en un artículo Quinto Transitorio que «el Poder Judicial, a través de sus órganos competentes, deberá publicar un informe individual, desagregado y pormenorizado por cada instrumento extinto a través del presente Decreto, en el cual se indiquen los montos enterados a la Tesorería de la Federación en términos del transitorio inmediato anterior, en observancia a los principios de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública, máxima publicidad y conexos previstos en la Constitución».