Es por el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, quienes estuvieron 17 años en la cárcel sin sentencia
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos declaró esta mañana que México es responsable «por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial» cometidas en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, quienes estuvieron presos 17 años sin tener una sentencia.
La CIDH sostiene que México debería realizar una reforma constitucional para evitar la prisión preventiva, toda vez que vulnera los derechos humanos y que «en lo que se refiere a la figura de la prisión preventiva oficiosa, esta Corte ordena al Estado, como lo ha hecho en otros casos, adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana».
El arraigo está establecido en el artículo 16 de la Constitución Política, donde se establece que las autoridades pueden retener hasta 80 días a una persona para investigarla por el delito de crimen organizado. Mientras que la prisión preventiva oficiosa está estipulada en el artículo 19 constitucional, donde se enumeran los delitos por los que una persona puede ser encarcelada mientras concluye la investigación en su contra.
Daniel García y Reyes Alpízar fueron detenidos en 2002 acusados del homicidio de la regidora panista María de los Ángeles Tamés. En un proceso judicial plagado de irregularidades, los dos hombres fueron detenidos sin orden de un juez, arraigados sin un abogado, torturados, amenazados y obligados a firmar documentos.
Ambos han mantenido siempre firme su inocencia. Salieron en 2019 de la cárcel, con un brazalete electrónico. Pero hace solo dos semanas, de forma arbitraria, Daniel García volvió a ser detenido y trasladado a un penal del Estado de México.
