Con el nombramiento de Ariadna Montiel Reyes como titular de Bienestar, queda más que garantizada la inmunidad e impunidad de Juan Carlos Loera de la Rosa

Eduardo León | @EduardoLeonMx

Más allá de prometer (y no cumplir) bajar el precio de la gasolina a 10 pesos el litro, existen obligaciones de Estado a que todo presidente está sujeto, como la de garantizar que se respete el Estado de Derecho, brindar seguridad a los gobernados, servicios de salud dignos, generar condiciones para el desarrollo y crecimiento económicos, ofrecer educación de calidad y una larga lista de etcéteras, que en el caso del presidente López Obrador parecen excepciones (inexplicables) al deber constitucional.

En materia de seguridad, prácticamente en todo el territorio nacional el crimen y la violencia ganaron terreno, y no es que con Peña, Calderón, Fox o Zedillo no se registrasen hechos delictivos, sino que de tres años a la fecha la estrategia del presidente López Obrador en la materia, carece de resultados positivos pese a las afirmaciones triunfalistas del mandatario cuando es cuestionado sobre el tema en sus “mañaneras”.

Según Carlos Penna Charolet de la empresa TResearch (@TResearchMX) tan solo en los primeros tres años de gobierno del presidente más popular, al 19 de enero de 2022 se han registrado 110 mil 612 homicidios dolosos. Esto sin contar los 11 feminicidios que en promedio se cometen diariamente en territorio mexicano, que durante los primeros tres años del presente sexenio superarían las 12 mil mujeres asesinadas.

En materia de salud, México es uno de los países que menos pruebas para detección de Covid19 realiza, bajo el discurso populista de rechazo a la adquisición de pruebas por el “oportunismo comercial” de los laboratorios, dicho de otro modo, para el gobierno federal y prácticamente todos los gobiernos morenistas en los estados, prefieren que la población padezca la enfermedad con todos los riesgos que ello implica para población, con o sin comorbilidades y que puede derivar en la muerte.

Oficialmente la cifra de decesos (302 mil 112) superó CINCO VECES el “escenario catastrófico” al que el subsecretario Hugo López-Gatell creyó que jamás llegaríamos que era de 60 mil personas fallecidas.

Científicos y matemáticos especializados sugieren que la cifra oficial de personas muertas por Covid 19 se multiplique por un factor que oscila entre el 2.4 o 2.8, que es la resultante de diversos cálculos basados en la información proporcionada por el INEGI, autoridades de salud en los estados y el registro civil de las entidades y que establecieron dicho porcentaje como exceso de mortalidad a partir del SarsCov2-Covid19, si tomáramos el factor más elevado (2.8) tendríamos 845 mil 913 muertes que quizá no fueron registradas como consecuencia de la negligencia en el manejo de la pandemia, son personas que quizá ni siquiera recibieron atención médica en un hospital y que quizá murieron en casa.

En combate a la corrupción, principal bandera de campaña del presidente López Obrador, es posible asegurar el rotundo fracaso en esta “empresa”, pues el mandatario dejó claro en todos y cada uno de los casos que se han registrado (que no son pocos), que ninguno de sus leales será tocado con el pétalo de una rosa, investigaciones judiciales y mucho menos sometidos a juicio.

¿Ejemplos? Pío y Martín López Obrador quienes recibieron recursos de dudosa procedencia y con un fin todavía más ilícito, como financiar al actual mandatario así como las campañas políticas de Morena; Felipa Obrador como beneficiaria de contratos con gobierno federal ya con López Obrador como presidente; Irma Eréndira Sandoval y John Ackerman a quienes se les señaló por la dudosa adquisición en efectivo de diversos inmuebles en un periodo de 9 años sin que sus percepciones como docentes y/o investigadores justificaran su capacidad adquisitiva; Amílcar Sandoval, hermano de la ex secretaria de la Función Pública quien utilizó recursos de la Secretaría del Bienestar para promoción personal del presidente López Obrador; Carlos Lomelí quién ya como delegado del Bienestar en Jalisco obtuvo contratos millonarios con gobiernos morenistas para la adquisición de medicamentos, la lista es larga.

La más reciente exponente de la degradación y corrupción en el gobierno federal de López Obrador es quizá Delfina Gómez quién cobró indebidamente “diezmos” a 472 empleados del municipio de Texcoco para financiar ilegalmente a Morena, situación que se documentó y fundamentó tan fehacientemente que el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó una sanción por 4.5 millones de pesos al Partido Morena por este motivo.

En Chihuahua, el delegado del Bienestar Juan Carlos Loera de la Rosa ha sido señalado en múltiples ocasiones y por diferentes asuntos, tanto por incorporar en su día en la nómina del Bienestar a familiares y amigos, como también fue señalado por integrantes de Acción Nacional por desvío de recursos federales para favorecer la estructura partidista de Morena en Chihuahua, y aún falta saber si habrá denuncias penales y si ello incluirá la supuesta compra de vehículos nuevos para la Secretaría del Bienestar, pero con cargo a instancias como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Ahora con el nombramiento de Ariadna Montiel Reyes como titular de Bienestar, queda más que garantizada la inmunidad e impunidad de Loera de la Rosa aunque se intercambie “programas sociales” por votos. Como pequeña anotación al calce: incrementar presupuesto este 2022 para programas sociales en Chihuahua solo puede ser indicativo de que la política social va en picada, pues los resultados positivos de las acciones de gobierno en materia social se consideran exitosos a partir del menor número de personas que los requieren, y no al revés.

 

BUSCAPIÉS

La gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos se excedió y se sirvió con la cuchara grande, ahora los chihuahuenses tendremos que pagar replaqueo y revalidación vehicular pero hasta febrero ¿Porqué? Porque ambos conceptos por ley se cuantifican en Unidades de Medida y Actualización (UMAs) y durante enero tendrían todavía un valor de 89.62 pesos, mientras que desde el primer día de febrero será de 96.22 pesos.*

Así es como la primera gobernadora de Chihuahua le hinca el diente al bolsillo de los chihuahuenses, a poco más de cuatro meses de iniciado su sexenio. Ojalá que las reacciones y críticas tanto en medios de información como en redes sociales motiven la reconsideración de semejante asalto en despoblado. ¿Y las acusaciones y señalamientos contra Javier Corral Jurado? Parafernalia mediática, el distractor idóneo para dirigir la atención hacia otra parte, a ver cómo toman los diversos sectores de la sociedad chihuahuense esta puñalada a la economía familiar.

En tan solo 4 meses Campos Galván ha hecho las mismas cosas que su predecesor: intervino en el legislativo y en el judicial (ambos poderes los encabezan mujeres afines al MaruCampismo), así como en instituciones autónomas como la Universidad Autónoma de Chihuahua  (UACH) o la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), incrementó la deuda, el crimen organizado le incendia Juárez un día sí y otro también, y desde hace un par de semanas todo es Javier Corral, como en su momento para éste el único tema en sus discursos era César Duarte.

Como si no fuera poco en el camino al totalitarismo en este país, ahora todos los medios de comunicación en Radio y Televisión, en sus espacios informativos están obligados por ley a distinguir claramente qué es información y qué es opinión, así que probablemente a lo largo de sus emisiones, constantemente escucharemos o veremos en pantalla avisos anunciando en todo momento que lo que se dice es opinión, para no errarle. ¿Conoce usted algún país democrático donde se haya llegado al extremo de obligar a los medios y conductores de noticieros a notificar al auditorio si lo que se comenta es información u opinión? Yo tampoco.

*https://www.inegi.org.mx/temas/uma/