Un tío de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich es acusado por ejidatarios en Caborca de depojo de una mina de oro y plata

Claudia Bolaños | Twitter: @claudiabola

El Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina cuenta con un análisis en el que se señala a Rafael Pavlovich Durazo, tío de la ex gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich, de extracción priísta, como responsable de falsificar títulos de tierras en Sonora, y de tener vínculos con el crimen organizado.

Ese hombre nuevamente es acusado por Ejidatarios de núcleo agrario “El Bajío” en Caborca, Sonora, por el despojo ahora de una mina de oro y plata, con apoyo de autoridades y nada menos que de esa delincuencia organizada.

Esta semana acudieron al Senado a solicitar su intervención, la de el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante el despojo con violencia y en contubernio con el Poder Judicial y de la Minera Penmont -que antes explotaba dicha mina y que perdió en un juicio-.

La lucha de estos ejidatarios es histórica y constante desde la dotación de tierras del 20 de agosto de 1971, por una resolución firmada por Luis Echeverría amparando una propiedad social de más de 21 mil 39 hectáreas de agostadero para beneficio de 77 demandantes.

En 1997, la empresa Penmont subsidiaria de Grupo Peñoles, comenzó la explotación de la mina, hasta 2014 que concluyó un juicio en su contra y a favor de los comuneros.

Abel Cruz López, Carmen Cruz Pérez y Erasmo Cruz López, titulares ejidales de los terrenos invadidos, ya no saben qué hacer ante la impunidad con el que se despoja a ciudadanos que sus propiedades y los amenazan de muerte.

Rubén Olivares Chávez, Williardo Arturo de la Cruz, sus abogados señalaron ante los senadores a Jesús Javier Thomas González, como la persona que encabezó este atropello, pero destaca que desde que Penmont perdió el juicio con el ejido El Bajío, en 2011, apareció en la escena de despojo Rafael Pavlovich, tío de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, que con documentos apócrifos que el Registro Agrario Nacional (RAN) hizo válidos, trató de posesionarse de una parcela en el ejido.

Ahora acusan que hay hasta una magistrada inmiscuida, Alejandrina Gámez Rey, titular Tribunal Unitario Agrario del Distrito 28 con sede en Hermosillo, Sonora, que ha obstaculizado la ejecución de las diversas sentencias contra la Minera Penmont, la cual la sigue explotando de manera ilegal, dos polígonos, y de evitar la posesión de quienes tienen derecho a las tierras de uso común del ejido “El Bajío”.

Así que aquí solo el Ejecutivo podrá ayudarlos.

Y Sepa La Bola… pero familiares de las víctimas de la tragedia en la línea 12 del Metro, aseguraron que en plena conmemoración de los dos años de la tragedia, individuos que tienen identificados como supuestos indicadores del gobierno, se presentaron al lugar donde se ofició una misa y se dio una conferencia, para intentar que las cancelaran.

Desde que se estaban colocando las mesas y las coronas de flores, se les presentaron para indicarles que no podían hacer un evento en la calle porque serían remitidos al juez cívico por obstaculizar la vía pública.

Los indicadores pueden ser o no servidores públicos que actúan como civiles para hacer vigilancia en protestas públicas, toman fotos y videos y les exigen nombres, direcciones o amenazan. Son una figura que durante varias administraciones se han hecho presentes.

Las autoridades deberían establecer un protocolo de actuación de ese grupo, y sensibilizar a todas sus autoridades, como el vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara que ante el reclamo de una supuesta víctima de abuso policial, intentó ponerse al por tú, reclamar sus derechos humanos y evitar que fuera grabado en plena vía pública.