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La fiscal fue clara: México no defiende a El Mayo, quien enfrenta múltiples órdenes de aprehensión. Lo que exige es respeto al marco legal.

Miguel Camacho  @mcamachoocampo

Se acabó el Mundial y el desorden político volvió a escena. El primer acto lo protagoniza el caso de El Mayo Zambada.

Lo que en julio de 2024 se presentó casi como el golpe definitivo al Cártel de Sinaloa hoy exhibe profundas contradicciones entre las versiones de México y Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum acusa al entonces embajador Ken Salazar de haber mentido.

Salazar negó de manera pública y categórica cualquier participación de agencias estadounidenses en el traslado de El Mayo. «No fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente», aseguró. Hoy, el FBI exhibe esa misma aeronave en un museo como parte de uno de sus operativos.

Una investigación de Pie de Nota, de Luis Chaparro, reveló que el avión en el que fueron trasladados El Mayo y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, forma parte de esa exhibición en Nuevo México. La revelación obligó al Gobierno mexicano a responder.

En la mañanera, la secretaria de Gobernación y el secretario de Seguridad reconstruyeron la cronología del caso. Información nueva hubo poca. El mensaje fue uno: Ken Salazar mintió.

Este miércoles, la titular de la Fiscalía General de la República dio a conocer nuevos elementos. En pocas palabras:

La FGR investiga el traslado como un secuestro. Presume una posible relación entre ese hecho, el cambio de medida cautelar de Ovidio Guzmán López y el ingreso de 17 de sus familiares a Estados Unidos.

Abrió siete carpetas de investigación y ya identificó al piloto de la aeronave.

Considera que las respuestas de Estados Unidos han sido parciales e insuficientes.

Envió una nueva solicitud de asistencia jurídica a Washington para esclarecer una posible participación del FBI en la planeación, ejecución y eventual encubrimiento del operativo.

De confirmarse, habría violaciones graves a la soberanía nacional, a tratados internacionales y a la Constitución.

La fiscal fue clara: México no defiende a El Mayo, quien enfrenta múltiples órdenes de aprehensión. Lo que exige es respeto al marco legal.

Recapitulemos:

México tiene derecho a exigir explicaciones y a defender su soberanía. Pero también resulta inevitable preguntarse si este caso está siendo aprovechado para abrir otro frente político.

La cooperación entre ambos países no puede convertirse en un intercambio de acusaciones. Los dos comparten responsabilidades en el combate al narcotráfico: demanda, tráfico de armas, lavado de dinero y corrupción.

Hoy se sostiene que Ken Salazar mintió. Esa conclusión parte de una premisa: que conocía el operativo desde el principio. Pero también cabe otra posibilidad. ¿Y si no sabía? ¿Y si, como ocurre en operaciones de inteligencia, la información nunca llegó a su escritorio?

El propio Salazar ya reiteró que jamás tuvo conocimiento del operativo.

El Mundial terminó y, en México, la 4T volvió a las andadas: a pelear con molinos de viento. Mientras tanto, las preguntas de fondo sobre el caso de El Mayo siguen sin respuesta.