por Dominio Público | May 22, 2026 | Opinión, Principales
Crear nuevos municipios implica viabilidad económica, estructura administrativa y acuerdos políticos que muchas veces terminan atorados por intereses partidistas o disputas presupuestales.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y Sepa La Bola… pero en el Estado de México comenzó a tomar fuerza un tema que normalmente pasa desapercibido entre campañas, discursos y pleitos políticos: los límites territoriales entre municipios.
Aunque parece un asunto técnico, detrás de esas discusiones hay recursos públicos, seguridad, servicios y hasta control político.
La reciente reunión de la Comisión de Límites Territoriales dejó ver que varios municipios mexiquenses mantienen conflictos históricos por sus fronteras, mientras otras comunidades buscan convertirse oficialmente en nuevos municipios para obtener autonomía administrativa y acceso directo a presupuesto.
En medio de ese escenario apareció el diputado local Román Cortés, quien encabezó los trabajos donde participaron alcaldes, síndicos y representantes municipales. Más allá del protocolo legislativo, el encuentro exhibe que el crecimiento urbano del Edomex ya comenzó a rebasar muchos acuerdos territoriales establecidos hace décadas.
El tema no es menor. Señalan estudios del diputado Román Cortés que definir límites implica decidir quién brinda servicios, quién recauda impuestos, quién pavimenta calles y hasta qué corporación de seguridad debe intervenir en determinadas zonas. En varios municipios esos vacíos han generado conflictos políticos y administrativos durante años.
También hay otro trasfondo: la presión social de comunidades que consideran que sus gobiernos municipales ya no responden a sus necesidades. Algunas buscan separarse argumentando abandono, falta de infraestructura o rezagos históricos.
La discusión, sin embargo, no es sencilla. Crear nuevos municipios implica viabilidad económica, estructura administrativa y acuerdos políticos que muchas veces terminan atorados por intereses partidistas o disputas presupuestales, lo cual ya analiza el diputado Román Cortés.
Y Sepa La Bola… pero en la Secretaría de Relaciones Exteriores el problema ya no parece diplomático, sino administrativo. Proveedores y prestadores de servicios comenzaron a denunciar presuntos cobros ilegales para liberar pagos, contratos y trámites dentro de la Cancillería. Las acusaciones apuntan directamente a funcionarios del área de servicios, donde, según versiones internas, ya se normalizó la exigencia de “moches” de hasta 20 por ciento.
El señalamiento principal recae sobre Francisco Salvador Valadez Saldaña, actual director de servicios de la dependencia, a quien algunos empresarios atribuyen presiones para entregar dinero a cambio de acelerar procesos administrativos. El esquema, aseguran, no opera en silencio. Los denunciantes incluso mencionan nombres de altos funcionarios que supuestamente formarían parte de la cadena de beneficios.
El tema escala por el tamaño del negocio. La licitación relacionada con la emisión de pasaportes, valuada en cerca de 4 mil millones de pesos, acumula ya seis aplazamientos en su junta de aclaraciones. Entre participantes y proveedores crece la percepción de que los retrasos no responden a temas técnicos, sino a movimientos internos para acomodar intereses y favorecer perfiles específicos.
Los antecedentes tampoco ayudan. Valadez Saldaña ya enfrentó denuncias durante su paso por otras áreas del servicio público, particularmente en el Hospital General de México, donde incluso surgieron acusaciones relacionadas con corrupción y manejo irregular de equipo de cómputo.
Mientras la Cancillería intenta sostener un discurso de transparencia y combate a la corrupción, las denuncias por presuntos “moches”, tráfico de influencias y manipulación de contratos amenazan con abrir un nuevo frente político dentro del gobierno federal. El problema para la SRE ya no es de imagen; es de credibilidad.
por Dominio Público | May 21, 2026 | Opinión, Principales
La pregunta que comienza a crecer dentro y fuera de Morena ya no gira únicamente alrededor de Andy. Es sobre la presencia de la familia López Beltrán en la vida pública y cómo afecta al movimiento.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
El pasado fin de semana ocurrió algo que Morena no debería minimizar. Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, secretario de Organización del partido, llegó a Chihuahua para participar en la movilización contra la gobernadora Maru Campos y fue recibido entre gritos, empujones y consignas de “¡Fuera Morena!”.
La escena fue incómoda, pero también profundamente reveladora.
No me interesa entrar a la discusión de si hubo provocadores o sabotaje político. Lo verdaderamente importante es lo que el episodio exhibe: Morena mostró fallas de operación en un terreno que se supone domina. Y eso coloca inevitablemente la mirada sobre quien tiene la responsabilidad de organizar, prever y blindar políticamente ese tipo de eventos.
Porque un secretario de Organización no está para acompañar marchas; está para anticipar escenarios. Debió haber operadores trabajando días antes, lectura política del ambiente, control territorial y capacidad de reacción. Si eso existió, no funcionó. Y cuando un partido que presume músculo territorial falla precisamente en eso, el problema deja de ser anecdótico.
Pero el fondo del asunto va mucho más allá de Chihuahua.
La pregunta que comienza a crecer dentro y fuera de Morena ya no gira únicamente alrededor de Andy. Es sobre la presencia de la familia López Beltrán en la vida pública y cómo afecta al movimiento. Veamos.
José Ramón López Beltrán se convirtió en símbolo involuntario de una contradicción que la oposición no ha dejado de explotar: mientras la 4T construyó buena parte de su narrativa alrededor de la austeridad republicana y la “pobreza franciscana”, las imágenes de viajes, ropa de lujo y estilos de vida acomodados golpearon directamente el discurso moral del movimiento. Legalmente podrá no existir delito alguno. Políticamente, el daño es evidente.
Bobby, por su parte, tampoco ha logrado desprenderse de los señalamientos relacionados con contratos y negocios ligados al Tren Maya. Otra vez: una cosa es la responsabilidad jurídica y otra la erosión política permanente que generan las sospechas.
Y ahí aparece el verdadero dilema para Morena.
La 4T nació como un movimiento profundamente personalista, construido alrededor del liderazgo, el carisma y la narrativa de Andrés Manuel López Obrador. Eso le permitió conquistar el poder y mantenerse electoralmente dominante. Pero los movimientos basados casi exclusivamente en la figura de un líder suelen enfrentar el mismo problema tarde o temprano: les cuesta institucionalizarse.
Morena sigue orbitando alrededor de AMLO incluso después de haber dejado la Presidencia. Desde Palenque, su figura continúa siendo el centro de gravedad del movimiento. Y si realmente interviene —como muchos afirman— para proteger políticamente a ciertos personajes cuestionados, entonces el problema ya no es de liderazgo moral, sino de dependencia estructural.
Porque una cosa es conservar autoridad histórica y otra muy distinta impedir que el movimiento aprenda a caminar solo.
Claudia Sheinbaum enfrenta justamente ese desafío: gobernar con el enorme respaldo político que le heredó López Obrador, pero sin quedar atrapada permanentemente bajo su sombra. Y Morena, como partido, enfrenta un desafío aún más complejo: decidir si quiere convertirse en una fuerza institucional madura o permanecer como una extensión política y emocional de una sola familia.
El problema para la 4T no son únicamente las críticas de la oposición. El verdadero riesgo es la percepción pública de que el movimiento que prometió acabar con los privilegios terminó construyendo sus propios círculos de poder y protección.
Porque los liderazgos carismáticos pueden fundar movimientos. Pero solo las instituciones sólidas logran sobrevivirles.
Y esa es la pregunta que Morena ya no puede seguir esquivando.
¿AMLO y su familia siguen sumando a la consolidación de la 4T… o comienzan a convertirse en su lastre más incómodo.
por Dominio Público | May 20, 2026 | Opinión, Principales
Senadores morenistas parecen estar perdiendo de vista el origen del movimiento que hoy representan: la lealtad, la congruencia y la memoria como principios básicos del servicio público.
Raúl García Araujo @araujogar
Hay principios políticos que definieron al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador desde sus orígenes: la lealtad, el reconocimiento a quienes acompañaron el proyecto y la congruencia personal dentro del servicio público.
López Obrador jamás ocultó ni negó a quienes caminaron con él desde la conquista de la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal hasta la Presidencia de la República.
Por el contrario, siempre reconoció públicamente a quienes fueron parte de la construcción del movimiento.
Ahí permanecen figuras como la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez o su histórico vocero César Yáñez, todos parte de un equipo político que nunca fue desconocido ni borrado de la historia del obradorismo.
Y es precisamente bajo esa lógica donde hoy surgen cuestionamientos hacia el senador de Morena Ignacio Mier Velazco, luego de los señalamientos hechos por Natalia Suárez del Real, delegada del Bienestar en Puebla, quien no sólo lo acusa de violencia política de género, sino que además sostiene que existen registros públicos, reuniones y eventos donde fue presentada como parte del círculo cercano del legislador poblano.
Suárez del Real asegura incluso que distintas personas fueron testigos de su participación política dentro del equipo de Mier.
Y ahí es donde aparece el debate de fondo: la memoria política y la responsabilidad ética que debe acompañar a quienes hoy ocupan posiciones relevantes dentro del servicio público.
Porque una cosa es que existan diferencias personales o políticas y otra muy distinta intentar desconocer relaciones, respaldos o colaboraciones que fueron públicas y visibles dentro de una estructura política.
López Obrador nunca actuó de esa manera. Nunca negó a quienes estuvieron cerca de él cuando el movimiento apenas se abría paso en medio de la adversidad política y electoral.
Hacerlo habría significado traicionar no solamente principios políticos, sino valores éticos y humanos que el propio expresidente colocó constantemente sobre la mesa pública.
Por eso el caso de Ignacio Mier inevitablemente genera comentarios dentro de Morena y entre quienes observan la evolución del movimiento.
No se trata únicamente de una disputa interna o de una diferencia entre actores políticos; el tema toca uno de los principios que dieron identidad al obradorismo: la congruencia con quienes ayudaron a construir el proyecto.
Más aún en un momento donde Morena enfrenta nuevos equilibrios de poder, definiciones rumbo al futuro y la exigencia pública de mantener los principios que durante años distinguieron al movimiento.
Porque algo que jamás habría hecho Andrés Manuel López Obrador era borrar políticamente a quienes lo acompañaron en los momentos difíciles sólo porque el poder cambió de manos o las circunstancias se modificaron.
Y justamente ahí es donde algunos senadores morenistas parecen estar perdiendo de vista el origen del movimiento que hoy representan: la lealtad, la congruencia y la memoria como principios básicos del servicio público.
En Cortito: Nos cuentan que Cuernavaca comienza a consolidar una de las transformaciones financieras más importantes de su historia reciente.
El gobierno municipal encabezado por José Luis Urióstegui Salgado logró liquidar 363 millones 878 mil pesos en créditos fiscales heredados de administraciones anteriores, dejando al Ayuntamiento sin pasivos fiscales activos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El dato no solamente tiene relevancia contable; representa un cambio de fondo en la estabilidad financiera de la capital morelense.
Durante años, los adeudos por retenciones de ISR no enteradas al SAT entre 2011, 2015 y 2021 se convirtieron en una pesada carga que limitó la capacidad operativa del municipio y frenó proyectos de desarrollo.
Hoy, la historia comienza a ser distinta.
El tesorero municipal, Javier Arozarena Salazar, confirmó que el pago más fuerte se realizó entre agosto y diciembre de 2025, periodo en el que fueron cubiertos más de 271 millones de pesos. Finalmente, el pasado 8 de mayo, el SAT notificó oficialmente que Cuernavaca ya no tiene créditos fiscales activos.
Las cifras reflejan algo más profundo: una administración que logró recuperar capacidad financiera y fortalecer la confianza ciudadana.
La recaudación municipal pasó de mil 492 millones de pesos en 2021 a dos mil 547 millones 744 mil pesos en 2025, mientras que el pago anticipado del predial y servicios públicos aumentó de 196 millones 835 mil pesos en 2022 a 279 millones 951 mil pesos en 2026.
Detrás de esos números existe una realidad evidente: más ciudadanos están cumpliendo con sus contribuciones porque observan orden administrativo, estabilidad y una ciudad en movimiento, gracias al trabajo del presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado.
por Dominio Público | May 19, 2026 | Opinión, Principales
En el caso Chihuahua hay un detalle todavía más interesante: ¿Morena realmente quiere desaforar a Maru Campos… o prefiere mantenerla viva políticamente como el villano favorito rumbo a 2027?
Miguel Camacho @mcamachoocampo
La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, lo dijo sin rodeos al bajar del templete frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua: la marcha de este sábado fue “el primer paso” para iniciar el desafuero de la gobernadora Maru Campos.
Yo me pregunto: ¿hacia dónde lleva ese “primer paso” cuando apenas unas pocas miles de personas —alrededor de tres mil, según estimaciones independientes— respondieron al llamado en un estado de casi cuatro millones de habitantes?
La escasa respuesta a la convocatoria no es un detalle menor. Para que un juicio político prospere se necesita algo más que expedientes y discursos: hace falta la imagen de un pueblo indignado, movilizado y exigiendo cuentas.
Lo que Morena mostró este 16 de mayo en Chihuahua fue otra cosa: un acto con acarreo evidente, muy lejos de la ola popular que pretendía proyectar.
Los bloqueos carreteros complicaron todavía más la lectura política, ya que impidieron el paso de camiones con simpatizantes provenientes de otros estados. Si el gobierno de Maru Campos los alentó o permitió, cometió un error político importante: convirtió a sus adversarios en víctimas por un día y le regaló a Morena la narrativa de “represión”.
Y si no los alentó, da prácticamente lo mismo: la acusación ya circula en redes y terminará convertida en verdad para quienes quieran creerla.
El saldo, sin embargo, no cambió demasiado. Los dirigentes nacionales llegaron entre empujones, rechiflas y gritos de “¡Fuera Morena!”, no precisamente en un ambiente de respaldo popular.
Pero en el caso Chihuahua hay un detalle todavía más interesante: ¿Morena realmente quiere desaforar a Maru Campos… o prefiere mantenerla viva políticamente como el villano favorito rumbo a 2027?
A veces un enemigo útil vale más que un enemigo derrotado.
Chihuahua es un bastión del PAN y Morena necesita construir ahí una narrativa competitiva. Atacar frontalmente a Maru le permite presentarse como defensor de la soberanía nacional —especialmente tras la polémica por la presunta participación de agencias estadounidenses en operativos de seguridad—, mantener encendido el debate mediático y cohesionar a su base en el norte.
La realidad, sin embargo, tiene la mala costumbre de arruinar estrategias.
Lo que dejó este sábado fue una imagen incómoda para Morena: baja convocatoria, fuerte rechazo local y una polarización que, por ahora, parece fortalecer más a la gobernadora de lo que la debilita.
En el fondo, este episodio exhibe también los límites de la 4T en el norte del país, donde la narrativa de “traición a la soberanía” suele chocar con un electorado que valora resultados en seguridad por encima de discursos centralistas.
Convertir un tema delicado —la cooperación internacional contra el narcotráfico— en espectáculo electoral puede generar titulares y aplausos partidistas, pero también provocar un efecto bumerán.
Días como este dejan una advertencia clara: Chihuahua no se va a ganar únicamente con marchas, consignas y villanos prefabricados.
La calle habló… Y no dijo lo que Morena esperaba escuchar.
por Dominio Público | May 15, 2026 | Opinión, Principales
El caso del presidente municipal de Xonacatlán, Joaquín Ruíz Esquivel, lo ilustra con claridad. La compra y distribución de dulces caducos por casi dos millones de pesos en escuelas públicas, con la leyenda «De parte de tu amigo Kino” no solo fue un error administrativo.
Claudia Bolaños @claudiabola
En la política, el silencio no es neutral. Es una decisión. Y en muchos casos, una estrategia que termina costando más que cualquier declaración incómoda.
El caso del presidente municipal de Xonacatlán, Joaquín Ruíz Esquivel, lo ilustra con claridad. La compra y distribución de dulces caducos por casi dos millones de pesos en escuelas públicas, con la leyenda «De parte de tu amigo Kino” no solo fue un error administrativo, sino un riesgo directo a la salud de niñas y niños. Durante días, lo que predominó fue el vacío informativo, mientras padres de familia denunciaban posibles afectaciones.
Fue hasta una semana después del escándalo que el edil decidió hablar. Confirmó que se da seguimiento al caso y reconoció que al menos dos personas presentaron molestias estomacales tras consumir los productos. “Afortunadamente no pasó a mayores, fueron dolores de estómago y una persona pequeña presentó temperatura”, señaló. También aseguró que hubo acercamiento con las familias afectadas y coordinación con autoridades educativas para detectar posibles casos adicionales.
Sin embargo, la reacción tardía no resolvió el problema de fondo: la falta de transparencia oportuna. Porque en estos casos, no solo importa lo que se dice, sino el momento en que se dice. El silencio inicial abrió espacio a la sospecha y debilitó la credibilidad institucional.
Las preguntas siguen vigentes: ¿quién autorizó la compra?, ¿hubo controles sanitarios?, ¿qué sanciones habrá? Sin respuestas claras, el daño no es solo administrativo, también es político.
Un patrón similar se observa en el senador Adán Augusto López. Tras la detención de su exsecretario de Seguridad por presuntos vínculos con el crimen organizado, ha optado por no declarar. “No doy declaraciones”, repite. Pero el silencio no cierra el tema; lo mantiene vivo.
Cada aparición pública reactiva la misma duda: si conocía o no las actividades de su excolaborador. Al evitar responder, no solo evade la polémica, también limita su margen de acción política en otros temas.
Otro caso es el del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien tras anunciar un posible adelanto del calendario escolar guardó silencio ante la polémica. Fue la presidenta Claudia Sheinbaum quien salió a aclarar que se trataba solo de una propuesta.
Pero el impacto ya estaba hecho, y escuelas privadas comenzaron a de analizar amparos por posibles incumplimientos contractuales con padres de familia, e incluso anunciaron que no se pagarían a terminar antes el ciclo escolar.
Y es que esa situación les traería problemas financieros, pues aún faltaba el pago del último mes de colegiaturas, clave para cubrir gastos y prever el periodo vacacional. Un cambio abrupto implicaba afectaciones económicas importantes.
Y para quienes cubrieron el año por adelantado, implicaría darles una devolución.
Lejos de cerrar el tema, las declaraciones posteriores reavivaron el debate, al indicar que las escuelas no eran, palabras más, palabras menos, lugares de resguardo.
En todos estos casos hay un hilo conductor: decisiones o hechos relevantes seguidos de silencio o respuestas tardías. En un entorno de alta exigencia social, la falta de comunicación se convierte en un problema adicional.
Y Sepa La Bola, pero en paralelo, otra realidad golpea directamente a la ciudadanía: el acceso al agua.
El combate al robo y la regularización de tomas es necesario, pero su implementación ha tenido un efecto inmediato en quienes menos tienen.
Hoy, miles de familias enfrentan suministro irregular y dependen de pipas cada vez más caras.
Una pipa de cinco mil litros cuesta entre tres mil trescientos y tres mil quinientos pesos, casi el doble que antes. Los piperos explican que ahora deben cargar en puntos regularizados con largas filas, lo que reduce su capacidad de operación.
El resultado es claro: menos oferta, mayor demanda y precios más altos, con tiempos de entrega que pueden tardar días.
El problema no es la regulación, sino la falta de una estrategia integral que garantice el abasto y regule precios, un mal necesario al que no quieren entrarle. Al final, tanto el silencio institucional como la crisis del agua reflejan lo mismo: una desconexión entre las decisiones públicas y la vida cotidiana de la población. Cuando faltan respuestas y servicios, lo que se erosiona es la confianza.
por Dominio Público | May 14, 2026 | Opinión, Principales
En 1971 el periodista temía a la censura del poder. En 2026, además de eso, teme al crimen organizado, al linchamiento digital, a las campañas de odio y, en muchas regiones del país.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
El 14 de mayo de 1971 México seguía envuelto en la resaca de lo acontecido en octubre de 1968. Había un nuevo movimiento estudiantil que, si bien tenía su epicentro en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), terminó por repercutir a nivel nacional y desembocar semanas después en otro episodio trágico: el Halconazo del 10 de junio de 1971.
En lo económico, el kilo de tortilla costaba en promedio un peso; un litro de leche entre dos y dos pesos con cincuenta centavos; el litro de gasolina, cincuenta y cinco centavos; y el dólar se cotizaba a 12.50 pesos.
Una de las notas principales en los diarios era la liberación, el 13 de mayo, de más de una veintena de líderes del movimiento del 68, entre ellos Heberto Castillo.
Pero México no solamente era distinto en sus precios o en sus conflictos políticos. También lo era en la forma de informar.
El periodismo de 1971 vivía atrapado entre la censura oficial, la dependencia económica del gobierno y el miedo.
Muchos periódicos sobrevivían gracias a la publicidad gubernamental y al control del papel periódico, administrado desde el poder. Criticar al presidente no era un ejercicio común de libertad; era, muchas veces, una sentencia de asfixia financiera o de persecución política.
Las grandes noticias nacionales pasaban primero por el filtro de Gobernación antes que por el criterio editorial. Había periodistas valientes, por supuesto, pero trabajaban en un sistema diseñado para premiar la obediencia y castigar la incomodidad.
La televisión comenzaba a consolidarse como un instrumento de influencia política masiva. La narrativa oficial dominaba el espacio público. El gobierno no necesitaba desmentir demasiado: le bastaba con controlar la conversación.
Cinco décadas después, el panorama cambió por completo… y al mismo tiempo no cambió tanto.
Hoy ya no existe aquel control monolítico de la información. Las redes sociales pulverizaron el monopolio informativo. Cualquier ciudadano con un teléfono puede grabar un abuso, transmitir una protesta o desmentir una versión oficial en tiempo real. El periodista dejó de ser el único intermediario entre los hechos y la sociedad.
Eso democratizó la información, sí. Pero también abrió la puerta a una nueva selva.
La velocidad comenzó a imponerse sobre la verificación. La opinión desplazó al reporteo. El algoritmo empezó a decidir qué se vuelve relevante y qué desaparece. Y en medio de esa batalla por clics, likes y viralidad, el periodismo también perdió parte de su paciencia, de su profundidad y, en algunos casos, de su independencia.
Porque si antes el riesgo era depender del gobierno, hoy el riesgo puede ser depender de la polarización.
Muchos medios dejaron de construir audiencias para construir trincheras. Hay periodistas que parecen activistas; activistas que se presentan como periodistas; y políticos que descubrieron que pueden comunicarse directamente con millones de personas sin pasar por una conferencia de prensa incómoda.
El viejo régimen controlaba mediante el silencio. El nuevo ecosistema muchas veces controla mediante el ruido.
Y, sin embargo, hay algo todavía más preocupante.
En 1971 el periodista temía a la censura del poder. En 2026, además de eso, teme al crimen organizado, al linchamiento digital, a las campañas de odio y, en muchas regiones del país, literalmente teme por su vida. México se convirtió en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
La paradoja mexicana es brutal: nunca habíamos tenido tantas herramientas para informar y nunca había sido tan difícil ejercer un periodismo libre, profesional y sostenible.
Hoy cualquiera puede publicar. Pero no cualquiera investiga. No cualquiera verifica. No cualquiera resiste.
Y quizá ahí está la diferencia más importante entre aquel México de 1971 y el de hoy.
Antes la batalla era por abrir espacios para decir la verdad. Ahora la batalla también consiste en distinguirla entre millones de voces, versiones, intereses y manipulaciones.
El periodismo mexicano cambió de uniforme, de plataformas y de velocidad. Pasó del plomo de las rotativas a la inmediatez del teléfono celular. De la nota impresa del día siguiente al video en vivo de treinta segundos. Pero su responsabilidad sigue siendo exactamente la misma: incomodar al poder, explicar la realidad y evitar que la sociedad termine confundiendo propaganda con información.
Porque al final, más allá de gobiernos, tecnologías o generaciones, un país mal informado sigue siendo un país más fácil de manipular.
Ahora se preguntarán el motivo del título de esta colaboración. El 14 de mayo de 1971, en el hospital Gabriel Mancera, del entonces Distrito Federal nací yo.
