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Una democracia necesita servidores públicos dispuestos a recibir tanto el reconocimiento como la crítica. Si cada inconformidad encuentra de inmediato una justificación, el diálogo pierde sentido.

Miguel Camacho @mcamachoocampo

El lunes pasado caminaba por las calles de mi pueblo cuando una mujer se acercó con mucha amabilidad. Se presentó como Servidora de la Nación y me pidió que calificara el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum.

—Mal —respondí.

Me preguntó por qué.

Le hablé de cuatro temas que, desde mi punto de vista, siguen siendo los grandes pendientes del país: el combate a la corrupción, la salud, la educación y la seguridad.

Pensé que anotaría mis respuestas y seguiría con la encuesta. No fue así.

De inmediato comenzó a hablarme del telebachillerato del pueblo. Me dijo que el Gobierno había destinado 600 mil pesos para esa escuela.

Le respondí que el telebachillerato no tiene edificio propio. Comparte las instalaciones de la telesecundaria.

Entonces me explicó que el dinero podía utilizarse para construir el plantel porque ya existe un terreno. Agregó que, si la obra no arrancaba, era porque el pueblo no había concluido los trámites. También comentó que, mientras tanto, el recurso podía destinarse a la compra de equipo.

No pude evitar preguntarle:

—¿Y dónde van a poner ese equipo si no hay edificio?

La conversación terminó unos minutos después, pero yo seguí dándole vueltas.

Tuve la impresión de que el propósito ya no era conocer mi opinión, sino convencerme de que estaba equivocado. En cuanto expresé una crítica, apareció una explicación. No hubo interés por entender las razones de mi respuesta, sino por rebatirlas.

Aquella charla también me hizo pensar en el programa de apoyo a las escuelas. Si el recurso realmente está asignado, hace falta mayor rigor para decidir cómo y cuándo se ejerce. No tiene sentido destinar dinero para mejorar un plantel que todavía no existe o comprar equipo cuando no hay dónde instalarlo ni resguardarlo. Primero debe existir la escuela; después vendrán el mobiliario y el equipo. Así de sencillo.

No pongo en duda que haya programas que beneficien a muchas comunidades. Lo que cuestiono es la idea de que anunciar recursos equivale a resolver un problema. Una cosa es informar cuánto dinero se autorizó y otra muy distinta que ese dinero se traduzca en una mejora para la gente.

En política hay quienes prefieren persuadir antes que escuchar. Y esa diferencia importa. Una democracia necesita servidores públicos dispuestos a recibir tanto el reconocimiento como la crítica. Si cada inconformidad encuentra de inmediato una justificación, el diálogo pierde sentido.

México necesita servidores de la nación. Lo que no necesita son «evangelizadores» de una narrativa.

Porque gobernar no consiste en convencer a los ciudadanos de que todo marcha bien. Consiste en resolver los problemas que les preocupan.