Pongamos El Desorden: Las cuatro patas del caso Chihuahua
La 4T ha buscado que el gobierno estatal, y particularmente la gobernadora, cargue con la responsabilidad principal. Sin embargo, este asunto tiene **cuatro patas**, y ninguna de ellas se sostiene por completo.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Este martes, cuando estas líneas vean la luz, es muy probable que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el fiscal general del estado se encuentren —o sean esperados— ante un grupo de senadores para explicar la presencia de agentes de la CIA en un operativo policial realizado en la zona serrana.
Nadie habría conocido los detalles de no ser por el accidente ocurrido en el barranco de El Pinal, donde perdieron la vida el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, su escolta y dos estadounidenses identificados por medios internacionales como agentes de la CIA. Algunos reportes señalan que hasta cuatro elementos de la agencia podrían haber participado en la zona.
El operativo permitió desmantelar un importante narcolaboratorio, pero el verdadero escándalo radica en la irregular participación de agentes extranjeros y en las versiones contradictorias sobre quién autorizó su presencia y quién estaba enterado de ella.
La 4T ha buscado que el gobierno estatal, y particularmente la gobernadora, cargue con la responsabilidad principal. Sin embargo, este asunto tiene **cuatro patas**, y ninguna de ellas se sostiene por completo.
Primera pata: El gobierno de Chihuahua
Si las autoridades estatales invitaron o permitieron la participación operativa de agentes de la CIA sin la acreditación formal correspondiente, incurrieron en una violación a la Ley de Seguridad Nacional y a las facultades exclusivas que la Constitución otorga a la Federación en materia de inteligencia y soberanía.
Las explicaciones iniciales, que hablaban de “instructores de drones”, perdieron credibilidad al confirmarse que los estadounidenses viajaban en el mismo convoy que el director de la AEI. La creación de una unidad especial de investigación interna, encabezada por personal de la propia fiscalía, ha generado la percepción de que se busca más el control del daño que una investigación transparente.
Segunda pata: Los órganos de inteligencia y seguridad federales
Resulta poco convincente que el CNI, Defensa, Marina, Guardia Nacional y el gabinete de seguridad nacional ignoraran por completo la presencia y operación de agentes estadounidenses en la sierra de Chihuahua, máxime cuando diversos reportes indican que no habría sido la primera ocasión durante 2026.
Tanto el gobierno estatal como el federal tienen la obligación de ser completamente transparentes con la ciudadanía y rendir cuentas claras. Ninguna de las dos instancias puede permitirse opacidad, porque eso solo alimenta especulaciones y desconfianza. La insistencia federal en que “no sabían nada” deja más dudas que respuestas y apunta, cuando menos, a una seria falla de coordinación.
Tercera pata: El uso político por parte de la 4T
El gobierno federal y Morena han visto en este caso una oportunidad política clara. Las declaraciones que ubican la principal responsabilidad en el gobierno estatal, los citatorios en el Senado y las advertencias sobre el respeto a la soberanía parecen tener un doble objetivo: presionar a gobernadores opositores y desviar la atención de las dificultades del propio gobierno federal para mantener el control territorial en varias regiones del país.
Cuarta pata: Estados Unidos y la CIA
Washington ha actuado, como en otras ocasiones, como si las leyes mexicanas fueran flexibles cuando están en juego sus intereses de seguridad nacional. Uno de los agentes ingresó con pasaporte diplomático y otro como turista. La CIA opera bajo la lógica de que la amenaza del narcotráfico justifica saltarse los protocolos formales, aprovechando las limitaciones históricas de México para controlar plenamente su territorio.
Más allá de discursos sobre traición a la patria o entrega de soberanía, el incidente de Chihuahua revela, ante todo, una grave falta de coordinación entre el gobierno federal y el estatal, agravada por la intromisión estadounidense y el oportunismo político de los involucrados.
Tanto el gobierno de Chihuahua como el federal tienen la obligación impostergable de rendir cuentas con total transparencia. Solo así se evitarán especulaciones y se podrá esclarecer realmente lo ocurrido. Convertir este trágico accidente en un instrumento para golpear políticamente a Maru Campos, mientras se minimiza la posible omisión federal y la actuación irregular de la CIA, solo contribuye a enrarecer el ambiente y aleja las soluciones reales.
Al final, los más afectados son los ciudadanos de Chihuahua, que continúan enfrentando la presencia del crimen organizado mientras sus gobernantes disputan la narrativa.
La soberanía no se defiende con comparecencias mediáticas ni con declaraciones grandilocuentes. Se construye con instituciones sólidas, coordinación efectiva y resultados concretos en la lucha contra el crimen. Por ahora, en las cuatro patas del caso Chihuahua, abunda más el circo político que las respuestas serias.
