Logo blanco Dominio Público

Jorge Álvarez Máynez declaró que Rubén Rocha y los funcionarios señalados por nexos con el Cártel de Sinaloa deben enfrentar a la justicia sin fuero

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, y el diputado Gibrán Ramírez Reyes presentaron formalmente una solicitud para iniciar el proceso de desafuero contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La petición surge tras los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que vinculan a la administración estatal con la facción de «Los Chapitos».

A través de sus canales oficiales, Álvarez Máynez difundió la fotografía del documento entregado ante las autoridades competentes, señalando que los servidores públicos involucrados deben perder su inmunidad procesal para enfrentar las investigaciones correspondientes por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La solicitud de desafuero no se limita al titular del Ejecutivo estatal; incluye a una red de funcionarios y mandos que aparecen en los expedientes de las autoridades estadounidenses:

  • Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa.
  • Enrique Inzunza Cázarez, senador y ex secretario general de Sinaloa.
  • Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
  • Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía General de Sinaloa.
  • Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa.
  • Alberto Jorge Contreras Núñez (“Cholo”), ex jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa.
  • Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
  • José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”), ex subdirector de la Policía de Sinaloa.
  • Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
  • Juan Valenzuela Millan, ex comando de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.

Movimiento Ciudadano argumenta que la gravedad de las imputaciones, que incluyen la protección operativa y financiera a grupos delictivos, imposibilita que los señalados permanezcan en sus cargos bajo la protección del fuero constitucional.