por Dominio Público | May 28, 2026 | Opinión, Principales
Lo que comenzó como un citatorio “en calidad de testigo” se convirtió rápidamente en un caso político de alto voltaje.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Este miércoles la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se presentó en las oficinas de la Fiscalía General de la República, en la colonia Doctores de la Ciudad de México, para responder a un citatorio que le fue entregado el pasado sábado en la capital del estado.
A la mandataria se le convocó en calidad de testigo dentro de la investigación federal relacionada con la muerte de dos agentes vinculados a la CIA, tras un operativo en la Sierra Tarahumara donde fue desmantelado un narco laboratorio.
Después de verla entrar a la FGR, me surgieron dos preguntas inevitables:
¿Está naciendo una nueva figura nacional?
¿O estamos viendo únicamente una jugada política cuidadosamente calculada en tiempos de precampañas adelantadas?
Vamos por partes.
Lo que comenzó como un citatorio “en calidad de testigo” se convirtió rápidamente en un caso político de alto voltaje. La defensa de Maru Campos denunció inconsistencias jurídicas en el documento, argumentando que mezclaba figuras correspondientes a un imputado mientras formalmente se le citaba como testigo.
Pero el problema dejó de ser solamente jurídico desde hace días.
Porque aquí ya no se discute únicamente un operativo en la Sierra Tarahumara. Se trata de una guerra sin cuartel de la 4T por conquistar la gubernatura del estado el año entrante.
Maru decidió acudir en la Ciudad de México con un mensaje claro y contundente:
“Esto es persecución política por combatir al narco”.
Hay que reconocer algo: políticamente, el movimiento le funcionó.
Arropada por figuras visibles del PAN —desde Jorge Romero hasta Ricardo Anaya— transformó un trámite judicial en un acto de desafío político abierto frente al gobierno federal. Su frase más repetida en estos días:
“Protegen a los criminales y persiguen a quienes cumplimos con nuestro deber”,
encuentra eco en un país agotado por la violencia, la impunidad y la percepción de una justicia selectiva.
Pero también hay que decirlo: ella contribuyó parcialmente a la confusión que hoy la rodea.
Sus declaraciones públicas han mostrado contradicciones importantes. Primero aseguró no tener conocimiento sobre la participación de agentes extranjeros; después reconoció que existe colaboración internacional necesaria en materia de seguridad. Ese cambio de narrativa le dio a Morena argumentos para acusarla de jugar con temas delicados de soberanía nacional y de intentar victimizarse políticamente.
Y seamos sinceros: en México pocos políticos desperdician la oportunidad de convertirse en perseguidos cuando les puede resultar rentable.
Mientras tanto, el contraste con otros casos —como el del gobernador Rubén Rocha Moya— fortalece la percepción de que en México la justicia suele aplicarse con distinta intensidad dependiendo del color político.
Y ahí es donde el caso deja de ser exclusivamente judicial para convertirse en un fenómeno político nacional.
Porque más allá del escándalo mediático, Chihuahua bajo el gobierno de Maru Campos presenta indicadores que sus simpatizantes presumen con insistencia. Uno de los más relevantes: el saneamiento financiero del estado. A eso se suma una narrativa de gestión, orden administrativo y confrontación directa contra grupos criminales.
Es la primera mujer gobernadora de Chihuahua y ha construido una imagen de liderazgo firme, particularmente bien valorada en sectores empresariales y en parte del norte del país.
Y mientras el PAN sigue sin encontrar una figura nacional clara rumbo a 2030, Maru parece haber entendido algo fundamental: en México, muchos liderazgos opositores no se construyen gobernando… se construyen confrontando.
¿Es la heroína que México esperaba?
Probablemente no en el sentido épico o romántico.
Pero sí podría representar el tipo de liderazgo que muchos mexicanos, cansados de la polarización, de la inseguridad y de la guerra política permanente, están dispuestos a considerar: una figura pragmática, frontal y dispuesta a pelear políticamente contra el poder federal.
El tiempo dirá si esta resistencia nace de una convicción auténtica… o de una estrategia brillantemente ejecutada.
por Dominio Público | May 27, 2026 | Nacional, Principales
Señaló que las investigaciones continúan para esclarecer bajo qué mecanismos se desarrolló la colaboración entre autoridades estatales y personal extranjero.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los agentes estadounidenses que sobrevivieron al accidente ocurrido en Chihuahua, durante un operativo contra laboratorios clandestinos, fueron expulsados del país tras detectarse que participaban en actividades sin autorización del gobierno federal.
La mandataria explicó que la presencia y actuación de agentes extranjeros en territorio nacional debe apegarse a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, por lo que cualquier operación requiere autorización y coordinación con las autoridades federales mexicanas.
Sheinbaum indicó que el gobierno federal revisó el caso luego del accidente registrado en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos que participaban en un operativo contra el narcotráfico.
Señaló que las investigaciones continúan para esclarecer bajo qué mecanismos se desarrolló la colaboración entre autoridades estatales de Chihuahua y personal extranjero.
La presidenta sostuvo que México mantiene cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero reiteró que ésta debe realizarse con respeto pleno a la soberanía nacional y dentro del marco legal vigente. También señaló que el gobierno estadounidense ya respondió a la nota diplomática enviada por México tras el caso.
El caso derivó en investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República y en cuestionamientos sobre la participación de agentes extranjeros en operativos locales sin conocimiento del gobierno federal.
por Dominio Público | May 27, 2026 | Nacional, Principales
La mandataria aseguró que su administración ha colaborado sin reservas con las autoridades federales.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, afirmó que existe un uso político de las instituciones federales en su contra y denunció un intento de fabricarle un caso por parte de la Fiscalía General de la República.
Al ofrecer un posicionamiento público, sostuvo que fue citada recientemente bajo la figura de “testigo”, lo que calificó como una simulación con la finalidad de convertirla en inculpada. Señaló que en el proceso no se respetaron las formas legales ni la protección constitucional de su cargo.
“Se me cita bajo la simulación de ser una ‘testigo’, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpada”, expresó.
La mandataria aseguró que su administración ha colaborado sin reservas con las autoridades federales y defendió su gestión al señalar que ha trabajado en favor de las familias del estado.
En su mensaje, criticó lo que consideró un “doble rasero” del gobierno federal, al comparar su situación con la de funcionarios de Sinaloa que, dijo, enfrentan señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Afirmó que mientras a ella se le persigue sin acusaciones formales, otros casos reciben un trato distinto.
“Hoy, a mí me citan tramposamente para declarar; mientras a quienes tienen órdenes de aprehensión en Estados Unidos por vínculos con el narco, los invitan a tener ‘entrevistas amigables’”, señaló.
La gobernadora también acusó un clima de autoritarismo y advirtió sobre la vulneración de derechos en el país. Indicó que su caso no es aislado y llamó a la ciudadanía a no normalizar la violencia, la impunidad ni las acciones del gobierno que, a su juicio, afectan las libertades.
“Hoy no hablo por mí, hablo por México”, afirmó al reiterar que enfrentará cualquier señalamiento y que no se ocultará ante las autoridades.
Finalmente, hizo un llamado a la sociedad a defender las libertades y cuestionó qué acciones se tomarán de manera conjunta ante lo que describió como un intento de persecución política.
por Dominio Público | May 26, 2026 | Nacional, Principales
El documento ingresó este 26 de mayo y que el procedimiento legislativo establece un plazo de tres días para que los promoventes ratifiquen la denuncia.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que recibió la Secretaría General una solicitud de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por permitir presuntamente operaciones en la CIA en territorio nacional.
La legisladora panista, precisión que este oficio fue presentado por 11 ciudadanos, que también se identifican como diputados locales del Congreso de Chihuahua.
En entrevista con medios, explicó que el documento ingresó este 26 de mayo y que el procedimiento legislativo establece un plazo de tres días para que los promoventes ratifiquen la denuncia.
“Me acaban de pasar hace unos minutos el documento. Sí, tiene, dice, recibí 26 de mayo a las 9:51 esta solicitud de escrito inicial de juicio político”, detalló.
Indicó que, una vez presentada la solicitud, el siguiente paso procesal es la ratificación formal del escrito.
“En términos procedimentales tienen tres días para ratificarla”, explicó.
Señaló que, si el documento es ratificado, el expediente será turnado a la Subcomisión de Examen Previo, instancia encargada de revisar la procedencia de este tipo de recursos.
Al cuestionarles sobre quiénes promovieron el recurso, la diputada indicó que se trata de “11 ciudadanos” y posteriormente aclaró que firmaron “en carácter de diputados locales del Congreso de Chihuahua”.
Sin embargo, dijo que en la primera hoja del documento no se especifica el partido político al que pertenecen los promoventes.
“No cuando menos en esta primera hoja, no dice de qué partido político son”, concluyó.
