Vecinos de este municipio reportan que Mauro Jáuregui se deja ver con frecuencia los fines de semana.
A siete meses de haberse fugado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas no ha logrado ubicar ni capturar al expresidente municipal de Apulco, Mauro Jáuregui, acusado de homicidio y de mantener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Mientras la Fiscalía y su titular, Cristian Paul Camacho Osnaya, insisten en que existe un operativo coordinado para dar con su paradero, vecinos de Nochistlán reportan que Jáuregui se deja ver con frecuencia los fines de semana, divirtiéndose en centros nocturnos de la localidad como si nada ocurriera.
Testigos aseguran que el exalcalde, quien llegó al poder bajo la bandera de Movimiento Ciudadano, siempre se encuentra acompañado por dos hombres armados, con quienes entra a los bares donde se reúne con amigos cercanos.
Apenas en abril, Dominio Público Noticias publicó un video y varias fotografías que muestran a Mauro Jáuregui en distintos bares de Nochistlán: relajado, bebiendo, bailando y conviviendo, a pesar de que oficialmente está prófugo de la justicia.
Las imágenes dejan en evidencia no sólo su impunidad, sino la aparente protección de la que goza tanto él como el CJNG en Nochistlán, zona controlada por “El Geras”, líder regional del grupo criminal, quien presuntamente tiene bajo su poder a la policía municipal.
Cabe recordar que el 28 de noviembre del año pasado, Mauro estuvo a punto de ser detenido por elementos de la Guardia Nacional, pero logró escapar. En la camioneta en la que viajaba se encontraron un arma y un pasaporte a su nombre.
Este medio dio a conocer que desde que fue desaforado por el Congreso del Estado en octubre, Mauro Jáuregui no ha salido del área de Nochistlán-Apulco, lo cual deja al descubierto las deficiencias del trabajo de inteligencia de la Fiscalía estatal.
Incluso, el propio fiscal Camacho Osnaya declaró públicamente que se había solicitado la emisión de una ficha roja de Interpol para su localización internacional. Sin embargo, no ha sido necesario ir tan lejos: el acusado nunca dejó el territorio donde opera con libertad “El Geras”, quien circula abiertamente en convoyes con camionetas blindadas o vestido con uniforme táctico.
Ambos, Mauro Jáuregui y El Geras, fueron señalados directamente por Yaneth Morales, exalcaldesa de Apulco, como responsables de cualquier daño que pudiera sufrir. A finales de marzo, Yaneth fue encontrada sin vida dentro de su camioneta. Los peritajes confirmaron que fue asesinada y que su cuerpo fue acomodado para simular un accidente.
Jalisco está bajo el control de un gobierno ausente, que prefiere jugar con la imagen pública en lugar de ofrecer soluciones reales a la creciente ola de violencia que azota el estado.
Raúl García Araujo @araujogar
Mientras la sangre corría por las calles de Teocaltiche y Villa Hidalgo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, seguía ocupado en sus aspiraciones políticas con su silencio cómplice.
Mientras los pobladores eran asesinados, secuestrados y desaparecidos, el secretario de Seguridad Pública del estado, Juan Pablo Hernández, se dedicaba a lanzar discursos vacíos sobre “estrategias” que nunca fueron vistas y menos sentidas por los habitantes de esos municipios. Y, por supuesto, los “resultados” nunca llegaron.
Desde el 19 de febrero, cuando las Comisarías de Teocaltiche y Villa Hidalgo fueron intervenidas, ambos municipios fueron tomados de manera abierta, brutal y sostenida por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). No se trató de una presencia aislada, sino de una ofensiva criminal, devastadora, en toda regla: dieciocho muertos, entre ellos el director de la policía local, Ramón Grande Moncada, y el activista Juan Pablo Alonso.
¿Qué hicieron las autoridades estatales ante semejante masacre? Nada. Mientras las familias lloraban a sus muertos, Lemus y Hernández administraban los daños del desastre desde la distancia, cómodos en sus oficinas, mirando hacia otro lado.
El despliegue de la Policía Estatal, por su parte, fue más bien una puesta en escena, una farsa, sin objetivos, por lo que nunca logró resultados concretos. La policía estuvo presente en la zona, sí, pero no detuvo a nadie, no desmanteló ninguna célula criminal. Los criminales del CJNG se movían a sus anchas, como si la región fuera suya, como parece lo es porque en ese momento, la única presencia palpable en la zona no era la del gobierno de Jalisco, sino la de los narcotraficantes que tomaron el control sin ningún obstáculo.
La llegada, el pasado fin de semana, de la Guardia Nacional y el Ejército a la región, con cerca de 40 unidades, trajo un respiro, una esperanza para la población que ya había sido aplastada por el terror durante demasiado tiempo. La gente salió a las calles, por fin con algo de confianza, pensando que tal vez, por fin, la pesadilla podría terminar. Pero esa pequeña esperanza no cayó bien en quienes se beneficiaban de la violencia: el crimen organizado y, posiblemente, en aquellos que dentro del poder, prefieren mirar para otro lado.
No pasó mucho tiempo antes de que las reacciones comenzaran. Aparecieron mantas acusando a elementos de la Guardia Nacional de estar coludidos con los criminales. Lo que resulta aún más escandaloso es que esas mantas tienen el mismo formato, la misma tipografía, el mismo diseño, que las que se colocaron previamente, aquellas que “agradecían” la presencia de la Policía Estatal.
¿Una casualidad? Difícilmente. El mensaje es claro: el mismo grupo de actores, tal vez los mismos cómplices, intentan manipular la percepción pública y desprestigiar a quienes, finalmente, están actuando para proteger a los ciudadanos.
El colectivo «Frente Teocaltiche Por Nuestra Gente» ha sido claro al respecto: esas mantas no fueron colocadas por la comunidad, no representan el sentir ni la voluntad del pueblo. Más bien, son una maniobra para confundir, desinformar y desvirtuar la verdad. Son una táctica para deslegitimar a los que intentan recuperar el control en una región que ya estuvo perdida por completo durante meses.
Lo que queda al descubierto, una vez más, es la colusión, en el mejor de los casos, por omisión. Porque cuando un gobierno se niega a actuar, cuando sus responsables de seguridad se ocultan tras discursos vacíos y promesas incumplidas, y cuando los criminales se mueven libremente sin el mínimo obstáculo, la frontera entre incompetencia y complicidad se difumina fácil y peligrosamente.
Pablo Lemus ha dejado claro, con sus actos y omisiones, que le importa más jugar a la política y participar en el juego del avestruz cuando los problemas de inseguridad se multiplican ante sus ojos. El gobernador de Jalisco prefiere ignorar la realidad y refugiarse en la inacción, dejando que los crímenes se apoderen del territorio y las víctimas se multipliquen.
Pablo Lemus
Por su parte, Juan Pablo Hernández, el secretario de Seguridad Pública, ha sido un espectador mudo ante el baño de sangre en Teocaltiche y Villa Hidalgo. No ha movido un dedo, no ha ofrecido soluciones efectivas, y mucho menos ha mostrado algún tipo de liderazgo. Su inacción, motivada o no, y su falta de respuesta han dejado claro que, en su visión, el problema de la violencia no es una prioridad, mucho menos la seguridad de los jaliscienses.
Jalisco está bajo el control de un gobierno ausente, que prefiere jugar con la imagen pública en lugar de ofrecer soluciones reales a la creciente ola de violencia que azota el estado. Este es un gobierno inoperante, que ha dejado que la delincuencia crezca y se establezca sin control. La pregunta es clara y urgente: ¿cuántos muertos más harán falta para que Lemus y Hernández se tomen en serio su responsabilidad?
Este gobierno no solo ha fallado, ha traicionado a los jaliscienses. Y si el gobernador y su secretario de Seguridad continúan mirando hacia otro lado, la cuenta de víctimas seguirá creciendo. Es hora de que la ciudadanía haga oír su voz y exija un cambio real en la seguridad de Jalisco. Porque, hasta ahora, lo único claro es que quienes deberían protegerlos, han decidido no hacerlo.
En Cortito: Nos cuentan que sigue la anarquía en la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México con los ambulantes ante la «complacencia» del desgobierno de Giovanni Gutiérrez. Y ya salió el peine de porque los ambulantes salen de un día para otro y toman las banquetas y vialidades, incluso las más importantes, como todo Avenida Aztecas y calles que la atraviesan, arrojando a los peatones al arroyo vehicular. El peine es que Giovani trae una «cruzada extorsiva» con estos personajes, a quienes están pidiendo moches, dependiendo el sapo la pedrada, pero esto va desde los cinco mil a los pequeños hasta los 50 o 100 mil a los grandes. Esto ya ha generado reacciones de los comerciantes establecidos, los ambulantes, como no pagan impuestos, se someten fácilmente a las «peticiones» de la gente de Giovanni Gutiérrez.
Este municipio ha sido completamente entregado al crimen organizado, particularmente al Cártel Jalisco Nueva Generación, sin que el Gobierno del Estado haya logrado articular ni una respuesta mínima. No hay estrategia, no hay presencia real, no hay voluntad.
Raúl García Araujo @araujogar
El asesinato del director de la Policía Municipal de Teocaltiche, Jalisco, Ramón Grande Moncada, ocurrido ayer por la tarde, cuando acudía a un evento del ayuntamiento acompañado de su esposa, es indignante. Este crimen es aún más grave porque se supone que la Secretaría de Seguridad del Estado mantiene un despliegue especial de vigilancia en el municipio desde el 19 de febrero.
Indigna y enoja porque, al parecer, de nada sirven las palabras y los boletines oficiales cuando no se puede garantizar la seguridad ni de los ciudadanos ni de los mismos policías a quienes relevaron.
Desde hace dos meses, casi una veintena de asesinatos se han registrado en Teocaltiche, incluidos los de dos policías locales, quienes quedaron expuestos a merced de los criminales. Estos pueden entrar al pueblo como si nada y atacarlos, pues la Policía Estatal no ha demostrado eficacia alguna.
A pesar de los discursos y entrevistas llenas de promesas, la realidad en Jalisco grita más fuerte que cualquier boletín oficial. El gobierno de Pablo Lemus Navarro ha fracasado rotundamente en su principal obligación como gobernador: garantizar la seguridad y el orden público. Lo peor es que este colapso no ha sido producto de años de desgaste institucional, sino que ha ocurrido en apenas cuatro meses: cuatro meses de simulación, omisiones e incapacidad flagrante.
Pablo Lemus
El caso de Teocaltiche se ha convertido en el símbolo más claro del abandono estatal. Este municipio ha sido completamente entregado al crimen organizado, particularmente al Cártel Jalisco Nueva Generación, sin que el Gobierno del Estado haya logrado articular ni una respuesta mínima. No hay estrategia, no hay presencia real, no hay voluntad. Lo que hay es miedo, silencio oficial y complicidad tácita.
Desde febrero, cuando la Policía Estatal —bajo el mando del secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández— asumió el supuesto control de la zona, se han registrado al menos 18 homicidios violentos. Hasta ahora, no se ha detenido a nadie por estos crímenes, que incluyen los de policías, menores de edad y civiles inocentes.
Resulta patético y ofensivo que el propio secretario Hernández reconozca públicamente el aumento en robos y asesinatos en Teocaltiche y Villa Hidalgo, como si se tratara de una simple estadística más en su informe mensual. Esa declaración, lejos de mostrar transparencia, confirma la parálisis de las instituciones. Si sabe lo que ocurre y no actúa, es cómplice por omisión. Y si no sabe cómo responder, entonces ya es hora de que renuncie.
Pero la responsabilidad no termina ahí. La Fiscalía General del Estado, encabezada por Salvador González, ha mostrado una desvergüenza institucional que raya en lo criminal. En lugar de investigar con rigor, su labor ha consistido en encubrir, minimizar y postergar la verdad. El caso del activista Juan Pablo Alonso Estrada, asesinado el 30 de marzo, es un claro ejemplo. Pasaron cinco días antes de que su muerte fuera confirmada oficialmente. ¿La razón? Nadie lo explica. ¿Los avances? No existen. ¿La justicia? Brilla por su ausencia.
Alonso Estrada no era un ciudadano cualquiera; era una voz incómoda que había denunciado valientemente la presencia del crimen y la inacción del gobierno. Fue ignorado por las autoridades en vida, y ahora su muerte ha sido cubierta con el mismo desprecio institucional. Su ejecución no solo fue un acto de barbarie, sino también una advertencia sobre lo que ocurre cuando el Estado renuncia a su función más básica: proteger a quienes lo necesitan.
Y la historia se repite. Hace unos días, cuatro cuerpos ejecutados fueron encontrados en una finca de la colonia El Barrio. La noticia se difundió primero por redes sociales, impulsada por vecinos desesperados. La Fiscalía, fiel a su estilo, guardó silencio durante casi 24 horas. Cuando finalmente emitió un comunicado, lo hizo sin datos, sin contexto y sin compromiso, como si fuera una molestia tener que dar explicaciones.
En medio de todo esto, el gobernador Pablo Lemus Navarro ha optado por una estrategia que ya no engaña a nadie: la distracción. Mientras en Teocaltiche hay balaceras, en Casa Jalisco se realizan ruedas de prensa sobre turismo. Mientras los activistas son asesinados, el Ejecutivo estatal se toma fotos inaugurando eventos deportivos. Su prioridad no es la seguridad, sino su imagen. Y mientras más se enfoca en eso, más se derrumba el estado que prometió gobernar.
La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿qué tanto de este abandono es incapacidad, y qué tanto es conveniencia? ¿Es el gobierno de Lemus simplemente incompetente, o ha decidido no enfrentarse al crimen organizado porque hacerlo implica riesgos políticos y personales? Cuando la omisión es sistemática, cuando el silencio se convierte en política pública, la línea entre ineptitud y complicidad se vuelve peligrosamente difusa.
La situación es tan grave que ya no basta con esperar respuestas locales. La presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, deben intervenir con urgencia. La gobernabilidad en Jalisco está rota. Las instituciones han sido rebasadas. La ciudadanía está sola. Y no podemos permitir que esta situación se normalice. Hoy es Teocaltiche, mañana será cualquier otro municipio.
Pablo Lemus, Juan Pablo Hernández y Salvador González no están a la altura del desafío. Su permanencia en el cargo es, hoy por hoy, parte del problema. Jalisco necesita liderazgo real, compromiso auténtico y, sobre todo, acción. Porque cuando el narco impone su ley y el Estado calla, no estamos frente a una crisis de seguridad: estamos frente a la renuncia absoluta del deber público.
En Cortito: Nos cuentan que la Feria de la Primavera 2025 arrancó con fuerza en Cuernavaca, dejando claro que sigue siendo uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del estado de Morelos.
Miles de personas, entre habitantes y visitantes, asistieron a la tradicional cabalgata y al acto inaugural, marcando el inicio de una celebración que busca resaltar la identidad local, dinamizar la economía y proyectar estabilidad.
El presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado, encabezó el evento inaugural, acompañado por representantes de los distintos niveles de gobierno. En su mensaje, subrayó la relevancia de la feria como símbolo de colaboración institucional y desarrollo social, destacando que su realización refleja el compromiso de su administración con la promoción cultural y la recuperación de espacios públicos para el disfrute ciudadano.
Uno de los puntos que más destacó fue el operativo de seguridad implementado para garantizar un ambiente tranquilo. Según el reporte oficial, el pasado fin de semana se registró una asistencia de aproximadamente ocho mil personas, sin incidentes que lamentar. La coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y otras instancias permitió mantener un saldo blanco, lo cual fue reconocido por las autoridades y por diversos sectores de la ciudadanía.
El funcionario de Jalisco no solo ha demostrado una alarmante falta de liderazgo, sino que parece completamente desconectado de la gravedad del momento.
Mientras el secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, ofrece declaraciones vacías y promesas que suenan a burla, en Teocaltiche siguen desaparecidos cuatro policías y un chofer, y sus familias —como la ciudadanía— sobreviven entre el miedo, la impunidad y el abandono institucional. ¿Cuántos muertos más se necesitan para que el Estado actúe con seriedad?
A casi dos meses de la desaparición de ocho policías municipales que se dirigían a Guadalajara para presentar sus exámenes de control y confianza, el secretario apenas “adelanta” que en los próximos días empezarán a aplicar las pruebas en Teocaltiche y Villa Hidalgo. Lo dice como si no cargara ya con el costo de cuatro elementos asesinados y otros cinco que no han vuelto a casa.
La inacción no solo es escandalosa: es criminal. ¿Dónde estaba el control estatal antes del 18 de febrero? ¿Quién autorizó que los policías viajaran solos, por carretera, en una de las regiones más peligrosas del estado? ¿Qué clase de estrategia permite que corporaciones enteras operen sin evaluaciones vigentes y sin ningún tipo de supervisión real?
El secretario Juan Pablo Hernández no solo ha demostrado una alarmante falta de liderazgo, sino que parece completamente desconectado de la gravedad del momento. Su discurso burocrático, plagado de frases condicionadas como “en próximos días”, “pudiéramos empezar” o “una vez estén acreditados”, es una bofetada a las víctimas y a la sociedad jalisciense.
Bajo su gestión, la seguridad pública en Jalisco ha dejado de ser una prioridad real para convertirse en una simulación grotesca, sostenida con ruedas de prensa, comunicados reciclados y un lenguaje técnico que disfraza la falta total de resultados. El caso de Teocaltiche es solo la punta del iceberg: un reflejo doloroso de lo que pasa cuando la autoridad se ausenta, cuando la omisión se vuelve política de Estado y cuando la vida de los policías —y de los ciudadanos— vale menos que una promesa incumplida.
Hernández ha sido incapaz de garantizar condiciones mínimas para el ejercicio policial, mucho menos para reconstruir la confianza de una población golpeada por el crimen. Su propuesta de reentrenamiento es tan absurda como tardía: no se puede reentrenar a policías que ya están muertos. No se puede hablar de control y confianza cuando su propia Secretaría ni siquiera puede proteger a quienes se supone deben protegernos.
Hoy, más que nunca, es urgente dejar de normalizar esta cadena de negligencias. La situación exige rendición de cuentas, renuncias y un cambio profundo en la manera de entender la seguridad pública en el estado. Porque mientras Juan Pablo Hernández sigue hablando de calendarios, en Teocaltiche siguen esperando justicia.
Empresarios locales denuncian que están al borde de quebrar en sus negocios.
La economía local de Teocaltiche, un municipio ubicado en la región Altos Norte de Jalisco, enfrenta una de las peores crisis de su historia reciente.
A la par del deterioro en la seguridad pública, el avance del crimen organizado ha generado un impacto devastador en las actividades económicas tradicionales, provocando incertidumbre, miedo y una creciente parálisis en sectores clave para la comunidad.
Uno de los sectores más afectados es el de los talleres artesanales dedicados a la elaboración de sombreros, una tradición profundamente arraigada en la identidad del municipio.
Estos talleres, en su mayoría negocios familiares que han pasado de generación en generación, hoy se ven amenazados por las extorsiones, amenazas y violencia ejercidas por grupos criminales.
Empresarios locales denuncian que están al borde del colapso, no solo por el riesgo personal que enfrentan, sino por la posibilidad de perder el sustento de cientos de familias que dependen de esta industria.
“Ahorita hay poco trabajo, nuestros clientes tienen miedo de entrar a Teocaltiche porque pueden se secuestrados por integrantes del crimen organizado y eso ha provocado la caída de nuestras ventas”, relataron trabajadores del sector a Dominio Público Noticias.
Tal situación demuestran la importancia de esta actividad artesanal no solo como símbolo cultural, sino como motor económico para la comunidad.
La situación se agrava por la falta de acción por parte de las autoridades estatales. Habitantes de Teocaltiche acusan la ausencia del gobernador Pablo Lemus Navarro y de su gabinete de seguridad, quienes, según denuncian, no han implementado estrategias efectivas para contener la violencia ni para proteger a los ciudadanos.
Esta omisión ha permitido que el crimen organizado, en particular el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), opere con total impunidad.
El Geras
Según múltiples testimonios, miembros de este grupo delictivo no solo ejercen control territorial, sino que también estarían actuando en complicidad con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco. Las denuncias incluyen casos de asesinatos, secuestros y extorsiones, lo cual ha sembrado el terror entre los habitantes y ha contribuido al debilitamiento del tejido social y la economía local.
El impacto de esta violencia va más allá de los talleres artesanales. Comercios, agricultores, transportistas y otros sectores económicos también han sufrido las consecuencias, con una reducción drástica de la actividad productiva.
Muchas familias han optado por cerrar sus negocios o abandonar el municipio ante la falta de garantías para vivir y trabajar en condiciones seguras.
Mientras tanto, la población de Teocaltiche exige respuestas. No solo piden seguridad, sino también una estrategia integral que permita reactivar la economía local, proteger las actividades productivas tradicionales y garantizar el derecho a vivir en paz. La historia de este municipio es la de muchas otras comunidades en México donde el crimen organizado ha penetrado todos los niveles de la vida cotidiana, aprovechando vacíos de autoridad y una débil presencia institucional.
Lo que ocurre en Teocaltiche no es un caso aislado, sino un llamado urgente a que las autoridades actúen con firmeza, transparencia y compromiso para frenar la violencia, castigar a los responsables y rescatar el futuro de sus comunidades.
