por Dominio Público | Sep 16, 2026 | Opinión, Principales
La medición más reciente de Rubrum coloca a Cisneros Coss con 42.9 por ciento de las preferencias entre los perfiles de Morena considerados para Ecatepec, 13.4 puntos por encima del segundo lugar, que registra 29.5 por ciento.
Raúl García Araujo @araujogar
Ecatepec tiene nombre propio rumbo a 2027: Azucena Cisneros Coss.
La alcaldesa ha comenzado a consolidar un liderazgo que trasciende la administración municipal y que la coloca en el centro de la discusión política sobre la continuidad de Morena en el municipio electoralmente más importante del Estado de México.
Con una lista nominal de 1.29 millones de electores, Ecatepec representa el mayor capital electoral de la entidad y una pieza estratégica para cualquier proyecto político que pretenda conservar la fuerza del partido guinda.
Por ello, la definición de quién encabezará la ruta de Morena en 2027 tendrá necesariamente una dimensión estatal.
En ese escenario, el posicionamiento de Azucena Cisneros cobra especial relevancia, particularmente porque las encuestas comienzan a reflejar el respaldo que mantiene entre los perfiles morenistas.
La alcaldesa no solamente tiene el peso del cargo que actualmente desempeña; también ha construido presencia política y territorial en uno de los municipios más complejos del país.
La medición más reciente de Rubrum coloca a Cisneros Coss con 42.9 por ciento de las preferencias entre los perfiles de Morena considerados para Ecatepec, 13.4 puntos por encima del segundo lugar, que registra 29.5 por ciento.
En la intención de voto por partido, Morena alcanza 40.3 por ciento. Son cifras que representan una fotografía del momento y no un resultado anticipado de 2027, pero muestran el escenario político que actualmente enfrenta el partido en este municipio.
Nos cuentan que en la dirigencia nacional de Morena conocen perfectamente el peso electoral de Ecatepec y la importancia de postular un perfil capaz de mantener la presencia del movimiento y darle continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación.
Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional del partido, y Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, tendrán un papel relevante en el proceso de definición de candidaturas rumbo a 2027.
Y mientras esa decisión llega, Azucena continúa fortaleciendo su presencia desde el territorio. Hace unas semanas, más de cinco mil personas participaron en la Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía Nacional, realizada en el deportivo Alfredo del Mazo, en Jardines de Santa Clara, una concentración que reunió a dirigentes, legisladores y liderazgos de Morena del Valle de México.
La dimensión de la convocatoria permitió observar la capacidad de movilización que mantiene Morena en Ecatepec y, particularmente, el liderazgo de la alcaldesa como anfitriona de uno de los encuentros políticos más numerosos registrados recientemente en el municipio.
Desde ese escenario, Cisneros Coss ratificó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al proyecto de la Cuarta Transformación.
Su mensaje estuvo acompañado de una agenda local que busca vincular la transformación nacional con las necesidades concretas de los habitantes de Ecatepec: agua, seguridad, calles dignas, educación, recuperación de espacios públicos y un gobierno basado en la honestidad y los resultados.
Ahí está precisamente el siguiente reto para la alcaldesa. Los números de las encuestas pueden mostrar una tendencia, pero la continuidad política se construye también con resultados de gobierno.
Hasta ahora, Cisneros ha conseguido colocar su nombre en el centro de la conversación política de Ecatepec.
La combinación entre presencia territorial, capacidad de convocatoria y posicionamiento en las mediciones la convierte en un perfil que difícilmente podrá ser ignorado cuando Morena comience a definir formalmente su estrategia para 2027.
Porque para el partido guinda conservar Ecatepec significa mucho más que mantener una alcaldía. Significa preservar el principal bastión electoral del Estado de México y uno de los territorios con mayor capacidad para definir el rumbo político de la entidad.
Por eso, la definición del perfil que represente a Morena será una de las decisiones políticas de mayor relevancia rumbo a 2027.
El partido necesitará mantener la unidad, conservar su estructura territorial y presentar una figura capaz de sostener la confianza ciudadana. Y en esa ecuación, Azucena Cisneros llega con una ventaja política que hoy está respaldada por las mediciones y por la presencia que ha construido en las comunidades.
Ecatepec será, sin duda, uno de los grandes escenarios políticos de 2027. Aquí no solamente estará en juego una presidencia municipal; también se pondrá a prueba la capacidad de Morena para mantener unido y movilizado al territorio que concentra el mayor número de electores de la entidad.
Por ahora, Azucena Cisneros ha construido las condiciones para ser una de las principales protagonistas de esa definición y una de las mujeres con mayor peso político para disputar la continuidad de la Cuarta Transformación en el municipio más grande y electoralmente más importante del Estado de México.
En Cortito: Nos cuentan que la tragedia del multihomicidio de Atizapán de Zaragoza ya comenzó a ser utilizada como plataforma política por la dirigencia estatal del PAN.
Apenas después de los hechos, Anuar Azar Figueroa salió a promover foros para discutir la legalización de la portación de armas de fuego, bajo el argumento de que las familias deben tener mecanismos para defenderse.
Lo que resulta difícil de ignorar es la contradicción política: Atizapán lleva años bajo gobiernos panistas y actualmente tiene como alcalde a Pedro Rodríguez Villegas, quien fue reelecto para el periodo 2025-2027.
Mientras el PAN gobierna el municipio, su dirigente estatal pretende llevar la discusión hacia que sean los ciudadanos quienes se armen para enfrentar a la delincuencia.
La pregunta es inevitable: ¿dónde queda la responsabilidad de las autoridades de garantizar la seguridad pública?
La tragedia exige justicia, investigación y resultados, no convertirse en combustible para una agenda partidista.
Utilizar la indignación de las familias para colocar en la conversación una propuesta política de esta magnitud deja una lectura inevitable: en lugar de explicar qué debe corregirse en materia de seguridad en un municipio gobernado por el PAN, Anuar Azar intenta trasladar la responsabilidad hacia los ciudadanos.
Demasiado oportunismo político frente a una tragedia que merece respeto y respuestas institucionales.
por Dominio Público | Sep 15, 2026 | Opinión
El director del Infonavit es un funcionario que sale de la mañanera sintiéndose absuelto, unos medios etiquetados como enemigos por hacer su trabajo.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Ha surgido otra víctima de la incomprensión a la 4T, “ahora le tocó” al director del Infonavit, Octavio Romero (nótese mi tono irónico).
Octavio Romero no se defendió. Aplicó un protocolo. Lo hizo con la misma disciplina con la que antes defendió Pemex, porque en la 4T hay un manual y casi todos lo repiten igual.
Paso uno: la víctima soy yo. En la mañanera del lunes, con la presidenta a su lado cediéndole el micrófono, Romero no habló de su declaración patrimonial. Habló de una “campaña de difamación”. No contestó a sus detractores (Reforma, El Universal ni TV Azteca) con datos: los acusó de ser operadores de “la derecha”. El recurso es viejo, pero funciona. Si la conversación gira en torno a quién te ataca, nadie pregunta por qué se escondió la declaración antes de que la publicaran.
Eso fue exactamente lo que ocurrió. El Comité de Transparencia del propio Infonavit clasificó como confidencial el patrimonio de su director el 13 de julio. No lo hizo un medio opositor ni un adversario político: lo hizo el comité interno de la institución que él dirige. La transparencia llegó solo cuando la presidenta se lo pidió en público y después de que la nota ya circulaba. No fue persecución. Fue un instituto protegiendo a su jefe.
Paso dos: si me acusan de corrupto, ellos son los corruptos. Romero soltó la frase que probablemente quedará en el archivo de las mañaneras: “No todos somos iguales, los corruptos son ellos”. No ofreció un dato ni una cifra. Solo invirtió la carga. El público ya no tiene que examinar un expediente: tiene que elegir bando. Y elegir bando es más fácil que leer una declaración patrimonial.
Paso tres, el de siempre: esto es patrimonio de toda una vida, ganado con honestidad. Cuarenta y cuatro años de trabajo: banca privada, docencia, distribución de refrescos, diputado, funcionario. La lista es larga a propósito. Cuantos más años se acumulen en el relato, más lejos queda la pregunta incómoda. Y esa pregunta no es de dónde salió el dinero hace cuatro décadas, sino por qué un servidor público con sueldo de subsecretario tiene un patrimonio que alguien, en algún momento, decidió que era mejor no mostrar.
Lo extraño es que ni siquiera necesitaba ese tercer paso. Con el ingreso bruto que él mismo reportó, dos millones 261 mil pesos en 2025, dentro del tabulador federal, la comparación con el sueldo de la presidenta se cae sola. Ese dato sí aporta. El problema es que llega envuelto en los otros dos, y esos dos no aclaran nada: solo distraen.
Sheinbaum, por su parte, cumplió su rol en el mismo guion: cedió la palabra a Romero, defendió la transparencia del caso y aprovechó para hablar de la cartera vencida que el Infonavit heredó del sexenio anterior. Todo en el mismo evento y con el mismo tono. La estrategia no consiste solo en defender a un funcionario. Consiste en convertir cualquier señalamiento en munición para la narrativa del antes y el después.
El resultado es un funcionario que sale de la mañanera sintiéndose absuelto, unos medios etiquetados como enemigos por hacer su trabajo y una pregunta que sigue sin respuesta: si el patrimonio era tan explicable, ¿por qué alguien dentro del Infonavit decidió que era mejor que nadie lo viera?
Ese silencio, y no los cuarenta y cuatro años de trabajo, es lo que debería permanecer en la conversación.
por Dominio Público | Sep 10, 2026 | Opinión, Principales
En los pasillos de Palacio Nacional comienza a tomar forma la versión de que su futuro podría escribirse muy pronto en el ámbito federal.
Raúl García Araujo @araujogar
Nos cuentan que en el ánimo de la presidenta Claudia Sheinbaum hay un alcalde mexiquense que ha logrado algo reservado para muy pocos: convertirse en un invitado recurrente a las reuniones que la mandataria sostiene con todo su gabinete para atender los asuntos prioritarios del país.
Se trata del presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo.
No hablamos de mesas protocolarias ni de eventos públicos. Son encuentros de alto nivel donde la Presidenta revisa, junto con Omar García Harfuch, Ricardo Trevilla Trejo, Raymundo Morales Ángeles y el resto del gabinete, la ruta política y de seguridad del Gobierno de México.
Ahí, Cerqueda ha comenzado a ocupar una silla que no tienen otros alcaldes.
La explicación oficial apunta al seguimiento del Plan Oriente del Estado de México. Sin embargo, dentro de Morena la lectura es distinta: cuando Palacio abre la puerta de su mesa principal, no sólo reconoce resultados de gobierno; también mide perfiles, fortalece alianzas y proyecta cuadros para la siguiente etapa del proyecto presidencial.
Quienes conocen la operación de la Cuarta Transformación aseguran que la cercanía entre Sheinbaum y Cerqueda no nació de la noche a la mañana.
Es el resultado de una relación política construida sobre disciplina, territorio y capacidad de interlocución en una de las regiones electorales más importantes del país.
Por eso, cada vez son más las voces que ven en Adolfo Cerqueda algo más que un alcalde.
En los pasillos de Palacio Nacional comienza a tomar forma la versión de que su futuro podría escribirse muy pronto en el ámbito federal. En política, los ascensos no suelen anunciarse; primero se construyen desde la mesa del poder.
Al tiempo.
por Dominio Público | Sep 10, 2026 | Opinión, Principales, Uncategorized
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la caída en lectura, pero subrayó que “bajó en todos los países de la OCDE”.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
En varias ocasiones he comentado en este espacio sobre el problema de la lectura en México. Los más recientes resultados de la prueba PISA, en el área de lectura, me dan un motivo más para hacerlo.
La prueba PISA no mide si los estudiantes memorizan datos. Evalúa si pueden comprender, usar, evaluar y reflexionar sobre textos para resolver problemas reales, desarrollar su potencial y participar en la sociedad. En lectura, esto significa localizar información, construir sentido, juzgar la credibilidad de lo que leen y conectar ideas.
El Nivel 2 es el umbral mínimo: identificar la idea principal de un texto de dificultad moderada y reflexionar sobre él de manera dirigida. Por debajo de ese nivel, las limitaciones pueden ser serias para la vida cotidiana y para aprendizajes posteriores.
En México, la tendencia en lectura es clara y preocupante. Desde el pico de 425 puntos en 2009, el país ha bajado de manera casi continua hasta los 408 puntos de 2025. Son 17 puntos perdidos en dieciséis años. La mitad de los estudiantes de 15 años quedó por debajo del Nivel 2. El promedio de la OCDE es de 461 puntos. La diferencia es de 53.
En América Latina el panorama tampoco es alentador, aunque México se ubica en la parte media-alta de la región. Chile lidera con 436 puntos, seguido de Uruguay, con 423, y Costa Rica, con 416. México empata con Brasil, con 408, y supera a Colombia, con 399; Perú, con 390, y Argentina, con 389. Nadie en la región mejoró de manera significativa entre 2022 y 2025. Varios países, incluso, bajaron.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la caída en lectura, pero subrayó que “bajó en todos los países de la OCDE” y que en México la disminución fue menor. La relacionó, como lo hace el propio reporte de la organización, con las plataformas digitales: “En el reporte de la OCDE lo asocian a las famosas plataformas digitales que hemos estado estudiando aquí. Entonces, no es exclusivo de México”.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, fue más explícito. En entrevista con Radio Fórmula, atribuyó el descenso global en lectura al “surgimiento de los dispositivos móviles y cómo este uso intensivo, excesivo de las tecnologías en las escuelas está deteriorando la capacidad lectora de los jóvenes en todo el mundo”.
En ese contexto, los programas del Fondo de Cultura Económica merecen una mención. Durante años se ha apostado por la distribución masiva de libros a bajo costo o gratuitos, la creación de salas y clubes de lectura, el Librobús y colecciones orientadas a jóvenes.
Sin embargo, los indicadores que se reportan son principalmente de producción y alcance: cuántos ejemplares se imprimieron, cuántas personas fueron alcanzadas. No hay evidencia clara de que esa cobertura, por sí sola, haya movido la aguja de la comprensión lectora que mide PISA. La tendencia a la baja se mantuvo incluso mientras se intensificaban estos programas.
Regalar el libro no es suficiente. Hace falta acompañamiento.
No podemos esperar a que la gente llegue por voluntad propia a las salas y clubes de lectura tradicionales. Hay que ir a buscarla donde está hoy: en las redes sociales, en los medios digitales, en los espacios donde realmente habita.
Hay que hacer atractivos esos grupos, salas y clubes. Convertirlos en experiencias vivas, cuyo objetivo no sea solo conocer los textos, sino entenderlos.
Hay que enseñar a los jóvenes a apropiarse de los libros y de la lectura, a convertirla en hábito y placer, no solo en obligación escolar.
Con el debido acompañamiento, las pantallas no tendrían tanta influencia. El problema no es solo la tecnología; también es la ausencia de mediación.
Mientras sigamos midiendo el éxito por el número de libros repartidos y no por la calidad de la relación que construimos con la lectura, PISA seguirá mostrando lo mismo: más acceso, menos comprensión.
por Dominio Público | Sep 9, 2026 | Opinión, Principales
El mensaje político es inevitable: un cargo público no puede convertirse en patente de corso ni una posición de poder en escudo frente a la justicia.
Raúl García Araujo @araujogar
En Puebla se está construyendo una de las alianzas políticas y operativas más importantes de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum.
De un lado, el gobernador Alejandro Armenta; del otro, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y uno de los funcionarios de mayor confianza de la Presidenta.
La coincidencia entre ambos tiene un objetivo concreto: cerrar el paso al crimen organizado, recuperar el control territorial y desmantelar estructuras que durante años encontraron espacios para operar con impunidad.
Lo ocurrido recientemente demuestra que esta coordinación ya pasó del discurso a los hechos.
Inteligencia federal, capacidad operativa y decisión política trabajan bajo una misma ruta para golpear a las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, impedir que encuentren protección dentro de las instituciones.
El mensaje es claro: en Puebla no habrá vía libre para quienes pretendan controlar carreteras, municipios o utilizar cargos públicos para favorecer intereses delictivos.
El Operativo Enjambre es una muestra contundente. En Esperanza fueron ejecutadas 23 órdenes de cateo y detenidas nueve personas presuntamente vinculadas con una estructura dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz.
Entre los detenidos están Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza; Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde.
El golpe fue acompañado por el aseguramiento de 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett; 52 cargadores; 11 vehículos, cuatro blindados y uno con blindaje artesanal y torreta; además de ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.
No se trata únicamente de detener personas, sino de afectar la capacidad operativa de una organización que presuntamente había convertido un corredor estratégico en territorio para delinquir.
A esta acción se suma la detención de Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, por su probable responsabilidad en secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.
El mensaje político es inevitable: un cargo público no puede convertirse en patente de corso ni una posición de poder en escudo frente a la justicia.
La ley debe alcanzar a todos, especialmente a quienes tienen la obligación de proteger a la sociedad.
Y la ofensiva continuó en Lomas de Angelópolis, donde fue detenido Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” o “El Gobén”, identificado como objetivo prioritario y presunto líder de una célula vinculada con “Los Rusos”, con presencia principalmente en Acapulco.
Se le relaciona con extorsión, secuestro, homicidio y tráfico y distribución de drogas. Junto con él fueron detenidas dos personas y se aseguraron armas, drogas y vehículos de lujo.
Lo relevante es que estas operaciones responden a trabajos de inteligencia e investigación y no a golpes aislados.
La estrategia busca identificar objetivos prioritarios, conocer sus redes, ubicar sus recursos y desarticular su capacidad para operar.
Esa es precisamente la lógica que Omar García Harfuch ha colocado en el centro de la política federal de seguridad y que en Puebla encuentra en Alejandro Armenta un aliado dispuesto a llevarla al territorio.
Puebla es demasiado importante por su ubicación, sus carreteras y su actividad económica como para permitir que grupos criminales pretendan apropiarse de corredores estratégicos.
Armenta lo sabe y por eso la coordinación con la Federación representa también una definición política: recuperar la autoridad del Estado y cerrar cualquier espacio de complicidad.
La seguridad exige inteligencia, operación y, sobre todo, voluntad para enfrentar intereses que durante años pudieron sentirse intocables.
Por eso la alianza Harfuch-Armenta trasciende lo institucional.
Harfuch aporta inteligencia y capacidad operativa; Armenta, autoridad política y territorial; y Claudia Sheinbaum respalda una estrategia nacional de cero impunidad.
Los resultados deberán sostenerse en el tiempo, pero las acciones recientes muestran una ruta clara: golpear a las organizaciones criminales, cortar sus redes y evitar que se infiltren en las instituciones.
La alianza contra el crimen ya está en marcha. Harfuch y Armenta decidieron dejar de administrar el problema y comenzar a enfrentarlo de frente.
Y el mensaje para quienes durante años creyeron que podían operar desde las sombras es contundente: en Puebla, la autoridad recuperó la iniciativa y el Estado está dispuesto a llegar hasta donde sea necesario para recuperar el territorio y hacer valer la ley.
En Cortito: Nos cuentan que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tiene otro gran aliado en la lucha contra el crimen organizado: el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez.
Y es que, en una acción coordinada entre la Fiscalía mexiquense, la SSPC y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fueron ubicados y detenidos dos hombres señalados como probables responsables del multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza.
La coordinación entre autoridades del Estado de México, la Ciudad de México y el Gobierno de México permitió ubicar a los dos sujetos y detenerlos en menos de 12 horas.
La velocidad de la respuesta merece destacarse. Frente a un crimen de esta gravedad, la coordinación entre Harfuch y Cervantes Martínez demostró que cuando las instituciones comparten inteligencia, información y capacidad operativa, los resultados pueden llegar en tiempo récord.
No cabe duda de que la alianza estratégica en el Estado de México entre el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y el fiscal general estatal, José Luis Cervantes Martínez, se consolida como un factor clave en la región, con un impacto que ya genera atención a nivel nacional.
por Dominio Público | Sep 8, 2026 | Opinión, Principales
Según el análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, mientras López Obrador mencionaba la palabra “corrupción” un promedio de 6.4 veces por mañanera, Sheinbaum la ha reducido a 1.5 veces por conferencia.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
El primero de septiembre, durante la lectura del mensaje por su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum pronunció 7,237 palabras. Ni una sola de ellas fue “corrupción”. Cero. Así lo documentó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
En las mañaneras el patrón se repite con precisión quirúrgica. Cuando surge el nombre de Fernando Farías Laguna, el contralmirante expulsado por Argentina y señalado como pieza clave de una red de huachicol fiscal, la presidenta pide a la Fiscalía General de la República que explique “cómo se construyó esa red”. Insiste, una y otra vez: “No hay nada que esconder”. Pero al mismo tiempo aclara, con la misma firmeza, que según le informan no existen investigaciones contra Andrés Manuel López Beltrán ni contra el senador Adán Augusto López, a pesar de que ambos nombres aparecieron en testimonios.
El mensaje es claro: se investiga… pero solo hasta cierto punto. Se habla… pero se calla lo que incomoda.
Según el análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, mientras López Obrador mencionaba la palabra “corrupción” un promedio de 6.4 veces por mañanera, Sheinbaum la ha reducido a 1.5 veces por conferencia. No es que el problema haya desaparecido. Es que el lenguaje que lo nombraba se volvió políticamente costoso.
Y el silencio tiene consecuencias. El huachicol fiscal no es un delito menor. De acuerdo con el análisis del doctor Francisco José Barnés de Castro —exrector de la UNAM y exsubsecretario de Energía—, entre 2019 y mediados de 2026 se introdujeron al país aproximadamente 935 millones de barriles de gasolina y diésel sin pagar impuestos, con un quebranto superior a los 730 mil millones de pesos. Las operaciones estuvieron y están a cargo de redes que, según testimonios judiciales, rozaron nombres que están demasiado cerca del poder como para pronunciarlos con naturalidad.
Frente a eso, el oficialismo responde con una fórmula ya conocida: se investiga, se detiene a algunos, se cancela la factura de empresas. Todo muy bien. Pero se omite lo esencial: ¿hasta dónde llega realmente la red? ¿Quién más estaba involucrado? ¿Por qué ciertos nombres se mencionan en las audiencias y luego desaparecen del discurso público?
El silencio no es ausencia de información. Es una forma de gobernar. Decide qué entra en la conversación nacional y qué queda fuera. Protege. Ordena. Castiga con la omisión. Y, sobre todo, educa: enseña a la ciudadanía qué preguntas son legítimas y cuáles son “politiquería”.
Hay una diferencia importante entre el silencio prudente y el silencio cómodo. El primero protege investigaciones en curso. El segundo protege intereses. El problema es que, desde el poder, esa línea se vuelve cada vez más difusa.
El poder que calla no es un poder débil. Es un poder que ha aprendido que, a veces, es más efectivo no decir. Porque lo que no se nombra, no existe. O al menos, no existe con la misma fuerza.
Pero el silencio también tiene un costo. Cuando el gobierno deja de hablar de corrupción, la sociedad no deja de pensarla. Cuando se protege a ciertos nombres con omisiones, la sospecha crece. Y cuando la narrativa oficial se vuelve demasiado limpia, la realidad se encarga de ensuciarla.
Gobernar no es solo hablar. También es decidir qué se calla. Y en ese sentido, el silencio también gobierna.
