por Dominio Público | Mar 20, 2026 | Opinión, Principales
En cualquier sistema de contrataciones, la diferencia de costos y la falta de justificación deberían activar revisiones.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y Sepa La Bola… pero en la administración pública hay decisiones que, sin necesidad de adjetivos, hablan por sí solas. El caso de la empresa PROAM Administración S. de R.L. de C.V., propiedad de Guillermo Solís, es uno de ellos: una compañía con señalamientos y denuncias que obtuvo un contrato plurianual del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Los antecedentes están documentados. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado de México inició una investigación sobre condiciones laborales relacionadas con la empresa.
Además, el Instituto Mexicano del Seguro Social auditó y embargó al empresario cuando buscaba contratos con “Soles Mantenimiento”. Son registros institucionales que forman parte del historial del proveedor.
A pesar de ello, el Infonavit le otorgó un contrato cuyo costo es 60 millones de pesos superior a la propuesta presentada por Armot, empresa que inicialmente había sido considerada para el mismo servicio.
La cancelación de ese primer contrato se realizó sin explicación pública. En cualquier sistema de contrataciones, la diferencia de costos y la falta de justificación deberían activar revisiones.
La decisión recayó en Iyadalid Martínez, subdirectora de administración y proveedora de servicios de la dependencia. Su nombre ha sido mencionado en distintos momentos por prácticas en cargos públicos previos. Más allá de valoraciones, la recurrencia de señalamientos en trayectorias vinculadas al manejo de recursos públicos merece atención.
El tema no se limita a una sola adjudicación. El 22 de diciembre de 2025, durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una investigación sobre la licitación CO-PVB-095-2025, relacionada con la construcción de vivienda en Hidalgo y también autorizada por Martínez Domínguez.
La repetición de casos coloca el foco en los procesos.
A esto se suman antecedentes en Petróleos Mexicanos, donde empleados señalaron la asignación de labores en días de descanso, extensión de jornadas y solicitud de actividades adicionales, así como la designación de personal sin el perfil requerido.
Posteriormente, al separarse de la empresa productiva del Estado, se le otorgó un finiquito por más de dos millones y medio de pesos, documentado en oficios oficiales.
El punto de fondo no es la existencia de señalamientos, sino la manera en que estos conviven con decisiones administrativas de impacto económico.
Cuando un contrato supera por 60 millones de pesos a otra propuesta y no hay explicación pública, la discusión deja de ser técnica y se convierte en un asunto de rendición de cuentas. Los datos están sobre la mesa.
Y Sepa La Bola… pero hay un riesgo que nadie frena. La caída de una lona en un muro ciego ubicado en Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 4192, en Álvaro Obregón, vuelve a exhibir un problema que persiste en la Ciudad de México: la operación de estructuras de publicidad exterior sin permisos.
La empresa señalada, Carteles y Neón Espectaculares Publi20, forma parte de un esquema donde anuncios se instalan sin autorizaciones de uso de suelo, dictámenes de protección civil ni seguros de responsabilidad.
La Ley de Publicidad Exterior establece restricciones claras para este tipo de estructuras; sin embargo, su proliferación muestra fallas en supervisión y sanción.
Hoy no hubo víctimas, pero el riesgo es constante en zonas de alta circulación. La pregunta no es nueva: ¿qué acciones implementará el gobierno capitalino para retirar estas instalaciones y evitar consecuencias mayores?
por Dominio Público | Mar 19, 2026 | Opinión, Principales
La Federación está metiéndose, otra vez, en la lógica presupuestal de estados y municipios.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Desde el primer día de la 4T hubo una consigna clara, casi litúrgica: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Algo con lo que estoy de acuerdo. Lo que comenzó como una política de contención del gasto terminó convertido en un mandato moral… y después en una herramienta de poder.
Hoy la pregunta ya no es retórica: ¿la austeridad está limpiando al Estado o lo está debilitando?
El 17 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado su reforma electoral, rebautizada como “Plan B” tras el fracaso constitucional. La promesa es atractiva: reducir el costo de las elecciones. Menos gasto, más eficiencia.
Pero el detalle importa. La iniciativa propone topar salarios en el INE y los OPLES, limitar el número de regidores —ningún municipio podría tener más de 15— y fijar un techo de apenas 0.70% del presupuesto estatal para los congresos locales. Dicho de otro modo: la federación está metiéndose, otra vez, en la lógica presupuestal de estados y municipios.
Y hay algo más delicado. Mucho más.
La posibilidad de realizar la consulta de revocación de mandato el mismo día de las elecciones intermedias. Es decir, colocar a la presidenta en la boleta… y en campaña. No es un ajuste técnico: es una ventaja política.
Lo propuesto encaja demasiado bien en un patrón conocido: cada recorte “por justicia” termina reduciendo la capacidad de las instituciones que deben arbitrar al poder.
El INE ya sufrió una reducción de mil millones de pesos en 2026. Y ahora se le pide hacer más con menos.
No es austeridad: es presión estructural.
Pero vayamos a los “triunfos” de la austeridad.
La narrativa oficial presume la eliminación de pensiones a expresidentes, seguros médicos de élite y gastos suntuarios. Son decisiones populares, sin duda.
Pero en términos fiscales, el impacto es marginal: menos del 0.2% del gasto público.
Un ahorro simbólico que se amplifica en el discurso… pero que no transforma un presupuesto de más de 10 billones de pesos.
La austeridad, así planteada, no es una política económica de fondo. Es una narrativa políticamente rentable.
Donde esa narrativa se rompe es en los datos duros.
En salud, pese a aumentos nominales, hay una caída real frente a 2024. Instituciones como el Instituto Nacional de Cancerología, Nutrición o Cardiología enfrentan recortes de hasta un tercio de sus recursos reales.
No son cifras: son tratamientos que no llegan, diagnósticos que se retrasan y pacientes que pagan lo que el Estado dejó de cubrir.
En educación superior, los recortes acumulados superan los 83 mil millones de pesos desde 2019. Menos investigación, menos infraestructura, menos futuro.
Y en paralelo, el contraste incómodo: diputados con percepciones superiores a 1.3 millones de pesos anuales… y nuevas prestaciones.
La austeridad, al parecer, no es un principio: es un criterio de selección.
La austeridad republicana puede ser necesaria. Pero aplicada de forma selectiva deja de ser virtud y se convierte en mecanismo.
Cortar privilegios no debería significar recortar capacidades. Mucho menos debilitar a quienes vigilan al poder.
Si los ahorros son mínimos, pero los daños institucionales son profundos, entonces no estamos ante una transformación del Estado… sino ante su reconfiguración.
Y cuando la austeridad sirve más para concentrar poder que para mejorar la vida pública, deja de ser mística republicana…
y empieza a parecer una guillotina institucional.
EN EL TINTERO
La CNTE volvió con su viejo libreto: presión, caos y negociación. Nada nuevo bajo el sol… salvo la factura.
Carpetazo al caso de Pío López Obrador. Los videos del hermano del expresidente recibiendo dinero no fueron prueba suficiente.
por Dominio Público | Mar 18, 2026 | Opinión, Principales
En marzo de 2018, Andrés Manuel López Obrador lanzó una frase que hoy parece una profecía mal entendida: “no es bueno despertar al tigre”. Lo que no se anticipó —o no se quiso ver— es que ese tigre no solo podía despertar contra un régimen anterior, sino también contra quienes hoy gobiernan. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Morelos.
Raúl García Araujo @araujogar
Morelos dejó de ser una advertencia para convertirse en evidencia. La crisis ya no se puede maquillar con discursos ni contener con comunicados.
Tiene nombre, tiene rostro y, sobre todo, tiene víctimas: jóvenes estudiantes asesinadas, desaparecidas y una comunidad universitaria que ha decidido no callar más.
El feminicidio de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos encendió una indignación que no deja de crecer.
Pero lejos de apaciguarse, la realidad se ha vuelto todavía más brutal. En el municipio indígena de Coatetelco, en la carretera hacia Miacatlán, apareció el cuerpo sin vida de una mujer en condiciones que reflejan el nivel de descomposición que vive la entidad.
Se trataba de Karol Toledo Gómez, estudiante de Derecho desaparecida días antes, no solo estremeció a su familia, sino que profundizó el miedo colectivo.
Al mismo tiempo, la confirmación del feminicidio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán terminó por detonar una respuesta social que ya venía gestándose.
No se trata de casos aislados. Se trata de un patrón. De una cadena de violencia que el Estado no ha sabido —o no ha querido— frenar.
Las calles hablaron. Más de 10 mil mujeres marcharon en Cuernavaca en el marco del Día Internacional de la Mujer.
No fue una movilización simbólica: fue un grito de hartazgo. Pintas, destrozos, consignas… todo ello es la expresión de una sociedad que se siente abandonada.
Y en paralelo, estudiantes de distintas facultades bloquearon avenidas, denunciaron acoso dentro de las propias instituciones educativas y exigieron algo tan básico como seguridad para poder estudiar.
Aquí es donde la crisis adquiere su dimensión política más grave.
En marzo de 2018, Andrés Manuel López Obrador lanzó una frase que hoy parece una profecía mal entendida: “no es bueno despertar al tigre”.
Lo que no se anticipó —o no se quiso ver— es que ese tigre no solo podía despertar contra un régimen anterior, sino también contra quienes hoy gobiernan. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Morelos.
La gobernadora Margarita González Saravia no solo ha sido rebasada por la realidad; ha sido exhibida por ella.
Su reacción tardía, su falta de sensibilidad y la evidente mediocridad de buena parte de su equipo han convertido una crisis de seguridad en una crisis de gobernabilidad.
Presentar un “Plan Integral de Seguridad Universitaria” en medio del enojo social no se percibe como una solución, sino como un intento desesperado por contener lo incontenible.
Porque el problema no es de anuncios. Es de credibilidad. Y esa, hoy, está rota.
Los estudiantes morelenses lo tienen claro. Aunque han regresado parcialmente a clases, no han bajado la guardia. Se organizan, se articulan y planean.
Y lo hacen con un objetivo definido: exhibir a un gobierno que consideran incapaz de garantizar lo más elemental. La indignación ya no es espontánea; se está convirtiendo en movimiento.
Morelos es hoy un polvorín. Cada feminicidio, cada desaparición, cada denuncia ignorada suma presión a una caldera que está a punto de estallar. Y cuando eso ocurra, no será solo una crisis local. Será un golpe político de alcance nacional.
En Palacio Nacional y en la Secretaría de Gobernación lo saben. Las alertas están encendidas. No por cálculo, sino por necesidad.
Porque si la situación se desborda, Morelos podría convertirse en el primer estado gobernado por Morena que enfrente un escenario real de ingobernabilidad con consecuencias mayores, incluida la eventual salida de su gobernadora.
La pregunta ya no es si se puede evitar el colapso. Es si alguien está dispuesto a asumir el costo político de actuar antes de que sea demasiado tarde.
Porque mientras el poder duda, en las calles el mensaje es contundente: el tigre no solo despertó… ya empezó a avanzar.
En Cortito: Nos cuentan que en Morelos no hay espacio para fiestas mientras la indignación y el dolor social se desbordan.
Suspender la Feria de la Primavera en Cuernavaca no es un detalle menor: es un gesto de sensibilidad política que muchos otros funcionarios locales parecen desconocer.
El Ayuntamiento de Cuernavaca decidió posponer de manera indefinida la Feria de la Primavera —también conocida como Feria de la Flor— en respuesta a la crisis de luto y protesta que atraviesa la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tras los feminicidios de Kimberly Joselin y Karol.
José Luis Urióstegui Salgado, alcalde de la capital, entendió lo que otros no han podido: no se puede celebrar mientras la sociedad está dolida y las calles están llenas de exigencias de justicia.
“Sería contradictorio”, señaló el alcalde, “tener una celebración de este tipo con los tiempos actuales, con la máxima casa de estudios en paro y en crisis por los feminicidios de sus compañeras”.
Esa claridad política —reconocer la magnitud del dolor antes de cualquier calendario de festividades— es un rasgo que hace falta en la clase política de Morelos, caracterizada por la improvisación, la torpeza y la desconexión de la realidad social.
La decisión de Urióstegui Salgado no solo es atinada; es ejemplar. Demuestra que gobernar no se trata solo de administrar recursos o organizar eventos, sino de leer el momento histórico y actuar en consecuencia.
Suspender la feria tiene costos económicos y políticos, pero transmite un mensaje más poderoso que cualquier comunicado: la prioridad es la gente, no la simulación de normalidad.
La postura del alcalde de Cuernavaca debería ser la norma: gobernar con responsabilidad, empatía y sentido común.
por Dominio Público | Mar 17, 2026 | Opinión, Principales
La iniciativa gira alrededor de la asociación civil Humanidad con América Latina, organización sin fines de lucro recientemente autorizada por el SAT para recibir donativos deducibles de impuestos.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
El expresidente López Obrador es un “ave de tempestades”. Parece ser que su “retiro” ya le aburrió y busca cualquier pretexto para salir a la palestra pública. Lo hizo el pasado mes de noviembre para presentar su más reciente libro, Grandeza; el 3 de enero para protestar por la captura de Nicolás Maduro y, el pasado 14 de marzo, para pedir donaciones para el “pueblo de Cuba”, las cuales debían ser depositadas en una cuenta de la asociación civil Humanidad con América Latina.
En un mensaje difundido en la red social X, el exmandatario aseguró que, aunque se encuentra retirado, le duele que “busquen exterminar” al pueblo cubano y llamó a los mexicanos a solidarizarse con la isla. Para justificar su postura, citó al general Lázaro Cárdenas durante la invasión de Playa Girón: “No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”.
Acto seguido difundió el número de una cuenta bancaria para recibir donativos destinados —según explicó— a comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina para Cuba.
La iniciativa gira alrededor de la asociación civil Humanidad con América Latina, organización sin fines de lucro recientemente autorizada por el SAT para recibir donativos deducibles de impuestos. Su autorización aparece registrada apenas el 9 de marzo de 2026, es decir, días antes del llamado público del expresidente.
De acuerdo con lo que se ha difundido, la asociación fue creada por ciudadanos, escritores y periodistas, y está detrás del manifiesto “El destino de Cuba no nos es ajeno”, firmado por más de doscientas personas que convocan a una campaña de ayuda humanitaria para la isla.
Hasta ahí, en apariencia, podría tratarse simplemente de un acto de solidaridad internacional. Nada reprochable en principio: ayudar a quien sufre siempre será un gesto noble.
El problema es que tratándose de López Obrador, nada es inocente.
Su mensaje reabrió un debate político que parecía cerrado desde que dejó la Presidencia. Para sus simpatizantes, el llamado refleja el “humanismo mexicano” y la tradición de solidaridad latinoamericana. Para sus críticos, en cambio, se trata de una provocación política calculada: apoyo indirecto al régimen cubano, presión ideológica al nuevo gobierno mexicano y, además, una colecta respaldada por una asociación civil creada apenas días antes.
Las redes sociales reflejaron de inmediato esa polarización. Mientras legisladores y funcionarios cercanos a Morena presumían capturas de sus donaciones, otros cuestionaban la transparencia de la campaña y preguntaban por qué no convocar colectas similares para hospitales públicos, madres buscadoras o comunidades mexicanas que viven tragedias cotidianas.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum salió a respaldar el llamado, aclarando que su aportación sería personal y defendiendo el gesto como un acto de solidaridad con el pueblo cubano.
Pero incluso con esa explicación, la pregunta sigue flotando en el aire:
¿se trata de una causa humanitaria o de una señal política?
Porque López Obrador ya no gobierna, pero tampoco parece dispuesto a desaparecer del escenario. Y cada vez que reaparece lo hace del mismo modo en que ejerció el poder durante años: polarizando.
Pero el asunto no termina en la discusión moral sobre ayudar o no a Cuba.
En los próximos meses México deberá sentarse con Estados Unidos y Canadá para revisar aspectos clave del T-MEC, el acuerdo comercial más importante para nuestra economía. Y en Washington, donde la política hacia la isla sigue siendo un tema extremadamente sensible, estos gestos no suelen interpretarse como simples actos humanitarios.
Para López Obrador puede ser una bandera ideológica. Para Estados Unidos puede ser una señal política.
Y cuando se trata de comercio, inversiones y empleos mexicanos, las señales también tienen consecuencias.
EN EL TINTERO
Mientras la conversación pública gira en torno a lo que dijo López Obrador, Morena y sus aliados reconfiguraron su alianza legislativa y alistan la aprobación del llamado Plan B de la reforma electoral, que será enviado este martes al Congreso. Como suele ocurrir en la política mexicana, la discusión no estaba en el contenido, sino en encontrar la fórmula para alcanzar los votos necesarios.
Por otro lado, el municipio de Coatepec Harinas, en el sur del Estado de México, está por celebrar 200 años de historia. Felicidades. Lamentablemente, en los últimos meses varias casas antiguas de la cabecera municipal han sido derribadas para construir inmuebles modernos. Quizá convendría que el INAH desempolvara su catálogo de monumentos históricos y se diera una vuelta por la zona. Tal vez descubra que algunos de ellos… ya no existen.
por Dominio Público | Mar 13, 2026 | Opinión, Principales
Las pantallas en movimiento generan distracción visual para automovilistas y operadores de transporte, un riesgo documentado por especialistas en movilidad y seguridad vial.
Claudia Bolaños @claudiabola
Sepa La Bola… pero en Paseo de la Reforma, uno de los corredores urbanos más regulados de la Ciudad de México, circulan desde hace semanas vallas móviles con pantallas que reproducen videos publicitarios.
No es un detalle menor: la propia Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México establece restricciones claras sobre el uso de pantallas electrónicas y sobre el contenido que pueden proyectar.
La norma es explícita: las pantallas electrónicas en medios publicitarios no deben transmitir video ni imágenes en movimiento, ni emitir sonido o cambios bruscos de luminosidad; además, deben cumplir límites estrictos de brillo y duración de imágenes para evitar distracciones o riesgos en la vía pública.
El espíritu de la ley es claro: reducir la contaminación visual y, sobre todo, evitar que anuncios luminosos o dinámicos afecten la seguridad vial. Sin embargo, lo que hoy se observa en Reforma parece ignorar esa regulación.
Las vallas móviles con pantallas —que reproducen videos como si se tratara de una televisión gigante— circulan incluso en zonas cercanas al carril exclusivo del Metrobús, un espacio destinado al transporte público masivo y con reglas estrictas de operación.
No se trata solo de estética urbana. Las pantallas en movimiento generan distracción visual para automovilistas y operadores de transporte, un riesgo documentado por especialistas en movilidad y seguridad vial.
El propio Congreso capitalino justificó la regulación de la publicidad exterior señalando que la proliferación desordenada de anuncios puede representar un peligro para la población y para la seguridad en las calles.
La ley también establece que cualquier publicidad instalada en vehículos o infraestructura vinculada al transporte debe contar con permisos específicos y supervisión de las autoridades de movilidad, particularmente de la Secretaría de Movilidad.
Aquí es donde aparece la duda incómoda. Si la ley limita el uso de videos en pantallas publicitarias, si la publicidad móvil requiere permisos y si los corredores como Reforma tienen reglas especiales, ¿quién autorizó estas vallas con video?
¿Existe permiso formal o estamos ante un vacío de supervisión?
Porque cuando una pantalla con anuncios se mueve por una de las avenidas más importantes del país y además invade el entorno del Metrobús, ya no estamos hablando de marketing creativo.
Estamos hablando de legalidad, seguridad vial y uso del espacio público.
Y en una ciudad con leyes claras, lo mínimo que debería existir también es algo igual de claro: responsables.
Y Sepa La Bola, pero el derrumbe del edificio en la calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, no solo dejó escombros y tres trabajadores muertos. También exhibió algo más profundo y preocupante: el colapso de la responsabilidad pública en la Ciudad de México.
En lugar de una explicación clara sobre lo que ocurrió, lo que ha surgido es un intercambio de culpas entre autoridades. Por un lado, la alcaldía Cuauhtémoc asegura que negó el permiso de demolición porque la empresa no cumplía con requisitos mínimos de seguridad. Por otro, el gobierno central sostiene que la supervisión de la obra correspondía a la demarcación.
La tragedia, entonces, quedó atrapada entre expedientes administrativos y disputas políticas.
Este tipo de episodios revela un problema estructural de la capital: un sistema de responsabilidades fragmentado donde nadie termina siendo plenamente responsable. En teoría, las demoliciones y obras deben cumplir con dictámenes técnicos, programas de protección civil y supervisión permanente. En la práctica, los procesos se diluyen entre dependencias, permisos cruzados y vacíos de vigilancia.
Cuando ocurre un accidente, como el de San Antonio Abad, la discusión ya no se centra en cómo prevenirlo, sino en quién firmó qué documento y quién debía vigilar a quién.
Y mientras las instituciones se señalan entre sí, las víctimas quedan en segundo plano. Tres trabajadores murieron realizando labores de demolición en un edificio que ya tenía antecedentes de daño estructural tras los sismos de 1985 y 2017. La pregunta esencial no es quién gana el debate político, sino por qué un trabajo de alto riesgo se realizaba sin garantías suficientes.
La Ciudad de México ha vivido demasiadas tragedias ligadas a la construcción: edificios que colapsan, obras irregulares, desarrollos autorizados con lagunas administrativas. Cada caso revela lo mismo: la supervisión llega tarde, cuando ya ocurrió el desastre.
por Dominio Público | Mar 12, 2026 | Opinión
La reforma electoral, que buscaba la eliminación de plurinominales y un control más férreo sobre el sistema de votos, se estrelló contra un muro.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
En política las derrotas no solo se cuentan en votos, también en símbolos. Este 11 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum ha recibido un mensaje contundente desde San Lázaro: la mayoría calificada, con la que tanto presumió y amenazó, no es un cheque en blanco, sino un equilibrio débil que hoy se ha roto. Con el rechazo a su reforma electoral, la presidenta suma su segundo gran descalabro legislativo, dejando al descubierto que la disciplina de hierro en el bloque oficialista es cosa del pasado.
El primer aviso llegó temprano con la reforma contra el nepotismo y la reelección. Aunque era una bandera personal de la mandataria, sus propios aliados —y algunos cuadros de Morena— operaron para “congelar” su aplicación hasta 2030, protegiendo así las ambiciones de cacicazgos locales rumbo a las intermedias de 2027.
Este 11 de marzo la historia se repitió, pero con mayor gravedad. La reforma electoral, que buscaba la eliminación de plurinominales y un control más férreo sobre el sistema de votos, se estrelló contra un muro. Lo que más debería preocupar en Palacio Nacional no es el voto de la oposición —ya esperado—, sino el fuego amigo o, peor aún, la ausencia de una operación política efectiva que terminó por llevar la iniciativa al naufragio.
Con el rechazo legislativo, los rumores de una fractura entre Morena, el PVEM y el PT han dejado de ser murmullos de pasillo para convertirse en una realidad política. De cara a las elecciones del próximo año, los aliados parecen haber entendido que su valor aumenta cuando marcan distancia, especialmente cuando sus propios intereses chocan con la agenda de la presidenta.
Como suele ocurrir tras una derrota, apareció el viejo libreto de la victimización. En redes sociales ya circulan listas de legisladores señalados como “traidores al pueblo” por haber votado en contra. Más que una demostración de fuerza, parece un intento desesperado por ocultar lo evidente: la falta de consenso dentro del propio oficialismo.
Señalar a quien no está de acuerdo como enemigo de la patria es una estrategia que se desgasta con el uso. En lugar de buscar culpables en un supuesto plan opositor, el gobierno haría bien en mirar hacia adentro: el verdadero obstáculo de Sheinbaum parece estar sentado en sus propias curules.
Gobernar bajo la amenaza de la estigmatización digital tiene un límite. Cuando ese límite aparece, las mayorías dejan de obedecer y los aliados empiezan a recordar que también tienen votos propios.
Quizá no se trate de traición. Quizá sea, simplemente, política.
EN EL TINTERO
Veamos ahora la furia del plan B por parte del régimen de la 4T. Desde la tribuna de San Lázaro, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, lanzó una advertencia: iniciaron ya los trabajos del Plan B.
