por Dominio Público | Sep 25, 2026 | Opinión
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción detectó en sus investigaciones que hay cohecho, simulación de actos jurídicos, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones y facultades.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y Sepa la Bola… pero la investigación contra el exfuncionario y ahora proveedor en Tamaulipas: Ricardo Azael Casanova, abrió un expediente judicial que rebasa la actuación de un empresario en contratos con gobiernos y uso de recursos de procedencia ilícita.
Las pesquisas describen un modelo de contratación que sobrevivió al relevo partidista en Tamaulipas, mantuvo acceso a dependencias con presupuestos millonarios y colocó bajo revisión el origen y destino de recursos vinculados con varias compañías.
Casa Casve MX recibió asignaciones durante el gobierno panista de Francisco García Cabeza de Vaca. Grupo ID REC obtuvo contratos bajo la administración de Américo Villarreal. Ambas empresas quedaron relacionadas con Casanova, quien conservó presencia en áreas responsables de compras públicas pese al cambio político, pero ahora investigado por lavado de dinero y cohecho.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción detectó en sus investigaciones que hay cohecho, simulación de actos jurídicos, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones y facultades.
Al menos cuatro carpetas también alcanzaron a sus contadores ante instancias especializadas en recursos de procedencia ilícita, corrupción y atención a mujeres, niñas y niños.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno revisó expedientes de otras 19 empresas relacionadas con el mismo proveedor. Ese dato desplazó el centro del caso: ya no bastaba conocer cuánto cobraron las compañías, sino cómo lograron competir, recibir contratos y acreditar activos bajo administraciones distintas.
Las empresas vinculadas con Casanova acumularon más de 350 millones de pesos mediante contratos con la Secretaría de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Grupo ID REC fue constituida el 24 de septiembre de 2022, siete días antes del inicio del gobierno actual.
Tres años después recibió 14 millones 660 mil 952 pesos por seguridad informática y antenas de internet satelital.
Casa Casve MX y Grupo ID REC participaron en un mismo procedimiento. La primera ofreció 4.9 millones de pesos; la segunda, 4.2 millones.
La relación de ambas con el mismo empresario colocó bajo sospecha la competencia de una contratación restringida que presentó como rivales a compañías del mismo entorno.
La carpeta 175/2026 siguió la ruta financiera. La Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita solicitó estados de cuenta de Casa Casve MX de 2023, 2024 y 2025, incluidas cuentas en dólares.
El objetivo fue establecer el destino de los fondos y localizar transferencias hacia otras empresas o personas.
El rastreo alcanzó a Maniflosa. Esta compañía obtuvo un contrato superior a 309 millones de pesos para equipamiento médico
. De esa suma, 199 millones habrían sido pagados cuatro días después de la firma, pese a cuestionamientos sobre los documentos que debían acreditar la recepción del equipo.
Ninguna empresa se adjudica contratos ni libera recursos públicos por sí misma. Hubo funcionarios que solicitaron servicios, elaboraron invitaciones, evaluaron propuestas, autorizaron convenios, validaron entregas y ordenaron pagos.
La revisión de esa cadena resulta indispensable para establecer tráfico de influencias, colusión o responsabilidades administrativas y penales.
El caso puso a prueba al gobierno de Américo Villarreal. Una parte del dinero fue asignada durante su administración, lo cual impidió reducir el expediente a una herencia del sexenio anterior.
La investigación tendrá alcance real cuando identifique a quienes cobraron, pero también a quienes abrieron las puertas del presupuesto, validaron montos o aceleraron pagos.
Los registros podrán revelar el recorrido del dinero, pero los contratos mostrarán su dimensión política y la estructura que permitió su operación con presuntos recursos de procedencia ilícita de Ricardo Azael Casanova y se volorará en la Unidad de Inteligencia Financiera si se congelan sus cuentas.
Y Sepa La Bola… pero Somos llegó a la herradura de la democracia con críticas a la colegialidad del INE y abrió una pregunta: ¿busca respuestas o una tribuna para hacer promoción partidista?
Guadalupe Taddei respondió que se incorporaron sus puntos al orden del día, aun sin la documentación requerida. Recordó además que la Secretaría sigue dentro del plazo fijado para responder: el 25 de septiembre.
Exigir información es legítimo; presentar como negativa una respuesta que todavía está en tiempo es otra cosa.
La colegialidad, dijo, no vive sólo en las áreas ejecutivas. Está en el Consejo General, las comisiones y los órganos locales y distritales, donde los partidos participan en la construcción de acuerdos. Mientras Somos intenta fijar su relato, el proceso electoral 2026-2027 avanza con el trabajo del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Al final, la confianza en el INE la deposita la ciudadanía, no quienes aprovechan cada micrófono para desacreditarlo.
por Dominio Público | Sep 24, 2026 | Opinión
Los dichos de Trump causaron revuelo y aparecieron titulares como “Trump regaña a México en la ONU” o “Trump hunde a la 4T en la ONU”.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Donald Trump lo volvió a hacer. En esta ocasión, en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El mandatario estadounidense dijo que “México es el epicentro de la violencia de los cárteles”. Calificó de “inaceptable” que Estados Unidos comparta casi 3 mil 200 kilómetros de frontera con un territorio que, según él, está controlado por “cárteles enemigos”.
Dijo que eran como el ISIS del hemisferio occidental, “enemigos en guerra con la civilización” que usan el asesinato, la violación, la tortura y la extorsión como instrumentos de terror, y afirmó que deben ser “asesinados, exiliados o detenidos como combatientes enemigos, sin posibilidad de ser liberados”.
En el mismo discurso, sin embargo, soltó el contrapunto que casi nadie destacó en los titulares: “Estoy muy orgulloso de decir que tenemos una muy buena relación con el gobierno mexicano. Hemos tenido grandes avances con México. Ellos tampoco quieren a los cárteles”.
Y añadió que “la seguridad y la protección llegarán a México” y que, cuando eso ocurra, “toda esta región será un lugar mejor, más seguro y más hermoso para vivir y prosperar”.
En la mañanera, Claudia Sheinbaum no levantó la voz ni entró al ring. Primero recordó que Trump también había hablado de la buena relación y de los avances. Luego planteó lo que podría haber respondido:
“Yo podría decir: “Es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas”. O podría decir: “Es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas””.
Y cerró:
“Pero no lo voy a decir… porque tenemos buena relación con el presidente Trump y el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, estamos trabajando de manera coordinada y vamos avanzando”.
Obviamente, los dichos de Trump causaron revuelo y aparecieron titulares como “Trump regaña a México en la ONU” o “Trump hunde a la 4T en la ONU”.
Todos conocemos a Trump y su incontinencia verbal. De hecho, me gustó. Sí, leyeron bien, me gustó la respuesta de la presidenta. Por su ironía: decir las cosas, pero no decirlas, porque tenemos una buena relación con Trump y su gobierno.
Pero pongamos el desorden. Lo dicho por Trump en la ONU es una muestra del espacio que la 4T está dejando en el escenario internacional. Estoy seguro de que Trump no habría dicho lo mismo si la presidenta hubiera estado sentada en esa sala.
Usted podrá decir, con mucha razón, que esas reuniones no sirven para nada. Sin embargo, son una oportunidad para exponer ideas, tender puentes y estrechar manos con quienes pueden ayudar a impulsar el desarrollo del país.
En esas reuniones, quienes asisten no quieren hablar con un representante de… Quieren hablar con quien puede tomar decisiones y cerrar acuerdos.
México no puede darse el lujo de seguir perdiendo espacios internacionales, porque “santo que no es visto, no es venerado”.
EN EL TINTERO
La 4T tiene la fórmula para que Trump deje de molestar: comenzar a juzgar a narcopolíticos, incluso a los de su mismo partido.
por Dominio Público | Sep 23, 2026 | Opinión, Principales
La gobernadora encabeza la decisión política de romper con las viejas formas de ejercer el poder, mientras su secretario general de Gobierno tiene la responsabilidad de construir los nuevos equilibrios que permitan consolidar esa ruptura.
Raúl García Araujo @araujogar
Hay una definición de Horacio Duarte que explica buena parte del cambio de poder en el Estado de México: “se acabó la feudalización del territorio”.
No es una frase de discurso, sino la síntesis de una estrategia política que comparte plenamente con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para terminar con las parcelas de influencia, los cacicazgos y los grupos que durante décadas gobernaron regiones completas bajo sus propias reglas.
El secretario general de Gobierno sostiene que durante años la entidad funcionó mediante equilibrios entre organizaciones, liderazgos locales y redes de poder, donde tocar a uno podía significar desestabilizar todo el sistema.
Por eso, muchos conflictos terminaban administrándose políticamente en lugar de resolverse con la aplicación de la ley. Hoy, esa lógica está siendo desmontada desde el gobierno estatal.
La ruptura con ese modelo quedó plasmada en la Operación Enjambre, una ofensiva de alto impacto ejecutada de manera quirúrgica contra redes en las que fueron involucrados exalcaldes, mandos policiacos y servidores públicos señalados por presuntos vínculos con estructuras criminales o actos de corrupción.
El mensaje político fue contundente: un cargo público no puede convertirse en escudo de protección.
Los resultados fueron de tal magnitud que la estrategia mexiquense trascendió las fronteras del estado.
El gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezado por Omar García Harfuch, ha retomado acciones con una lógica similar contra autoridades municipales y funcionarios en distintas entidades del país.
Lo que comenzó en el Estado de México terminó colocando a Enjambre como una referencia dentro de la estrategia nacional de seguridad.
A la par, la Operación Restitución abrió otro frente de enorme contenido político: recuperar inmuebles despojados y golpear a las organizaciones dedicadas a la ocupación ilegal de propiedades.
No se trata únicamente de recuperar casas, terrenos o locales comerciales; se trata de quitar capacidad de operación a quienes durante años convirtieron el despojo en una actividad sostenida por complicidades y redes de poder.
Ambas operaciones persiguen delitos distintos, pero comparten una misma lógica de gobierno: en el Estado de México no debe existir ningún grupo, organización, cacicazgo o servidor público considerado intocable.
Enjambre enfrenta redes de complicidad y Restitución golpea las estructuras del despojo. Son dos frentes de una misma decisión política: recuperar el control del territorio.
Es justamente una de las ideas que Horacio Duarte ha defendido al hablar de romper prácticas ilegales y desmontar las viejas redes de poder.
El objetivo no es únicamente castigar responsables, sino desarticular los mecanismos políticos que durante años permitieron su permanencia y que hicieron posible que determinados grupos se sintieran con capacidad para desafiar a las instituciones.
A una semana del Tercer Informe de Gobierno, esa es una de las principales cartas políticas de Delfina Gómez Álvarez.
Más allá de obras y programas sociales, la gobernadora tendrá la oportunidad de mostrar que su administración modificó la relación entre el poder y la impunidad, colocando al Estado por encima de los intereses que durante años dominaron territorios completos.
Y ahí aparece con mayor claridad la sinergia entre Delfina Gómez y Horacio Duarte.
La gobernadora encabeza la decisión política de romper con las viejas formas de ejercer el poder, mientras su secretario general de Gobierno tiene la responsabilidad de construir los nuevos equilibrios que permitan consolidar esa ruptura. No se trata de sustituir un feudo por otro, sino de impedir que los feudos vuelvan a existir.
Delfina Gómez ha dejado claro que el poder político en el Estado de México no puede seguir funcionando con territorios reservados, acuerdos bajo la mesa ni personajes protegidos por su influencia.
La ejecución de operaciones de alto impacto demuestra que la apuesta no está en administrar los viejos equilibrios, sino en modificarlos desde sus raíces.
Al final, el verdadero legado político de Delfina Gómez será haber cambiado las reglas con las que se ejerce el poder en el Estado de México.
Y en esa tarea, Horacio Duarte es el arquitecto político de una estrategia que busca que la caída de los viejos feudos sea también el principio de una nueva gobernabilidad.
Ahí estará la verdadera dimensión política de este proyecto: que en el Estado de México se termine de entender que el poder no tiene dueños, que los territorios no tienen propietarios políticos y que ningún grupo puede estar por encima de las instituciones.
En Cortito: Nos cuentan que mientras Morena sigue retrasando la definición de quién encabezará su proyecto para Cuernavaca, en Acción Nacional las piezas ya comenzaron a moverse con mayor claridad.
José Luis Urióstegui Salgado y el diputado Daniel Martínez Terrazas están perfectamente alineados en un proyecto político de continuidad, con presencia territorial, trabajo cercano con las colonias y una agenda que se construye día con día.
Nos dicen que para el PAN Cuernavaca no es una plaza más: es su principal bastión político en Morelos y no están dispuestos a cederlo.
Por eso, Urióstegui Salgado ha construido durante sus gobiernos una plataforma sustentada en finanzas sanas, obra pública y atención directa a la población, mientras Martínez Terrazas ha mantenido una coordinación permanente con el Ayuntamiento y con liderazgos ciudadanos.
Y ahí está precisamente la diferencia: mientras Morena todavía tiene que ponerse de acuerdo entre sus aspirantes y esperar el resultado de una encuesta, Urióstegui Salgado y Martínez Terrazas ya trabajan sobre una ruta política definida.
No están esperando a que llegue el momento electoral; están construyendo desde ahora el escenario de continuidad.
Mientras tanto, el presidente municipal no deja de trabajar ni de mirar hacia adelante.
En su agenda, el 2027 ya aparece como un horizonte político, pero también como una oportunidad para consolidar el trabajo realizado y mantener en marcha un proyecto que, nos dicen, busca seguir dando resultados para Cuernavaca.
por Dominio Público | Sep 22, 2026 | Opinión
La pregunta es quién pone los límites, quién vigila a quienes desarrollan estos sistemas y qué sucede cuando una máquina puede hacer cosas que sus propios creadores no entienden completamente.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Durante años, la posibilidad de que la inteligencia artificial escapara del control humano perteneció al terreno de la ciencia ficción. Las advertencias sobre máquinas superinteligentes actuando por su cuenta parecían escenarios lejanos, propios de una película o de una novela.
Pero eso está cambiando.
Durante el verano de 2026 comenzaron a aparecer reportes y pruebas de seguridad que obligan a tomar en serio una pregunta que hasta hace poco parecía exagerada: ¿qué pasa cuando una inteligencia artificial recibe cada vez más autonomía y encuentra la manera de saltarse las reglas que le impusimos?
Uno de los casos que encendió las alarmas ocurrió en julio, durante evaluaciones de seguridad relacionadas con agentes de inteligencia artificial. Los reportes sobre estos experimentos describen sistemas capaces de ocultar acciones, buscar formas de evadir restricciones y, en determinadas pruebas, coordinarse para alcanzar un objetivo.
Casos estudiados por empresas como Anthropic también han puesto sobre la mesa un problema conocido como misalignment, o desalineación: sistemas cuyo comportamiento puede apartarse de los objetivos que sus desarrolladores pretendían establecer.
Aquí empieza lo preocupante.
Dentro de la propia industria hay investigadores que han advertido que el desarrollo de estos sistemas puede avanzar más rápido que nuestra capacidad para controlarlos. Algunos han planteado escenarios extremos, incluida la posibilidad de que una IA suficientemente avanzada pueda representar un riesgo para la humanidad.
Más de un millar de trabajadores e investigadores del sector han llamado también a moderar el ritmo de desarrollo mientras no existan herramientas de seguridad y mecanismos de supervisión capaces de acompañar el crecimiento de estas tecnologías.
El problema es que frenar esta carrera no resulta sencillo.
Estados Unidos y China compiten por el liderazgo tecnológico. Las grandes empresas están invirtiendo miles de millones de dólares en centros de datos, chips y nuevos modelos. Y detrás de todo eso hay una carrera económica que difícilmente se detendrá por voluntad de unos cuantos investigadores.
Del otro lado están quienes consideran exagerados los escenarios de extinción y advierten que concentrarse demasiado en los riesgos futuros puede distraernos de problemas que ya están aquí: pérdida de empleos, desinformación, consumo de energía y concentración del poder tecnológico.
El dilema de 2026 no es decidir si debemos desarrollar inteligencia artificial. Eso ya está ocurriendo.
La pregunta es quién pone los límites, quién vigila a quienes desarrollan estos sistemas y qué sucede cuando una máquina puede hacer cosas que sus propios creadores no entienden completamente.
Tal vez el problema no sea frenar el desarrollo.
Tal vez sea recordar para qué lo estamos desarrollando.
Y ahí está el verdadero desorden: la tecnología puede avanzar a una velocidad extraordinaria, pero nuestra responsabilidad no puede quedarse atrás.
Porque antes que la máquina está el hombre.
por Dominio Público | Sep 18, 2026 | Opinión, Principales
La Comisión sigue envuelta en movimientos de personal que, de acuerdo con versiones internas, alcanzan distintas áreas de la institución.
Claudia Bolaños @claudiabola
Imagina que pasa 21 años trabajando en un mismo lugar y que, de la noche a la mañana, te dan las gracias. Sin liquidación, sin mayor explicación y con el argumento de que “se perdió la confianza”. Pues eso es, según trabajadores, lo que ha ocurrido con servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quienes desde hace meses han sido despedidos y se van con las manos vacías.
Es increíble que esto suceda en un organismo que, justamente, existe para defender los derechos humanos, entre ellos los laborales.
La Comisión sigue envuelta en movimientos de personal que, de acuerdo con versiones internas, alcanzan distintas áreas de la institución.
Mientras unos trabajadores son separados de sus cargos bajo el argumento de pérdida de confianza, otros cuestionan las decisiones administrativas y el rumbo que ha tomado el organismo.
Otro de los puntos que genera inconformidad es el estado de los ombudsmóviles, unidades que permanecen detenidas y deteriorándose, pese a que fueron adquiridas para acercar los servicios de la Comisión a la ciudadanía. El reclamo es claro: hay recursos públicos inmovilizados mientras se reducen espacios y personal.
También está bajo la lupa el gasto realizado para la elaboración del Informe 2025. Al interior de la Comisión hay quienes cuestionan cuánto costó ese ejercicio y si era una prioridad en medio de los recortes y despidos que enfrenta la institución.
Como si eso no bastara, también circulan señalamientos sobre la presencia de familiares de funcionarios dentro de la Comisión, lo que alimenta dudas sobre los criterios de contratación y permanencia. Entre despidos, recursos desaprovechados y cuestionamientos por posibles vínculos familiares, la Comisión de Derechos Humanos enfrenta un desafío que no puede ignorar: demostrar que los derechos que exige para otros también los respeta al interior de su propia casa.
Y Sepa La Bola pero también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que nació para ser un contrapeso del poder y una voz para las víctimas, hoy enfrenta uno de los momentos más cuestionados de su historia. Uno fe los ejemplos mas emblemáticos fue la recomendación sobre el caso Ayotzinapa ha sido señalada por organizaciones de derechos humanos por eximir de responsabilidad al Ejército y desacreditar el trabajo de expertos independientes y colectivos que durante años han acompañado a las familias de los 43 normalistas.
El documento, de más de 800 páginas, no solo ha provocado críticas por su contenido, sino también por el tono con el que cuestiona a organizaciones civiles y organismos internacionales como el GIEI.
Lo preocupante es que la discusión ya no gira únicamente sobre Ayotzinapa, sino sobre la credibilidad de la propia Comisión. Un organismo defensor de derechos humanos pierde fuerza cuando sus resoluciones generan más dudas que confianza. La autonomía, la verdad y la defensa de las víctimas son el patrimonio más importante de la CNDH; sin ellos, su papel como institución queda inevitablemente bajo escrutinio.
por Dominio Público | Sep 17, 2026 | Opinión, Principales
La reacción natural y correcta es rechazar que un gobierno extranjero “certifique” o condicione a México.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
“México no será nunca colonia ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende”.
Con esas palabras cerró la presidenta Claudia Sheinbaum su discurso en el Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre. La mandataria reafirmó lo que cualquier gobierno mexicano debería decir sin titubeos: la soberanía no se negocia, no se subordina y no se vende.
De manera casi simultánea se conoció el documento que el presidente Donald Trump envió al Congreso de Estados Unidos: la “Determinación presidencial sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027”.
En el texto, la Casa Blanca reconoce los avances del gobierno de Sheinbaum: mayores decomisos, desmantelamiento de laboratorios clandestinos, despliegue de fuerzas en la frontera y la cooperación que contribuyó a la caída de líderes como “El Mencho”.
Pero, a renglón seguido, exige más: reforzar la integridad de las cadenas de suministro, aumentar las inspecciones en puertos de entrada, incrementar la inversión en las fuerzas de seguridad y, de manera explícita, “exponer, arrestar y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y sido cómplices de los cárteles y han traicionado la seguridad y la soberanía de su propio país”.
La reacción natural y correcta es rechazar que un gobierno extranjero “certifique” o condicione a México. Ningún país soberano debería aceptar que otro le dicte quién debe ser investigado o procesado. Esa es una línea roja que hay que defender.
Pero la soberanía no se agota en el discurso frente al exterior. También se construye, o se debilita, hacia adentro. Y aquí es donde la reflexión se vuelve incómoda.
Sí, no podemos permitir que Estados Unidos nos “certifique”. Pero internamente, el gobierno mexicano debe hacer más para combatir al crimen organizado, exactamente como debieron hacerlo los gobiernos anteriores.
La violencia, la corrupción y la infiltración de los cárteles en las instituciones no empezaron en 2024 ni en 2018. Son problemas estructurales que se arrastran desde hace décadas y que ningún gobierno ha enfrentado con la contundencia necesaria.
Pero hay algo que me llama la atención de la 4T: la doble moral.
Cuando se trata de adversarios políticos o de figuras de administraciones pasadas, muchos celebran, o al menos callan, cuando la justicia estadounidense los señala, los indaga o incluso los acusa, como ocurrió con Genaro García Luna.
En cambio, cuando las sospechas o las investigaciones apuntan a correligionarios, de inmediato se exigen “pruebas irrefutables”, se habla de injerencia y se apela a la soberanía como escudo.
Esa selectividad debilita el argumento soberano. La defensa de la independencia nacional pierde fuerza cuando se utiliza de manera partidista.
México no será colonia ni protectorado de nadie. Esa es una afirmación correcta y necesaria.
Pero la verdadera soberanía también exige que el Estado mexicano limpie su propia casa, procese a los funcionarios corruptos sin importar el color de su partido y demuestre, con hechos y no solo con discursos, que es capaz de proteger a sus ciudadanos sin necesidad de que nadie desde el exterior se lo recuerde.
