por Dominio Público | Mar 31, 2026 | Opinión
El derrame de petróleo en el Golfo de México, donde los responsables se pierden en tecnicismos y comunicados vacíos mientras el chapopote asfixia nuestras costas.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Este “Domingo de Ramos”, el obispo de Irapuato, Guanajuato, monseñor Enrique Díaz Díaz, compartió una reflexión que llamó mi atención.
Este es un fragmento:
“Alguna vez los actores (de la representación de la Pasión de Cristo) me preguntaron si no se podrían cambiar los papeles: ver a un Pilato que no se lave las manos, a un Pedro que no niegue a su amigo o a discípulos que no huyan por miedo. Hoy tenemos esa posibilidad de cambiar el guion… ¡con nuestra vida!”
Más allá de un llamado espiritual, lo dicho por monseñor Díaz encierra —quizá sin proponérselo— una provocación política y social de primer orden. Nos hemos acostumbrado tanto a la representación de nuestra propia tragedia nacional que ya nos sabemos los diálogos de memoria. En el escenario público, el reparto parece inamovible y el final, siempre predecible.
Hagamos un ejercicio de imaginación. En nuestra vida diaria los “Pilatos” abundan: personajes que, ante la injusticia o la crisis, siempre encuentran una forma de lavarse las manos y deslindarse de la responsabilidad. Lo vemos hoy con el derrame de petróleo en el Golfo de México, donde los responsables se pierden en tecnicismos y comunicados vacíos mientras el chapopote asfixia nuestras costas. Para ellos, el guion siempre dicta lo mismo: la culpa es de la fatalidad o del pasado, nunca de la negligencia presente.
También están los “Pedros”, que por conveniencia o temor niegan la verdad cuando el poder los cuestiona. Es el papel que decidió actuar el Tribunal Electoral en el caso de los famosos “sobres amarillos” de Pío López Obrador. Exonerar lo evidente no es justicia; es seguir un libreto de complicidad donde la verdad suele ser el personaje que termina crucificado.
Y si de bajezas hablamos, ahí están los senadores que, en un desplante de miseria humana, prefirieron gritarle “¡Morón!” a la viuda de Carlos Manzo en pleno salón de sesiones, en lugar de mostrar la altura que su cargo exige. Son el ejemplo perfecto de quienes eligen la estridencia para no enfrentar el peso de la realidad ni el dolor de las víctimas.
Cambiar el guion de la vida nacional en 2026 no es una utopía de domingo ni un eco de púlpito: es una urgencia ciudadana. Debemos dejar de ser extras en una obra escrita por el cinismo de quienes nos gobiernan —y de quienes ya gobernaron.
No podemos esperar a que “Pilato” deje su palangana o a que los legisladores recuperen la decencia por iluminación divina; la transformación empieza cuando el espectador se levanta del asiento y cuestiona el libreto.
El destino del país no está escrito; se construye día con día. La posibilidad de cambiar las cosas está en nuestras manos: en esas que hoy se niegan a lavarse frente a la negligencia y que se atreven a escribir una historia distinta. No somos espectadores de una tragedia ajena; somos los autores de una realidad que, por fin, merezca ser vivida.
EN EL TINTERO
La interpretación de la reflexión de monseñor Díaz es exclusivamente mía.
Aunque el SAT dice que no es política la decisión, el que quitara el carácter de donatarias a organizaciones críticas del gobierno, es bastante sospechoso.
por Dominio Público | Mar 27, 2026 | Opinión, Principales
Las primeras versiones surgieron dentro de la Dirección General de Servicios Legales, área adscrita a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y Sepa La Bola… pero en días recientes comenzó a circular dentro del Poder Judicial información sobre José Alfonso Aparicio Velázquez, actualmente secretario auxiliar de acuerdos en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalado por presuntamente usar su cargo para obtener beneficios mediante un esquema de influyentismo, junto con un exfuncionario de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México.
Las primeras versiones surgieron dentro de la Dirección General de Servicios Legales, área adscrita a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. Ahí se indica que el ex trabajador de la dependencia, José René Rivas Valladares, habría obtenido y entregado expedientes relacionados con carpetas de investigación para favorecer litigios contra la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Según mencionan, esa operación la habría iniciado desde su paso por la Defensoría Pública, en apoyo de despachos externos.
El caso habría generado alertas desde 2023, cuando Néstor Vargas Solano estaba al frente de la Consejería Jurídica capitalina y tuvo conocimiento del caso. Ahora se sabe que hacia finales de 2023, Rivas fue removido de su cargo en medio de indagatorias vinculadas con despachos de abogados presuntamente relacionados con estas prácticas de favoritismo e influyentismo.
Desde 2019, Rivas comenzó una relación de amistad con José Alfonso Aparicio Velázquez, actualmente secretario auxiliar de acuerdos en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz, quien, según versiones, lo habría favorecido con información y documentación en sus asuntos judiciales y los de su hermano, Arturo Aparicio Velázquez.
Arturo Aparicio comenzó a figurar en expedientes judiciales y amparos en materia administrativa, tanto del ámbito federal como local, por lo que requería información de primera mano, la cual, según se indica, se habría facilitado con la intervención de Rivas y su hermano, en un puesto clave dentro del Gobierno y el Poder Judicial.
Rivas también trabajó en el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, y Alfonso Aparicio Velázquez laboró en el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública entre agosto de 2015 y enero de 2020, lo que les habría permitido acceso a información y datos personales privilegiados.
Se menciona que uno de los casos en los que habría sido favorecido Arturo Aparicio corresponde al expediente 2/2023, tramitado en el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y al 1388/2024, radicado en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, ambos vinculados con órganos de transparencia.
También se señala que René Rivas y Arturo Aparicio han coincidido en actos de carácter vecinal. De ahí derivan acusaciones, incluso de extorsión, interpuestas por grupos vecinales. A ello se suma la versión de que se difundía la idea de contar con respaldo desde la Suprema Corte, ya fuera como oferta de apoyo o como mecanismo de presión.
Y Sepa La Bola… pero ya se dice que Gerardo Villanueva, diputado por el distrito 26 de Coyoacán, avanzó en las encuestas internas de Morena.
De acuerdo con estadísticas públicas, tendría una ventaja de 23% frente al resto de aspirantes a la candidatura de Morena en Coyoacán, como Hanna de la Madrid, Carlos Castillo, Bertha Luján y Ana María Lomelí.
Desde que inició como legislador se le ha visto encabezando acciones de recuperación de parques públicos. Sus propuestas en materia de vivienda son el eje central de su estrategia.
Y Sepa La Bola… pero en el Instituto Mexicano del Seguro Social ha aumentado la inquietud en la Dirección de Incorporación y Recaudación, encabezada por Luisa Guadalupe Alejandra Obrador Garrido Cuesta, debido a que su gestión está marcada por un desempeño recaudatorio débil en 2025, con un presunto faltante superior a los 7 mil millones de pesos.
A las críticas financieras, que podrían afectar la calidad del servicio, se suman señalamientos por decisiones sin sustento técnico, como la salida de personal experimentado y el pago de liquidaciones millonarias a otros empleados, lo que ha alimentado la percepción de un desmantelamiento institucional. Además, se cuestiona su paso por el entorno empresarial de Ricardo Salinas Pliego, considerado adversario del partido en el poder, y si ello influye en sus decisiones.
por Dominio Público | Mar 26, 2026 | Opinión, Principales
La Cámara de Diputados no sale cara por lo que cuesta, sino por lo poco que entrega.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Las leyes en México salen carísimas. Y no, no es una exageración: es de esas cifras que, cuando uno las ve con calma, dan más coraje que risa.
Dicen que la democracia no tiene precio. Está bien. Pero eso no significa que tengamos que aceptar cualquier cuenta sin chistar. A ver, pongamos la lupa en la Cámara de Diputados en 2025.
El dato duro, completo: la Cámara de Diputados tuvo un presupuesto de 8 mil 941 millones 100 mil pesos.
El resultado: 75 dictámenes aprobados.
Así, sin mucho enredo, cada dictamen aprobado nos salió en 119.2 millones de pesos. Sí, 119 millones por ley. O por lo que haya pasado por ley.
Y claro, siempre aparece el argumento: “legislar es complejo”. Nadie lo niega. Lo que ya no cuadra tanto es pagar como si cada dictamen fuera una pieza de ingeniería fina… cuando muchas veces apenas pasa de trámite.
Ahí va otro dato, también completo: cada uno de los 500 diputados tuvo una percepción neta anual de 1 millón 193 mil 485 pesos.
En total, estamos hablando de 596 millones 742 mil 500 pesos solo en sueldos.
Bajado a tierra: el puro salario de los diputados le carga cerca de 8 millones de pesos a cada dictamen.
Y falta desglosar todo lo demás: asesores, oficinas, viajes, comidas, estructura, operación… todo un aparato que se mueve mucho, pero no siempre en la dirección correcta.
Porque ese es el punto incómodo: no es solo cuánto cuesta, sino qué estamos recibiendo.
De esos 75 dictámenes, varios fueron ajustes menores, otros venían prácticamente resueltos desde antes, y en más de uno el debate fue mero trámite. Se cumple el guion, se levanta la mano y se sigue.
¿De verdad eso vale 119 millones?
Mientras tanto, afuera, el país sigue atorado en lo importante: inseguridad, calor que ya no da tregua, una economía que no termina de despegar. Problemas que no se resuelven con dictámenes de relleno.
Y sí, en algo hay razón: hay que recortar privilegios. Pero tampoco nos hagamos bolas, eso no alcanza
El problema viene desde antes. Desde quién llega, cómo llega y para qué llega. Sin filtros reales, sin independencia y con incentivos para obedecer, el resultado es el mismo de siempre: diputados caros y resultados baratos.
Al final, la Cámara de Diputados no sale cara por lo que cuesta, sino por lo poco que entrega.
Pero bueno, la factura ya está aquí.
Y, como siempre, la seguimos pagando nosotros. ¿Cuánto más?
EN EL TINTERO
Las cifras corresponden al costo promedio por dictamen aprobado en 2025 en la Cámara de Diputados, calculado con base en su presupuesto anual.
Al cierre de esta columna, la Cámara de Senadores aprobó un descafeinado Plan B. La revocación de mandato se queda en el 2028.
por Dominio Público | Mar 25, 2026 | Opinión, Principales
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se ha consolidado como la voz oficial de las acciones del gobierno federal contra el crimen organizado. Cada operativo relevante encuentra ahí su primera versión pública, en un ejercicio claro de control del mensaje.
Raúl García Araujo @araujogar
En seguridad, no hay espacio para figuras decorativas. Hoy, quien está sentado en la mesa donde se toman las decisiones más sensibles entre México y Estados Unidos es Omar García Harfuch.
Desde esa posición no solo coordina operativos: construye acuerdos, intercambia inteligencia y mantiene una relación directa con las agencias más poderosas del vecino del norte.
En los hechos, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se ha convertido en la pieza central del engranaje de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo frente a la administración de Donald Trump.
Su papel va mucho más allá de la coordinación interna. Es el arquitecto de una relación bilateral en seguridad que busca dejar atrás la desconfianza y traducirse en resultados concretos.
Su presencia constante en Washington y su interlocución directa con agencias clave confirman que la estrategia mexicana ha optado por una cooperación pragmática, centrada en objetivos compartidos.
Un ejemplo reciente lo ilustra con claridad: su reunión con Kash Patel, en representación del Gabinete de Seguridad. Ahí, ambas partes reafirmaron principios que hoy resultan indispensables: reciprocidad, respeto a la soberanía y responsabilidad compartida. Pero más allá del discurso, lo relevante son los resultados.
Gracias al intercambio de información, México ha logrado detener a objetivos incluidos en la lista de los más buscados del FBI, además de diversos generadores de violencia que operaban en el país. Es decir, la cooperación bilateral comienza a traducirse en golpes concretos contra estructuras criminales.
La misma lógica se replicó en su encuentro con el director de la DEA, Terrance Christopher Cole. En esa mesa, la prioridad fue consolidar mecanismos de colaboración para enfrentar amenazas comunes, con énfasis en dos frentes críticos: el combate al narcotráfico y el freno al flujo ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México. Este último punto, históricamente relegado, empieza a colocarse en el centro de la agenda.
No es casualidad que el gobierno estadounidense invite de manera constante a Harfuch a reuniones de alto nivel. Su perfil técnico, combinado con capacidad política, lo ha convertido en un interlocutor confiable, pero también en un operador que entiende que la seguridad se construye tanto en el terreno como en la negociación internacional.
A ello se suma un elemento estratégico: la narrativa. Desde sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se ha consolidado como la voz oficial de las acciones del gobierno federal contra el crimen organizado. Cada operativo relevante encuentra ahí su primera versión pública, en un ejercicio claro de control del mensaje.
Y ese control no se limita al ámbito interno. Harfuch también ha asumido el papel de vocero del Estado mexicano ante medios internacionales. Lo hizo al informar, en entrevistas con medios estadounidenses, sobre el operativo que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
No fue solo la comunicación de un resultado operativo. Fue un mensaje político dirigido a Washington: el Estado mexicano tiene capacidad, voluntad y coordinación para golpear a las estructuras criminales de mayor impacto.
En paralelo, los intercambios de alto nivel —incluida la visita del propio director del FBI a México— han confirmado un incremento en las operaciones coordinadas y en la captura de objetivos prioritarios que afectan a ambas naciones. La cooperación, así, deja de ser discurso y se convierte en acción.
Al final, en un gobierno donde la seguridad define la estabilidad política, Harfuch no solo ejecuta la estrategia: la conduce, la negocia y la comunica. Y en ese cruce de funciones —operación, interlocución y narrativa— es donde hoy concentra un poder que pocos dentro del aparato gubernamental pueden igualar.
En Cortito: Nos cuentan que, lejos del reflector cotidiano, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián, ha comenzado a recorrer el país con una misión clara: poner en marcha una de las apuestas más ambiciosas del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en materia de seguridad y reconstrucción del tejido social, la estrategia Reconecta con la Paz.
No se trata de un programa más. Desde la Consejería Jurídica se está impulsando un enfoque que busca ir al fondo del problema: atender las causas de la violencia desde una lógica distinta a la punitiva.
La propuesta se alinea con principios de justicia restaurativa, reinserción social y prevención, apostando por una ruta que combine legalidad con reconstrucción social.
En cada entidad que visita, Damián Peralta no solo presenta la estrategia, también la posiciona como una política pública sustentada en evidencia internacional y en las mejores prácticas en materia de justicia restaurativa.
Si logra consolidarse, Reconecta con la Paz podría convertirse en uno de los pilares silenciosos del modelo de seguridad de este gobierno.
por Dominio Público | Mar 24, 2026 | Opinión, Principales
La crisis de vocaciones en la Iglesia Católica no es un fenómeno aislado. Es, más bien, un síntoma particularmente visible de una sociedad que ha aprendido a desconfiar de lo permanente.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Desde hace varios años escucho a amigos y parientes sacerdotes hablar de una crisis de vocaciones. Ya los jóvenes —dicen— no sienten el llamado. En el pueblo de donde soy originario, en el sur del Estado de México, eso dejó de ser diagnóstico y se volvió evidencia.
Cuando era niño, en mi pueblo había sotanas de sobra: diez sacerdotes y hasta un obispo. Hoy quedan dos. Y no ha vuelto a surgir una vocación más.
La situación se volvió más evidente con la cercanía de Semana Santa en la parroquia de Coatepec Harinas, a la que pertenece mi comunidad y que agrupa a 37 localidades. Este año, el párroco tendrá que enfrentar solo uno de los momentos más importantes del calendario litúrgico. Por movimientos recientes en la Diócesis de Tenancingo, se quedó sin vicario y no tendrá apoyo, al menos, hasta julio.
Eso ha obligado a recortar celebraciones, ajustar horarios y, en los hechos, administrar la fe como si fuera un recurso escaso.
Pero ¿cómo se llegó aquí? ¿La fe va en caída libre? ¿Los escándalos han pasado factura? Quizá. Pero reducirlo a eso sería cómodo. Hay algo más silencioso y, al mismo tiempo, más profundo: la dificultad de sostener el compromiso.
Vivimos en la era del “clic” de retorno. Si un producto no nos gusta, lo devolvemos; si una suscripción nos cansa, la cancelamos; si una relación se complica, la reconfiguramos. Nos hemos acostumbrado a salir de todo… incluso de nosotros mismos.
En ese contexto, el compromiso a largo plazo dejó de ser norma y empezó a parecer una excepción. Para algunos, incluso, una forma extraña de heroísmo.
La crisis de vocaciones en la Iglesia Católica no es un fenómeno aislado. Es, más bien, un síntoma particularmente visible de una sociedad que ha aprendido a desconfiar de lo permanente.
Las cifras ayudan a dimensionarlo, aunque no lo expliquen todo. De acuerdo con el Anuario Pontificio y reportes de la Agencia Fides, la población católica mundial supera los 1,400 millones de fieles, mientras que el número de sacerdotes ronda los 406,996. En paralelo, las congregaciones religiosas han perdido miles de integrantes en los últimos años y los seminarios europeos registran caídas cercanas al 5 por ciento.
Pero esos números, leídos desde lo local, adquieren otro peso: en lugares como mi parroquia, significan un solo sacerdote para decenas de comunidades.
La pregunta de fondo es incómoda: ¿por qué un joven hoy asumiría que su “yo” de 20 años puede comprometer al “yo” de 70?
En un mundo que ofrece un menú infinito de opciones, elegir una sola vida —y elegir “para siempre”— empieza a percibirse no como un acto de libertad, sino como una renuncia excesiva.
No es solo un problema de “escucha” al llamado. Es, también, un problema de voluntad para sostenerlo. Porque el reto no está únicamente en entrar, sino en permanecer. No son pocos los casos de sacerdotes que, con los años, abandonan el ministerio por desgaste, crisis personales o falta de acompañamiento.
Y ese desgaste no es exclusivo del campanario.
Lo vemos en otros espacios: en instituciones que ya no forman vocaciones, sino apenas ocupaciones; en profesiones que antes se asumían como proyectos de vida y hoy se viven como escalones temporales; en un servicio público cada vez más orientado al beneficio inmediato. En México abundan los cargos, pero escasean las vocaciones. Y eso también tiene consecuencias.
Hemos pasado, poco a poco, de una lógica de permanencia a una lógica de tránsito.
Por eso, la llamada “crisis de vocaciones” también funciona como espejo. No solo habla de la Iglesia, habla de nosotros.
Si cada vez nos cuesta más sostener decisiones que duren décadas, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo?
Quizá el problema no sea que los votos resulten demasiado exigentes, sino que hemos dejado de valorar la idea misma de permanecer.
En una época que nos quiere siempre disponibles para cambiar de opinión, comprometerse a largo plazo empieza a ser, más que una carga, una forma de rebeldía.
Y tal vez ahí esté el verdadero fondo del asunto: en nuestra obsesión por no perdernos nada, estamos aprendiendo, sin darnos cuenta, a no quedarnos en nada. Y una sociedad que no sabe quedarse, difícilmente sabe construir.
por Dominio Público | Mar 20, 2026 | Opinión, Principales
En cualquier sistema de contrataciones, la diferencia de costos y la falta de justificación deberían activar revisiones.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y Sepa La Bola… pero en la administración pública hay decisiones que, sin necesidad de adjetivos, hablan por sí solas. El caso de la empresa PROAM Administración S. de R.L. de C.V., propiedad de Guillermo Solís, es uno de ellos: una compañía con señalamientos y denuncias que obtuvo un contrato plurianual del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Los antecedentes están documentados. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado de México inició una investigación sobre condiciones laborales relacionadas con la empresa.
Además, el Instituto Mexicano del Seguro Social auditó y embargó al empresario cuando buscaba contratos con “Soles Mantenimiento”. Son registros institucionales que forman parte del historial del proveedor.
A pesar de ello, el Infonavit le otorgó un contrato cuyo costo es 60 millones de pesos superior a la propuesta presentada por Armot, empresa que inicialmente había sido considerada para el mismo servicio.
La cancelación de ese primer contrato se realizó sin explicación pública. En cualquier sistema de contrataciones, la diferencia de costos y la falta de justificación deberían activar revisiones.
La decisión recayó en Iyadalid Martínez, subdirectora de administración y proveedora de servicios de la dependencia. Su nombre ha sido mencionado en distintos momentos por prácticas en cargos públicos previos. Más allá de valoraciones, la recurrencia de señalamientos en trayectorias vinculadas al manejo de recursos públicos merece atención.
El tema no se limita a una sola adjudicación. El 22 de diciembre de 2025, durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una investigación sobre la licitación CO-PVB-095-2025, relacionada con la construcción de vivienda en Hidalgo y también autorizada por Martínez Domínguez.
La repetición de casos coloca el foco en los procesos.
A esto se suman antecedentes en Petróleos Mexicanos, donde empleados señalaron la asignación de labores en días de descanso, extensión de jornadas y solicitud de actividades adicionales, así como la designación de personal sin el perfil requerido.
Posteriormente, al separarse de la empresa productiva del Estado, se le otorgó un finiquito por más de dos millones y medio de pesos, documentado en oficios oficiales.
El punto de fondo no es la existencia de señalamientos, sino la manera en que estos conviven con decisiones administrativas de impacto económico.
Cuando un contrato supera por 60 millones de pesos a otra propuesta y no hay explicación pública, la discusión deja de ser técnica y se convierte en un asunto de rendición de cuentas. Los datos están sobre la mesa.
Y Sepa La Bola… pero hay un riesgo que nadie frena. La caída de una lona en un muro ciego ubicado en Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 4192, en Álvaro Obregón, vuelve a exhibir un problema que persiste en la Ciudad de México: la operación de estructuras de publicidad exterior sin permisos.
La empresa señalada, Carteles y Neón Espectaculares Publi20, forma parte de un esquema donde anuncios se instalan sin autorizaciones de uso de suelo, dictámenes de protección civil ni seguros de responsabilidad.
La Ley de Publicidad Exterior establece restricciones claras para este tipo de estructuras; sin embargo, su proliferación muestra fallas en supervisión y sanción.
Hoy no hubo víctimas, pero el riesgo es constante en zonas de alta circulación. La pregunta no es nueva: ¿qué acciones implementará el gobierno capitalino para retirar estas instalaciones y evitar consecuencias mayores?
