por Dominio Público | Jul 24, 2026 | Opinión
¿Por qué sigue ocurriendo? Porque aún conviven la impunidad, el abandono institucional, la falta de educación, la tenencia irresponsable y una cultura que sigue viendo a muchos animales como objetos desechables.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y Sepa La Bola… pero la polémica protagonizada por Pedro Sola no debería quedarse en otro escándalo pasajero de televisión. Durante una emisión de Ventaneando, el conductor expresó su rechazo a la presencia de perros en espacios públicos y aseguró que sentía deseos de arrojarles carne envenenada.
Aunque después ofreció disculpas y calificó sus palabras como una expresión desafortunada, una organización protectora de animales presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México al considerar que ese tipo de mensajes puede incentivar conductas violentas contra los animales.
El problema no es solamente lo que dijo un personaje público. El verdadero asunto es que una frase de esa naturaleza todavía pueda pronunciarse como si el sufrimiento animal fuera un motivo de humor o una exageración sin consecuencias.
Desde un espacio de comunicación masiva, las palabras tienen un peso distinto. Pueden ayudar a cuestionar la violencia o, por el contrario, contribuir a normalizarla.
Los hechos recientes muestran que la crueldad contra los animales no es un caso aislado. En Naucalpan fue detenido un hombre acusado de arrojar a un perro desde una altura aproximada de diez metros. En Tlalpan fueron rescatados ocho cachorros abandonados dentro de una caja, en condiciones de hambre y vulnerabilidad. En Tepetlaoxtoc, el tigre de Bengala Kenzo murió tras escapar de un centro privado, donde quedaron bajo cuestionamiento los protocolos de manejo.
A ello se suma la denuncia realizada en Tecámac sobre el sacrificio de miles de perros entre 2019 y 2024. Más allá de las explicaciones administrativas, el fondo del problema es qué hace una sociedad con los animales cuando la prevención falla y la respuesta institucional llega demasiado tarde.
Una autoridad responsable no puede limitarse a administrar la crisis. Debe impulsar campañas permanentes de esterilización, fomentar la adopción, supervisar refugios y evitar que los centros de control animal se conviertan en lugares donde el abandono termine en muerte.
México avanzó en materia jurídica. Desde diciembre de 2024, el artículo 4 constitucional reconoce la obligación del Estado de garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales.
Pero una reforma constitucional sin presupuesto, personal capacitado, ministerios públicos especializados y sanciones efectivas corre el riesgo de quedarse como una buena intención escrita en papel.
¿Por qué sigue ocurriendo? Porque aún conviven la impunidad, el abandono institucional, la falta de educación, la tenencia irresponsable y una cultura que sigue viendo a muchos animales como objetos desechables.
Además, las responsabilidades permanecen fragmentadas entre municipios, estados y Federación, mientras México continúa sin una política nacional sólida y homogénea para enfrentar el maltrato animal.
La indignación en redes sociales no basta. Se necesitan denuncias que avancen, autoridades que investiguen, campañas de esterilización eficaces, regulación de criaderos, combate a la venta clandestina, refugios supervisados y sanciones que realmente se cumplan.
La manera en que una sociedad trata a los seres más vulnerables dice mucho de sus instituciones y el maltrato está vinculado a las mentes criminales.
En México hay leyes que prometen protección; lo que falta es que esa protección llegue antes de que aparezca otro video, otra disculpa pública y otro animal víctima de la violencia.
Y Sepa La Bola… pero terminó el Mundial y con él parece disminuir la urgencia por presumir una ciudad impecable ante los ojos del mundo. Quedaron pendientes obras, baches, problemas en el Metro y cuestionamientos sobre el gasto público, pese al discurso de miles de acciones realizadas.
Si la transformación de una ciudad depende de la presencia de cámaras internacionales, entonces la pregunta es qué ocurre cuando esas cámaras se van.
Una capital de primer nivel no se construye con escenarios temporales ni con maquillaje para las visitas. Se construye con mantenimiento permanente, transparencia y resultados que puedan verse todos los días.
por Dominio Público | Jul 23, 2026 | Opinión, Principales
La Fiscalía General de la República eligió, entre todos los expedientes que tiene sobre el escritorio, judicializar el caso de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, a quien acusa de encabezar una red de huachicol fiscal.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
El padre Chucho, un sacerdote que vivió en mi casa, nos contaba que, cuando una epidemia azotó el ganado de su pueblo, en Michoacán, los dueños de las reses enfermas repetían resignados: «¡Que se haga la voluntad de Dios!» Pero uno, más desesperado que devoto, soltó la frase que pasó a la historia: «¡Que se haga la voluntad de Dios… pero en los bueyes de mi compadre!»
Esa misma lógica parece haber sido actualizada por la 4T: «Que se aplique la ley… pero a mis adversarios políticos».
La Fiscalía General de la República eligió, entre todos los expedientes que tiene sobre el escritorio, judicializar el caso de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, a quien acusa de encabezar una red de huachicol fiscal —contrabando de combustible— a través de su empresa Ingemar, junto con otras personas. No es un personaje cualquiera: fue el primer gobernador no priista de la historia moderna de México, surgido del PAN y, recientemente, incorporado a Somos México.
No afirmo aquí su culpabilidad ni su inocencia. Eso deberá acreditarlo el Ministerio Público durante el proceso. Lo que sí despierta dudas es el momento y la forma en que se presentó el caso.
Justo cuando la 4T enfrenta fuertes cuestionamientos por los escándalos que rodean a gobernadoras y gobernadores de Morena —entre ellos el de Marina del Pilar Ávila, en Baja California— y cuando ya comenzó la carrera por las candidaturas rumbo a las elecciones intermedias de 2027, aparece la detención de uno de los rostros más visibles de la oposición.
La audiencia inicial se prolongó durante más de 30 horas, con varios recesos, y se llevó a cabo a puerta cerrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.
La FGR presentó más de cien elementos de prueba. Al final, una jueza de control vinculó a proceso a Ruffo y a otros imputados por delincuencia organizada y contrabando, les impuso prisión preventiva y ordenó su traslado al penal de El Altiplano. La pregunta es inevitable: ¿de verdad Ruffo representa un riesgo que justifique enviarlo a un penal de máxima seguridad?
El mensaje que queda es simple: sí, nosotros tenemos problemas, pero los de enfrente están peor.
La 4T tiene ahora la tarea de demostrar que este caso no responde a un criterio selectivo. Tendrá que sostener las acusaciones con pruebas sólidas y transparentes. De lo contrario, fortalecerá la percepción de que la ley se utiliza como arma política y no como instrumento de justicia.
Porque una detención tan oportuna, seguida de una audiencia maratónica y a puerta cerrada, difícilmente puede separarse del calendario electoral. En México, la percepción de que la justicia se aplica según la conveniencia política hace más daño a la confianza en las instituciones que cualquier sentencia.
Y cuando la gente siente que «la voluntad de Dios» siempre cae sobre los bueyes del compadre… tarde o temprano deja de creer en los milagros.
por Dominio Público | Jul 22, 2026 | Opinión, Principales
La reciente masacre pretende enviar una señal de dominio territorial en una entidad donde desde hace años mantienen una disputa violenta el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Raúl García Araujo @araujogar
La masacre de diez personas en Zacatecas no sólo volvió a teñir de sangre a la entidad; también dejó al descubierto el tamaño del fracaso de la estrategia de seguridad del gobernador David Monreal Ávila.
Cuando un grupo criminal es capaz de privar de la libertad a sus víctimas, asesinarlas con extrema violencia, abandonar sus cuerpos en distintos puntos del estado y después difundir un video para adjudicarse los hechos y lanzar amenazas, queda claro que algo no está funcionando.
El discurso oficial insiste en que existe coordinación, inteligencia y estrategia. Los hechos cuentan otra historia.
Si realmente existiera un trabajo de inteligencia eficaz, las autoridades habrían detectado los movimientos de las células criminales antes de que consumaran una operación de semejante magnitud.
La prevención brilló por su ausencia y la reacción llegó cuando el daño ya era irreversible.
El gobierno estatal presume reuniones permanentes de la Mesa de Construcción de Paz, operativos conjuntos y coordinación institucional.
Sin embargo, la realidad vuelve a imponerse. Los grupos criminales continúan demostrando capacidad para operar, movilizarse y sembrar terror en distintos municipios sin que las instituciones logren anticiparse a sus acciones.
La difusión del video atribuido a una facción del Cártel de Sinaloa, cuya autenticidad es investigada por las autoridades, representa además un desafío abierto al Estado mexicano.
El mensaje pretende exhibir fuerza, intimidar a las autoridades y enviar una señal de dominio territorial en una entidad donde desde hace años mantienen una disputa violenta el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En ese escenario aparecen nuevamente dos nombres que ocupan un lugar prioritario para el Gabinete de Seguridad Federal: Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, señalado como uno de los líderes de una facción del Cártel de Sinaloa, y Gerardo González Ramírez, “El Geras”, identificado por autoridades federales como operador regional del CJNG en la zona limítrofe entre Jalisco y Zacatecas.
Mientras ambos grupos mantienen su confrontación, son los ciudadanos quienes pagan el costo de una guerra que parece no tener fin.
Lo verdaderamente preocupante es que los criminales actúan con una audacia que sólo puede explicarse por la enorme capacidad operativa que conservan.
Zacatecas se ha convertido en un terreno donde las organizaciones criminales desafían constantemente a las instituciones, ejecutan acciones de alto impacto y buscan imponer el miedo como mecanismo de control.
Esa realidad obliga a preguntarse si la inteligencia estatal está produciendo resultados acordes con la gravedad del problema.
La presidenta Claudia Sheinbaum no dejó pasar el mensaje.
El reforzamiento inmediato del Gabinete de Seguridad y la decisión de encomendar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el seguimiento de las investigaciones reflejan que la Federación considera este caso una prioridad nacional.
Cuando el gobierno federal asume directamente la conducción de una investigación de esta magnitud, también envía una señal de la urgencia de fortalecer la respuesta institucional en Zacatecas.
David Monreal asegura que no permitirá el regreso de los años más violentos. Sin embargo, la ciudadanía juzga por resultados, no por discursos.
Y los resultados muestran una realidad difícil de ocultar: mientras las autoridades reaccionan, las organizaciones criminales continúan marcando el ritmo de la violencia.
La paz no regresará con conferencias de prensa ni con balances optimistas.
Regresará cuando el trabajo de inteligencia permita anticipar los golpes del crimen, detener a sus principales generadores de violencia y devolver a los zacatecanos la certeza de que el Estado es quien ejerce la autoridad, y no quienes pretenden desafiarla con sangre y terror.
En Cortito: Nos cuentan que los ciudadanos ya no quieren políticos de escritorio. Quieren dirigentes que caminen las calles, que escuchen sus problemas y que estén presentes cuando más los necesitan.
En Morelos, el PAN parece haber entendido ese mensaje antes que sus adversarios.
Mientras otros partidos permanecen concentrados en la comodidad de las oficinas, los discursos y las estrategias de coyuntura, Acción Nacional decidió regresar al territorio, al lugar donde realmente se construye la confianza ciudadana: el contacto directo con la gente.
Los dos principales referentes del panismo morelense, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, y el diputado local, Daniel Martínez, entendieron el momento político que vive la entidad y comenzaron a cambiar la forma de hacer política.
Dejaron atrás la lógica de esperar los tiempos electorales para salir al encuentro de los ciudadanos y apostaron por una presencia permanente en colonias y comunidades.
La lectura es clara: una elección no se construye solamente durante las campañas. Se gana con anticipación, con trabajo constante y con la capacidad de transformar las preocupaciones de la gente en propuestas reales.
Por eso, recorrer las calles, escuchar las demandas de las familias y conocer de primera mano sus necesidades se convierte en una herramienta política que puede marcar la diferencia.
La estrategia empieza a generar contraste. Mientras algunos partidos parecen confiar únicamente en la fuerza de sus estructuras, los mensajes en redes sociales o las reuniones internas, el PAN apuesta por recuperar la cercanía y reconstruir el vínculo con una ciudadanía que cada vez exige más resultados y menos promesas.
Bajo el liderazgo de José Luis Urióstegui Salgado, Acción Nacional busca reposicionarse como una fuerza política cercana, capaz de escuchar, acompañar y representar las preocupaciones de los morelenses.
El reto es mantener esa ruta y convertir la presencia territorial en una organización sólida rumbo al proceso electoral de 2027.
En política, los tiempos importan. Quienes entienden que el trabajo comienza mucho antes de las urnas tienen una ventaja frente a quienes aparecen únicamente cuando buscan el voto.
El PAN parece haber asumido esa realidad y apuesta por construir desde ahora una relación distinta con los ciudadanos.
Si mantiene esta estrategia de cercanía y presencia permanente, Acción Nacional podría estar edificando una fortaleza que sus adversarios todavía no dimensionan.
por Dominio Público | Jul 21, 2026 | Opinión, Principales
Sheinbaum sigue comunicándose a ratos como candidata de izquierda y no como jefa de Estado.
Por Miguel Camacho @mcamachoocampo
El domingo pasado la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en la final del Mundial en Nueva York. El viaje provocó revuelo y, como suele ocurrir en estos casos, aparecieron las reacciones más exageradas.
Lo primero hay que decirlo sin rodeos: hizo bien en ir. Se tomó la foto con Donald Trump, con el primer ministro de Canadá, con los reyes de España y con otros líderes. Había tensiones con la administración Trump, sí, pero Canadá también las tiene y aun así asistió. Era una foto que México necesitaba y la presidenta la consiguió. Hasta ahí el acierto.
El problema vino después. Sheinbaum habló de más. No necesitaba explicar paso por paso cómo decidió asistir al partido. Al hacerlo, ella misma abrió la puerta a las críticas que hoy circulan: que la presionaron, que Trump le tronó los dedos, que al final siempre terminan yendo.
Quedó atrapada en su propia narrativa. Primero dijo que el Mundial era un evento caro y elitista; incluso regaló sus boletos por esa razón. Después terminó en el estadio. Ahí apareció la contradicción. En comunicación política eso suele salir caro: dices una cosa, haces otra y luego intentas justificarlo. El resultado es simple: la gente deja de creerte o empieza a verte débil.
Y hubo otro error. La presidenta salió a justificar el uso del avión oficial. ¿De verdad era necesario? Los aviones presidenciales son una herramienta de trabajo, punto. Explicarlo como si se tratara de un lujo personal es regalarle munición a la oposición. Es como si un cirujano tuviera que aclarar por qué usa bisturí y no un cuchillo de cocina. Nadie se lo preguntaba hasta que él mismo puso el tema sobre la mesa.
El fondo del asunto es otro: Sheinbaum sigue comunicándose a ratos como candidata de izquierda y no como jefa de Estado. Ese tono le puede servir para la tribuna partidista, pero no siempre funciona cuando se gobierna un país.
Al final, asistir al Mundial no fue el error. El error fue la explicación. En política, muchas veces basta con una frase corta y firme: fui porque represento a México. Todo lo demás fue ruido.
por Dominio Público | Jul 17, 2026 | Opinión, Principales
El problema político no es solamente quién fue nombrado, sino el mensaje enviado. Por ello, las asociaciones piden a la Presidenta Claudia Sheinbaum actuar contra los malos manejos del funcionario.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y Sepa La Bola… pero en la política mexicana, los señalamientos rara vez frenan una carrera pública. A veces ocurre lo contrario: se convierten en antesala de un nuevo nombramiento. Ese es el caso de Alfredo Arellano Guillermo, exsecretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo durante el gobierno de Carlos Joaquín González, quien ahora ocupa la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Semarnat, con Alicia Bárcena.
El nombramiento resulta incómodo porque no llega después de una aclaración pública, una auditoría concluyente o el cierre de las denuncias, sino mientras siguen abiertos los cuestionamientos por el manejo de los recursos destinados a combatir el sargazo.
Arellano fue incorporado a la administración ambiental federal encabezada por Alicia Bárcena, pese a que organizaciones civiles, comunidades costeras y prestadores de servicios mantienen dudas sobre su actuación en Quintana Roo.
Durante 2018, el gobierno estatal reportó el ejercicio de 312 millones de pesos para retirar el sargazo. A esa cantidad se sumaron proyectos cercanos a 200 millones de pesos para instalar barreras marinas que registraron retrasos, fallas y resultados insuficientes.
El problema no fue únicamente el volumen del alga, sino la incapacidad institucional para explicar con precisión qué se compró, cuánto costó, quién lo entregó y cuáles fueron los resultados.
La denuncia más grave fue presentada públicamente por Roberto Palazuelos, quien señaló un posible desvío de 240 millones de pesos mediante la simulación del arrendamiento de embarcaciones y equipos.
Según esa acusación, se habrían facturado lanchas inadecuadas para operar en el mar, además de maquinaria que nunca llegó a las costas.
El gasto real, de acuerdo con el señalamiento, habría rondado apenas los 40 millones de pesos.
Más Selva A.C., cooperativas turísticas de Akumal, habitantes de Chemuyil, hoteleros y prestadores de servicios también expresaron inconformidades.
Los cooperativistas denunciaron haber sido excluidos de los programas de atención; habitantes de Chemuyil cuestionaron decisiones relacionadas con el Santuario de la Tortuga Marina, mientras organizaciones ambientales exigieron conocer el destino de los recursos públicos.
La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo abrió investigaciones para revisar fondos de contingencia, aportaciones federales y posibles responsabilidades administrativas. Sin embargo, el paso del tiempo no produjo las respuestas que exigían las comunidades. Produjo algo distinto: el regreso de Arellano a un cargo federal con mayor influencia sobre las playas y costas del país.
El problema político no es solamente quién fue nombrado, sino el mensaje enviado. Por ello, las asociaciones piden a la Presidenta Claudia Sheinbaum actuar contra los malos manejos del funcionario.
La Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre es una oficina estratégica, con poder sobre intereses inmobiliarios, turísticos y ambientales. Colocar ahí a un funcionario cuestionado por opacidad y manejo discrecional no fortalece la confianza pública.
Mientras tanto, el sargazo sigue acumulándose, las cancelaciones turísticas golpean a hoteles y restaurantes, y cientos de familias enfrentan menos trabajo e ingresos. La emergencia ambiental se convirtió en crisis social, pero los responsables de explicar el uso del dinero permanecen protegidos por el silencio institucional.
En Quintana Roo quedaron playas afectadas, negocios golpeados y denuncias sin resolver. En el Gobierno Federal apareció un nuevo nombramiento.
Esa es la contradicción: mientras la población paga los costos del sargazo, la administración pública premia a quienes todavía deben aclarar qué hicieron con los recursos destinados a combatirlo, hay una crisis social ya por el tema del sargazo y las cancelaciones de turistas están creciendo pues todo indica que los recursos para atender esa emergencia fueron a parar a un destino diferente al asignado.
por Dominio Público | Jul 16, 2026 | Opinión
Los problemas del sistema educativo no son nuevos y tampoco se resolverán repartiendo dinero.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Es tiempo de clausuras escolares en todos los niveles. Por las calles vemos a madres y padres cargando ramos de flores, llevando de la mano a sus hijos con el uniforme de gala o acompañando a jóvenes vestidos para celebrar el fin de una etapa.
En los últimos días de clases, los pasillos se llenan de conversaciones sobre las vacaciones, la escuela a la que irán quienes concluyeron un ciclo, la carrera que quieren estudiar o el trabajo que esperan conseguir.
Pero no todas las historias terminan con aplausos.
En la ceremonia de clausura de una primaria, en el sur del Estado de México, el director presentó su informe de labores. Después de enumerar los logros del plantel, comentó que el ciclo escolar había iniciado con una matrícula de 100 alumnos y concluía con 98.
Dos alumnos menos. Dos niños cuyos padres decidieron que había otras prioridades. Los maestros me contaron que, simplemente, dejaron de asistir.
También me dijeron que entregaron la documentación correspondiente y confían en que hayan sido inscritos en otra escuela.
Hay otros sueños que no se rompen por falta de ganas, sino por razones económicas y de infraestructura. Es el caso de Ángel.
Ángel es un joven apasionado del campo y de los animales. Sus padres dicen que no es una «lumbrera», pero sí muy trabajador. Terminó el bachillerato con la ilusión de estudiar “para ingeniero agrónomo con especialidad en zootecnia”. No pudo hacerlo porque su familia no cuenta con los recursos suficientes y, además, en la región donde vive no existe una universidad que ofrezca esa carrera. Las opciones más cercanas son la Universidad Autónoma Chapingo y otra institución ubicada en Iguala, Guerrero.
Las universidades cercanas a su comunidad, en el sur del Estado de México, ofrecen carreras como Contaduría, Enfermería, Pedagogía, Educación Física y Derecho. Ninguna responde a lo que él quiere hacer con su vida.
Antes de seguir, quiero dejar clara mi forma de pensar. Los problemas del sistema educativo no son nuevos y tampoco se resolverán repartiendo dinero.
Las becas pueden ayudar a disminuir la deserción escolar, pero por sí solas no resuelven el problema. Ahí está el ejemplo de la primaria cuya ceremonia de clausura presencié.
También hace falta replantear la educación superior para que la oferta académica responda a las necesidades de cada región y evite que jóvenes como Ángel tengan que renunciar a sus proyectos por falta de opciones.
Los problemas educativos no se resuelven con discursos ni con la simple entrega de recursos. Requieren planeación, visión de largo plazo y una oferta educativa que responda a la realidad de cada región. Mientras eso no ocurra, seguiremos viendo que muchos jóvenes no abandonan sus sueños por falta de capacidad, sino porque el país nunca les abrió el camino para alcanzarlos.
EN EL TINTERO
El Tren Interoceánico volvió a descarrilar, precisamente en la misma zona donde, en diciembre pasado, otro convoy sufrió un accidente en el que murieron varias personas. Es momento de cerrar temporalmente esa línea y realizar una investigación seria. Dos accidentes en el mismo sitio ya no pueden considerarse una casualidad; son la señal de que algo se hizo mal.
