La Fiscalía General de la República eligió, entre todos los expedientes que tiene sobre el escritorio, judicializar el caso de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, a quien acusa de encabezar una red de huachicol fiscal.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
El padre Chucho, un sacerdote que vivió en mi casa, nos contaba que, cuando una epidemia azotó el ganado de su pueblo, en Michoacán, los dueños de las reses enfermas repetían resignados: «¡Que se haga la voluntad de Dios!» Pero uno, más desesperado que devoto, soltó la frase que pasó a la historia: «¡Que se haga la voluntad de Dios… pero en los bueyes de mi compadre!»
Esa misma lógica parece haber sido actualizada por la 4T: «Que se aplique la ley… pero a mis adversarios políticos».
La Fiscalía General de la República eligió, entre todos los expedientes que tiene sobre el escritorio, judicializar el caso de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, a quien acusa de encabezar una red de huachicol fiscal —contrabando de combustible— a través de su empresa Ingemar, junto con otras personas. No es un personaje cualquiera: fue el primer gobernador no priista de la historia moderna de México, surgido del PAN y, recientemente, incorporado a Somos México.
No afirmo aquí su culpabilidad ni su inocencia. Eso deberá acreditarlo el Ministerio Público durante el proceso. Lo que sí despierta dudas es el momento y la forma en que se presentó el caso.
Justo cuando la 4T enfrenta fuertes cuestionamientos por los escándalos que rodean a gobernadoras y gobernadores de Morena —entre ellos el de Marina del Pilar Ávila, en Baja California— y cuando ya comenzó la carrera por las candidaturas rumbo a las elecciones intermedias de 2027, aparece la detención de uno de los rostros más visibles de la oposición.
La audiencia inicial se prolongó durante más de 30 horas, con varios recesos, y se llevó a cabo a puerta cerrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.
La FGR presentó más de cien elementos de prueba. Al final, una jueza de control vinculó a proceso a Ruffo y a otros imputados por delincuencia organizada y contrabando, les impuso prisión preventiva y ordenó su traslado al penal de El Altiplano. La pregunta es inevitable: ¿de verdad Ruffo representa un riesgo que justifique enviarlo a un penal de máxima seguridad?
El mensaje que queda es simple: sí, nosotros tenemos problemas, pero los de enfrente están peor.
La 4T tiene ahora la tarea de demostrar que este caso no responde a un criterio selectivo. Tendrá que sostener las acusaciones con pruebas sólidas y transparentes. De lo contrario, fortalecerá la percepción de que la ley se utiliza como arma política y no como instrumento de justicia.
Porque una detención tan oportuna, seguida de una audiencia maratónica y a puerta cerrada, difícilmente puede separarse del calendario electoral. En México, la percepción de que la justicia se aplica según la conveniencia política hace más daño a la confianza en las instituciones que cualquier sentencia.
Y cuando la gente siente que «la voluntad de Dios» siempre cae sobre los bueyes del compadre… tarde o temprano deja de creer en los milagros.
