Según el análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, mientras López Obrador mencionaba la palabra “corrupción” un promedio de 6.4 veces por mañanera, Sheinbaum la ha reducido a 1.5 veces por conferencia.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
El primero de septiembre, durante la lectura del mensaje por su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum pronunció 7,237 palabras. Ni una sola de ellas fue “corrupción”. Cero. Así lo documentó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
En las mañaneras el patrón se repite con precisión quirúrgica. Cuando surge el nombre de Fernando Farías Laguna, el contralmirante expulsado por Argentina y señalado como pieza clave de una red de huachicol fiscal, la presidenta pide a la Fiscalía General de la República que explique “cómo se construyó esa red”. Insiste, una y otra vez: “No hay nada que esconder”. Pero al mismo tiempo aclara, con la misma firmeza, que según le informan no existen investigaciones contra Andrés Manuel López Beltrán ni contra el senador Adán Augusto López, a pesar de que ambos nombres aparecieron en testimonios.
El mensaje es claro: se investiga… pero solo hasta cierto punto. Se habla… pero se calla lo que incomoda.
Según el análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, mientras López Obrador mencionaba la palabra “corrupción” un promedio de 6.4 veces por mañanera, Sheinbaum la ha reducido a 1.5 veces por conferencia. No es que el problema haya desaparecido. Es que el lenguaje que lo nombraba se volvió políticamente costoso.
Y el silencio tiene consecuencias. El huachicol fiscal no es un delito menor. De acuerdo con el análisis del doctor Francisco José Barnés de Castro —exrector de la UNAM y exsubsecretario de Energía—, entre 2019 y mediados de 2026 se introdujeron al país aproximadamente 935 millones de barriles de gasolina y diésel sin pagar impuestos, con un quebranto superior a los 730 mil millones de pesos. Las operaciones estuvieron y están a cargo de redes que, según testimonios judiciales, rozaron nombres que están demasiado cerca del poder como para pronunciarlos con naturalidad.
Frente a eso, el oficialismo responde con una fórmula ya conocida: se investiga, se detiene a algunos, se cancela la factura de empresas. Todo muy bien. Pero se omite lo esencial: ¿hasta dónde llega realmente la red? ¿Quién más estaba involucrado? ¿Por qué ciertos nombres se mencionan en las audiencias y luego desaparecen del discurso público?
El silencio no es ausencia de información. Es una forma de gobernar. Decide qué entra en la conversación nacional y qué queda fuera. Protege. Ordena. Castiga con la omisión. Y, sobre todo, educa: enseña a la ciudadanía qué preguntas son legítimas y cuáles son “politiquería”.
Hay una diferencia importante entre el silencio prudente y el silencio cómodo. El primero protege investigaciones en curso. El segundo protege intereses. El problema es que, desde el poder, esa línea se vuelve cada vez más difusa.
El poder que calla no es un poder débil. Es un poder que ha aprendido que, a veces, es más efectivo no decir. Porque lo que no se nombra, no existe. O al menos, no existe con la misma fuerza.
Pero el silencio también tiene un costo. Cuando el gobierno deja de hablar de corrupción, la sociedad no deja de pensarla. Cuando se protege a ciertos nombres con omisiones, la sospecha crece. Y cuando la narrativa oficial se vuelve demasiado limpia, la realidad se encarga de ensuciarla.
Gobernar no es solo hablar. También es decidir qué se calla. Y en ese sentido, el silencio también gobierna.
