La FGR cateó una bodega ligada a Manuel Roberto ‘N’ y aseguró armas, documentos reservados y expedientes de altos mandos de la Marina
La Fiscalía General de la República señalí que los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, eran quienes encabezaban un esquema delictivo que permitió contrabandear y distribuir por el país millones de litros de hidrocarburos sin el pago debido de impuestos.
La Fiscalía General de la República cateó en la Ciudad de México una bodega del Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, procesado por huachicol fiscal, en la que aseguró armas, documentos de seguridad nacional clasificados como reservados y confidenciales y expedientes de altos mandos de la Marina.
En un mensaje transmitido esta tarde a través de las redes sociales, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó que la bodega es propiedad de Manuel Roberto Farías y se halló documentación “reservada y confidencial” que permitió descifrar el modus operandi del llamado huachicol fiscal, cuyas ganancias han sido valuadas hasta en más de 600 mil millones de pesos.
Ambos hermanos, conocidos en el ámbito delictivo como «Los Primos» y sobrinos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, enfrentan actualmente procesos por delincuencia organizada y delitos de hidrocarburos bajo prisión preventiva en el penal federal del Altiplano.
En el inmueble fueron localizadas armas, documentos clasificados como reservados y confidenciales, así como expedientes relacionados con altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar).
“Se encontraron, además de objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y altos mandos de la institución, documentación de seguridad nacional, clasificada como reservada y confidencial, y armas sin el debido registro”, explico Godoy.
El entramado delictivo comenzó a desmoronarse tras la incautación de 10 millones de litros de diésel a bordo de una embarcación en el puerto de Altamira, Tamaulipas.
De acuerdo con las indagatorias de la FGR, la organización coordinaba el viaje de buques que zarpaban principalmente desde Texas cargados de combustible, el cual era falsamente declarado como aceites o aditivos para alterar su tratamiento fiscal y evadir impuestos.
Para lograr el ingreso de la mercancía, servidores públicos y agentes aduanales coludidos recibían pagos ilícitos a cambio de realizar inspecciones simuladas.
Estas simulaciones incluían muestreos superficiales, aprobación de volúmenes de carga manipulados y la deliberada desactivación de cámaras de seguridad en horarios específicos para evitar que quedaran registros visuales de las descargas en los puertos.
Una vez en territorio nacional, el diésel se distribuía mediante tres empresas formalmente constituidas, mientras que los activos financieros eran blanqueados a través de firmas fachada y triangulaciones bancarias.
La capacidad operativa de la red criminal no se limitaba al traslado de combustible; el grupo delictivo ejercía control interno mediante la gestión de designaciones, ascensos y transferencias de personal dentro de las aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la propia Secretaría de Marina.
De manera específica, el ex vicealmirante Manuel Roberto administraba y gestionaba estos cargos estratégicos para asegurar la impunidad en los puntos de arribo.
