Por la forma en que quedaron redactadas, las leyes en el Congreso de la Unión suponen riesgos reales a las libertades fundamentales.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Terminó el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso. Como ya es costumbre, vimos gritos, sombrerazos, argumentos ignorados y la aprobación exprés de una batería de leyes diseñadas para afianzar el poder de la 4T.
Una de las joyas de este supuesto “debate legislativo” fue la intervención de la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, quien aseguró que el bloque oficialista utilizó inteligencia artificial (IA) para analizar los dictámenes antes de aprobarlos.
Así las cosas —y ya con las leyes aprobadas— le pedí a ChatGPT que realizara un análisis político y jurídico de este paquete legislativo, poniendo especial atención en ambigüedades normativas y posibles afectaciones a los derechos humanos, en particular la libertad de expresión y la privacidad, a partir de las reformas en materia de seguridad, telecomunicaciones, radiodifusión y desaparición forzada.
Las conclusiones preliminares de la IA son preocupantes. Detectó definiciones vagas —como “seguridad nacional”, “riesgo a la paz pública” e “información falsa”—, ausencia de controles judiciales inmediatos en medidas de vigilancia, y concentración de facultades en instituciones sin mecanismos claros de transparencia ni rendición de cuentas.
Por la forma en que quedaron redactadas, estas leyes suponen riesgos reales a las libertades fundamentales. Si en su reglamentación no se corrigen las ambigüedades, podríamos estar, ni más ni menos, ante las puertas de una dictadura legal.
EN EL TINTERO
Análisis preliminar de las nuevas leyes hecho con IA:
1. Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública
Contenido clave:
Crea un sistema centralizado de recolección, análisis e intercambio de inteligencia.
Otorga facultades a las fuerzas de seguridad para acceder a bases de datos, incluidas privadas.
Análisis jurídico y político:
Ambigüedad: El concepto de “información estratégica” no está definido con claridad, lo que puede dar lugar a interpretaciones discrecionales o arbitrarias.
Afectación potencial: Se permite acceder a datos sin orden judicial si se considera de “interés nacional”.
Privacidad: Alto riesgo. Se vulnera el principio de legalidad al no delimitar con precisión qué datos pueden obtenerse ni bajo qué garantías.
Riesgo político: Posible uso con fines de espionaje interno contra opositores, periodistas o defensores de derechos humanos.
2. Ley Nacional de Seguridad Pública (nueva o reformada)
Contenido clave:
Redefine competencias entre autoridades federales, estatales y municipales.
Amplía la coordinación y el uso de tecnología de vigilancia.
Introduce la figura de “alerta de seguridad nacional”.
Análisis jurídico y político:
Ambigüedad: La definición de “amenaza a la seguridad nacional” es vaga y carece de control jurisdiccional efectivo.
Afectación potencial: Justifica medidas extraordinarias sin intervención judicial ni mecanismos inmediatos de rendición de cuentas.
Libertad de expresión: Podría usarse para justificar bloqueos informativos o vigilancia sobre críticos, bajo el argumento de preservar el “orden público”.
3. Ley de la Guardia Nacional (reformas)
Contenido clave:
Refuerza el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Establece despliegue y operación conjunta con la SEDENA.
Análisis jurídico y político:
Ambigüedad: Desdibuja los límites entre funciones militares y civiles, contradiciendo criterios de la SCJN sobre el carácter civil de la seguridad pública.
Derechos humanos: Alto riesgo de violaciones ante la falta de controles civiles efectivos.
Impacto político: Se consolida un modelo de seguridad militarizada, reduciendo el margen del control ciudadano.
4. Reformas en materia de desaparición forzada de personas
Contenido clave:
Reestructura las bases de datos de personas desaparecidas.
Fortalece facultades de fiscalías y fuerzas de seguridad.
Establece nuevos protocolos y sanciones.
Análisis jurídico y político:
Aspecto positivo: Atiende una demanda urgente y legítima de los colectivos de víctimas.
Riesgo: Se incorporan datos personales sin controles suficientes ni participación efectiva de las familias.
Ambigüedad: La coordinación con fuerzas armadas carece de protocolos civiles claros y transparentes.
Privacidad: Se permite el acceso masivo a datos biométricos sin delimitaciones específicas sobre su uso y resguardo.
5. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (reformas)
Contenido clave:
Se establece el “bloqueo preventivo de contenidos”.
Obliga a concesionarios y proveedores a colaborar con autoridades en tiempo real.
Se justifica como medida contra la “información falsa o desestabilizadora”.
Análisis jurídico y político:
Libertad de expresión: Riesgo altísimo. La noción de “información falsa” no tiene definición legal clara, lo que puede dar pie a censura previa.
Ambigüedad: No existen parámetros técnicos ni judiciales para determinar el bloqueo de contenidos ni plazos para su revisión.
Privacidad: Se exige la entrega de metadatos de usuarios sin orden judicial, con base en criterios discrecionales de “urgencia”.
Preocupación internacional: Podría violar el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y estándares internacionales en la materia.
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