Sobre el dirigente y diputado priista, Alejandro Moreno Cárdenas pesa una acusación de presunto robo de datos personales

Israel Mendoza Pérez | @imendozape

Si bien ya se ha manejado la versión dentro y fuera del PRI, lo preocupante es que se volvió a reactivar, ahora, a través de un recurso de revisión a la sentencia dada a conocer en el boletín judicial el 23 de septiembre. Moreno Cárdenas ignora que su presencia en la dirigencia priista tiene costos alto y ya no hay cohesión a su alrededor.
De acuerdo con antecedentes de este caso, se denunció ante el INAI el presunto “robo” de 5 millones, sesenta y cuatro mil 615 datos personales sustraídos del Registro Federal de Electores por parte del PRI y del INE. Entre las que se hallaron serias anomalías entre ella la supuesta validación que efectuó la autoridad electoral al padrón de militantes del revolucionario institucional cuando en realidad, la validación, actualización y depuración de los padrones de los militantes de los partidos no los realiza el INE sino son responsabilidad de los partidos.
Posteriormente, una auditoría al padrón reveló que el partido sólo contaba con un millón 700 mil militantes que autentificaron con su firma su consentimiento de pertenecer al partido tricolor.
Esta maniobra fue para inflar el padrón y llevar a Moreno Cárdenas a la cabeza del PRI. Sin embargo, sus resultados electorales magros el pasado 6 de junio y su tibieza personal ante la iniciativa de reforma energética lanzada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo exhiben como líder de una dirigencia disfuncional.
Con el recurso de revisión interpuesto, salió a la luz el expediente abierto de la llegada de Alito Moreno a la dirigencia del tricolor enmedio de un proceso con dados “cargados” y quebranto de la institucionalidad. En este momento, hay más sospechas sobre Alito que respaldo a sus palabras.
Las omisiones por parte del INE, encabezado por Lorenzo Córdoba Vianello y la confabulación cupular con el PRI, Alejandro Moreno se encuentra en el momento de mayor señalamiento a su trabajo y está puesta, de nueva cuenta, su legitimidad como dirigente del tricolor.
Por estas faltas y violaciones se interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Electorales (Fede) la cual quedó integrada en la carpeta de investigación CI/FEPADE/0000595/19, en la que se sustenta que “los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas espcíficas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden”.
El INE está obligado, como organismo autónomo a vigilar y sancionar a los partidos políticos que violen el interés público tutelado por el artículo 41 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Y es que una facción del revolucionario institucional se puso al servicio de Moreno Cárdenas y sus intereses políticos y protagónicos.
En este caso el INE se encontraba obligado a realizar una auditoría al padrón de militantes y no entrar al juego de Alito. El tiempo lo alcanzó y el momento de dar explicaciones lo empujan a tomar una decisión “dolorosa” para él, pero benéfica para el partido.