por Dominio Público | Dic 31, 2025 | Opinión, Principales
Ni en los peores tiempos del viejo régimen —cuando el poder lo controlaba todo— se normalizaba con tanta facilidad que un periodista fuera procesado por publicar información incómoda.
Raúl García Araujo @araujogar
Ejercer el periodismo en México nunca ha sido una labor segura, pero en 2025 el riesgo ha escalado a un nuevo y peligroso nivel: informar puede llevarte al banquillo de los acusados.
Mientras siete periodistas han sido asesinados en el país este año, según Artículo 19, hoy además enfrentamos una forma moderna de censura: la criminalización del ejercicio periodístico desde las propias instituciones del Estado, una práctica que no sólo intimida al comunicador, sino que erosiona directamente el derecho de la sociedad a estar informada.
El caso del colega veracruzano Rafael “Lafita” León Segovia no es un episodio aislado, es una advertencia nacional.
Un juez de control, José Guadalupe Nucamendi Albores, desestimó finalmente el delito de terrorismo —una acusación tan grave como absurda—, pero aun así decidió vincular a proceso al periodista por otros cargos, imponiéndole prisión domiciliaria durante un año, no por haber cometido un crimen, sino por hacer su trabajo.
La audiencia, documentada por Artículo 19, exhibió a una Fiscalía de Justicia de Veracruz sin pruebas sólidas, con inconsistencias, argumentos endebles y una narrativa preocupante: si el periodista llega primero a cubrir una nota, entonces “sabía” del delito.
Bajo esa lógica perversa, informar se convierte en sospecha y la eficacia profesional pasa a ser “prueba criminal”.
La Fiscalía llegó al extremo de acusarlo de no denunciar hechos delictivos que supuestamente conocía por mensajes de texto, como si el periodista tuviera funciones de Ministerio Público y como si la recepción de información de una fuente fuera participación delictiva, una distorsión jurídica que pone en jaque a todo el gremio.
Peor aún, la acusación se sustenta principalmente en un “testigo protegido” cuyas declaraciones son contradictorias y plagadas de irregularidades.
Aun así, en apenas veinte días la Fiscalía integró y judicializó una carpeta por terrorismo, encubrimiento y delitos contra las instituciones de seguridad, mientras solicita cuatro meses para la investigación complementaria, una diligencia que contrasta dolorosamente con la impunidad absoluta en los asesinatos de periodistas en Veracruz, una de las entidades más letales para la prensa.
El mensaje es claro y estremecedor: se persigue con rapidez al que informa, pero no al que mata al periodista.
La medida cautelar impuesta —arraigo domiciliario— resulta desproporcionada y devastadora, pues impide a Rafael salir a las calles, cubrir hechos, trabajar, vivir de su oficio y cumplir con el derecho social a la información; no sólo se castiga al periodista, se castiga a la sociedad.
Por eso este caso encendió todas las alarmas. La propia presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo con claridad: no existe precedente de acusaciones por terrorismo en México y exigió a la Fiscalía de Veracruz que explique si existe un delito real y probado, subrayando que ninguna investigación debe estar relacionada con la labor profesional del comunicador.
Entonces, ¿qué estamos viendo? Una peligrosa deriva: la utilización del aparato judicial como instrumento de intimidación política.
Ni en los peores tiempos del viejo régimen —cuando el poder lo controlaba todo— se normalizaba con tanta facilidad que un periodista fuera procesado por publicar información incómoda.
Hoy le tocó a Rafael, mañana puede tocarle a cualquier reportero, columnista o medio que se atreva a incomodar al poder, y por eso este no es un pleito personal ni un asunto local, es una causa del periodismo mexicano.
Cuando informar se vuelve delito, la democracia deja de existir. Hoy más que nunca el gremio está llamado a la solidaridad, a la defensa común de la libertad de expresión y a no permitir que el miedo sustituya al periodismo, porque si callan a uno, nos ponen en riesgo a todos.
En Cortito: Nos cuentan que el cierre de año en Ecatepec dejó una señal política clara: cuando hay coordinación real entre los tres niveles de gobierno, los resultados en seguridad sí llegan.
Desde el C5 de la policía estatal, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la Mesa de Paz junto a la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, y el mensaje fue contundente: Ecatepec es prioridad para el gobierno estatal y federal, y ese respaldo se traduce en acciones concretas, no en discursos.
Delfina Gómez no sólo reconoció el trabajo en equipo, sino que subrayó que los resultados positivos de las Mesas de Paz ya se reflejan en todo el Estado de México, destacando particularmente el caso de Ecatepec como ejemplo de cómo la coordinación institucional, el Mando Unificado y la voluntad política pueden revertir una de las problemáticas más complejas del país: la inseguridad en zonas metropolitanas densamente pobladas.
En esa misma línea, Azucena Cisneros agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la propia gobernadora, señalando que la implementación del Mando Unificado, junto con el despliegue de Marina, Sedena, Guardia Nacional, policía estatal y Fiscalía, ha sido clave para inhibir la comisión de delitos y recuperar la tranquilidad de las comunidades.
La seguridad, en Ecatepec, dejó de ser un tema de buenas intenciones para convertirse en una estrategia operativa con resultados medibles.
por Dominio Público | Dic 30, 2025 | Opinión
Que el gobierno gobierne este país complejo como lo es, sin pretender que todos pensemos igual, sin confundir autoridad con unanimidad.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Esta es ya mi última columna del año. La próxima vez que nos leamos será en 2026. Un nuevo ciclo, nuevas historias, nuevas vivencias…
Como cada diciembre realizamos la inevitable lista de propósitos que casi nunca cumplimos: bajar de peso, ahorrar, cuidar la salud, hacer ejercicio.
En estas fechas también los políticos hacen sus propósitos. Nos dirán —una vez más— que seguirán trabajando por el bien de México, que lucharán hasta su último aliento por la soberanía nacional, que ahora sí viene lo bueno.
Ordenando mis archivos de este año encontré el discurso que la princesa de Asturias pronunció el pasado mes de octubre durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Ahí, la heredera al trono español lanzó una idea tan simple como poderosa, una que bien podría servirnos de propósito colectivo para el año que comienza: volver a lo esencial, volver a lo básico.
Dijo:
“…Al respeto por quienes piensan diferente, por quienes son diferentes; a la educación, a valorar a nuestras maestras y maestros… A no olvidarnos de atender —con acciones responsables y medibles— a quienes no lo tienen fácil: a las personas más vulnerables, a los jóvenes que luchan por formarse, por tener un trabajo, un hogar; a las personas mayores que no desean estar solas; a nuestros niños y niñas en riesgo de pobreza”.
Más adelante añadió:
“Quizá haya que recordar lo que significa tratar bien al prójimo, salir de la trinchera, sacudirnos el miedo, unirnos para hacer las cosas mejor, pensar que, si no miramos al otro, no sabremos construir confianza… La convivencia no es fácil, pero es el único camino para lograr un progreso compartido”.
Y entonces me quedé pensando: ¿por qué en México nos cuesta tanto volver a lo básico?
Que el gobierno gobierne este país complejo como lo es, sin pretender que todos pensemos igual, sin confundir autoridad con unanimidad.
Que los legisladores legislen, debatan, discutan… y no se limiten a levantar la mano cuando se los piden.
Y que la sociedad, los ciudadanos de a pie, cumplamos también con lo nuestro: trabajar, respetar la ley y asumir nuestras responsabilidades como hijos, padres, madres y abuelos.
Sólo así —tocando cada quien el instrumento que le corresponde— podremos aspirar a interpretar una melodía que haga sobresalir a México, no por el ruido, sino por la armonía.
Feliz 2026.
por Dominio Público | Dic 25, 2025 | Opinión, Principales
El retrato de 2025 es claro: un mundo que cobra aranceles mientras consume basura digital, se indigna por deporte, evade respuestas con números absurdos y confunde cercanía con algoritmos.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Cuando uno escucha, cada final de año, la selección que diversas instituciones lingüísticas hacen de las llamadas palabras del año, suele imaginar a un grupo de intelectuales metiendo vocablos en una tómbola y sacando al azar a la ganadora. Nada más lejos de la realidad.
Las palabras del año quizá sí las elige un “consejo de sabios”, pero sobre todo reflejan lo que somos como sociedad. Son una especie de tomografía —a veces incómoda— de lo que nos hemos convertido como seres humanos.
Si hacemos una rápida revisión de las palabras elegidas en este 2025, el diagnóstico es claro: estamos enojados, confundidos, hiperconectados, mal informados y, por si fuera poco, cobrando impuestos hasta por respirar.
Comencemos el recuento.
La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), patrocinada por la agencia EFE y la RAE, eligió “arancel” como palabra del año. No “esperanza”, no “acuerdo”, no “futuro”. Arancel.
Un término que antes dormía tranquilo en los libros de economía y que este año se coló en la sala, en la sobremesa y en la conversación cotidiana, en gran parte por cortesía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Después de décadas de globalización feliz, el mundo decidió volver a levantar muros… pero con recibo fiscal. El comercio internacional se convirtió en un campo minado.
Del otro lado de la pantalla, Oxford eligió “rage bait”, “el anzuelo de la ira”. Contenido hecho no para informar ni convencer, sino para provocar. Para que usted se enoje, comente, comparta y vuelva a enojarse.
No importa el tema: política, feminismo, fútbol o vacunas. Lo importante es que sangre. El enojo se volvió moneda digital y, como toda moneda, alguien siempre la está acuñando.
Cualquier similitud con el discurso de la 4T y sus partidarios… ¿Será mera coincidencia?
Merriam-Webster fue todavía más honesto —o más cruel— y eligió “slop”: basura digital generada por inteligencia artificial. Videos sin sentido, imágenes deformes, textos huecos. Contenido que no dice nada, pero ocupa todo.
No es que falte información: sobra porquería.
Y si alguien tenía dudas sobre el estado mental colectivo, ahí está Dictionary.com coronando “67”. No significa nada. No quiere decir nada. Se usa para no responder.
Es el “me da igual”, el “ajá”, el “lo que tú digas” de la Generación Alfa. Una palabra perfecta para una época que evade respuestas y huye de la complejidad.
Cambridge eligió “parasocial”: relaciones unilaterales con influencers, celebridades o incluso chatbots. Gente que sentimos cercana, aunque no sepa que existimos. Amistades imaginarias en alta definición. Soledad acompañada.
La Real Academia Española no elige palabra del año, pero sus incorporaciones dicen mucho. Entre las de este año están loguearse, simpa, turismofobia, milenial, brutal.
El diccionario ya no dicta cómo hablamos; va detrás, tomando nota.
Si uno junta todas estas palabras, el retrato de 2025 es claro: un mundo que cobra aranceles mientras consume basura digital, se indigna por deporte, evade respuestas con números absurdos y confunde cercanía con algoritmos.
Dígame si eso no define bastante bien este año.
Las palabras no mienten. A veces, los que mentimos… somos nosotros.
por Dominio Público | Dic 24, 2025 | Opinión, Principales
La Consejería Jurídica no es un espacio técnico; es un puesto profundamente político, donde se definen estrategias, se blindan decisiones y se construye gobernabilidad. Colocar ahí a Esthela Damián es apostar por una mujer de absoluta lealtad, probada capacidad y profunda comprensión del Estado.
Raúl García Araujo @araujogar
En política, la confianza no se decreta: se construye con años de trabajo, resultados y lealtad probada.
El reciente nombramiento de Esthela Damián Peralta como Consejera Jurídica de la Presidencia de la República confirma que para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo los cargos estratégicos no se asignan por coyuntura, sino por trayectoria, oficio y absoluta confianza política.
Esthela Damián no es una funcionaria improvisada ni una recién llegada al círculo presidencial. Es, por el contrario, una de las mujeres que ha acompañado a Sheinbaum desde su etapa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, donde se consolidó como una operadora institucional de primer nivel.
Desde la Secretaría Particular de la entonces mandataria capitalina, Damián participó en la coordinación fina del gobierno local, en la toma de decisiones estratégicas y en el seguimiento puntual de la agenda política y administrativa de la ciudad más compleja del país.
Su paso por el DIF de la Ciudad de México no fue meramente administrativo: ahí construyó una política pública con enfoque de derechos, fortaleció instituciones y demostró una capacidad singular para traducir los principios progresistas en acciones concretas.
Más recientemente, como subsecretaria de Prevención de las Violencias en la SSPC, encabezó una de las tareas más delicadas del Estado mexicano: atender las causas profundas de la violencia, integrando lo jurídico, lo social y lo comunitario.
Pero hay un elemento que explica mejor que ningún otro su llegada a la Consejería Jurídica: su oficio político.
Dentro de Morena y en el ámbito legislativo, Esthela Damián es reconocida como una de las negociadoras más eficaces, una operadora capaz de construir acuerdos complejos, procesar conflictos y sostener la estabilidad política aun en escenarios de alta presión.
No es casual que, por su perfil, su experiencia y su peso político, durante meses fuera considerada la virtual candidata de Morena al gobierno de Guerrero en 2027.
Sin embargo, el mensaje de la presidenta es claro: Sheinbaum la necesita a su lado. En el corazón del Gobierno Federal. En una posición clave para la consolidación del proyecto de transformación.
La Consejería Jurídica no es un espacio técnico; es un puesto profundamente político, donde se definen estrategias, se blindan decisiones y se construye gobernabilidad.
Colocar ahí a Esthela Damián es apostar por una mujer de absoluta lealtad, probada capacidad y profunda comprensión del Estado.
Más que un relevo administrativo tras la salida de Ernestina Godoy, este nombramiento refleja la arquitectura política del nuevo gobierno: un equipo compacto, experimentado, cohesionado y con liderazgo femenino en las áreas más sensibles del poder.
En esa lógica, Esthela Damián no sólo asume un cargo; se consolida como una de las figuras estratégicas del sexenio de Claudia Sheinbaum.
En Cortito: Nos cuentan que en apenas un año de gobierno, Azucena Cisneros Coss ha pasado de ser una apuesta municipal a convertirse en uno de los nuevos liderazgos más sólidos y visibles de Morena en el Estado de México.
Esto cobra especial relevancia en un municipio históricamente golpeado por el abandono institucional, donde Cisneros ha logrado algo políticamente valioso: devolverle a la ciudadanía la sensación de que el gobierno vuelve a estar de su lado.
Esa percepción no es casual. La alcaldesa entendió que gobernar Ecatepec implica atacar primero las carencias más profundas y convertir compromisos de campaña en políticas públicas tangibles.
En ese mismo sentido, se suma una estrategia de seguridad que ha reducido hasta en 50 por ciento los delitos de alto impacto, combinando proximidad social, patrullaje reforzado y el respaldo permanente de la Marina.
Con estos resultados sobre la mesa, más allá del ámbito municipal, su figura comienza a proyectarse como uno de los cuadros emergentes más fuertes de Morena en el Estado de México, y eso que apenas terminamos 2025.
por Dominio Público | Dic 23, 2025 | Opinión, Principales
El “súper peso” ayuda, sí. Contiene la inflación y genera una sensación de estabilidad que no es menor. Pero no crea empleos, no formaliza la economía, no mejora salarios ni corrige décadas de rezago.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Hoy voy a cometer una herejía económica: decir que el “súper peso” no es el milagro que nos han vendido.
Porque en México, cuando algo brilla demasiado, conviene preguntar de dónde viene la luz… y quién está pagando el recibo.
La 4T ha presumido la fortaleza del peso como prueba irrefutable de que la economía va bien. El mensaje es simple y políticamente cómodo: si el peso está fuerte, el país está fuerte.
El problema es que la economía no funciona como discurso de mañanera. Y el tipo de cambio, mucho menos.
Es cierto: el peso se ha visto fuerte, incluso inusualmente fuerte. Pero no nos engañemos. Esa fortaleza no es resultado de un milagro productivo mexicano, sino de una combinación de factores que poco tienen que ver con que aquí todo esté mejorando.
Por un lado, el contexto externo. El dólar global anda débil, presionado por la enorme deuda de Estados Unidos y las dudas crecientes sobre su trayectoria fiscal a largo plazo. Eso ha empujado capitales a buscar refugio en otros mercados.
Por el otro, los factores internos. El Banco de México decidió mantener las tasas de interés altas más tiempo que la mayoría de los países emergentes. ¿El resultado? La llegada de capitales de corto y mediano plazo, el famoso carry trade: dinero que entra, gana intereses… y puede salir con la misma rapidez con la que llegó.
México no se volvió de pronto una potencia económica, pero sí apareció como un destino “menos riesgoso” frente a otros países emergentes más inestables. Ayuda una disciplina fiscal aceptable, una inflación relativamente contenida —en parte gracias al propio peso fuerte— y la ausencia de choques graves con el sector privado.
El problema es que el “súper peso” también tiene un lado B que rara vez se menciona en los discursos oficiales.
Para millones de familias que dependen de remesas, cada dólar convertido rinde menos pesos. El dinero alcanza menos, aunque el tipo de cambio se presuma como victoria.
Diversos sectores exportadores, sobre todo los más pequeños o con menor capacidad de cubrir riesgos cambiarios, pierden competitividad frente a competidores de otros países. Un peso tan apreciado no siempre es una buena noticia para quien vive de vender al exterior.
Y hay algo todavía más delicado: buena parte de esta fortaleza no responde a la economía real, sino a movimientos financieros globales. Es decir, lo que sube rápido también puede caer rápido.
Sí, el peso fuerte ha ayudado a contener la inflación, y ese beneficio es real para el bolsillo de la mayoría. Pero no ha resuelto los problemas estructurales del país: el crecimiento sigue siendo bajo, la informalidad ronda el 55%, el poder adquisitivo de los salarios avanza poco y la generación de empleos de calidad continúa siendo insuficiente.
Confundir un tipo de cambio fuerte con una economía fuerte es un error clásico. El peso puede servir como termómetro del apetito global por riesgo, pero dice muy poco sobre el bienestar cotidiano de los mexicanos.
La estabilidad cambiaria es valiosa, sin duda. Pero no sustituye al crecimiento sostenido, al aumento de la productividad, a la formalización del empleo ni a una mejora real y duradera del ingreso de las familias.
El “súper peso” ayuda, sí. Contiene la inflación y genera una sensación de estabilidad que no es menor. Pero no crea empleos, no formaliza la economía, no mejora salarios ni corrige décadas de rezago.
Confundir un peso fuerte con un país fuerte es una trampa conocida. El tipo de cambio puede estar de fiesta mientras la economía real sigue trabajando horas extra por sueldos que no alcanzan.
Por eso el “súper peso” no es trofeo ni maldición. Es un espejismo. Uno que refleja más las debilidades del dólar y los movimientos del dinero global que los méritos propios de México.
Celebrarlo sin contexto es propaganda. Demonizarlo sin matices, simplismo.
La economía no se mide en aplausos ni en gráficas para redes sociales. Se mide en ingresos, empleo y bienestar. Y ahí, por ahora, el “súper peso” sigue debiéndonos la parte más importante del milagro.
por Dominio Público | Dic 19, 2025 | Opinión, Principales
La publicidad exterior se ha convertido en un territorio donde la aplicación de la ley es intermitente y selectiva, lo que erosiona la credibilidad de las políticas urbanas.
Claudia Bolaños @claudiabola
En la Ciudad de México, la ilegalidad no siempre se impone con estridencia política; a veces basta con encenderse cada noche.
El caso de los anuncios luminosos instalados en el conjunto habitacional Residencial Magno TAUA, en San Pedro de los Pinos, vuelve a exhibir un problema estructural: la normalización de la publicidad exterior ilegal en zonas donde la ley es clara y el impacto en la vida cotidiana es directo.
La colocación de espectaculares luminosos en edificios de uso habitacional no es una zona gris ni un tecnicismo administrativo.
La Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México prohíbe expresamente este tipo de anuncios en fachadas y azoteas de vivienda, así como el uso de iluminación artificial que genere deslumbramiento, contaminación lumínica o riesgos a la seguridad vial. No es una sugerencia: es una restricción legal.
Sin embargo, la realidad urbana suele contradecir la norma. Entre 2022 y 2024, el gobierno capitalino retiró más de dos mil quinientos anuncios irregulares.
Aun así, organizaciones civiles estiman que entre 30 y 40 por ciento de la publicidad exterior visible presenta algún tipo de irregularidad. No son excepciones: es un sistema sostenido por omisiones, permisos vencidos y simulaciones administrativas.
San Pedro de los Pinos no es la excepción. Alcaldías como Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez concentran estructuras que permanecen durante años sin una explicación pública clara sobre su legalidad.
La publicidad exterior se ha convertido en un territorio donde la aplicación de la ley es intermitente y selectiva, lo que erosiona la credibilidad de las políticas urbanas.
Las consecuencias son tangibles. Vecinas y vecinos reportan invasión de luz en sus hogares, alteraciones del sueño y deslumbramiento para automovilistas. Estudios urbanos advierten que la contaminación lumínica en la capital ha crecido más de 20 por ciento en la última década, impulsada por espectaculares y pantallas LED.
Es un problema de salud, seguridad y calidad de vida.
Cuando la limpieza estorba
El bloqueo de avenida Constituyentes por trabajadores de limpieza no fue un arrebato. Fue una advertencia.
Treinta personas pararon la vialidad para exigir el pago de dos quincenas atrasadas por parte de Shiny Place, empresa subcontratada que presta servicios a dependencias federales.
El dato relevante no está en el tráfico, sino en la licitación LA-49-830-049000975-N-3-2026. Más de ochenta millones de pesos están en juego por el servicio de limpieza en la Fiscalía General de la República. El fallo se ha aplazado tres veces y, entre los participantes, se repite la misma acusación: los dados están cargados.
Shiny Place ha sido señalada este año por adeudos salariales, presunta falta de seguridad social y esquemas empresariales creados para ganar concursos públicos sin asumir obligaciones laborales plenas. Aun así, sigue compitiendo por contratos millonarios.
Mientras los expedientes avanzan en escritorios, los conflictos estallan en la calle.
El diálogo libera avenidas, pero no limpia el fondo. Cuando la ley se aplica a conveniencia y el Estado externaliza sin supervisar, la precariedad termina estorbando más que la protesta.
Y sepa la bola: lo que ocurre en Tecámac no es un simple reacomodo político, sino una señal preocupante de regresión. La entrega de posiciones clave del gobierno municipal a perfiles priistas y panistas, bajo presuntas presiones externas y en sesiones cuestionables, dibuja un escenario donde la voluntad popular queda relegada frente a viejas prácticas de control y chantaje político. Mientras los cacicazgos históricos reaparecen con miras a 2027 y se intensifica la guerra sucia contra figuras incómodas, el municipio se tiñe de tricolor en medio del silencio y la complacencia de quienes deberían garantizar gobernabilidad y legalidad.
A la crisis política se suma una crisis social y laboral que agrava el descontento ciudadano. Despidos masivos, plantones ignorados, denuncias de amenazas y liquidaciones incumplidas contrastan con el despilfarro de recursos públicos y anuncios populistas que poco alivian la realidad de cientos de familias. En un contexto de violencia creciente en las calles, Tecámac parece avanzar hacia un modelo donde se privilegia el control político sobre la seguridad, la justicia laboral y la rendición de cuentas, dejando a la población atrapada entre el miedo, la incertidumbre y la sensación de haber sido traicionada.
