por Dominio Público | Nov 6, 2025 | Opinión, Principales
En los siete años que lleva en el poder, a la 4T parece habérsele olvidado aquel compromiso. Aplicar y respetar la ley ya no está en su lista de prioridades.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Cuando un presidente de la República toma posesión, promete “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo le confiere, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.
Eso, ni más ni menos, es lo que juran todos los que llegan a un cargo de elección popular: respetar la ley y ver por el bienestar de sus gobernados.
Pero en los siete años que lleva en el poder, a la 4T parece habérsele olvidado aquel compromiso. Aplicar y respetar la ley ya no está en su lista de prioridades.
Algunos dirán: “¿Cómo que no ven por el bienestar de la Unión si están los programas sociales?” No niego que ayudan, pero también han generado —como dirían los economistas— un incentivo perverso. En muchas comunidades, las becas sirven para pagar la mensualidad del celular o la moto, no para fortalecer la educación. (Spoiler: sin querer queriendo, han hecho más rico a uno de sus archienemigos.)
Lo mismo pasa con la inseguridad. Desde su llegada, el gobierno insiste en que la solución está en “atacar las causas”. Tienen razón, pero eso no exime de aplicar la ley. Los llamados “grupos generadores de violencia” han cometido delitos que deben castigarse. No hacerlo con el pretexto de que “la fuerza no lleva a ningún lado” es, en sí mismo, una forma de rendición.
Contener la violencia no significa reprimir ideas ni violar derechos humanos; significa hacer cumplir la ley, proteger a las víctimas y restablecer el orden. Eso también es justicia social.
EN EL TINTERO
Mucha suerte a Grecia Quiroz en la presidencia municipal de Uruapan. Ojalá sí reciba el apoyo que le negaron a su esposo, Carlos Manzo.
Si yo fuera la presidenta Sheinbaum, los encargados de su seguridad ya estarían buscando trabajo. No puede ser que permitieran que se le acercaran de esa manera.
por Dominio Público | Nov 5, 2025 | Opinión, Principales
En el caso de Beatriz Mojica parece que fue ayer cuando aseguró que nunca formaría parte del proyecto de Andrés Manuel López Obrador y expresara su apoyo al candidato del PRIAN, Ricardo Anaya.
Gran golpe para el Delegado federal de los Programas para el Bienestar en Guerrero., Iván Hernández Díaz, lo dicho hoy por la Presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que aquellos servidores públicos que aspiren a un cargo de elección popular y que van tocando casa por casa para promocionarse, renuncien a sus cargos.
Mensaje también con dedicatoria al dirigente de MORENA en la entidad, Jacinto Gonzalez Varona, que de igual forma utiliza los recursos del partido para promocionar su imagen entre el electorado.
Que hagan campaña, sí, pero bajo los términos de la Ley Electoral, fue el mensaje que envió la doctora Claudia Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo.
Esto mientras que en el caso de Beatriz Mojica parece que fue ayer cuando aseguró que nunca formaría parte del proyecto de Andrés Manuel López Obrador y expresara su apoyo al candidato del PRIAN, Ricardo Anaya. Con total hipocresía y falta de congruencia, hoy Mojica aspira a ser la candidata de MORENA a la gubernatura en 2027.
Tiene que haber respeto hacia la mujer y el acoso es un delito, es el mensaje que en la Mañanera la Presidenta parece haber dedicado al eterno suspirante a la gubernatura en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, ello en el marco de la agresión que sufrió la propia mandataria afuera de Palacio Nacional.
No solo el candado del nepotismo sino también las denuncias de violación y de acoso sexual que lo rodean. constituyen dos cerrojos a las aspiraciones de Salgado Macedonio de gobernar Guerrero.
por Dominio Público | Nov 5, 2025 | Opinión, Principales
En la ruta a 2027, todo indica que Esthela Damián dejó de ser solo una posibilidad. Ya empezó a convertirse en la apuesta presidencial para Guerrero.
Raúl García Araujo @araujogar
La elección de 2027 será la primera donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mueva directamente a sus operadores políticos para consolidar su proyecto. Y una de sus cartas más importantes para ese proceso es Esthela Damián, actual subsecretaria de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Esthela no llegó ahí por casualidad. Es parte del equipo de Sheinbaum desde la Ciudad de México y una de sus mujeres de mayor confianza. Ha trabajado en la base del proyecto que convirtió a Sheinbaum en la primera presidenta de México.
No hace escándalo. No busca reflectores. Su lealtad y disciplina la tienen hoy al lado de uno de los funcionarios más fuertes del gabinete: Omar García Harfuch. Ambos están en el corazón de la estrategia federal de seguridad y bajo la mirada directa de la presidenta.
Sheinbaum ya tiene mapeado el 2027. Quiere cerrar su gobierno con fuerza, resultados y estados alineados a su visión. Por eso está preparando a quienes pueden operar en serio. Entre ellos, Esthela Damián.
En Guerrero, su nombre suena cada vez más. No por grilla, sino por trabajo. Tiene aceptación social, cercanía con la gente y presencia real en territorio. Morena lo sabe: es una carta sólida para mantener la gubernatura.
Mientras otros se promueven, Esthela trabaja. Recorre el país con la estrategia de prevención del delito.
Las Zonas de Paz que impulsa incluyen salud, educación, deporte, cultura e intervención casa por casa. Se identifican jóvenes en riesgo y se les conecta con oportunidades reales.
En estas jornadas participan los tres órdenes de gobierno, la Guardia Nacional, SEDENA y los programas sociales.
Y ese modelo encaja perfectamente con la lógica presidencial: atender las causas, combatir la desigualdad y prevenir la violencia desde la comunidad.
Esthela Damián habla con la gente, recorre colonias, escucha, y sobre todo, resuelve. Esa cercanía es la que ha generado un arraigo que otros perfiles no tienen.
Por eso en Guerrero empiezan a cerrar filas. Líderes sociales, jóvenes, estructuras territoriales y sectores académicos reconocen que, si la presidenta apuesta por Esthela Damián, no es por compromiso político, sino por resultados. Sheinbaum no regala espacios: los confía a quien le responde con trabajo.
En la ruta a 2027, todo indica que Esthela dejó de ser solo una posibilidad. Ya empezó a convertirse en la apuesta presidencial para Guerrero.
En Cortito: Nos cuentan que el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, no fue solo un crimen: fue un desafío directo al Estado mexicano.
Y esta vez, el crimen organizado se encontró con una presidenta que no vacila. Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó de inmediato, dio instrucciones precisas y activó una respuesta federal que ya está en marcha.
Durante su conferencia matutina, la mandataria anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que no solo va por los responsables del atentado, sino por la reconstrucción completa del territorio. La instrucción presidencial fue clara: coordinación, inteligencia y resultados.
Sheinbaum dejó en firme que en Michoacán no habrá impunidad. Confirmó el envío de más elementos de la Guardia Nacional a Uruapan, así como una operación conjunta entre la Federación, el estado y los municipios para retomar el control.
No se trata de despliegues mediáticos ni espectáculos militares: son acciones reales, con investigación, tácticas y seguimiento.
La respuesta federal ya comenzó. Y los responsables tendrán consecuencias.
La estrategia será encabezada por uno de los funcionarios de mayor confianza de la presidenta, Omar García Harfuch, quien tiene la misión directa de identificar y detener a los líderes criminales responsables de este vil y cobarde homicidio.
por Dominio Público | Nov 4, 2025 | Opinión, Principales
Carlos Manzo pasó a ser uno más: uno más en la estadística delictiva, una más de las promesas de “llegar hasta las últimas consecuencias”, uno más.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Este fin de semana, en una plaza pública, durante una fiesta popular por el Día de Muertos, fue asesinado el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien se había convertido en un severo crítico de la estrategia federal en materia de seguridad.
Manzo había cuestionado abiertamente la política del gobierno para combatir al crimen organizado. Sus declaraciones le valieron descalificaciones desde la administración de la 4T, cuyos voceros insistían en que su actitud “no estaba bien” porque, decían, en el país existía un estado de derecho que debía respetarse. Argumento, por cierto, muy socorrido cuando alguien osa poner en duda su estrategia.
Tras el asesinato, el gabinete de seguridad federal, encabezado por Omar García Harfuch, ofreció una conferencia de prensa en la que informó que el edil contaba con una escolta conformada, por decisión propia, por policías municipales de su confianza y 14 elementos de la Guardia Nacional.
También detallaron las reuniones que habían sostenido con él para revisar los resultados en materia de seguridad en la región.
La conferencia, sin embargo, sonó más a descargo de responsabilidad: una forma de decir “nosotros cumplimos, nos reuníamos con él”. Pero entre líneas también se leía otra cosa: Manzo no les tenía plena confianza, y por eso los mantenía fuera de su primer círculo de protección.
El gobierno de la doctora Sheinbaum ha mostrado mayor actividad en el combate al crimen. Y está bien. Se reportan avances contra los llamados “generadores de violencia” —así los llaman, con elegancia burocrática—. Pero falta lo esencial: que esos resultados se sientan en la vida cotidiana de la gente.
Decir que bajaron los homicidios o los delitos de alto impacto es sólo un consuelo estadístico, palabras vacías mientras sigan asesinando a hombres y mujeres que se atreven a cuestionar; mientras agricultores y comerciantes sigan pagando derecho de piso para poder trabajar. De nada sirven los números.
Carlos Manzo pasó a ser uno más: uno más en la estadística delictiva, una más de las promesas de “llegar hasta las últimas consecuencias”, uno más.
por Dominio Público | Oct 31, 2025 | Opinión, Principales
Al pedir a la Fiscalía General de la República (FGR) atender la denuncia, y al instruir una revisión nacional de notarías públicas, Sheinbaum marcó un precedente: el Estado no puede tolerar que la corrupción se institucionalice detrás de un escritorio con sello oficial.
Claudia Bolaños @claudiabola
Cuando el Poder Judicial se contamina, la corrupción deja de ser un síntoma y se convierte en un sistema.
El caso del exfiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, es un ejemplo alarmante de cómo la justicia local puede transformarse en una estructura paralela al crimen organizado. Durante años, Figueroa operó con el blindaje de su cargo, su parentesco y su influencia política, construyendo lo que los propios funcionarios del estado llaman ya “el Cártel del Primo”.
Una investigación reveló lo que por años fue un secreto a voces: una red financiera que movió más de 478 millones de pesos entre cuentas personales, empresas fachada y transferencias trianguladas, con recursos presuntamente extraídos de la Fiscalía estatal, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el ISSSPEA.
El dinero público —el de las víctimas, el de los contribuyentes, el de los trabajadores del Estado— terminó en las manos del fiscal que debía combatir la corrupción.
El modus operandi era tan burdo como eficaz: su sobrino, Aarón Elías Cruz Figueroa, fungía como operador y prestanombres. Con su firma se movían millones de pesos en cuestión de horas, entre cuentas de familiares, subalternos y empresas inexistentes. Las investigaciones indican que las ganancias se disfrazaban en notarías, constructoras y consultorías fantasma. Todo, bajo la cobertura del fuero, del silencio y del miedo.
No es un caso aislado. La captura de las fiscalías locales por intereses políticos o criminales ha sido una constante en los estados. Los ministerios públicos se convierten en escudos de impunidad, las notarías en instrumentos de lavado y las redes familiares en corporaciones del delito. Por eso la respuesta presidencial de Claudia Sheinbaum durante una mañanera no fue un gesto menor.
Al pedir a la Fiscalía General de la República (FGR) atender la denuncia, y al instruir una revisión nacional de notarías públicas, Sheinbaum marcó un precedente: el Estado no puede tolerar que la corrupción se institucionalice detrás de un escritorio con sello oficial.
“Que actúe la Fiscalía”, dijo, con la prudencia de quien entiende que la autonomía del Ministerio Público no puede ser excusa para la impunidad.
El mensaje fue claro: el combate a la corrupción no puede depender de las fiscalías locales, muchas de ellas cooptadas por los mismos grupos que deberían investigar. La revisión que encabezará Ernestina Godoy, ahora consejera jurídica del Ejecutivo Federal, es una oportunidad histórica para auditar las notarías, donde durante décadas se ha legitimado el desvío de recursos, la falsificación de documentos y la transferencia de propiedades a nombre de prestanombres del crimen.
En Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega sigue siendo notario. Despacha desde la Notaría Pública número 72, el mismo despacho donde —según las carpetas de investigación— se escrituraron propiedades a supuestos operadores del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación.
La pregunta que se impone es obvia: ¿cómo pudo un fiscal que usó la ley para enriquecerse seguir representando al Estado?
La respuesta es tan vieja como el sistema que lo permitió. Porque en México, durante años, la corrupción no se castigó: se legalizó. Se convirtió en trámite notarial, en transferencia bancaria, en sello oficial.
Hoy, que el caso ha llegado hasta Palacio Nacional, el desafío no es sólo procesar a un exfiscal corrupto, sino desmontar la red que lo sostuvo.
Si la FGR actúa y las instituciones federales rompen con esa cadena de complicidades, Aguascalientes podría convertirse en un símbolo: el lugar donde la justicia dejó de ser negocio y volvió a ser servicio público.
De no hacerlo, “el Cártel del Primo” será apenas otro expediente que duerma en un archivero más de la impunidad mexicana.
por Dominio Público | Oct 30, 2025 | Opinión
De acuerdo con Codifin —una startup dedicada a desarrollar talento digital—, México forma ingenieros a gran escala, pero muy pocos logran certificaciones globales o dominan metodologías ágiles, inglés técnico y liderazgo digital.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
En México nos encanta hablar de talento. Decimos que tenemos ingenieros para exportar, que somos el “Silicon Valley latino” y que las empresas tecnológicas hacen fila para instalarse aquí.
Pero detrás de ese discurso de éxito se esconde una verdad incómoda: de los casi 900 mil profesionales en tecnología, solo unos 300 mil cumplen con los estándares internacionales que exige el mundo digital.
O sea, tenemos talento, sí… pero mal calibrado.
De acuerdo con Codifin —una startup dedicada a desarrollar talento digital—, México forma ingenieros a gran escala, pero muy pocos logran certificaciones globales o dominan metodologías ágiles, inglés técnico y liderazgo digital. Y sin esas llaves, la puerta de los empleos internacionales simplemente no se abre.
El resultado es una paradoja cruel: empresas extranjeras llegan buscando programadores listos para la competencia global, mientras miles de jóvenes egresan cada año sin las herramientas que esas mismas empresas necesitan.
Tenemos la gente, pero no los perfiles.
En el país existen más de 250 Centros de Excelencia, concentrados sobre todo en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Allí se gesta buena parte de la innovación nacional. Pero incluso en esos polos, el reto no es cuántos ingenieros formamos, sino cómo los formamos.
Seguimos preparando técnicos del siglo XX para resolver problemas del siglo XXI.
El Foro Económico Mundial advierte que la demanda de expertos en inteligencia artificial, ciberseguridad y computación en la nube crece más rápido que la capacidad de los países para producirlos. México tiene una ventaja geográfica y cultural con Estados Unidos, pero no basta estar cerca: hay que estar al nivel.
Y quizá ahí está la clave. No es un tema de inteligencia, sino de visión.
Porque hoy estamos mandando a nuestros jóvenes a la guerra sin fusil, esperando que compitan en una batalla global con herramientas desactualizadas.
Nos falta creer que el ingeniero mexicano puede ser más que soporte técnico barato: puede ser quien invente el futuro.
El verdadero déficit no está en los números, sino en la oportunidad de convertir la promesa en realidad.
Y esa brecha, la del talento invisible, no se cierra con discursos, sino con decisión.
EN EL TINTERO
¡YA CHOLE! La presidenta Sheinbaum sigue insistiendo con la disculpa de la Corona española. Insisto, los problemas que los “pueblos originarios” enfrentan actualmente no son culpa de las huestes de Hernán Cortés, sino de los mestizos que habitamos México en este siglo XXI.
