por Dominio Público | Feb 13, 2026 | Opinión, Principales
El mensaje oficial habla de abasto; la experiencia ciudadana habla de filas, fichas agotadas y frustración.
Claudia Bolaños @claudiabola
Más de 20 minutos de espera —el doble de lo advertido— es lo que hoy debe invertir cualquier ciudadano que marque al 079 para preguntar dónde puede vacunarse contra el sarampión. La grabación del número de Atención Ciudadana es clara: la demanda es alta y hay que esperar un aproximado de 10 minutos. Las direcciones de los puntos es incompleta. «Es lo que indica la lista de sitios para vacunarse».
En medio del brote, la vacuna se ha convertido en un bien escaso incluso en el sector privado. En un ejercicio periodístico llamé a un sitio privado que presume tener todos los biológicos disponibles; la respuesta fue contundente: de sarampión no hay, está agotada y no saben cuándo llegará.
El gobierno federal asegura contar con más de 23 millones y medio de dosis, pero en los módulos públicos apenas se distribuyen poco más de cien vacunas por día. Es un número insuficiente, especialmente en puntos de alta concurrencia como estaciones del Metro, donde la demanda rebasa con facilidad la oferta. Basta revisar redes sociales: después de las nueve de la mañana, a una hora de abrir, las dosis se terminan. El mensaje oficial habla de abasto; la experiencia ciudadana habla de filas, fichas agotadas y frustración.
Y Sepa la bola cómo se explica esa brecha entre las cifras oficiales y lo que ocurre a ras de calle. Porque junto a la escasez física de dosis hay otra carencia igual de preocupante: la ausencia de un sistema digital que concentre el historial de vacunación de cada mexicano. Quien no conserve su cartilla —y no tenga padres con memoria intacta— difícilmente puede saber qué biológicos tiene aplicados. La recomendación es revisar el carnet y confirmar si está marcada la vacuna triple viral (SRP), pero esa indicación parte de un supuesto frágil: que el documento exista y esté completo.
La información sanitaria de una persona no debería depender de papeles que se extravían o se deterioran. Recuperar antecedentes puede convertirse en una odisea burocrática, como ocurrió en una escuela donde, tras perderse una cartilla, los padres tuvieron que reconstruir a mano el historial médico de su hijo. La solución fue emitir un nuevo carnet y continuar con las siguientes dosis. La prevención, así, queda sujeta a la memoria y al archivo doméstico.
Sepa la bola también en qué punto la discusión dejó de ser estrictamente sanitaria para convertirse en política. La oposición, particularmente legisladores del PAN, sostiene que entre 2022 y 2025 se dejaron sin ejercer más de 44 mil millones de pesos destinados al Programa de Vacunación.
Según esa narrativa, siete de cada diez pesos presupuestados no se utilizaron, lo que habría impactado directamente en las coberturas y en la capacidad de respuesta ante el brote.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba ha insistido en que no se trata de un problema heredado de décadas, sino de decisiones recientes que no tradujeron recursos aprobados en vacunación efectiva. Para él y su bancada, la falta de ejercicio presupuestal tiene consecuencias medibles: menor protección, mayor exposición y un sistema que reacciona cuando debería anticiparse. “No vale la pena morir por una enfermedad que puede prevenirse”, ha reiterado.
Entre filas interminables, módulos que agotan dosis en horas y expedientes que duermen en archivos físicos, el país enfrenta una pregunta incómoda: ¿es un problema de logística, de planeación, de ejecución presupuestal o de todo al mismo tiempo? Sepa la bola. Lo cierto es que la vacunación no solo requiere biológicos suficientes; exige trazabilidad, gestión eficiente y rendición de cuentas. Porque cuando la prevención falla, la factura la pagan los ciudadanos.
por Dominio Público | Feb 12, 2026 | Opinión, Principales
Lo cierto es que existen muy pocas posibilidades de que el gobierno “4tero” haga algo frente a las revelaciones que involucran a personajes de alto perfil del movimiento, como Jesús Ramírez Cuevas.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Mentes más lúcidas que la de un servidor han señalado en los años recientes que es tal el poder que ha acumulado la 4T, que la verdadera oposición terminaría gestándose dentro del propio movimiento: una implosión. Y es que, al adueñarse de la narrativa diaria, el régimen se brindó a sí mismo el escenario perfecto para ello.
Esa implosión, o al menos un esbozo, parece comenzar a tomar forma con la publicación del libro “Ni venganza ni perdón”, de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, en el que el primero narra su paso por la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Lo que se expone en el libro no proviene de una investigación opositora ni de un medio considerado “enemigo del régimen”. Viene de alguien que estuvo dentro del engranaje de la 4T, alguien que conoció al “monstruo” desde adentro. Dicho de otra manera: las afirmaciones no llegan desde fuera, sino desde el corazón mismo del movimiento.
Pero pongamos el desorden.
Si bien el libro tiene el potencial de generar una implosión justo en una de las líneas de flotación del régimen —la honestidad—, lo cierto es que existen muy pocas posibilidades de que el gobierno “4tero” haga algo frente a las revelaciones que involucran a personajes de alto perfil del movimiento, como Jesús Ramírez Cuevas.
¿Por qué digo lo anterior? Déjenme explicarles. En primer lugar, el actual régimen dinamitó cualquier contrapeso institucional que pudiera existir y reconfiguró al Estado mexicano hacia una concentración de poder sin precedentes. Lo más probable es que todo termine en una maroma monumental: el gobierno dirá que los señalados son funcionarios ejemplares, hombres y mujeres “honestos”, fieles al movimiento y víctimas de una campaña de desprestigio.
En segundo lugar, como señalé en mi colaboración “Se busca líder”, publicada el pasado 5 de febrero, del lado opositor no existe un liderazgo capaz de capitalizar los errores del gobierno. Y conviene aclararlo: no hablo de capitalizar para destruir, sino de presionar para corregir el rumbo.
Y es aquí donde me pregunto: ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo seguirán las maromas para justificar lo injustificable: la corrupción, la mala gestión gubernamental, las complicidades?
¿Hasta cuándo seguiremos soportando a gobernadores como el de Sinaloa, que aseguran que todo está bien mientras su estado se desangra?
¿Hasta cuándo aguantaremos la soberbia de personajes como Layda Sansores, gobernadora de Campeche, que se creen intocables sin entender que lo que están haciendo es cavar su propia tumba política?
¿Hasta cuándo se darán cuenta de que no gobiernan para un movimiento, sino para un país?
Urge que los ciudadanos retomemos el control y que el “movimiento” entienda que debe corregir el rumbo en varios aspectos, porque —como ellos mismos coreaban en sus marchas— “el pueblo se cansa de tanta pinche transa”.
EN EL TINTERO
No sé qué espera el Senado para desaparecer poderes en Sinaloa. A estas alturas resulta evidente que ahí nada funciona bien. Basta ver los recientes secuestros de mineros y turistas en la entidad.
No se trata de administrar el caos.
Se trata de resolverlo.
por Dominio Público | Feb 11, 2026 | Opinión, Principales
La detención de Diego “N” sin previo aviso al gobernador, al secretario de Seguridad estatal y al fiscal jalisciense es una señal inequívoca: no hubo condiciones para una coordinación institucional.
Raúl García Araujo @araujogar
El mensaje es directo y tiene destinatarios claros: el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus; el secretario de Seguridad Pública del estado, Juan Pablo Hernández; y el fiscal jalisciense, Salvador González de los Santos. También tiene territorio marcado: Teocaltiche y Villa Hidalgo. La detención de Diego “N”, presidente municipal de Tequila, no fue un accidente ni un hecho aislado. Fue una advertencia.
Desde el centro del poder federal se tomó una decisión que no pasó por Casa Jalisco. La captura de Diego “N” evidenció la desconfianza de la Federación hacia las instituciones estatales para enfrentar la infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales. Cuando no hay coordinación, la Federación actúa sola. Y actúa sin avisar.
La Operación Enjambre, encabezada por el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dejó de ser un operativo regional para convertirse en una intervención quirúrgica contra ayuntamientos capturados por el Cártel Jalisco Nueva Generación. El caso de Diego Rivera confirmó lo que durante años se denunció sin consecuencias: el poder municipal convertido en una extensión del CJNG.
Diego “N” fue detenido tras cateos ejecutados por el Ejército, la Marina, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la SSPC.
Las acusaciones son graves: extorsión sistemática a empresas cerveceras y tequileras, desvío de recursos públicos y vínculos directos con una célula criminal.
No operaba solo. Gobernaba con una red de funcionarios hoy bajo arresto: Seguridad Pública, Catastro y Obras Públicas. Un ayuntamiento funcionando como empresa criminal.
Y aquí está el punto que incomoda al gobierno de Jalisco: el mismo modelo ya fue plenamente documentado en Teocaltiche y Villa Hidalgo.
Lo que sigue ya no es especulación, es método. La Operación Enjambre ha demostrado que cuando existe coordinación real entre la Secretaría de Seguridad federal y las fiscalías, los resultados llegan.
En el Estado de México, el trabajo conjunto entre Omar García Harfuch y el fiscal mexiquense José Luis Cervantes, iniciado en noviembre de 2024, ha derivado en la detención de 60 personas, entre servidores públicos y exfuncionarios, en 18 municipios, así como en 19 sentencias condenatorias contra 17 objetivos prioritarios.
Ese contraste es el que hoy pesa sobre Jalisco. Mientras en el Estado de México la Federación encontró interlocutores confiables para desmontar redes criminales incrustadas en gobiernos locales, en Jalisco optó por avanzar sola.
La detención de Diego “N” sin previo aviso al gobernador, al secretario de Seguridad estatal y al fiscal jalisciense es una señal inequívoca: no hubo condiciones para una coordinación institucional.
Por eso Teocaltiche y Villa Hidalgo no aparecen como advertencia retórica, sino como los siguientes movimientos en un tablero ya definido.
El Gobierno federal no está midiendo costos políticos ni cuidando equilibrios locales; está ejecutando una estrategia que va directo al poder municipal coludido con el crimen. El mensaje es tan claro como incómodo: cuando el Estado no actúa, alguien más lo hará. Y esta vez, el enjambre ya está en movimiento.
En Cortito: Nos cuentan que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, bajo la conducción de Bertha Alcalde Luján, volvió a demostrar que la coordinación institucional puede transformar la indignación ciudadana en resultados concretos.
La detención de Gaby “N”, la mujer que atropelló a un motociclista en Iztapalapa y arrastró su cuerpo bajo su automóvil durante más de un kilómetro, generó indignación inmediata en redes sociales y medios de comunicación en todo el Valle de México.
Lo que podría haber sido solo un caso mediático se convirtió en un ejemplo de eficacia judicial.
La FGJCDMX ejecutó la orden de aprehensión por homicidio calificado tras avanzar rápidamente en la investigación del hecho vial ocurrido el 3 de enero de 2026, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero.
Pero lo que destaca no es solo la rapidez, sino la coordinación interinstitucional. Agentes de la Policía de Investigación localizaron a Gaby “N” en la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, donde fue detenida en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca.
Este trabajo conjunto demuestra que los casos de alto impacto social no se resuelven solo con titulares o indignación en redes, sino con inteligencia, planificación y cooperación entre estados.
por Dominio Público | Feb 10, 2026 | Opinión, Principales
El poder marea, sí, pero también revela de qué están hechos los zapatos de quienes nos juzgan —o deberían juzgarnos—. Aguilar Ortiz puede borrar videos, publicar hilos aclaratorios o invocar su biografía para desviar el foco, pero la imagen ya es indeleble.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Dicen que la política es teatro, pero hay puestas en escena que resultan demasiado honestas para el gusto de sus protagonistas. Lo ocurrido el 5 de febrero de 2026 en Querétaro, minutos antes del acto por el 109 aniversario de la Constitución en el mismísimo Teatro de la República, no fue un simple accidente con una taza de café: fue un desnudo integral de la psicología del poder, en plena calle.
El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, apareció de pie, eje corporal perfectamente vertical, manos metidas en los bolsillos del pantalón, mirada baja pero sin urgencia, mientras dos colaboradores —una mujer primero, un hombre después— se agachaban a sus pies para limpiar la supuesta mancha de “café con nata” en sus zapatos. No hubo gesto de incomodidad, ni intento de detener la escena, ni siquiera un paso atrás instintivo. El cuerpo entero proyectaba quietud complaciente.
Joe Navarro, exagente del FBI y experto en lenguaje no verbal, lo explica así: el cuerpo tiene una “jerarquía de honestidad”, y los pies y las piernas son los más sinceros, porque son los últimos en mentir.
Si analizamos el video con las teorías de Navarro, encontramos algo clave: no hay contracción defensiva en los pies del ministro. No retrocede, no cruza los tobillos en protección, no aparece el “reflejo de retirada” ante la invasión del espacio íntimo. Al contrario: hay aceptación pasiva, pertenencia al gesto.
Es la asimetría clásica del poder en acción: mientras los subordinados reducen su estatura física —signo universal de servicio o sumisión—, él permanece inmóvil, erguido, intocable. Dicho sin rodeos: estaba muy contentito.
Horas después, en su cuenta de X, el ministro publicó:
“A mi compañera, directora de Comunicación Social, se le cayó café y nata. […] Esto me tomó por sorpresa y es el momento que ahora se difunde. En cuanto me percaté, le pedí que no continuaran. […] Le ofrezco una disculpa y le reitero mi respeto. Sin duda, este hecho no representa el actuar institucional de la SCJN ni la forma en que conduzco mi desempeño público y privado. No ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad o de soberbia en mi persona”.
Veamos el mensaje, pero no desde el desorden de un servidor, sino desde la perspectiva del psicólogo estadounidense Paul Ekman y las microexpresiones. Ekman advierte que cuando las palabras contradicen lo observable, surge lo que llama una “fuga de información”.
Si la sorpresa y la “pena” hubieran sido genuinas, como afirma el ministro Aguilar Ortiz, el sistema límbico —el conjunto de zonas cerebrales encargado de regular las emociones— habría disparado una reacción inmediata: manos saliendo de los bolsillos, un gesto claro de freno, un “¡no, por favor!” verbal o corporal. Pero nada de eso ocurrió. Las manos permanecieron ocultas y relajadas durante los 20 o 30 segundos que dura la escena.
La narrativa del “accidente repentino” choca con los gestos de complacencia. No fue descuido: fue normalización del privilegio. El ministro no estaba incómodo; estaba gozando.
La presidenta Claudia Sheinbaum intervino con prudencia. Respaldó la disculpa —“es muy bueno que lo haya hecho”—, pero remató con la frase que podría sonar a advertencia. “hay que mantener una actitud de humildad”.
Eso sí, también lanzó un dardo a quienes criticaron al ministro: sugirió que las críticas venían de quienes están en contra de los cambios en el Poder Judicial. Digamos que fue un “sí, la regó… pero exageran”.
El poder marea, sí, pero también revela de qué están hechos los zapatos de quienes nos juzgan —o deberían juzgarnos—. Aguilar Ortiz puede borrar videos, publicar hilos aclaratorios o invocar su biografía para desviar el foco, pero la imagen ya es indeleble: un alto funcionario con las manos en los bolsillos mientras otros se arrodillan en la calle, justo antes de conmemorar una Constitución que proclama que todos somos iguales ante la ley.
En la política mexicana de 2026, la boca puede mentir con elegancia, pero la postura siempre termina confesando la verdad. Y esta postura grita más fuerte que cualquier mensaje de disculpa.
por Dominio Público | Feb 6, 2026 | Opinión, Principales
Entre los nombres que más se repiten en el corrillo político está el de Tomás Pliego Calvo, secretario de Atención y Participación Ciudadana.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y Sepa La Bola…. pero… aún falta camino por recorrer para las próximas elecciones que definirán quién se quedará al frente del Gobierno de la Ciudad de México y, aun así, ya se siente el calor de una carrera que oficialmente no ha comenzado.
En los pasillos del poder y en las redes de poder, más de un funcionario parece haber arrancado antes de tiempo.
La propia Jefa de Gobierno Clara Brugada lo tuvo que recordar: el proselitismo con programas y recursos públicos está prohibido.
El aviso no fue menor; fue una señal de que el problema ya es visible.
Entre los nombres que más se repiten en el corrillo político está el de Tomás Pliego Calvo, secretario de Atención y Participación Ciudadana. Versiones internas aseguran que, bajo su órbita, más de 4 mil servidores públicos estarían siendo activados para impulsar su imagen personal.
Sus cercanos presumen respaldo y repiten que las advertencias “no aplican” para su dependencia. ¿Será así?.
El argumento, dicen, es que cuentan con el visto bueno de Claudia Sheinbaum, pero en la política se pueden decir muchas cosas y no todas son ciertas.
En política, la insinuación suele pesar más que la prueba.
La mecánica descrita por quienes conocen la operación no es nueva: otorgar puestos o beneficios que deberían llegar a población vulnerable, dosificar apoyos y convertir cada trámite en una fotografía o un post.
La lógica es simple: que el ciudadano crea que todo depende de la intervención del funcionario en turno.
El riesgo, claro, es que los programas sociales pierdan su razón de ser y se conviertan en moneda de cambio político, algo que la ley electoral busca impedir precisamente para garantizar equidad.
Las redes sociales de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana son otro termómetro. Ahí abundan reclamos por falta de resultados, denuncias de favoritismo y preguntas sin respuesta.
En contraste, los mensajes de elogio aparecen coordinados, con cuentas que repiten consignas y defienden la gestión actual. La conversación pública se distorsiona cuando la crítica se ahoga en aplausos programados.
En la calle, la percepción también cuenta. No pasa desapercibido que un funcionario sin responsabilidades de seguridad se traslade en camioneta blindada y limite recorridos de cercanía salvo cuando la Jefa de Gobierno está presente. La foto, el video y el saludo medido parecen importar más que el contacto cotidiano con la gente. En una ciudad que presume participación, la distancia pesa.
El calendario aún corre lento. Si la capital quiere un proceso limpio, el freno debe aplicarse ahora. Porque cuando el proselitismo se disfraza de gestión, la democracia paga la factura.
Y Sepa La Bola, pero en la Cámara de Diputados no cayó nada bien la versión ofrecida por Ricardo Monreal en Querétaro, donde aseguró que ya existen acuerdos para sacar adelante la reforma electoral. La molestia no es menor, porque apenas un día antes el propio coordinador de Morena había dicho que desconocía cualquier avance en las negociaciones con el PT y el Partido Verde para respaldar la iniciativa presidencial.
El desliz contrasta además con lo dicho previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ya había adelantado que la reforma electoral sí se presentaría este mismo mes y que existían acuerdos políticos para impulsarla. La contradicción dejó al descubierto que algo se movió rápido —y no precisamente en público— dentro del bloque oficialista.
Y es que, en los hechos, todo apunta a que los aliados de Morena le aplicaron la clásica “manita de puerco” para frenar cualquier intento de modificar el número de plurinominales, uno de los puntos que, según un sondeo del propio Gobierno federal, sería una exigencia popular. Sondeo que, por cierto, nunca se hizo público pese a la promesa presidencial y que, a juzgar por el rumbo de las negociaciones, difícilmente verá la luz.
por Dominio Público | Feb 5, 2026 | Opinión, Principales
La Operación Enjambre no va por halcones ni sicarios, va por algo mucho más delicado: alcaldes, directores, tesoreros y jefes policiacos que vendieron su autoridad al crimen. Tequila ya cayó. Apulco fue el precedente.
Raúl García Araujo @araujogar
La caída del alcalde de Tequila, Jalisco, no es justicia tardía ni golpe aislado. Es una advertencia. Un mensaje directo desde el centro del poder federal para quienes durante años convirtieron los ayuntamientos en sucursales del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y en esa advertencia hay dos nombres que resuenan cada vez con más fuerza en los pasillos de la inteligencia federal: Teocaltiche y Villa Hidalgo.
La Operación Enjambre, encabezada por el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dejó de ser un operativo regional para convertirse en una limpieza quirúrgica de gobiernos municipales infiltrados por el crimen organizado. Lo ocurrido en Tequila confirma lo que por años se denunció y nadie quiso ver: el poder local fue capturado por el CJNG.
Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, fue detenido tras cateos federales ejecutados por Ejército, Marina, FGR, CNI y SSPC. ¿Los cargos? Extorsión sistemática a empresas cerveceras y tequileras, desvío de recursos públicos y vínculos directos con una célula criminal del CJNG. No actuaba solo. Gobernaba con una red de funcionarios que hoy también están bajo arresto: Seguridad Pública, Catastro, Obras Públicas. El Ayuntamiento completo operando como empresa criminal.
Y aquí está el punto que incomoda: el esquema es exactamente el mismo que hoy se investiga en Teocaltiche y Villa Hidalgo.
Fuentes de alto nivel confirman que el equipo de García Harfuch ya tiene en su poder llamadas, conversaciones y registros de contacto entre funcionarios municipales y líderes criminales del CJNG en ambos municipios. No son rumores. No son filtraciones políticas. Es inteligencia dura, como la que llevó a la captura del alcalde prófugo de Apulco, Zacatecas, Mauro Yuriel “N”, ligado a Gerardo González Ramírez, alias “El Geras”, “El Güero” o “El Apa”.
Tan grave es el historial de este último que la fiscal general Ernestina Godoy informó recientemente, ante el gabinete de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Donald Trump, que existe una recompensa de 500 mil pesos por su captura, misma que puede aumentar por su alta peligrosidad.
La conexión es clara y el patrón se repite: autoridades municipales protegiendo al CJNG, permitiéndole operar, extorsionar, desplazar y sembrar terror, mientras la población quedaba atrapada entre el silencio forzado y la violencia cotidiana.
Teocaltiche y Villa Hidalgo no son excepciones: son ejemplos extremos de lo que ocurre cuando el crimen gobierna y el Estado se ausenta. Durante años, sus habitantes han vivido bajo amenazas, ejecuciones y control territorial, mientras los gobiernos locales simulaban ignorancia.
La Operación Enjambre no va por halcones ni sicarios, va por algo mucho más delicado: alcaldes, directores, tesoreros y jefes policiacos que vendieron su autoridad al crimen. Tequila ya cayó. Apulco fue el precedente.
Teocaltiche y Villa Hidalgo están en la mira.
Y esta vez, no hay discurso, cargo ni padrinazgo político que alcance para detener lo inevitable: el enjambre ya zumbó… y va directo al corazón del poder municipal corrupto.
