Pongamos el desorden | Cuidado con el tono gobernador
Tras el revuelo negativo que causaron las declaraciones, Armenta dio marcha atrás
Editorial: La negligencia de Juan Pablo Hernández ya cobró vidas en Teocaltiche y Villa Hidalgo
El funcionario de Jalisco no solo ha demostrado una alarmante falta de liderazgo, sino que parece completamente desconectado de la gravedad del momento.
Mientras el secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, ofrece declaraciones vacías y promesas que suenan a burla, en Teocaltiche siguen desaparecidos cuatro policías y un chofer, y sus familias —como la ciudadanía— sobreviven entre el miedo, la impunidad y el abandono institucional. ¿Cuántos muertos más se necesitan para que el Estado actúe con seriedad?
A casi dos meses de la desaparición de ocho policías municipales que se dirigían a Guadalajara para presentar sus exámenes de control y confianza, el secretario apenas “adelanta” que en los próximos días empezarán a aplicar las pruebas en Teocaltiche y Villa Hidalgo. Lo dice como si no cargara ya con el costo de cuatro elementos asesinados y otros cinco que no han vuelto a casa.
La inacción no solo es escandalosa: es criminal. ¿Dónde estaba el control estatal antes del 18 de febrero? ¿Quién autorizó que los policías viajaran solos, por carretera, en una de las regiones más peligrosas del estado? ¿Qué clase de estrategia permite que corporaciones enteras operen sin evaluaciones vigentes y sin ningún tipo de supervisión real?
El secretario Juan Pablo Hernández no solo ha demostrado una alarmante falta de liderazgo, sino que parece completamente desconectado de la gravedad del momento. Su discurso burocrático, plagado de frases condicionadas como “en próximos días”, “pudiéramos empezar” o “una vez estén acreditados”, es una bofetada a las víctimas y a la sociedad jalisciense.
Bajo su gestión, la seguridad pública en Jalisco ha dejado de ser una prioridad real para convertirse en una simulación grotesca, sostenida con ruedas de prensa, comunicados reciclados y un lenguaje técnico que disfraza la falta total de resultados. El caso de Teocaltiche es solo la punta del iceberg: un reflejo doloroso de lo que pasa cuando la autoridad se ausenta, cuando la omisión se vuelve política de Estado y cuando la vida de los policías —y de los ciudadanos— vale menos que una promesa incumplida.
Hernández ha sido incapaz de garantizar condiciones mínimas para el ejercicio policial, mucho menos para reconstruir la confianza de una población golpeada por el crimen. Su propuesta de reentrenamiento es tan absurda como tardía: no se puede reentrenar a policías que ya están muertos. No se puede hablar de control y confianza cuando su propia Secretaría ni siquiera puede proteger a quienes se supone deben protegernos.
Hoy, más que nunca, es urgente dejar de normalizar esta cadena de negligencias. La situación exige rendición de cuentas, renuncias y un cambio profundo en la manera de entender la seguridad pública en el estado. Porque mientras Juan Pablo Hernández sigue hablando de calendarios, en Teocaltiche siguen esperando justicia.
Sepa La Bola: Gasto excéntrico del Poder Judicial Mexiquense
Miembros del Consejo de la Judicatura y del TSJE acusan un síntoma preocupante de la opacidad y posibles prácticas que aquejan al Poder Judicial mexiquense.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y Sepa La Bola… pero el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a propuesta de su presidente Fernando Díaz Juárez, sometió a consideración de sus integrantes la adquisición de un edificio, que antes arrendaban.
Ubicado en calle José Vicente Villada, Colonia Centro, Toluca, Estado de México, el inmueble desde que se arrendó generó críticas por ser considerado que pagaba un precio considerado excesivo.
La reciente adquisición del edificio se señala por más de 150 millones de pesos por parte del Consejo de la Judicatura del Estado de México, lo cual muchos integrantes del TSJE criticaron.
La adquisición, justificada por el Director General de Administración, Roberto Cervantes Martínez (hermano del Fiscal mexiquense, José Luis Cervantes), busca albergar al nuevo Órgano de Administración Judicial.
Miembros del Consejo de la Judicatura y del TSJE acusan un síntoma preocupante de la opacidad y posibles prácticas que aquejan al Poder Judicial mexiquense, porque no es simplemente una transacción inmobiliaria, sino un gasto excesivo de dinero que se pudo emplear en otras cuestiones.
Por ejemplo, hay 44 municipios del Estado de México son considerados zonas de atención prioritaria debido a su alto grado de rezago social. En estas áreas, el porcentaje de personas que viven en pobreza extrema es igual o superior al 50%, según el Consejo de Investigación y Evaluación de Políticas Sociales, y con ese tipo de recursos podrían tener apoyos reales para educación, salud y vivienda.
Y es que esta compra genera controversia debido a la actual política de austeridad y la escasez de recursos en los juzgados. Nos cuentan de la falta de recursos básicos como papel, electricidad y agua en diversos juzgados, lo que dificulta la atención a la ciudadanía. La situación contrasta con la millonaria inversión en la adquisición del edificio.
Adicionalmente, se mencionan remodelaciones y obras en el Palacio de Justicia, sede de las Salas Penales, descritas como «berrinches y caprichos» y que implican gastos adicionales.
Estas obras, señalan, benefician principalmente a allegados al Presidente del Poder Judicial, pues solo hay remodelaciones en sus oficinas y hasta murales familiares.
Sin duda, la reciente decisión del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México de adquirir un edificio por más de 150 millones de pesos, en un contexto de austeridad y escasez de recursos, plantea serias interrogantes sobre la gestión y prioridades del Poder Judicial en la entidad. Este gasto calificado de exorbitante, pone de manifiesto una preocupante opacidad en la administración judicial.
Es imperativo que la Jefa política del Estado, Delfina Gómez, actúe con firmeza y evita que la cercanía del secretario del Bienestar, Juan Carlos González, con el presidente del Poder Judicial, haga estragos en la confianza en el sistema judicial, y asegurar que la justicia en el Estado de México sea un derecho accesible para todos, no un privilegio para unos pocos.
Y Sepa La Bola pero en el Poder Judicial explotó una bomba que luego de que NAFIN retiró, sin aviso, recursos de fideicomisos destinados a pagar a jueces que renunciaron al proceso de elección judicial.
Esto generó una crisis salarial y el CJF evalúa acciones legales para recuperar los fondos.
Los recursos, por más de 10 mil millones de pesos, debían indemnizar a jueces conforme a la reforma al Poder Judicial. El CJF alega que NAFIN violó el contrato al transferirlos sin autorización.
La Asociación de Magistrados y Jueces (JUFED) exigió el pago inmediato a los jueces afectados, señalando que debió haberse realizado antes de diciembre de 2024. Acusan que la reforma judicial vulneró los derechos de los jueces.
La JUFED destacó que la falta de pago genera incertidumbre y pidió que el CJF cumpla con la indemnización para todos los jueces que renunciaron o lo hagan en el futuro.
Pongamos el desorden | El viacrucis de los medicamentos
La determinación de anular la licitación me hizo recordar tres cancelaciones emblemáticas dentro de la 4T.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Cuando ya parecía que se veía una luz al final del túnel, en cuestión de abasto de medicamentos en el sistema público de salud, luego que se anunciara una millonaria compra bianual, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anuló el proceso ya que se detectaron irregularidades en la licitación.
La decisión de la dependencia, encabezada por Raquel Buenrostro, llega días después de que el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, diera a conocer los hechos en una conferencia mañanera.
Seguir a rajatabla las instrucciones del equipo de “Buen Gobierno” implicaría, en términos prácticos, que el sistema público de salud no tendría medicamentos e insumos para atender a la población.
Afortunadamente el equipo de la Secretaría de Salud puso en práctica su entrenamiento médico y decidió no amputar el proceso, sino dar tratamiento.
La dependencia anunció que solamente repondrá la licitación de los productos donde se detectaron las irregularidades, mientras que los restantes serán asignados de manera directa a los ganadores de la licitación, únicamente se cambiarán los contratos, para dejar satisfecho al equipo de “Buen Gobierno”.
Sí bien el tratamiento aplicado por el equipo de la secretaría encabezada por David Kershenobich suena como una decisión inteligente, falta ver cómo reacciona el paciente, algo que se podrá medir en las farmacias del sector salud, cuando los pacientes acudan a surtir sus recetas.
La determinación de anular la licitación me hizo recordar tres cancelaciones emblemáticas dentro de la 4T: la del Aeropuerto de Texcoco (NAIM), la de las estancias infantiles y la del Seguro Popular. En los tres casos se decidió la revocación con el argumento que había irregularidades y corrupción, pero hasta la fecha no hay responsables condenados por esas denuncias.
Sí bien en el papel, el tratamiento propuesto por la Secretaria de Salud suena bien, falta que nos expliquen los posibles efectos secundarios, es decir, si habrá escasez de medicamentos.
Pero lo más importante de todo esto se debe dar con quienes iban a verse beneficiados de las irregularidades, porque de lo contrario el discurso de combate a la corrupción seguirá siendo eso, un discurso.
EN EL TINTERO
Sigue la controversia por la muerte de dos fotógrafos en el concierto AXE Ceremonia en la Ciudad de México. Autoridades se culpan entre sí, olvidando que lo importante es encontrar a los responsables para que las víctimas tengan justicia y sus familias un cierre.
Cómo van caminando las cosas todo parece indicar que las investigaciones alrededor del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, no dejarán satisfechos a nadie.
Una pregunta: ¿Quiénes cometen actos vandálicos contra instalaciones de la UNAM merecen continuar como alumnos de la casa de estudios?
En Corto | Teocaltiche: tierra sin ley, bajo un gobierno ausente
La estrategia del gobierno de Pablo Lemus ha sido la omisión y el encubrimiento. Mientras los habitantes viven bajo el fuego cruzado, el Ejecutivo estatal busca desviar la atención mediática, simulando acciones que en la práctica no existen.
Raúl García Araujo @araujogar
A tan solo cuatro meses de haber asumido la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus Navarro ya enfrenta el colapso de su autoridad en regiones clave del estado.
El caso más alarmante es Teocaltiche, municipio que se ha convertido en sinónimo de terror, donde la gobernabilidad simplemente ha desaparecido. La violencia desbordada ha sumido a esta comunidad en una de las peores crisis de inseguridad de los últimos años.
La población vive entre el miedo y la resignación, asediada por el crimen organizado —en particular, por los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación—, quienes actúan con absoluta impunidad, ejecutando a inocentes sin que exista una respuesta efectiva del Estado.
Los datos oficiales son contundentes: desde febrero, cuando la Policía Estatal —a cargo de Juan Pablo Hernández— tomó el control de la seguridad en la zona, se han registrado al menos 16 homicidios violentos. Ningún responsable ha sido detenido. La impunidad es absoluta, la inacción gubernamental, evidente.
La estrategia del gobierno de Pablo Lemus ha sido la omisión y el encubrimiento. Mientras los habitantes viven bajo el fuego cruzado, el Ejecutivo estatal busca desviar la atención mediática, simulando acciones que en la práctica no existen. En Teocaltiche, el crimen organizado manda, y lo hace ya sea con la complacencia o con la incompetencia de las autoridades estatales.
Pablo Lemus
Ni armas decomisadas, ni vehículos monstruo asegurados, ni operativos de contención reales. El gobierno estatal ha sido superado por los hechos. Hoy, el crimen organizado domina la región con absoluta libertad, mientras las instituciones de seguridad apenas alcanzan a reconocer su derrota.
El propio secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, admitió recientemente que en Teocaltiche y Villa Hidalgo hay un alza alarmante en robos y homicidios, los cuales —según sus palabras— “podrían estar vinculados al crimen organizado”. Una confesión que evidencia el fracaso total del aparato de seguridad estatal.
La Fiscalía General del Estado, encabezada por Salvador González, no se queda atrás en este despropósito institucional. Su papel ha sido el de encubrir, retrasar y maquillar la violencia. Casos como el asesinato de Juan Pablo Alonzo Estrada, activista del colectivo Frente Teocaltiche por Nuestra Gente, muestran una intención clara de minimizar los hechos. El homicidio ocurrió el 30 de marzo, pero fue confirmado oficialmente hasta cinco días después, sin detalles, sin avances, sin justicia.
La Fiscalía alega que “la investigación sigue en curso”, como si eso justificara el silencio y la opacidad. Pero la verdad es clara: el gobierno de Pablo Lemus no solo es incapaz de proteger a sus ciudadanos, sino que también revictimiza a quienes alzan la voz. Alonzo Estrada no era un ciudadano más; era un líder que había denunciado la presencia del narco y la ausencia del Estado. Fue ignorado en vida y traicionado en su muerte.
Y la historia se repite. Este fin de semana, mientras vecinos denunciaban en redes el hallazgo de cuatro cuerpos ejecutados en una finca del Libramiento Sur, en la colonia El Barrio, la Fiscalía volvió a optar por el silencio. No fue sino hasta casi 24 horas después que se dignaron a confirmar el multihomicidio, una respuesta tardía que retrata con precisión la desconexión total de las autoridades con la realidad de los jaliscienses.
El medio Dominio Público Noticias (dominiopublico.com.mx) ha sido el único que, con valentía, ha documentado estos hechos en tiempo real, ante el abandono informativo y operativo del gobierno estatal.
El crimen organizado avanza, no solo con fuerza, sino con comodidad. Frente a ellos, el gobierno de Pablo Lemus Navarro no representa más que un estorbo inútil, cuando no un cómplice silencioso. La situación en Teocaltiche exige la intervención urgente del gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, deben tomar cartas en el asunto. Jalisco se les está yendo de las manos a sus autoridades estatales.
Porque hoy, Teocaltiche no es un municipio olvidado: es la prueba viviente de un estado fallido.
En Corto | Golpeteo y extorsión contra Armenta
El gobernador poblano acusó al empresario de medios Rodolfo Ruiz Rodríguez, dueño de los portales e-consulta de Puebla, Veracruz y Oaxaca de ser el responsable de violentar a la boxeadora “La Bonita”.
Raúl García Araujo @araujogar
En Puebla, un grupo de personajes que se ostentan como comunicadores, otros que sí son comunicadores reales, aunque de mala reputación, y un ejército de cuentas falsas en redes sociales, han desatado una brutal y cobarde campaña contra la boxeadora Gabriela Sánchez Saavedra, “La Bonita”, quien es también secretaria del Deporte y la Juventud del Gobierno del Estado.
La pugilista defendió en Puebla capital con éxito su título Plata del CMB el sábado pasado, con “mucha entrega, mucho corazón y una muy fina técnica”, de acuerdo con varias crónicas deportivas.
Hasta ahí, nada fuera de lo común, de no ser por la andanada de odio que violentadores cibernéticos, convertidos en verdaderos delincuentes digitales, han dirigido contra “La Bonita”.
No solamente la han criticado como boxeadora y como funcionaria, sino que la han descalificado como mujer, lo que constituye, junto con el delito de acoso, un claro caso de violencia política de género. ¿Qué buscan? Beneficios económicos, por supuesto. Eso se llama extorsión.
El lunes, precisamente por todo esto, el gobernador Alejandro Armenta fue claro, sin eufemismos ni maquillajes, señaló al empresario de medios Rodolfo Ruiz Rodríguez, dueño de los portales e-consulta de Puebla, Veracruz y Oaxaca, y uno de los más beneficiados en etapas del priato y el panismo en esas entidades, como responsable de esa campaña negra.
Resulta que los medios de Ruiz han encabezado, en el pasado reciente, una permanente campaña contra el gobierno del estado, contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y contra todo lo que huela a la izquierda de este país.
Rodolfo es identificado como un personaje afín a grupos de ultraderecha, desde sus tiempos como estudiante en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), hace ya bastantes años, pues el empresario ya roza los 60 años de edad.
El tema con él, quien ha emprendido una campaña para victimizarse, literalmente con quien no lo conoce en realidad, es que en los últimos años, desde el gobierno del difunto Miguel Barbosa Huerta, “ha utilizado la difamación, la calumnia y la información falsa, presentada como datos verdaderos, para atacar lo mismo a políticos que a ciudadanos que nada tienen que ver con la vida pública”, nos relatan colegas de Puebla.
De ahí que, aunque personalmente no ha dejado huellas de sus ofensas contra “La Bonita” Sánchez, pues Rodolfo primero postea y publica y luego borra, sí sus medios, sus colaboradores y el grupo de plumas afines a él, que no representan más que un puñado, ha atacado con beligerancia y debe ser investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el acoso ya sistemático contra Gaby Sánchez, como es conocida por el público poblano que la sigue y la quiere.
Rodolfo, en el pasado reciente, utilizó una supuesta información falsa, de una supuesta organización feminista, que también resultó un montaje, para descalificar al hoy coordinador de comunicación del gobierno, José Tomé, a quien ahora acusa de atacarlo, pero nada es más lejano de la realidad, pues quien lo difamó y lo atacó fue Rodolfo Ruiz, no al revés.
Que la victimización que pretende hacer de sí mismo la crea quien no lo conozca.
Rodolfo, sólo para poner un ejemplo de su comportamiento, en la campaña a la gubernatura de Puebla, en 2018, llevó las redes y fue asesor del finado Miguel Barbosa Huerta, como candidato, pero luego se convirtió en su más acérrimo enemigo.
Un día sí y el otro también, Ruiz atacó al gobernador morenista y hasta soltó posteos en redes que exhibían ironía y hasta burla, cuando el ex presidente del Senado de la República murió el 13 de diciembre de 2022.
Que lo compre quien no lo conozca.
Por cierto, en Puebla, nadie ha salido en su defensa. Por algo será.
En Cortito: Nos cuentan que en Morelos, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, ha apostado por recuperar y reposicionar la histórica Feria de la Primavera –anteriormente conocida como “la Feria de la Flor”– con el firme propósito de convertirla en un evento de trascendencia nacional e internacional. Esta apuesta no sólo se basa en la tradición, sino en un proyecto que impulsa el desarrollo económico y social de la capital morelense.
Para el año 2025, la feria se realizará en una sede diferente, anticipando una asistencia que supere ampliamente los 11 mil visitantes registrados en la edición de 2024. Con el traslado al Hípico de Vista Hermosa, tanto el alcalde como el secretario de Desarrollo Económico y Turismo local, Marco Manuel Suárez, proyectan alcanzar la cifra de 22 mil asistentes. La nueva ubicación ofrece un escenario de primer nivel: amplias áreas ajardinadas, corrales bien montados y espacios pensados para potenciar el sector agropecuario y ganadero, permitiendo a los productores locales exhibir sus productos de manera destacada.
El impacto económico de la feria que tendrá lugar del 11 al 20 de abril se vislumbra positivo. Con una derrama estimada de al menos $200 por visitante, se espera que la recaudación directa alcance los $4,400,000, sumándose a la venta de stands y concesiones municipales, lo que podría generar ingresos adicionales de alrededor de $1,500,000. Cabe resaltar que, con un presupuesto de ejecución de $4,500,000, la gestión municipal se muestra comprometida con la eficiencia y el retorno del orgullo ciudadano, al recuperar una feria que, hace 15 años, dejaba de incluir a los ganaderos.
El proyecto no sólo se centra en la actividad agropecuaria. El alcalde Urióstegui Salgado también está dando un especial énfasis a la cultura popular. Con eventos ecuestres como carreras de barrileras, sorting, demostraciones de caballos bailadores y el espectáculo de caballos Domeq, la feria busca volver a conectar con la esencia de pueblo, promoviendo actividades que enaltecen la identidad local. Además, la programación incluye un corte de música regional en el “teatro del pueblo” y la incorporación de dos jaripeos, ofreciendo una propuesta diversa y atractiva para todos los asistentes.
Un aspecto importante de la organización es la medida responsable en cuanto a la venta de alcohol, se concentrará en un único restaurante, lo que permitirá minimizar posibles inconvenientes y contribuir a un ambiente festivo y seguro.
En definitiva, la gestión del alcalde de Cuernavaca demuestra una visión integral y comprometida con la recuperación de tradiciones que fortalecen el tejido social y económico de la ciudad. La renovación de la Feria de la Primavera no solo representa un retorno a las raíces, sino también un impulso para el desarrollo local que proyecta a Cuernavaca hacia el reconocimiento nacional e internacional.
- Detienen en Culiacán a seis integrantes de “Los Chapitos”
- Exigen seguridad en el corredor Picacho Ajusco ante ola de asaltos en transporte público
- Lemus miente mientras Teocaltiche sangra
- Matan al subdirector de Seguridad Pública de Indaparapeo, Michoacán
- Lemus defiente su estrategia en Teocaltiche; hechos violentos son respuesta a operativos, dice
- Se registra un fuerte incendio en una fábrica de colchones en Ecatepec
