por Dominio Público | Mar 13, 2026 | Opinión, Principales
Las pantallas en movimiento generan distracción visual para automovilistas y operadores de transporte, un riesgo documentado por especialistas en movilidad y seguridad vial.
Claudia Bolaños @claudiabola
Sepa La Bola… pero en Paseo de la Reforma, uno de los corredores urbanos más regulados de la Ciudad de México, circulan desde hace semanas vallas móviles con pantallas que reproducen videos publicitarios.
No es un detalle menor: la propia Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México establece restricciones claras sobre el uso de pantallas electrónicas y sobre el contenido que pueden proyectar.
La norma es explícita: las pantallas electrónicas en medios publicitarios no deben transmitir video ni imágenes en movimiento, ni emitir sonido o cambios bruscos de luminosidad; además, deben cumplir límites estrictos de brillo y duración de imágenes para evitar distracciones o riesgos en la vía pública.
El espíritu de la ley es claro: reducir la contaminación visual y, sobre todo, evitar que anuncios luminosos o dinámicos afecten la seguridad vial. Sin embargo, lo que hoy se observa en Reforma parece ignorar esa regulación.
Las vallas móviles con pantallas —que reproducen videos como si se tratara de una televisión gigante— circulan incluso en zonas cercanas al carril exclusivo del Metrobús, un espacio destinado al transporte público masivo y con reglas estrictas de operación.
No se trata solo de estética urbana. Las pantallas en movimiento generan distracción visual para automovilistas y operadores de transporte, un riesgo documentado por especialistas en movilidad y seguridad vial.
El propio Congreso capitalino justificó la regulación de la publicidad exterior señalando que la proliferación desordenada de anuncios puede representar un peligro para la población y para la seguridad en las calles.
La ley también establece que cualquier publicidad instalada en vehículos o infraestructura vinculada al transporte debe contar con permisos específicos y supervisión de las autoridades de movilidad, particularmente de la Secretaría de Movilidad.
Aquí es donde aparece la duda incómoda. Si la ley limita el uso de videos en pantallas publicitarias, si la publicidad móvil requiere permisos y si los corredores como Reforma tienen reglas especiales, ¿quién autorizó estas vallas con video?
¿Existe permiso formal o estamos ante un vacío de supervisión?
Porque cuando una pantalla con anuncios se mueve por una de las avenidas más importantes del país y además invade el entorno del Metrobús, ya no estamos hablando de marketing creativo.
Estamos hablando de legalidad, seguridad vial y uso del espacio público.
Y en una ciudad con leyes claras, lo mínimo que debería existir también es algo igual de claro: responsables.
Y Sepa La Bola, pero el derrumbe del edificio en la calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, no solo dejó escombros y tres trabajadores muertos. También exhibió algo más profundo y preocupante: el colapso de la responsabilidad pública en la Ciudad de México.
En lugar de una explicación clara sobre lo que ocurrió, lo que ha surgido es un intercambio de culpas entre autoridades. Por un lado, la alcaldía Cuauhtémoc asegura que negó el permiso de demolición porque la empresa no cumplía con requisitos mínimos de seguridad. Por otro, el gobierno central sostiene que la supervisión de la obra correspondía a la demarcación.
La tragedia, entonces, quedó atrapada entre expedientes administrativos y disputas políticas.
Este tipo de episodios revela un problema estructural de la capital: un sistema de responsabilidades fragmentado donde nadie termina siendo plenamente responsable. En teoría, las demoliciones y obras deben cumplir con dictámenes técnicos, programas de protección civil y supervisión permanente. En la práctica, los procesos se diluyen entre dependencias, permisos cruzados y vacíos de vigilancia.
Cuando ocurre un accidente, como el de San Antonio Abad, la discusión ya no se centra en cómo prevenirlo, sino en quién firmó qué documento y quién debía vigilar a quién.
Y mientras las instituciones se señalan entre sí, las víctimas quedan en segundo plano. Tres trabajadores murieron realizando labores de demolición en un edificio que ya tenía antecedentes de daño estructural tras los sismos de 1985 y 2017. La pregunta esencial no es quién gana el debate político, sino por qué un trabajo de alto riesgo se realizaba sin garantías suficientes.
La Ciudad de México ha vivido demasiadas tragedias ligadas a la construcción: edificios que colapsan, obras irregulares, desarrollos autorizados con lagunas administrativas. Cada caso revela lo mismo: la supervisión llega tarde, cuando ya ocurrió el desastre.
por Dominio Público | Mar 12, 2026 | Opinión
La reforma electoral, que buscaba la eliminación de plurinominales y un control más férreo sobre el sistema de votos, se estrelló contra un muro.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
En política las derrotas no solo se cuentan en votos, también en símbolos. Este 11 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum ha recibido un mensaje contundente desde San Lázaro: la mayoría calificada, con la que tanto presumió y amenazó, no es un cheque en blanco, sino un equilibrio débil que hoy se ha roto. Con el rechazo a su reforma electoral, la presidenta suma su segundo gran descalabro legislativo, dejando al descubierto que la disciplina de hierro en el bloque oficialista es cosa del pasado.
El primer aviso llegó temprano con la reforma contra el nepotismo y la reelección. Aunque era una bandera personal de la mandataria, sus propios aliados —y algunos cuadros de Morena— operaron para “congelar” su aplicación hasta 2030, protegiendo así las ambiciones de cacicazgos locales rumbo a las intermedias de 2027.
Este 11 de marzo la historia se repitió, pero con mayor gravedad. La reforma electoral, que buscaba la eliminación de plurinominales y un control más férreo sobre el sistema de votos, se estrelló contra un muro. Lo que más debería preocupar en Palacio Nacional no es el voto de la oposición —ya esperado—, sino el fuego amigo o, peor aún, la ausencia de una operación política efectiva que terminó por llevar la iniciativa al naufragio.
Con el rechazo legislativo, los rumores de una fractura entre Morena, el PVEM y el PT han dejado de ser murmullos de pasillo para convertirse en una realidad política. De cara a las elecciones del próximo año, los aliados parecen haber entendido que su valor aumenta cuando marcan distancia, especialmente cuando sus propios intereses chocan con la agenda de la presidenta.
Como suele ocurrir tras una derrota, apareció el viejo libreto de la victimización. En redes sociales ya circulan listas de legisladores señalados como “traidores al pueblo” por haber votado en contra. Más que una demostración de fuerza, parece un intento desesperado por ocultar lo evidente: la falta de consenso dentro del propio oficialismo.
Señalar a quien no está de acuerdo como enemigo de la patria es una estrategia que se desgasta con el uso. En lugar de buscar culpables en un supuesto plan opositor, el gobierno haría bien en mirar hacia adentro: el verdadero obstáculo de Sheinbaum parece estar sentado en sus propias curules.
Gobernar bajo la amenaza de la estigmatización digital tiene un límite. Cuando ese límite aparece, las mayorías dejan de obedecer y los aliados empiezan a recordar que también tienen votos propios.
Quizá no se trate de traición. Quizá sea, simplemente, política.
EN EL TINTERO
Veamos ahora la furia del plan B por parte del régimen de la 4T. Desde la tribuna de San Lázaro, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, lanzó una advertencia: iniciaron ya los trabajos del Plan B.
por Dominio Público | Mar 11, 2026 | Opinión, Principales
El gobernador Alejandro Armenta ha dejado claro que en su administración el recurso público no es botín ni espacio de discrecionalidad.
Raúl García Araujo @araujogar
En el ejercicio del poder hay decisiones que marcan el tono de un gobierno. Una de ellas es la forma en que se administra y se vigila el dinero público.
En Puebla, la firma de un convenio de coordinación entre el gobierno estatal, la Auditoría Superior del Estado de Puebla y la Auditoría Superior de la Federación envió una señal política clara: la rendición de cuentas no se queda en el discurso, sino que se convierte en una regla de gobierno.
El acuerdo —en el que participaron la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Alejandro Espidio; la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Puebla, encabezada por Germán Reyna— busca algo elemental pero pocas veces logrado en el país: ordenar la coordinación institucional para vigilar mejor el uso de los recursos públicos.
Intercambio de información, alineación de criterios y fortalecimiento de mecanismos de seguimiento forman parte de una estrategia que coloca a la entidad en la ruta de una fiscalización más moderna y efectiva.
No es un detalle menor que Puebla se convierta en el primer estado del país en formalizar un esquema de coordinación de este tipo para la revisión de recursos federales, particularmente de las participaciones que llegan a los municipios.
Ese paso coloca a la entidad como un referente nacional en la búsqueda de mayor transparencia y en la construcción de un modelo de gobierno que se revisa, se corrige y rinde cuentas.
Porque la auditoría no es un trámite de escritorio ni un requisito de cierre administrativo. Es, en esencia, una herramienta de buen gobierno.
Cuando el dinero público se maneja con disciplina, reglas claras y vigilancia institucional, ocurre algo sencillo pero poderoso: alcanza para más. Más obra útil, más servicios públicos, más programas sociales y, sobre todo, más resultados tangibles para la gente.
El convenio también tiene implicaciones concretas hacia adelante. Para la revisión de la Cuenta Pública 2025 se establecerán mesas de trabajo permanentes entre las instancias estatal y federal, acompañadas de intercambio de información y capacitación especializada para auditores.
El objetivo es claro: detectar riesgos con mayor oportunidad, corregir procesos antes de que escalen y elevar los estándares de legalidad en el manejo de los recursos públicos.
Con este acuerdo se busca avanzar en tres ejes fundamentales. El primero es poner orden: alinear metodologías y compartir información entre las instancias de fiscalización permitirá reducir la dispersión institucional y realizar revisiones más claras, consistentes y eficaces.
Segundo, fortalece la prevención: la fiscalización moderna no solo llega cuando el daño ya ocurrió; también permite corregir a tiempo. Y tercero, construye confianza ciudadana, porque la gente no pide discursos, pide certeza de que los recursos públicos se aplican donde deben aplicarse.
Desde la lógica de la administración estatal, la fiscalización forma parte de un sistema completo: prevenir, revisar, corregir y, cuando corresponde, fincar responsabilidades.
Bajo esa visión, la coordinación entre instancias estatales y federales no solo fortalece el seguimiento a observaciones; también mejora la trazabilidad del gasto y eleva la calidad del ejercicio público en dependencias, entidades y municipios.
Pero detrás de este modelo hay también una definición política. El gobernador Alejandro Armenta ha dejado claro que en su administración el recurso público no es botín ni espacio de discrecionalidad.
Cada servidor público tiene la responsabilidad de ejercerlo con legalidad, disciplina y sentido social. Cuando un gobierno fija esa línea desde el inicio, el mensaje hacia dentro de la administración es contundente: aquí se gobierna con orden y responsabilidad.
Puebla empieza así a construir algo más que un esquema administrativo de fiscalización. Está consolidando una cultura de gobierno basada en la transparencia, la prevención y la rendición de cuentas.
Y en ese escenario, el papel del gobernador Alejandro Armenta comienza a perfilarse más allá del ámbito estatal. Mientras otros gobiernos apenas intentan ordenar sus procesos internos, en Puebla se construye un modelo de administración con reglas claras sobre el manejo del dinero público.
Ese tipo de decisiones —que combinan orden administrativo con visión política— empiezan a delinear un liderazgo entre los gobernadores de Morena: uno que entiende que la verdadera fortaleza de un gobierno se mide en resultados, en transparencia y en la confianza que logra construir con la ciudadanía.
En Cortito: Nos cuentan que en el centro político del Estado de México, aparecen dos alcaldes que han logrado colocarse de forma constante en la agenda nacional: la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, y el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda.
Ambos han encontrado en la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una aliada clave para empujar proyectos estratégicos que buscan cambiar el rumbo de una de las zonas más pobladas y complejas del país.
No es casual que los dos ediles sean convocados de manera recurrente a reuniones de alto nivel en Palacio Nacional. Más que encuentros protocolarios, se trata de mesas de trabajo donde se discuten decisiones que impactan directamente a millones de habitantes del cinturón urbano que rodea la capital del país.
La constante interlocución entre los gobiernos municipales y la Presidencia de la República envía un mensaje político claro: el oriente del Estado de México está en el radar prioritario del Gobierno Federal.
Y en esa apuesta, alcaldes como Azucena Cisneros y Adolfo Cerqueda se han convertido en actores clave de una nueva etapa de coordinación institucional que podría marcar el futuro inmediato de la región.
por Dominio Público | Mar 10, 2026 | Opinión
En un mundo donde la inteligencia artificial ya sabe qué vas a decir mañana, la única forma de seguir siendo humanos es volverse, por fin, impredecibles.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
El próximo mes de abril se cumplirán 15 años de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia me invitara a dar una conferencia en el Primer Seminario Iberoamericano de Periodismo y Patrimonio Cultural. En mi participación, titulada “Periodismo en internet, la guerra por el clic”, comenté que los periodistas ya no solo teníamos que pensar en la foto, en la edición de video o en una cabeza atractiva; también teníamos que pensar en palabras clave, motores de búsqueda y formatos multimedia. En otras palabras, debíamos hacer nuestro contenido más seductor para triunfar en el nuevo ecosistema y así conquistar, además de al público, al algoritmo.
Quince años después, esas fórmulas matemáticas —que nadie atina a explicar del todo pero que ya gobiernan nuestros gustos— nos han llevado a la era de la “libertad asistida”. Nunca antes habíamos tenido tantas opciones al alcance de un clic y, sin embargo, nunca habíamos sido tan predecibles. Bajo la promesa de ahorrarnos el tedio de elegir, hemos entregado las llaves de nuestra voluntad a sistemas que nos conocen mejor que nosotros mismos.
Bienvenidos a esta nueva forma de control. El mecanismo es tan sutil que resulta inquietante: no hay tanques en las calles, sino notificaciones personalizadas. El algoritmo no prohíbe: rediseña el escenario hasta que cualquier otra opción parezca inexistente. Es un pasillo infinito de espejos que solo reflejan lo que ya pensamos y lo que ya somos.
Esta comodidad tiene un precio: la atrofia del criterio. Al delegar decisiones —desde la ruta al trabajo hasta la música del café— perdemos el músculo de la curiosidad. El algoritmo detesta la sorpresa porque su función es eliminar la fricción, pero es precisamente en la fricción donde nace el pensamiento crítico. Si solo consumimos lo que el sistema predice, nos condenamos a una dieta de puré: fácil de digerir, pero incapaz de hacernos crecer.
En lo social, las consecuencias son profundas. La polarización no es una conspiración: es un modelo de negocio. El conflicto genera engagement y la indignación cotiza mejor que la serenidad. Así terminamos atrapados en burbujas donde el “otro” no es alguien con quien debatir, sino un error de la matriz que debe ser aniquilado. Pasamos de la plaza pública al silencio cómodo de las cámaras de eco.
¿Qué nos queda? Si el control es digital, la resistencia debe ser analógica y caótica. Reivindicar el derecho a equivocarnos, a leer el libro sin reseñas o a perdernos en la ciudad sin el mapa digital. El verdadero acto de rebeldía en este 2026 no es desconectarse, sino introducir ruido en el sistema.
Pongamos el desorden en la base de datos. Rompamos el patrón. Busquemos lo que la máquina jamás nos recomendaría. Porque en un mundo donde la inteligencia artificial ya sabe qué vas a decir mañana, la única forma de seguir siendo humanos es volverse, por fin, impredecibles. La libertad no es elegir entre lo que nos dan, sino tener la audacia de buscar lo que el algoritmo jamás pensó que buscaríamos.
EN EL TINTERO
El domingo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Falta mucho camino para tener un mundo justo para todos.
por Dominio Público | Mar 6, 2026 | Opinión, Principales
Si durante años nadie dudó de su capacidad para imprimir las boletas electorales —pieza central de la certeza del voto—, resulta difícil entender por qué ahora algunos consejeros deciden poner bajo sospecha su participación en la producción de la credencial para votar.
Claudia Bolaños @claudiabola
Los que siguen sin leer el momento político que se vive en el país son el consejero Arturo Castillo y la consejera Carla Humphrey, quienes en plena discusión de la reforma electoral y en medio de un ambiente de tensión institucional, prefieren poner en entredicho el trabajo que realizará Talleres Gráficos de México en la producción de la credencial para votar a partir de junio.
El argumento que han esgrimido es la necesidad de extremar cuidados en el proceso, particularmente por la presencia de ese organismo dentro de la propuesta conjunta que resultó ganadora de la licitación. Talleres Gráficos de México participa asociado con dos empresas especializadas para la producción de la credencial electoral, esquema plenamente permitido por las reglas de contratación pública.
El proceso de licitación fue revisado por las áreas técnicas del Instituto Nacional Electoral y se condujo conforme a los procedimientos institucionales. Sin embargo, lo que parece incomodar a algunos consejeros no es el procedimiento, sino la presencia de Talleres Gráficos de México por su carácter de organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación.
Ahora resulta que algunos se muestran particularmente puristas cuando se trata de esta licitación. Llama la atención, porque durante décadas ha sido precisamente Talleres Gráficos de México la institución que imprime las boletas electorales federales, uno de los insumos más sensibles de cualquier elección organizada por el Instituto.
Si durante años nadie dudó de su capacidad para imprimir las boletas electorales —pieza central de la certeza del voto—, resulta difícil entender por qué ahora algunos consejeros deciden poner bajo sospecha su participación en la producción de la credencial para votar.
Porque al final, más que una discusión técnica, lo que queda es la impresión de un purismo selectivo que llega tarde: justo cuando el propio Instituto atraviesa uno de los momentos políticos más delicados de su historia.
Y Sepa La Bola quién autorizó, quién permitió o quién dejó pasar la instalación de numerosos anuncios en la vía pública de la Ciudad de México. Lo cierto es que gran parte de ese mobiliario publicitario opera fuera de norma e invade banquetas, camellones y espacios públicos.
El caso de los paneles retirados de la zona de San Lorenzo y reubicados en el parque Tlacoquemécatl volvió a encender las alertas entre vecinos, quienes denuncian que se trata de estructuras de publicidad ilegal instaladas sin cumplir los procedimientos establecidos por la normativa urbana.
Estos muebles, presentados como mobiliario urbano —algunos incluso con contenedores para desechos de mascotas— funcionan en realidad como soportes de publicidad comercial y no aparecen registrados en la plataforma de publicidad exterior de la Secretaría de Planeación, conocida como Metrópolis.
El episodio refleja un problema recurrente: cuando un punto se vuelve conflictivo, las estructuras simplemente se retiran y se colocan en otro sitio, por lo que la publicidad ilegal no desaparece, solo cambia de esquina en la ciudad.
por Dominio Público | Mar 5, 2026 | Opinión, Principales
Las listas plurinominales dejaron de ser un semillero de talento técnico y se convirtieron, en demasiados casos, en instrumentos para pagar favores, premiar lealtades o proteger, bajo el manto del fuero, a personajes impresentables.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Al fin, después de varios retrasos, la tarde de este 4 de marzo llegó a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum y, con ella, se pone sobre la mesa una sacudida a esa figura tan incomprendida como necesaria: el diputado plurinominal.
Hace décadas, allá por 1977, la lógica de los “pluris” no era solamente darle voz a las minorías. El espíritu de la reforma buscaba inyectarle neuronas al Congreso. Se trataba de abrir la puerta a perfiles técnicos —economistas, constitucionalistas, especialistas en política pública— que difícilmente ganarían una campaña bajo el sol, estrechando manos en un mercado, pero que resultaban brillantes arrastrando el lápiz en las comisiones. Eran los técnicos de escritorio necesarios para que las leyes no fueran ocurrencias, sino documentos sólidos.
Sin embargo, como ese espíritu nunca quedó en la letra explícita de la ley, terminó por diluirse. Las listas plurinominales dejaron de ser un semillero de talento técnico y se convirtieron, en demasiados casos, en instrumentos para pagar favores, premiar lealtades o proteger, bajo el manto del fuero, a personajes impresentables.
Ahora bien, si de verdad la presidenta y la 4T están preocupadas por cómo se eligen los diputados plurinominales, aquí va una propuesta para ordenar este desorden:
Cada partido podría presentar listas integradas exclusivamente por especialistas acreditados en economía, ciencia, educación, seguridad y Derecho. Perfiles con trayectoria verificable, producción académica o experiencia técnica probada. ¿Se imaginan tener a un Agustín Carstens, un José Antonio Meade o un Lorenzo Córdova proponiendo y revisando leyes desde la técnica y no desde la arenga?
Pero vayamos más lejos. Si realmente se quiere evitar la sobrerrepresentación y garantizar que los plurinominales cumplan su función de representar a las minorías, establezcamos una regla simple: si un partido obtiene, por ejemplo, 40% o más de los distritos de mayoría relativa, no tendría acceso a diputaciones plurinominales. Esos espacios se redistribuirían entre las demás fuerzas políticas. Así de claro. Así de directo.
Y ahora sí, vayamos al grano de este desorden:
¿El sistema electoral mexicano funciona? Sí.
¿Puede perfeccionarse? Claro que sí.
¿Es este el momento adecuado para meterle mano? No.
No, porque estamos a nada de que arranque el proceso electoral y cuando la política corre, la técnica tropieza.
No, porque una reforma electoral no puede ser traje a la medida del que hoy gobierna ni ajuste exprés para la próxima elección.
No, porque cambiar las reglas del juego cuando el silbatazo está por sonar siempre huele mal, aunque lo disfracen.
En política nadie reforma lo que le funciona… salvo que intuya que pronto podría dejar de funcionarle.
Y entonces sí, de pronto, la democracia “necesita ajustes urgentes”.
¡Qué casualidad!
En el tintero
¿Sobrevivirá la alianza Morena-PVEM-PT? Lo dudo. Las alianzas que nacen por conveniencia suelen durar lo que dura la conveniencia. Después, cada quien jala agua para su molino… y que el elector se las arregle.
