por Dominio Público | Abr 16, 2026 | Opinión, Principales
En Barcelona, los gobiernos progresistas buscarán algo más que una foto: definiciones.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
El viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a Barcelona para la cumbre “Democracia Siempre”, junto a Lula, Petro y Pedro Sánchez, no es solo una foto. Es el intento de articular una respuesta común a un mundo que se descompone: desigualdad persistente, crisis climática y democracias bajo tensión.
Pero la pregunta es inevitable: ¿qué significa ser “progresista” en 2026? No es una etiqueta nueva, pero tampoco está claro qué implica hoy. Es una tradición que ha cambiado de piel y que, en América Latina, busca reinventarse.
El progresismo nació en Estados Unidos —sí, en Estados Unidos— como reacción a los excesos del capitalismo. A inicios del siglo XX combatió monopolios, corrupción y explotación laboral. Theodore Roosevelt lo decía sin rodeos: el gobierno no debía ser neutral, sino un instrumento para mejorar la vida de la gente. No era ideología abstracta, sino intervención concreta.
Con el tiempo, la idea evolucionó. John Rawls, en Teoría de la justicia (1971), planteó una prueba simple: diseñar la sociedad sin saber en qué lugar te tocará nacer. De ahí surge el “principio de diferencia”: la desigualdad solo es aceptable si beneficia a los más desfavorecidos. En otras palabras, no basta con abrir oportunidades; hay que equilibrar el punto de partida.
Jürgen Habermas añadió otra capa: la calidad democrática. Para él, votar no es suficiente. La democracia exige deliberación real: ciudadanos que discuten, medios plurales y decisiones basadas en argumentos, no en poder. Sin diálogo, la democracia se vacía. Y cuando el diálogo se sustituye por la descalificación, también.
Anthony Giddens intentó actualizar la fórmula: ni Estado omnipresente ni mercado sin control. Propuso un Estado inteligente que regule, invierta y proteja. “Políticas de izquierda con medios de centro”. Esa lógica ha influido en gobiernos como el de Lula. No se trata de destruir el mercado, sino de orientarlo.
Pero la política no es armonía. Chantal Mouffe recuerda que el conflicto es inevitable. La clave está en canalizarlo: unir demandas distintas —igualdad, medio ambiente, derechos— sin convertir la diferencia en odio. Ahí el progresismo mexicano enfrenta su dilema: construir mayorías amplias o profundizar la polarización. Y, a juzgar por el tono público, el equilibrio no siempre se ha logrado.
En Barcelona, los gobiernos progresistas buscarán algo más que una foto: definiciones. ¿Puede el progresismo ser eficaz, democrático y sostenible al mismo tiempo? ¿Puede combinar justicia social, instituciones sólidas y crecimiento económico sin caer en autoritarismo o en retórica vacía?
Sheinbaum llega con una paradoja. Por un lado, los programas sociales han tenido efectos visibles. Por el otro, el diálogo público y la transparencia han sufrido desgaste. Gobernar para el pueblo no es lo mismo que gobernar con el pueblo.
Al final, ser progresista en 2026 no es repetir consignas. Es dar resultados. Demostrar que el Estado puede mejorar la vida de las personas en un mundo que ya no cree en promesas.
Porque si no sirve para eso, no es progreso… es nostalgia.
EN EL TINTERO
Esta columna también se nutre de conversaciones y aprendizajes. Agradezco las ideas y provocaciones como las de mis profesores Valeriano Martínez, César Illescas y Rolando Chávez, que ayudaron a afilar varias de estas líneas.
La coalición gobernante hace agua rumbo a 2027. El Partido Verde ya empezó a moverse por cuenta propia.
Ayer escuché una frase muy precisa: “el Metro de la CDMX está llantas pa’rriba”. Cuesta discutirla.
por Dominio Público | Abr 15, 2026 | Opinión, Principales
Pensar en su salida, en este contexto, no solo resulta prematuro, sino poco lógico. Morena se encamina hacia los procesos electorales de 2027, donde la definición de candidaturas y la cohesión interna serán determinantes. Cambiar de liderazgo ahora implicaría abrir frentes innecesarios.
Raúl García Araujo @araujogar
Fallaron los pronósticos y se desinflaron los rumores. La narrativa sobre la inminente salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia nacional de Morena no resistió el contraste con la realidad: ni hay relevo en puerta ni crisis interna que obligue a un cambio.
Lo que hubo fue una lectura precipitada —o interesada— de un movimiento político que hoy mantiene cohesión y rumbo.
La propia dirigente fue clara y directa: se mantiene al frente del partido y solo contemplaría dejar el cargo si así se lo solicitara la presidenta Claudia Sheinbaum para asumir una nueva responsabilidad dentro del proyecto de gobierno.
Es decir, no hay ruptura, no hay vacío de liderazgo; hay continuidad política y disciplina institucional.
Los rumores, además, intentaron construir la idea de divisiones dentro de Morena. Sin embargo, la respuesta fue contundente: el movimiento se mantiene fuerte y unido. No es casualidad.
La cohesión actual tiene raíces en la formación política que impulsó desde 2018 el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien apostó por una nueva generación de cuadros jóvenes con identidad ideológica clara.
En ese relevo generacional, Luisa María Alcalde es una pieza clave. Desde la Secretaría del Trabajo, donde impulsó Jóvenes Construyendo el Futuro —uno de los programas sociales más emblemáticos de la Cuarta Transformación—, hasta su paso por la Secretaría de Gobernación, su trayectoria ha sido ascendente, estratégica y constante.
Su llegada a Gobernación marcó un punto de inflexión: no solo operó la política interna del país, también consolidó un perfil de confianza dentro del movimiento.
Ahí comenzó a tomar forma ese relevo del que tanto habló López Obrador, y que hoy se traduce en una nueva camada de liderazgos con responsabilidades reales.
Esa lealtad política es hoy uno de sus principales activos. En un momento donde el liderazgo del movimiento recae en Claudia Sheinbaum, el respaldo presidencial ha sido explícito.
La presidenta no solo ha reconocido su trabajo, sino que la ha definido como parte de la nueva generación que dará continuidad al proyecto.
Además, Alcalde ha logrado posicionarse como una de las caras más visibles del partido. Su papel en la comunicación política de Morena la colocó en el centro de la narrativa pública, consolidando su presencia más allá de la operación interna.
Pensar en su salida, en este contexto, no solo resulta prematuro, sino poco lógico. Morena se encamina hacia los procesos electorales de 2027, donde la definición de candidaturas y la cohesión interna serán determinantes. Cambiar de liderazgo ahora implicaría abrir frentes innecesarios.
Por el contrario, todo indica que Alcalde forma parte de un grupo más amplio de nuevos liderazgos que ya perfilan el futuro político del país.
Junto a figuras como Omar García Harfuch, Roberto Velasco y Marath Baruch Bolaños, representan una generación que no solo administra el presente, sino que se prepara para disputar los espacios más relevantes en los próximos años.
La conclusión es clara: mientras algunos analistas insisten en adelantar escenarios, la realidad política va en sentido contrario. Morena no está en fase de fractura, sino de consolidación. Y en ese proceso, Luisa María Alcalde no se va; se afianza.
En Cortito: Nos cuentan que el Gabinete de Seguridad Nacional ya tiene objetivos definidos y rutas de acción claras.
Bajo el mando de Omar García Harfuch, la maquinaria de inteligencia y fuerza federal está enfocada en capturar a Johnny Hurtado Olascoaga y José Alfredo Hurtado Olascoaga, jefes de La Familia Michoacana.
Los reportes de inteligencia no dejan margen de duda. Ambos objetivos se mueven con relativa confianza entre San Miguel Totolapan y la franja limítrofe con el Estado de México, donde operan con casas de resguardo y redes de protección.
Ese margen de movilidad es justo lo que se busca romper con operativos simultáneos, presión territorial y vigilancia aérea.
El secuestro del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre cambió el ritmo de la operación. Fue un desafío directo.
La respuesta no tardó: despliegue federal, coordinación con fuerzas estatales, presencia militar y uso de aeronaves. Resultado inmediato: víctimas liberadas. Pero el objetivo real sigue intacto: ir por los responsables.
La instrucción es clara y viene respaldada desde la presidencia de Claudia Sheinbaum: no administrar la violencia, sino golpear estructuras criminales.
por Dominio Público | Abr 14, 2026 | Opinión, Principales
Este 18 de abril participará en la Global Progressive Mobilisation, una cumbre impulsada por Pedro Sánchez, presidente del gobierno español.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
La presidenta Sheinbaum se va a Europa. Concretamente a Barcelona. Y aunque en el papel es una visita internacional, en los hechos se parece más a una reunión de cuates que a una misión diplomática de alto calibre.
Este 18 de abril participará en la Global Progressive Mobilisation, una cumbre impulsada por Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, bajo el lema “Democracia Siempre”. Ahí estarán Lula da Silva, Gustavo Petro, Yamandú Orsi y otros líderes de la misma línea política.
El foro es un espacio ideológicamente cómodo, diseñado para coordinar posturas frente al avance de la derecha y la ultraderecha. Una especie de sala de espejos donde los asistentes no van a confrontarse, sino a confirmarse.
Pero fuera de ese salón, España vive otra realidad.
La polarización es intensa y el propio Sánchez enfrenta cuestionamientos internos. En ese contexto, la cumbre no pasa desapercibida. Para la derecha española, no es un encuentro democrático, sino propaganda.
En este ambiente la presencia de Sheinbaum también ha sido cuestionada. El eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, habló sin rodeos:
“Sheinbaum no viene de visita a España. Acude a una cumbre de los jefes del narcosocialismo, del crimen organizado gobernante”.
Lo dicho por Tertsch es un exceso retórico, sin duda. Pero también es un reflejo del tono político que hoy domina en España: frontal, áspero y sin filtros.
Ahora bien, no todos ven con desconfianza la visita de la presidenta mexicana.
Una parte importante de la prensa española ha presentado el viaje como una oportunidad para recomponer la relación bilateral. Es la primera visita de un presidente mexicano a España en años, tras el enfriamiento provocado por la tensión con la Corona debido a la carta enviada por López Obrador al rey Felipe VI.
En ese sentido, el viaje también puede leerse como un gesto de distensión. Un intento de pasar de la narrativa histórica al pragmatismo político.
Sheinbaum llegará entonces a un doble escenario: aplausos dentro del foro y cuestionamientos fuera de él. Un terreno donde la foto será sencilla, pero el contexto, complejo.
Y ahí aparece un elemento clave: su estilo personal.
La presidenta no suele esquivar la confrontación. En México ha demostrado que responde, fija postura y, cuando se siente cuestionada, endurece el tono. En Barcelona, con prensa internacional y bajo un reflector distinto, esa forma de reaccionar puede jugar a favor… o en contra.
Porque una respuesta incómoda puede volverse viral en segundos. Y en diplomacia, a veces un matiz pesa más que un discurso entero.
Al final, el viaje parece tener un objetivo claro: rodearse de cuates y proyectar una imagen de bloque progresista.
Un último apunte. Ojalá en la agenda también hubiera espacio para reuniones con empresarios españoles. No es un tema menor: España es uno de los principales inversionistas extranjeros en México. En tiempos donde la economía pide certezas, ese tipo de encuentros no sobran.
Veremos si la presidenta regresa con una foto más… o con un episodio que marque un nuevo capítulo en las relaciones internacionales del país.
EN EL TINTERO
Barcelona no será solo escenario de discursos, sino termómetro político. Entre el deshielo diplomático y el ruido ideológico, la visita de Sheinbaum pondrá a prueba algo más que su agenda internacional: su capacidad para moverse en terrenos donde el aplauso y la crítica conviven al mismo tiempo.
El Metro de la CDMX pide auxilio a gritos. Ojalá lo atiendan, porque sus usuarios no pueden usar vías alternas.
por Dominio Público | Abr 10, 2026 | Opinión, Principales
El caso contrasta con el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha insistido en el respeto a los derechos laborales dentro del servicio público.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y Sepa la Bola… pero el trato desigual, la carga de trabajo excesiva y las amenazas constantes de despido forman parte de las quejas que trabajadores atribuyen a Ana Luisa Leal Félix, coordinadora de Bienes Inmuebles y Administración en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Personal adscrito a la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales hizo llegar una carta a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para solicitar una investigación formal. En el documento acusan la asignación de tareas fuera de sus funciones y un ambiente laboral marcado por presión y amedrentamiento.
Los denunciantes también señalan presuntas condiciones desiguales dentro del área. Aseguran que, mientras la funcionaria tendría flexibilidad de horarios, al resto del personal se le niegan permisos incluso por motivos de salud o familiares, bajo advertencia de descuentos o uso forzado de vacaciones. No es la primera vez que surgen señalamientos en su contra, ya que en 2022 dejó un cargo previo en la misma dependencia en medio de inconformidades similares. El caso contrasta con el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha insistido en el respeto a los derechos laborales dentro del servicio público.
Y Sepa la Bola… pero la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció que mantendrá un ritmo sostenido de inversión pública con recursos estatales en Baja California, que alcanzará los 50 mil millones de pesos durante su administración. Se trata de la cifra más alta registrada por un gobierno estatal en la entidad, incluso por encima de lo ejercido de manera conjunta por las dos administraciones anteriores. Este nivel de inversión coloca a Baja California entre las cinco entidades que más destinan recursos a infraestructura en el país, impulsando proyectos en salud, movilidad y servicios básicos. Resultados que no solo se anuncian: se construyen, señalan en la entidad.
Y Sepa la Bola… pero la vulnerabilidad del Sistema de Transporte Colectivo Metro volvió a quedar en evidencia tras la interrupción del servicio en la Línea 4 por un corto circuito. El Metro informó que fue necesario cortar la energía para realizar una inspección en la zona de vías, lo que derivó en la suspensión parcial del servicio entre Canal del Norte y Santa Anita.
Información técnica apunta a que la causa fue un cable de tracción desoldado que provocó un corto circuito resistivo, afectando los sistemas de protección ubicados en la subestación eléctrica Morelos. Durante los intentos de reenergización se registraron arcos eléctricos y un conato de incendio en la interestación Morelos-Candelaria, lo que obligó a nuevas interrupciones y a la intervención con extintores. La reiteración de fallas evidencia problemas estructurales en el sistema eléctrico que requieren atención de fondo, más allá de medidas correctivas de último momento y recursos inmediatos a las autoridades, para poder actuar.
por Dominio Público | Abr 9, 2026 | Opinión, Principales
La Corte, en su afán de fortalecer herramientas contra el crimen, podría haber debilitado un principio esencial: que el poder necesita límites claros, incluso cuando persigue fines legítimos.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a dar de qué hablar. El pasado lunes, el edificio de Pino Suárez fue testigo de un viraje jurídico que promete sacudir los cimientos del sistema financiero mexicano.
Durante años, el criterio imperante —heredado de la Segunda Sala en 2018— sostenía que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solo podía congelar cuentas sin orden judicial cuando existía una solicitud expresa de un organismo internacional. Sin ese “sello” extranjero, el bloqueo era considerado una violación al artículo 16 constitucional. Ese era el escudo. Ese escudo acaba de romperse.
La resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, del 6 de abril de 2026, establece que el bloqueo de cuentas previsto en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito es constitucional por sí mismo, sin necesidad de orden judicial ni petición internacional.
La Corte sostiene que no se trata de una pena ni de un acto de “molestia definitivo”, sino de una medida cautelar administrativa. Bajo esta lógica, la UIF no juzga culpabilidades: congela riesgos. Y como existe un derecho de audiencia posterior, se considera que el debido proceso está a salvo.
Quienes celebran el fallo —principalmente el Ejecutivo y las autoridades de procuración de justicia— lo ven como una herramienta indispensable. Argumentan que en el combate al lavado de dinero la velocidad lo es todo: esperar a un juez puede significar perder millones en minutos. También señalan que México se alinea finalmente con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que el sistema financiero necesita mecanismos de defensa ante el crimen organizado.
El problema no es el objetivo. Es el camino.
Porque en los hechos, el fallo le otorga a la UIF un poder que se acerca peligrosamente al de una autoridad judicial. Y aunque se le llame “medida cautelar administrativa”, no deja de ser un acto de “molestia” que impacta directamente en derechos fundamentales.
Aquí es donde el ruido comienza.
La presunción de inocencia queda, cuando menos, debilitada: ahora es el afectado quien debe demostrar que sus recursos son lícitos. Además, el llamado “derecho de audiencia” suena bien en papel, pero deja dudas en la práctica: ¿ante quién se defiende uno?, ¿con qué reglas?, ¿en qué plazos?
Y hay algo más que incomoda.
Abrir esta puerta también abre la tentación. No afirmo que vaya a ocurrir, pero el margen está ahí: esta facultad podría usarse contra voces incómodas bajo el argumento de recursos de origen dudoso. Bastaría una frase desde el poder:
“Primero que aclaren de dónde salió el dinero. Por algo actuó la UIF.”
El daño, en ese escenario, sería inmediato. Porque el congelamiento no solo inmoviliza recursos: también congela reputaciones. Y aun si después se demuestra que no había nada ilegal, la marca queda. Como tatuaje.
La Corte, en su afán de fortalecer herramientas contra el crimen, podría haber debilitado un principio esencial: que el poder necesita límites claros, incluso cuando persigue fines legítimos.
Porque cuando los dientes crecen sin control, el problema no es a quién muerden hoy… sino a quién podrían morder mañana.
EN EL TINTERO
Cuesta creer que la presidenta sugiera que, si no alcanza para gasolina Premium, se compre Magna. Más que una recomendación, suena a desconexión.
por Dominio Público | Abr 8, 2026 | Opinión, Principales
Una apuesta por cuadros jóvenes, formados dentro del movimiento, que hoy comparten espacio con figuras como Luisa María Alcalde y Omar García Harfuch, perfiles que entienden el pulso de nuevas generaciones y operan con códigos distintos a los de la vieja clase política.
Raúl García Araujo @araujogar
La diplomacia mexicana vive un momento de definición: el relevo generacional dejó de ser discurso para convertirse en poder.
La llegada de Roberto Velasco a la Secretaría de Relaciones Exteriores no solo confirma un nombramiento, sino la consolidación de una nueva élite política formada al calor del obradorismo.
Detrás de su ascenso hay una historia política clara. Fue Marcelo Ebrard quien lo conoció en Chicago, donde Velasco cursaba su maestría, y quien supo leer en él habilidades poco comunes: disciplina técnica, manejo de medios y capacidad de interlocución en el entorno estadounidense.
No dudó en sumarlo al proyecto que en 2018 encabezaba Andrés Manuel López Obrador bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional.
Desde la Dirección General de Comunicación Social de la Cancillería, Velasco no solo construyó narrativa, también construyó confianza.
Esa cercanía con Ebrard se tradujo en responsabilidades mayores cuando el propio López Obrador decidió desaparecer la subsecretaría para América del Norte, concentrando el manejo de la relación bilateral en perfiles de absoluta confianza.
Así, en junio de 2020, Velasco asumió la jefatura de la Unidad para América del Norte, desde donde comenzó a operar los temas más sensibles de la agenda con Estados Unidos y Canadá.
Durante seis años estuvo en el centro de negociaciones clave: seguridad, migración, frontera y aguas compartidas. Ya no como operador en la sombra, sino como uno de los rostros visibles de la diplomacia mexicana.
Su paso a subsecretario en octubre de 2025, nombrado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y su encargo como titular interino de la Cancillería entre diciembre de ese año y enero de 2026, terminaron de perfilarlo como el relevo natural.
Pero el ascenso de Velasco no se explica solo por su cercanía con Ebrard. Responde a una lógica política más profunda: la transición generacional que impulsó Andrés Manuel López Obrador en la recta final de su gobierno.
Una apuesta por cuadros jóvenes, formados dentro del movimiento, que hoy comparten espacio con figuras como Luisa María Alcalde y Omar García Harfuch, perfiles que entienden el pulso de nuevas generaciones y operan con códigos distintos a los de la vieja clase política.
La presidenta Claudia Sheinbaum parece decidida a profundizar esa ruta: continuidad sin inmovilismo.
En Velasco encuentra a un funcionario que combina lealtad política, experiencia técnica y conocimiento directo de la relación con Washington, justo en un momento donde la agenda bilateral exige precisión y firmeza.
El verdadero reto, sin embargo, comienza ahora. Porque una cosa es crecer bajo la sombra de un liderazgo consolidado y otra muy distinta es ejercer el poder con autonomía, imprimir estilo propio y sostener resultados en un entorno internacional cada vez más volátil.
Velasco representa el cambio generacional que prometió el obradorismo. Pero en política exterior, los relevos no se miden por la edad ni por el discurso, sino por su capacidad para defender intereses nacionales sin margen de error.
Ahí es donde esta nueva generación se juega no solo su legitimidad, sino su permanencia.
En Cortito: Nos cuentan que los números comienzan a jugar a favor del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.
Su aparición dentro del top ten nacional en seguridad, cercanía ciudadana y desempeño general no solo refleja una buena medición, sino una señal política que empieza a trascender el ámbito local.
De acuerdo con la consultora Rubrum, el mandatario poblano se posiciona en el cuarto lugar en Seguridad Pública, quinto en Cercanía con la población y sexto en Desempeño general.
Detrás de esos números hay una estrategia clara. Armenta ha apostado por la coordinación con estados vecinos para contener la delincuencia y por el fortalecimiento tecnológico, como la instalación de torres de videovigilancia.
Son acciones que buscan impactar tanto en la operación como en la percepción, dos variables que hoy pesan por igual en la evaluación ciudadana.
A la par, su administración ha impulsado mecanismos de participación ciudadana y ha insistido en la transparencia como eje de gobierno.
Esta combinación —presencia territorial y narrativa de apertura— explica, en buena medida, su posicionamiento en indicadores de cercanía, un rubro que suele ser determinante en la construcción de capital político.
El posicionamiento de Alejandro Armenta no es casualidad: refleja gestión, estrategia y capacidad de lectura política.
