En Barcelona, los gobiernos progresistas buscarán algo más que una foto: definiciones.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
El viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a Barcelona para la cumbre “Democracia Siempre”, junto a Lula, Petro y Pedro Sánchez, no es solo una foto. Es el intento de articular una respuesta común a un mundo que se descompone: desigualdad persistente, crisis climática y democracias bajo tensión.
Pero la pregunta es inevitable: ¿qué significa ser “progresista” en 2026? No es una etiqueta nueva, pero tampoco está claro qué implica hoy. Es una tradición que ha cambiado de piel y que, en América Latina, busca reinventarse.
El progresismo nació en Estados Unidos —sí, en Estados Unidos— como reacción a los excesos del capitalismo. A inicios del siglo XX combatió monopolios, corrupción y explotación laboral. Theodore Roosevelt lo decía sin rodeos: el gobierno no debía ser neutral, sino un instrumento para mejorar la vida de la gente. No era ideología abstracta, sino intervención concreta.
Con el tiempo, la idea evolucionó. John Rawls, en Teoría de la justicia (1971), planteó una prueba simple: diseñar la sociedad sin saber en qué lugar te tocará nacer. De ahí surge el “principio de diferencia”: la desigualdad solo es aceptable si beneficia a los más desfavorecidos. En otras palabras, no basta con abrir oportunidades; hay que equilibrar el punto de partida.
Jürgen Habermas añadió otra capa: la calidad democrática. Para él, votar no es suficiente. La democracia exige deliberación real: ciudadanos que discuten, medios plurales y decisiones basadas en argumentos, no en poder. Sin diálogo, la democracia se vacía. Y cuando el diálogo se sustituye por la descalificación, también.
Anthony Giddens intentó actualizar la fórmula: ni Estado omnipresente ni mercado sin control. Propuso un Estado inteligente que regule, invierta y proteja. “Políticas de izquierda con medios de centro”. Esa lógica ha influido en gobiernos como el de Lula. No se trata de destruir el mercado, sino de orientarlo.
Pero la política no es armonía. Chantal Mouffe recuerda que el conflicto es inevitable. La clave está en canalizarlo: unir demandas distintas —igualdad, medio ambiente, derechos— sin convertir la diferencia en odio. Ahí el progresismo mexicano enfrenta su dilema: construir mayorías amplias o profundizar la polarización. Y, a juzgar por el tono público, el equilibrio no siempre se ha logrado.
En Barcelona, los gobiernos progresistas buscarán algo más que una foto: definiciones. ¿Puede el progresismo ser eficaz, democrático y sostenible al mismo tiempo? ¿Puede combinar justicia social, instituciones sólidas y crecimiento económico sin caer en autoritarismo o en retórica vacía?
Sheinbaum llega con una paradoja. Por un lado, los programas sociales han tenido efectos visibles. Por el otro, el diálogo público y la transparencia han sufrido desgaste. Gobernar para el pueblo no es lo mismo que gobernar con el pueblo.
Al final, ser progresista en 2026 no es repetir consignas. Es dar resultados. Demostrar que el Estado puede mejorar la vida de las personas en un mundo que ya no cree en promesas.
Porque si no sirve para eso, no es progreso… es nostalgia.
EN EL TINTERO
Esta columna también se nutre de conversaciones y aprendizajes. Agradezco las ideas y provocaciones como las de mis profesores Valeriano Martínez, César Illescas y Rolando Chávez, que ayudaron a afilar varias de estas líneas.
La coalición gobernante hace agua rumbo a 2027. El Partido Verde ya empezó a moverse por cuenta propia.
Ayer escuché una frase muy precisa: “el Metro de la CDMX está llantas pa’rriba”. Cuesta discutirla.
