Gracias a la participación activa de la gente, desde este viernes se suman a las tareas de vigilancia en el municipio decenas de agentes federales para vigilar el pueblo
A penas matan a uno y el gobierno de Pablo Lemus no tardó en insinuar una posible relación con grupos delictivos.
El asesinato de Ramón Grande Moncada, director de Seguridad Pública de Teocaltiche, ha reavivado una preocupante tendencia dentro del gobierno de Jalisco: la estigmatización sistemática de funcionarios asesinados, al ser señalados públicamente por presuntos vínculos con el crimen organizado, sin que exista evidencia contundente ni posibilidad de defensa.
Grande Moncada fue ejecutado el pasado martes frente a su familia. De inmediato, las autoridades estatales informaron que el mando policiaco tenía vencidos sus exámenes de control y confianza desde hacía nueve meses, aunque había agendado una cita para actualizarlos.
A pesar de que sus evaluaciones anteriores estaban aprobadas, el gobierno de Pablo Lemus no tardó en insinuar una posible relación con grupos delictivos, replicando un discurso oficial que se ha vuelto cada vez más recurrente.
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Desde la desaparición de ocho policías en febrero —cuatro de los cuales fueron encontrados ejecutados— la administración estatal ha intensificado su narrativa de “depuración institucional”.
Sin embargo, más que demostrar una estrategia clara contra el crimen organizado, esta postura parece orientada a exculparse ante la creciente inseguridad en la región, culpando a los propios elementos caídos.
El patrón es evidente: convertir a los funcionarios asesinados en sospechosos póstumos permite justificar operativos fallidos, evadir responsabilidades políticas y sostener la idea de que las corporaciones locales estaban infiltradas desde su base. Esta narrativa, además de ser frágil, impide construir justicia para las víctimas y deja a las familias sin posibilidad de limpiar el nombre de sus seres queridos.
La región norte de Jalisco, particularmente municipios como Teocaltiche y Villa Hidalgo, permanece bajo vigilancia estatal tras el desarme de sus policías municipales en febrero. La Secretaría de Seguridad estatal informó que será hasta dentro de dos semanas cuando se inicie la revaluación de los 35 elementos de Teocaltiche y los 40 de Villa Hidalgo, con miras a su reentrenamiento e incorporación posterior.
Ramón Grande Moncada ya había estado al frente de la policía municipal en 2021, durante la administración del entonces alcalde Juan Manuel Vallejo Pedroza, quien también es investigado por supuestos vínculos con grupos criminales, tras el hallazgo de un sistema de videovigilancia clandestino operado desde la comisaría.
El caso de Grande Moncada se suma a una lista creciente de funcionarios municipales de Teocaltiche que, además de perder la vida en contextos violentos, son desacreditados públicamente sin proceso alguno. Esta práctica no solo mina la confianza en las instituciones, sino que convierte a los servidores públicos en blanco de una narrativa institucional que criminaliza a las víctimas y elude responsabilidades desde el poder.
La esposa del mando policiaco fue trasladada a un hospital en Aguascalientes y está fuera de peligro
Estando a resguardo, legalmente de la Secretaría de Seguridad del Estado, al menos cuatro patrullas municipales fueron vandalizadas en el centro del municipio, pero como ya es costumbre, nadie vio nada
Los policías estatales reportaron que fueron detenidos a bordo de una camioneta, pero una menor de edad, familiar de los presentados, asegura que los sacaron a todos de su casa
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, informó que sostuvo apenas un primer contacto con la alcaldesa Margarita Villalobos para coordinar “algunas líneas de acción”.
Han pasado más de dos meses desde la desaparición de ocho policías municipales de Teocaltiche, Jalisco, y apenas ahora la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con el Ayuntamiento, empieza a considerar mecanismos de apoyo para las familias de los oficiales, evidenciando una preocupante lentitud institucional frente a un caso de violencia extrema.
Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero, cuando los oficiales, junto con un chofer, se dirigían a Guadalajara para realizar exámenes de control y confianza. Al día siguiente, cuatro de ellos fueron hallados asesinados y desmembrados, sus restos abandonados en bolsas en un tramo carretero cercano a la comunidad de La Esperanza. Desde entonces, no se tiene información sobre el paradero de los demás elementos.
Pese a la brutalidad del crimen y la gravedad de la situación, las autoridades estatales y municipales no habían articulado ninguna medida concreta de apoyo a las familias afectadas hasta ahora. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, informó que sostuvo apenas un primer contacto con la alcaldesa Margarita Villalobos para coordinar “algunas líneas de acción” que permitan brindarles ayuda económica y acompañamiento.
“Lamentablemente, cuando pasan este tipo de situaciones, nadie se hace cargo de las familias. Las dejan solas, sin trabajo, y pueden pasar por situaciones muy complicadas”, reconoció el funcionario, con una honestidad que deja en evidencia la falta de protocolos y atención estructural para los elementos de seguridad y sus familias.
El funcionario aseguró que continúan los operativos de búsqueda en municipios de la región Altos Norte, aunque no ofreció detalles específicos sobre avances, ni posibles líneas de investigación. También mencionó que se proporciona atención psicológica a las familias, aunque no se precisó desde cuándo ni con qué recursos.
El mismo 19 de febrero, día en que fueron hallados los cuerpos, la Secretaría de Seguridad intervino las comisarías de Teocaltiche y Villa Hidalgo y puso en marcha una serie de operativos que derivaron en la localización de casas de seguridad, armamento de alto calibre y la detención de presuntos integrantes del crimen organizado.
Sin embargo, ni las detenciones ni los aseguramientos han arrojado claridad sobre la desaparición de los otros policías, ni sobre los motivos detrás de este ataque directo y coordinado, lo cual aumenta la percepción de impunidad y desprotección para los cuerpos de seguridad que operan en zonas marcadas por el conflicto entre grupos criminales.
Mientras tanto, las familias de los desaparecidos siguen esperando respuestas, justicia y, al menos, un respaldo institucional que debió llegar desde el primer momento. La tardía reacción de las autoridades solo profundiza el dolor y la incertidumbre de quienes han sido doblemente víctimas: de la violencia y del abandono oficial.
