Las víctimas pertenecen a empresas constituidas legalmente; los videos permiten evidenciar la presencia del crimen organizado
El ayuntamiento de Apulco, Zacatecas, confirmó que las cámaras de videovigilancia instaladas por los cuatro técnicos que fueron secuestrados por hombres armados, son pagadas por el municipio.
A través de esas cámaras, el gobierno municipal ha documentado la presencia de grupos armados, presumiblemente ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que han sembrado el terror en esa zona límitrofe con el estado de Jalisco.
Esos videos han sido entregados a las autoridades para clamar ayuda ante la constante presencia de los criminales, quienes han obligado a decenas de familias a huir ante el riesgo de ser asesinados. Son los mismos que han amenazado de muerte a la alcaldesa y a su equipo de colaboradores.
Dominio Público Noticias tuvo acceso a una de las facturas por la instalación de los equipos de videovigilancia; se hace pública ante las versiones de que las cámaras fueron instaladas por un grupo delincuencial rival.
«El municipio ha pagado por la instalación de las cámaras, muchas nos las han quitado, pero es gracias a esas cámaras que tenemos evidencia de los convoyes armados que se mueven a sus anchas en toda esta zona», dijo un trabajador del ayuntamiento.
Y mientras esto ocurre, sigue la búsqueda de los trabajadores secuestrados el miércoles pasado cuando instalaban equipos de videovigilancia en el crucero de Apulco.
Sergio Esau, una de las víctimas, es Ingeniero en Mecatrónica egresado de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas.
Él concluyó sus estudios en abril de 2013 y un año después obtuvo su cédula profesional.
El trabaja en la empresa Voz y Datos Activos con sede en Aguascalientes; mientras que Héctor Abner Donoso Cruz, otra de las víctimas, en la empresa Sistemas y Servicios Inteligentes Rhino Telecom, de Villa Hidalgo, Jalisco.
