Las primeras versiones surgieron dentro de la Dirección General de Servicios Legales, área adscrita a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y Sepa La Bola… pero en días recientes comenzó a circular dentro del Poder Judicial información sobre José Alfonso Aparicio Velázquez, actualmente secretario auxiliar de acuerdos en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalado por presuntamente usar su cargo para obtener beneficios mediante un esquema de influyentismo, junto con un exfuncionario de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México.
Las primeras versiones surgieron dentro de la Dirección General de Servicios Legales, área adscrita a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. Ahí se indica que el ex trabajador de la dependencia, José René Rivas Valladares, habría obtenido y entregado expedientes relacionados con carpetas de investigación para favorecer litigios contra la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Según mencionan, esa operación la habría iniciado desde su paso por la Defensoría Pública, en apoyo de despachos externos.
El caso habría generado alertas desde 2023, cuando Néstor Vargas Solano estaba al frente de la Consejería Jurídica capitalina y tuvo conocimiento del caso. Ahora se sabe que hacia finales de 2023, Rivas fue removido de su cargo en medio de indagatorias vinculadas con despachos de abogados presuntamente relacionados con estas prácticas de favoritismo e influyentismo.
Desde 2019, Rivas comenzó una relación de amistad con José Alfonso Aparicio Velázquez, actualmente secretario auxiliar de acuerdos en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz, quien, según versiones, lo habría favorecido con información y documentación en sus asuntos judiciales y los de su hermano, Arturo Aparicio Velázquez.
Arturo Aparicio comenzó a figurar en expedientes judiciales y amparos en materia administrativa, tanto del ámbito federal como local, por lo que requería información de primera mano, la cual, según se indica, se habría facilitado con la intervención de Rivas y su hermano, en un puesto clave dentro del Gobierno y el Poder Judicial.
Rivas también trabajó en el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, y Alfonso Aparicio Velázquez laboró en el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública entre agosto de 2015 y enero de 2020, lo que les habría permitido acceso a información y datos personales privilegiados.
Se menciona que uno de los casos en los que habría sido favorecido Arturo Aparicio corresponde al expediente 2/2023, tramitado en el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y al 1388/2024, radicado en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, ambos vinculados con órganos de transparencia.
También se señala que René Rivas y Arturo Aparicio han coincidido en actos de carácter vecinal. De ahí derivan acusaciones, incluso de extorsión, interpuestas por grupos vecinales. A ello se suma la versión de que se difundía la idea de contar con respaldo desde la Suprema Corte, ya fuera como oferta de apoyo o como mecanismo de presión.
Y Sepa La Bola… pero ya se dice que Gerardo Villanueva, diputado por el distrito 26 de Coyoacán, avanzó en las encuestas internas de Morena.
De acuerdo con estadísticas públicas, tendría una ventaja de 23% frente al resto de aspirantes a la candidatura de Morena en Coyoacán, como Hanna de la Madrid, Carlos Castillo, Bertha Luján y Ana María Lomelí.
Desde que inició como legislador se le ha visto encabezando acciones de recuperación de parques públicos. Sus propuestas en materia de vivienda son el eje central de su estrategia.
Y Sepa La Bola… pero en el Instituto Mexicano del Seguro Social ha aumentado la inquietud en la Dirección de Incorporación y Recaudación, encabezada por Luisa Guadalupe Alejandra Obrador Garrido Cuesta, debido a que su gestión está marcada por un desempeño recaudatorio débil en 2025, con un presunto faltante superior a los 7 mil millones de pesos.
A las críticas financieras, que podrían afectar la calidad del servicio, se suman señalamientos por decisiones sin sustento técnico, como la salida de personal experimentado y el pago de liquidaciones millonarias a otros empleados, lo que ha alimentado la percepción de un desmantelamiento institucional. Además, se cuestiona su paso por el entorno empresarial de Ricardo Salinas Pliego, considerado adversario del partido en el poder, y si ello influye en sus decisiones.
