La participación de menores en tareas de seguridad implica exponerlos a situaciones peligrosas y potencialmente traumáticas, y además sobresalta al resto de la sociedad
Claudia Bolaños | Twitter: @claudiabola
Una preocupante información generó un intenso debate en México. En el municipio de Ayahualtempa, en Guerrero, donde se tomó la decisión de armar a niños y adolescentes como parte de la policía comunitaria local. Error y horror.
Esta medida muestra un México bárbaro donde la ley estaría muy desfasada, y obviamente generó una gran controversia en redes sociales, y hasta este jueves el gobierno no se pronunció sobre el hecho que plantea interrogantes sobre la participación de menores en tareas de seguridad y el impacto que puede tener en su desarrollo.
La participación de menores en tareas de seguridad implica exponerlos a situaciones peligrosas y potencialmente traumáticas, y además sobresalta al resto de la sociedad.
La protección de los derechos de los niños es una responsabilidad fundamental del Estado y de la sociedad en su conjunto. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México, establece claramente que los niños tienen derecho a la protección contra cualquier forma de violencia y a disfrutar plenamente de su infancia.
Armar a niños y adolescentes va en contra de estos principios fundamentales, y hay quien incluso ve un maltrato infantil al obligarlos a hacer este tipo de actividades.
Para otros esto es un grito de franca desesperación.
La violencia y la inseguridad en Guerrero no se resolverán armando a niños y adolescentes, sino abordando las causas y promoviendo estrategias de prevención y justicia efectivas. Es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de sus ciudadanos, pero también es crucial que se respeten los derechos de los niños y se les brinde un entorno seguro y propicio para su desarrollo.
Y Sepa La Bola... Pero quien ahora la anda haciendo de abogado político es el diputado local Federico Döring, quien llevo al Congreso a María Elvira Canchola Montoya, madre de Esmeralda y Sofía, dos jóvenes que perdieron la vida en noviembre de 2022 al caer en una coladera sin tapa en la alcaldía Iztacalco.
Desde Donceles la señora expresó su descontento por la constante negativa de las autoridades de la Ciudad de México, para proporcionarle la verdad y justicia que busca para su caso.
El miércoles pasado, logró ingresar al Congreso de la capital, donde se debatiría un Punto de Acuerdo para instar a la Fiscalía General de Justicia de la capital a revelar el acuerdo reparatorio que se firmó con el padre biológico de las jóvenes.
Canchola Montoya denunció que ha sido revictimizada y excluida, ya que no se le permitió conocer el acuerdo, que además fue firmado sin su aprobación.
La señora dejó a sus abogados, nos cuentan y decidió tomar el apoyo del panistas y priístas. Solo esperamos que haya un real interés en buscar justicia que en un uso del caso como capital político.
