El problema de fondo es otro: el gobierno volvió a exhibir improvisación, desconexión y una peligrosa ligereza frente a la educación pública.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Sinceramente, no sé qué pensaron el secretario de Educación, Mario Delgado, y los titulares de Educación en los estados cuando el pasado 7 de mayo aprobaron y anunciaron un recorte de 40 días al calendario escolar. Según lo acordado, el ciclo terminaría el 5 de junio y no el 15 de julio, como estaba previsto originalmente.
Los argumentos de Delgado fueron estos:
“Por distintas circunstancias y distintas peticiones que hemos tenido, adelantaremos el cierre del ciclo para el siguiente 5 de junio. Esta modificación obedece, principalmente, a la extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días y que seguirá durante el mes de junio y julio. También por la realización del Mundial en nuestro país.”
La reacción fue inmediata y prácticamente unánime. Padres de familia, analistas y usuarios en redes coincidieron en que se trataba de una decisión improvisada y profundamente irresponsable.
La Unión Nacional de Padres de Familia calificó la medida como “inaceptable y un golpe directo al derecho a la educación”, asegurando que “ganó la ignorancia”.
Muchos señalaron además el evidente doble discurso: el calor en México no apareció de repente en 2026. Si realmente existiera preocupación por las condiciones climáticas, el gobierno estaría hablando de infraestructura, ventilación, horarios escalonados o adaptación escolar, no simplemente de mandar a los niños a sus casas mes y medio antes.
Y ahí apareció otro problema que desde el escritorio parece invisible: millones de madres y padres trabajadores no tienen cómo cubrir casi tres meses de vacaciones. Los cursos de verano no alcanzan para todos, no son gratuitos y, en muchos casos, ni siquiera existen.
La presión creció tanto que la propia presidenta Claudia Sheinbaum salió a matizar el anuncio en la mañanera del 8 de mayo. Dijo que aún no había nada definitivo y que lo presentado por Mario Delgado era apenas una propuesta.
Pero Delgado insistió:
“Terminamos el 5 de junio, lo que vamos a analizar es la fecha del regreso”.
La respuesta social terminó doblando al gobierno. Este 11 de mayo se convocó una nueva reunión con los secretarios estatales y la SEP dio marcha atrás.
Fue entonces cuando Delgado intentó justificar nuevamente el desorden:
“Debemos ser honestos, tras la entrega de calificaciones hay una inercia en las escuelas… Después del 15 de junio se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa… La escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niñas y niños por conveniencia del mercado.”
Durante estos días se dijo que la verdadera razón detrás del adelanto era el temor a movilizaciones de la CNTE. Pero, sinceramente, si los maestros hubieran querido paralizar actividades, ninguna fecha del calendario los habría detenido.
El problema de fondo es otro: el gobierno volvió a exhibir improvisación, desconexión y una peligrosa ligereza frente a la educación pública.
Porque si las aulas “pierden propósito pedagógico” después de junio, como ahora argumenta Delgado, entonces la confesión es todavía más grave: significa que el Estado lleva años sosteniendo un sistema que ni siquiera puede defender con seriedad.
Y mientras la SEP intenta justificar el desorden culpando al mercado, al pasado o al clima, termina confirmando algo mucho más preocupante: que en este gobierno las ocurrencias pesan más que la planeación… incluso cuando se trata de la educación de millones de niños.
EN EL TINTERO
Pues a un mes del Mundial el Gobierno de México no ha terminado las obras que comprometió, por ejemplo las más de cuatro mil canchas que comprometió como legado para la juventud.
¿Dónde están Rocha Moya y coacusados?
