Cuando una Defensoría puede interpretar qué opiniones resultan incompatibles con los “derechos de las audiencias”, el límite entre protección y censura se vuelve peligrosamente difuso.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
La Defensoría de las Audiencias, fortalecida por la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión impulsada por la 4T, se vende como un avance democrático: un mecanismo para proteger al público de la desinformación, los abusos mediáticos y los discursos de odio. En el papel suena impecable.
El problema empieza cuando alguien debe decidir qué información protege a la ciudadanía… y qué información debe ser limitada.
El caso más ilustrativo ocurrió en enero de este año. Las Defensorías de las Audiencias de Canal Once y Canal 14 determinaron vetar la entrevista que Sabina Berman realizó a Eduardo Verástegui.
En el comunicado conjunto del 9 de enero argumentaron que el contenido promovía “una noción política contraria a los derechos fundamentales de las mujeres y de otros grupos en situación de vulnerabilidad”, además de no ajustarse “a los principios rectores” de los medios públicos.
Más allá de simpatías o diferencias con Verástegui, la decisión me dejó una pregunta inquietante: ¿quién define qué ideas son aceptables para el público y cuáles deben ser bloqueadas?
Ahí aparece el principal riesgo de esta figura: la subjetividad ideológica.
Cuando una Defensoría puede interpretar qué opiniones resultan incompatibles con los “derechos de las audiencias”, el límite entre protección y censura se vuelve peligrosamente difuso. Y el problema se agrava cuando esa vara parece aplicarse con rigor contra ciertas voces, mientras se ignoran declaraciones igualmente polémicas provenientes del poder político.
La consecuencia natural es la autocensura.
Periodistas, conductores y productores de medios públicos entenderán rápidamente el mensaje: ciertas posturas generan problemas, otras no. Y cuando el costo de transmitir una opinión incómoda puede traducirse en vetos, sanciones o conflictos institucionales, el pluralismo empieza a encogerse.
La nueva legislación obliga a todos los concesionarios de radio y televisión a contar con una Defensoría de las Audiencias registrada ante la autoridad. Además, establece sanciones económicas para quienes incumplan las disposiciones. Oficialmente, el objetivo es “garantizar el derecho del pueblo a una información veraz”.
Pero ahí surge otro problema.
En democracia, el Estado no debería convertirse en árbitro de la verdad.
Porque conceptos como “desinformación”, “pluralidad” o “discurso de odio” pueden ser razonables en abstracto, pero profundamente peligrosos cuando quedan sujetos a interpretaciones políticas.
La historia demuestra que casi todos los mecanismos creados para “proteger” a la sociedad terminan siendo utilizados, tarde o temprano, para proteger al poder.
Existe además un problema estructural de independencia.
Las Defensorías en medios públicos dependen finalmente de instituciones vinculadas al Estado. Y aunque la figura existe desde 2014, su fortalecimiento ocurre hoy en un contexto de enorme concentración política y de debilitamiento de contrapesos. Sin mecanismos de designación verdaderamente autónomos, criterios objetivos y procesos de apelación sólidos, la Defensoría corre el riesgo de convertirse en un filtro ideológico con apariencia técnica.
No se trata de negar el derecho de las audiencias a recibir información veraz y plural. Ese derecho existe y debe defenderse.
El problema aparece cuando el gobierno asume la facultad de decidir qué versiones de la realidad son aceptables para la ciudadanía.
Porque una cosa es defender los derechos de las audiencias. Y otra muy distinta es tutelar políticamente lo que la sociedad puede escuchar.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha convertido esta figura en una de las banderas de su política de comunicación. El discurso oficial asegura que la reforma fortalece al ciudadano frente a los excesos mediáticos.
Sin embargo, los primeros casos relevantes ya muestran otra posibilidad: que la Defensoría de las Audiencias termine funcionando más como mecanismo de control narrativo que como garante auténtico de la diversidad de ideas.
Y cuando un órgano decide qué voces son aceptables para el espacio público, deja de defender a las audiencias.
Empieza a administrarlas. Y un público administrado siempre será menos libre.
