La 4T no eliminó la corrupción. La reorganizó alrededor de un principio más poderoso que cualquier código de ética: la lealtad.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Ocho años después de que Andrés Manuel López Obrador prometiera acabar con la corrupción y la impunidad, el saldo es claro: se investiga selectivamente, se detiene a mandos medios y se protege a los cercanos. La lealtad se convirtió en el verdadero blindaje.
El caso más reciente es el de Guadalupe Taddei en el INE. Cuando el escándalo de contratos a modo y enriquecimiento ilícito ya no pudo contenerse, se sacrificó a la titular, por el bien del movimiento y comenzó el operativo para patear la pelota fuera de la cancha del movimiento. Que si Lorenzo Córdova, que si Luis Carlos Ugalde, que si Adán y Eva.
Pero el patrón es más viejo y más profundo.
El ejemplo paradigmático sigue siendo Segalmex. El organismo creado para garantizar la alimentación de los más pobres terminó con irregularidades estimadas entre 9 mil y más de 15 mil millones de pesos. Ignacio Ovalle, hombre de absoluta confianza de López Obrador, nunca enfrentó consecuencias reales.
Hubo órdenes de aprehensión y detenidos de segundo nivel, pero el expediente sigue sin sentencias firmes contra los responsables de mayor peso. Aún en 2026 la Auditoría Superior de la Federación presenta nuevas denuncias y hay miles de millones sin aclarar. AMLO lo reconoció como “el único caso”. Resultó ser el más grande… y el más ilustrativo de cómo funciona la impunidad cuando el señalado es leal.
Y recuerdan lo que dijo López Obrador: Ovalle fue engañado por unos priístas.
El mismo esquema se repite en Birmex, con irregularidades millonarias en la compra de medicamentos; en el huachicol fiscal que involucró a mandos de la Marina y dejó fuera a los de mayor jerarquía; y en la Refinería de Dos Bocas, donde el sobrecosto pasó de 8 mil a más de 20 mil millones de dólares y las denuncias contra Rocío Nahle nunca se judicializaron de forma seria.
En todos estos expedientes ocurre lo mismo: se mueve el aparato contra los operadores, pero se detiene antes de tocar a quienes realmente concentran el poder y la lealtad política.
El círculo más íntimo no es la excepción. Amílcar Olán, empresario tabasqueño y amigo cercano de Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, pasó en pocos años de vender materiales de construcción a acumular contratos públicos por cientos de millones de pesos: medicamentos en gobiernos de Morena, balasto para el Tren Maya con sobreprecios documentados, y negocios vinculados a Pemex y Dos Bocas. La Unidad de Inteligencia Financiera lo investiga por una cuenta en Suiza de más de 1,400 millones de pesos.
Andy López Beltrán, por su parte, enfrenta señalamientos de tráfico de influencias y menciones en investigaciones por huachicol fiscal, incluida la revisión de agencias estadounidenses y la revocación de su visa. Él niega todo, habla de “guerra sucia” y asegura que no tiene relación comercial con Olán desde hace años. Lo que no niega es la cercanía previa. Y lo que no existe es una investigación seria que llegue hasta el fondo de esa red de lealtades familiares.
El método no se quedó en el sexenio pasado. Hoy, bajo la dirección de Octavio Romero Oropeza en el Infonavit, se reproduce con otro disfraz. A través de Infonavit Constructora se han adjudicado contratos millonarios de vivienda a empresas sin experiencia real en construcción, muchas de ellas antiguas proveedoras de Pemex durante la gestión de Romero o ligadas a su círculo más cercano.
Empresas que antes transportaban hidrocarburos o prestaban servicios a la petrolera de pronto aparecen levantando miles de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar. Adjudicaciones directas, poca competencia y una estructura de decisión concentrada en hombres de total confianza del director. El dinero, una vez más, es de los trabajadores. La lealtad, una vez más, pesa más que la experiencia y la transparencia.
La 4T no eliminó la corrupción. La reorganizó alrededor de un principio más poderoso que cualquier código de ética: la lealtad. Mientras ese principio siga por encima de la rendición de cuentas, los escándalos seguirán acumulándose, los cercanos seguirán protegidos y la impunidad seguirá teniendo nombre y apellido de transformadores.






