Dan el último adiós a policía municipal de Teocaltiche, asesinado por sicarios
Luis Ernesto Chávez Regino, de 31 años fue atacado en su casa en la colonia El Tanque el pasado 9 de abril
Editorial: La negligencia de Juan Pablo Hernández ya cobró vidas en Teocaltiche y Villa Hidalgo
El funcionario de Jalisco no solo ha demostrado una alarmante falta de liderazgo, sino que parece completamente desconectado de la gravedad del momento.
Mientras el secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, ofrece declaraciones vacías y promesas que suenan a burla, en Teocaltiche siguen desaparecidos cuatro policías y un chofer, y sus familias —como la ciudadanía— sobreviven entre el miedo, la impunidad y el abandono institucional. ¿Cuántos muertos más se necesitan para que el Estado actúe con seriedad?
A casi dos meses de la desaparición de ocho policías municipales que se dirigían a Guadalajara para presentar sus exámenes de control y confianza, el secretario apenas “adelanta” que en los próximos días empezarán a aplicar las pruebas en Teocaltiche y Villa Hidalgo. Lo dice como si no cargara ya con el costo de cuatro elementos asesinados y otros cinco que no han vuelto a casa.
La inacción no solo es escandalosa: es criminal. ¿Dónde estaba el control estatal antes del 18 de febrero? ¿Quién autorizó que los policías viajaran solos, por carretera, en una de las regiones más peligrosas del estado? ¿Qué clase de estrategia permite que corporaciones enteras operen sin evaluaciones vigentes y sin ningún tipo de supervisión real?
El secretario Juan Pablo Hernández no solo ha demostrado una alarmante falta de liderazgo, sino que parece completamente desconectado de la gravedad del momento. Su discurso burocrático, plagado de frases condicionadas como “en próximos días”, “pudiéramos empezar” o “una vez estén acreditados”, es una bofetada a las víctimas y a la sociedad jalisciense.
Bajo su gestión, la seguridad pública en Jalisco ha dejado de ser una prioridad real para convertirse en una simulación grotesca, sostenida con ruedas de prensa, comunicados reciclados y un lenguaje técnico que disfraza la falta total de resultados. El caso de Teocaltiche es solo la punta del iceberg: un reflejo doloroso de lo que pasa cuando la autoridad se ausenta, cuando la omisión se vuelve política de Estado y cuando la vida de los policías —y de los ciudadanos— vale menos que una promesa incumplida.
Hernández ha sido incapaz de garantizar condiciones mínimas para el ejercicio policial, mucho menos para reconstruir la confianza de una población golpeada por el crimen. Su propuesta de reentrenamiento es tan absurda como tardía: no se puede reentrenar a policías que ya están muertos. No se puede hablar de control y confianza cuando su propia Secretaría ni siquiera puede proteger a quienes se supone deben protegernos.
Hoy, más que nunca, es urgente dejar de normalizar esta cadena de negligencias. La situación exige rendición de cuentas, renuncias y un cambio profundo en la manera de entender la seguridad pública en el estado. Porque mientras Juan Pablo Hernández sigue hablando de calendarios, en Teocaltiche siguen esperando justicia.
La economía de Teocaltiche, en crisis por el crimen organizado
Empresarios locales denuncian que están al borde de quebrar en sus negocios.
La economía local de Teocaltiche, un municipio ubicado en la región Altos Norte de Jalisco, enfrenta una de las peores crisis de su historia reciente.
A la par del deterioro en la seguridad pública, el avance del crimen organizado ha generado un impacto devastador en las actividades económicas tradicionales, provocando incertidumbre, miedo y una creciente parálisis en sectores clave para la comunidad.
Uno de los sectores más afectados es el de los talleres artesanales dedicados a la elaboración de sombreros, una tradición profundamente arraigada en la identidad del municipio.
Estos talleres, en su mayoría negocios familiares que han pasado de generación en generación, hoy se ven amenazados por las extorsiones, amenazas y violencia ejercidas por grupos criminales.
Empresarios locales denuncian que están al borde del colapso, no solo por el riesgo personal que enfrentan, sino por la posibilidad de perder el sustento de cientos de familias que dependen de esta industria.
“Ahorita hay poco trabajo, nuestros clientes tienen miedo de entrar a Teocaltiche porque pueden se secuestrados por integrantes del crimen organizado y eso ha provocado la caída de nuestras ventas”, relataron trabajadores del sector a Dominio Público Noticias.
Tal situación demuestran la importancia de esta actividad artesanal no solo como símbolo cultural, sino como motor económico para la comunidad.
La situación se agrava por la falta de acción por parte de las autoridades estatales. Habitantes de Teocaltiche acusan la ausencia del gobernador Pablo Lemus Navarro y de su gabinete de seguridad, quienes, según denuncian, no han implementado estrategias efectivas para contener la violencia ni para proteger a los ciudadanos.
Esta omisión ha permitido que el crimen organizado, en particular el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), opere con total impunidad.
El Geras
Según múltiples testimonios, miembros de este grupo delictivo no solo ejercen control territorial, sino que también estarían actuando en complicidad con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco. Las denuncias incluyen casos de asesinatos, secuestros y extorsiones, lo cual ha sembrado el terror entre los habitantes y ha contribuido al debilitamiento del tejido social y la economía local.
El impacto de esta violencia va más allá de los talleres artesanales. Comercios, agricultores, transportistas y otros sectores económicos también han sufrido las consecuencias, con una reducción drástica de la actividad productiva.
Muchas familias han optado por cerrar sus negocios o abandonar el municipio ante la falta de garantías para vivir y trabajar en condiciones seguras.
Mientras tanto, la población de Teocaltiche exige respuestas. No solo piden seguridad, sino también una estrategia integral que permita reactivar la economía local, proteger las actividades productivas tradicionales y garantizar el derecho a vivir en paz. La historia de este municipio es la de muchas otras comunidades en México donde el crimen organizado ha penetrado todos los niveles de la vida cotidiana, aprovechando vacíos de autoridad y una débil presencia institucional.
Lo que ocurre en Teocaltiche no es un caso aislado, sino un llamado urgente a que las autoridades actúen con firmeza, transparencia y compromiso para frenar la violencia, castigar a los responsables y rescatar el futuro de sus comunidades.
Entre balas y abandono: Teocaltiche exige el fin de la complicidad estatal
Pobladores denuncian colusión entre autoridades estatales y el CJNG; exigen intervención federal y justicia por asesinato de activista.
En medio de una espiral de violencia desatada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo en Jalisco sobreviven bajo el abandono institucional. Frente al creciente terror, los habitantes —organizados en el Frente Teocaltiche Por Nuestra Gente (FTNG)— han lanzado un grito desesperado: exigen la intervención urgente de las fuerzas federales y la salida inmediata de una Policía Estatal que, lejos de protegerlos, los ha traicionado.
En un comunicado dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las autoridades de seguridad federal, el Frente resumió su exigencia en una frase contundente: “Queremos más baleros y menos balas”. No es una metáfora. Teocaltiche, cuna de una economía artesanal basada en juguetes de madera y textiles, hoy ve cómo su identidad se diluye entre ejecuciones, desapariciones y miedo.
La complicidad de la Policía Estatal con el crimen organizado no es una sospecha: es una constante denunciada con pruebas, grabaciones y testimonios. Cateos ilegales, detenciones arbitrarias, extorsiones y omisión frente a la violencia del CJNG son parte del historial reciente de una corporación que opera sin control ni consecuencias.
Entre 2024 y en lo que va del 2025, 16 personas fueron ejecutadas y cinco más desaparecidas, entre ellas cuatro policías y un civil. A esto se suma el asesinato del activista Juan Pablo Alonso, ocurrido el 30 de marzo, en lo que pobladores consideran una represalia directa por su activismo pacífico. Su muerte, como muchas otras, permanece sin justicia.
Frente a esta crisis, la demanda es clara: la comunidad pide que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional tomen el control de la seguridad, y que se conforme una policía municipal legítima, formada por y para el pueblo, no por cómplices del narco.
El Frente también condenó las declaraciones del gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro, quien intentó desacreditar la lucha ciudadana sugiriendo vínculos oscuros en el asesinato de Alonso. Para los pobladores, estas palabras no son solo irresponsables, sino peligrosas.
Ahora, la responsabilidad recae sobre la Fiscalía General de la República (FGR), que debe demostrar si está del lado de la justicia o si seguirá siendo parte del silencio cómplice.
Pobladores de Teocaltiche, Jalisco se manifiestan otra vez en CDMX; exigen salida de Policía Estatal del municipio
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