Garduño Yáñez dejó la titularidad del INM en abril de 2025, luego de dejar la dirección del Instituto Nacional de Migración por un incendio en la estación de Ciudad Juárez donde murieron 40 personas
En la combinación del fallo de la Corte y lo dicho por Marx Arriaga yo veo un riesgo muy claro: pasar de fortalecer a las normales públicas a uniformar el pensamiento.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
El pasado 6 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un regalo de Reyes al ala más radical del magisterio nacional.
El Pleno resolvió la acción de inconstitucionalidad 122/2019 promovida por la CNDH y, por unanimidad de ocho votos —uno de los ministros no estuvo presente—, validó los artículos de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros que otorgan preferencia a egresados de normales públicas, la UPN y los Centros de Actualización del Magisterio en el acceso a plazas en el sistema educativo público.
El fallo fue leído por muchos como aval a las llamadas “plazas automáticas”. Y no es menor. Según datos de la SEP y estimaciones basadas en la matrícula reciente —alrededor de 128 mil alumnos en normales para el ciclo 2024-2025—, cada año egresan cerca de 30 mil normalistas, en su gran mayoría de instituciones públicas.
El detalle incómodo es que las plazas no crecen al mismo ritmo. En educación básica hay vacantes potenciales por jubilaciones y crecimiento de matrícula, sí, pero las plazas presupuestadas para nuevo ingreso suelen moverse entre 20 y 30 mil al año, dependiendo del ciclo. Traducido: la puerta que abrió la Corte tiene fila… y no todos alcanzan a pasar.
Los ministros explicaron que la preferencia no es exclusividad y que el objetivo es legítimo: fortalecer a las normales públicas, instituciones golpeadas durante años por recortes presupuestales —con caídas reales importantes entre 2018 y 2020 y una recuperación apenas parcial después—. Hasta ahí, el argumento suena razonable. Cuidar el semillero del magisterio no es pecado.
El problema aparece cuando uno pasa a la realidad del aula. Dar prioridad sin un filtro claro puede significar incorporar a docentes que no dominan del todo el nuevo plan de estudios, que no fueron formados en evaluación de aprendizajes o que arrastran las secuelas de una etapa universitaria atravesada por la pandemia, donde cuatro de cada diez estudiantes de normales públicas cursaron al menos un año en modalidad improvisada.
Y del otro lado del mostrador están los egresados de normales privadas. Ellos seguirán dependiendo del examen y de los criterios que defina la SEP. Para un joven que pagó colegiaturas de hasta 48 mil pesos anuales, la preferencia pública se parece demasiado a un letrero que dice: “Gracias por participar. Vuelva cuando el neoliberalismo resucite”.
En mi desordenada cabeza se coló una pregunta sencilla: ¿de verdad era tan imposible poner un límite razonable? Preferencia, sí, pero condicionada. Un promedio mínimo. Un tiempo real de egreso. Si la carrera dura cuatro años, que esa ventaja aplique a quienes terminaron en cuatro años y con un desempeño académico sólido. No es una herejía tecnócrata; es un filtro mínimo.
Seamos honestos, ningún decreto o fallo judicial garantiza la vocación de los egresados. Y para estar frente a grupo, la vocación importa.
Pero el fallo de la Corte no fue lo único que me hizo ruido en estas semanas medio festivas. El pasado 25 de diciembre, Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, publicó un manifiesto en X convocando a crear comités para “defender” la Nueva Escuela Mexicana. Acusó a la actual administración de la SEP, encabezada por Mario Delgado, de impulsar la privatización educativa y habló, sin rubor, de refundar la Secretaría.
Yo no sé si los ministros imaginaron comités de agitación cuando hablaron de mérito plural en su argumentación, pero Arriaga parece convencido de que las plazas también deberían venir con certificado de pureza ideológica.
Pero los números parecen contradecir los argumentos jurídico-político-ideológicos. Hoy, apenas alrededor del 13% de los docentes normalistas en servicio proviene de instituciones privadas. En educación media superior, además, buena parte del personal docente ni siquiera viene de normales, sino de universidades con perfiles distintos. Esa diversidad, nos guste o no, sostiene al sistema educativo público nacional.
En la combinación del fallo de la Corte y lo dicho por Marx Arriaga yo veo un riesgo muy claro: pasar de fortalecer a las normales públicas a uniformar el pensamiento.
Sentado en mi escritorio me puse a pensar en las dos visiones que se tiene de la educación en México: una que hace cuentas, planea plazas y mide capacidades reales; y otra más preocupada por repartir credenciales morales y eso es muy peligroso para el futuro del país.
La libertad de cátedra garantiza que los docentes puedan elegir las herramientas pedagógicas más adecuadas para sus grupos.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y Sepa la Bola… pero un grupo de docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) decidió alzar la voz para denunciar una situación que consideran preocupante: la posible imposición de materiales educativos de una editorial, en presunta complicidad con autoridades del subsistema.
Según los testimonios, en junio, durante una reunión en el plantel Padilla Segura III, y el titular de la Unidad de Operación Desconcentrada (UOD), maestro Osiris Pasos Herrera, presentaron a los directores de los 27 planteles de la entidad al director comercial de la editorial Klik, Víctor Díaz.
En esa reunión —afirman los maestros— se dio la instrucción de que únicamente se trabajaría con los materiales de esa editorial.
Con ello, advierten, no se respeta la libertad de cátedra, que es el derecho de los docentes a elegir sus métodos y materiales de enseñanza, siempre en apego a los planes y programas oficiales. Estará la segunda acusación que nos hacen sobre el intento de obligar a los maestros a adoptar libros de texto de una sola empresa.
Esta decisión representaría una negociación previa entre la editorial y algunas autoridades.
El sindicato, mediante una circular, se deslindó, de estas prácticas.
Éstas atentan contra principios fundamentales como la libertad de cátedra y la autonomía escolar, pilares del sistema educativo mexicano.
La libertad de cátedra garantiza que los docentes puedan elegir las herramientas pedagógicas más adecuadas para sus grupos, dentro del marco de los planes oficiales; y la autonomía escolar permite a cada plantel organizar su funcionamiento interno según sus necesidades.
Imponer libros de una sola editorial, sin considerar otras opciones y sin un proceso transparente, no solo restringe esa libertad, sino que también puede afectar la calidad educativa y el derecho de los estudiantes a recibir una formación plural, crítica y de excelencia.
Si bien no existe una ley que prohíba de manera expresa este tipo de imposiciones, tanto la Constitución como la Ley General de Educación respaldan indirectamente la libertad de cátedra y el derecho a una educación digna.
A nivel estatal, también hay normativas que establecen criterios para la selección de materiales didácticos, aunque su aplicación suele ser desigual y poco clara.
Además, los estudiantes merecen materiales de calidad, seleccionados por sus maestros con base en criterios pedagógicos, y no por compromisos políticos o económicos.
Y Sepa la Bola, pero dando seguimiento a la licitación pública LA-50-GYR-050GYR040-T-2-2025, relativa a la adquisición de camillas y sillas de ruedas para los tres niveles de atención del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el proceso continúa bajo escrutinio por posibles actos de corrupción. A la denuncia presentada ante la Cámara de Diputados se suma ahora una notificación dirigida a Luis Guillermo Álvarez Contreras, titular del Órgano Interno de Control del IMSS, cuyo director general es Zoé Robledo Aburto.
De acuerdo con información proporcionada por personal de la Coordinación de Abastecimiento del propio instituto, se les instruyó, aseguraron, de manera directa, por parte de Borsalino González Andrade, director de Administración, descalificar a todos los proveedores participantes que pudieran representar competencia real, con el fin de asegurar la adjudicación mayoritaria a las empresas Fehlmex S.A. de C.V., Diumex S.A. de C.V. —ambas vinculadas a Héctor Bonilla— y Neos Salud y Diseño Médico S.A. de C.V., todas ellas participando con la marca Fehlmex. El presupuesto comprometido para estas adjudicaciones asciende a 917 millones de pesos.
Funcionarios del IMSS han decidido denunciar estas irregularidades, principalmente por temor a las repercusiones legales que podrían enfrentar, ya que son ellos quienes firman la documentación que valida la asignación de partidas, mientras que sus superiores no asumen dicha responsabilidad. Los denunciantes señalaron que, como parte del proceso licitatorio, se realizaron evaluaciones técnicas de los bienes presentados por los proveedores, en presencia de representantes del área técnica, área administrativa, el Órgano Interno de Control y un testigo social. Dichas evaluaciones incluyeron inspección ocular, cotejo físico y, lo más relevante, fueron videograbadas en su totalidad.
Ante estos antecedentes, se espera un seguimiento riguroso y transparente no solo por parte del director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, sino también del Órgano Interno de Control y de la Cámara de Diputados. Resultaría inadmisible que funcionarios públicos manipulen un proceso licitatorio a pesar de los mecanismos de control anticorrupción implementados.
Queda en manos de las autoridades competentes actuar con firmeza y responsabilidad.
Cuestionó que se pretenda borrar un hecho documentado y público.
La presidenta Claudia Sheinbaum criticó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por otorgar un amparo al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en contra de la mención de su nombre en libros de texto gratuitos elaborados por la Secretaría de Educación Pública.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum expresó que el fallo de la Corte “avala el racismo” al considerar ofensiva la inclusión de una frase dicha por Córdova en una llamada telefónica filtrada en 2015, en la que se burló de la forma de hablar de un representante indígena.
La presidenta cuestionó que se pretenda borrar un hecho documentado y público que, según dijo, exhibe un acto de discriminación. Señaló que lo ocurrido no es una interpretación, sino una grabación que demuestra una conducta racista.
También mencionó que con este tipo de resoluciones la Corte protege privilegios y no los derechos del pueblo, por lo que reiteró su llamado a reformar el Poder Judicial.
Se realizó un ajuste para que alumnos y maestros tengan más vacaciones
